La Opinión Popular
                  14:21  |  Viernes 02 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 29-05-2020 / 10:05
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

El establishment se cuece en un caldo de rivotril

El establishment se cuece en un caldo de rivotril
La angustia que cunde en estos días de encierro en el establishment es muy parecida al arquetipo que describió Sigmund Freud. Es un apremio por resolver algo ya, pero sin saber qué hacer. Lo que sentían todos los que se acercaban a la Esfinge de Tebas temerosos de ser engullidos hasta que Edipo consiguió resolver su enigma. Así, no hay Rivotril que aguante.
La angustia que cunde en estos días de encierro en el establishment es muy parecida al arquetipo que describió Sigmund Freud. Es un apremio por resolver algo ya, pero sin saber qué hacer. Lo que sentían todos los que se acercaban a la Esfinge de Tebas temerosos de ser engullidos hasta que Edipo consiguió resolver su enigma.
 
Lo que Alberto Fernández reclamó a los medios de comunicación que "dejen de sembrar", tras la retahíla de preguntas sobre aflicciones y sentimientos que le hicieron en Olivos el sábado a la noche.
 
En la cima de la pirámide social, esa angustia mezcla la contrariedad por las gigantescas pérdidas que empezó a generar la pandemia con la frustración por la ausencia de una solución a la vista. No es muy distinto a lo que movió a Susana Giménez a volar en jet privado a su mansión en Punta del Este.
 
Así, no hay Rivotril que aguante. Entre los hombres de empresa eso se mezcla con un duelo particular: por obra de la cuarentena dejaron de ser "los que mandan", como los definió José Luis de Imaz en 1964, en su libro pionero de la sociología de las élites.
 
El magnate siderúrgico Paolo Rocca es de los que mejor transita esa angustia. Tal vez porque, dueño de una experiencia política juvenil en la izquierda revolucionaria italiana que lo distingue de sus colegas, entiende mejor qué es el Estado.
 
Por un lado empujó a su personal a volver a las oficinas la semana pasada, incluso pese a los casos de coronavirus que ya superaron el medio centenar entre los empleados y contratistas de Techint en Brasil.
 
Del gobierno porteño obtuvo permisos de circulación para todos sus ingenieros y dibujantes sin que nadie revisara demasiado si todos estaban afectados a las obras "esenciales" que declaraban. En paralelo, consiguió que la Nación los incluyera en el programa ATP y les pagara parte de los sueldos.
 

 
Los que evitaron el papelón fueron Martín Migoya y Guibert Englebienne, fundadores de Globant. El domingo, después de la extensión oficial de la cuarentena hasta el 7 de junio, el grupo de whatsapp empresario "Nuestra Voz" estuvo a punto de publicar una proclama convocando abiertamente a desobedecerla.
 
La impulsaban entre otros Cristiano Rattazzi (Fiat), el cordobés Gerardo Abdala (dueño de la distribuidora de indumentaria Sportcom), la bodeguera y exdiputada de Cambiemos Susana Balbo y el neuquino Diego Manfio, proveedor de petroleras en Vaca Muerta.
 
"Como supimos quedarnos en casa sabremos salir con prudencia. Porque si nos seguimos quedando en casa aparecen otros peligros y amenazas", advertía el texto. "Si nos seguimos quedando en casa compramos el terror que nos quieren vender", abundaba después, sin mencionar a el/la vendedor/a ni esgrimir argumento científico alguno.
 
Bajo una banderita argentina -ya tenía incluso diseño gráfico- cerraba con dos máximas: "Sin trabajo no hay salud ni dignidad ni vida" y "sin libertad no hay democracia". Casi un calco de las pancartas que se verían 24 horas después en la marcha de liberales autoconvocados a Plaza de Mayo y en la caravana de autos que salió de los barrios cerrados del complejo Villanueva, en Tigre.
 
Migoya y Englebienne preguntaron si se había discutido antes en algún subgrupo de chat, condición que fijó el nucleamiento de ejecutivos para someter a votación los manifiestos con los que habitualmente intervienen en el debate público. El CEO de Almundo.com, Juan Pablo Lafosse, también pidió cautela.
 
El terrateniente Félix Lacroze se enojó tanto por la resistencia que abandonó el grupo y posteó la proclama en su cuenta personal de Twitter, aunque con el limitado alcance que le otorgan sus 44 seguidores.
 
También masticó bronca David Lacroze Ayerza, patriarca del clan, exfuncionario de la dictadura y famoso en el círculo rojo por haber increpado y fotografiado a Cristina Kirchner en un avión de línea. Pero eligió quedarse.
 
Esa misma noche, el Ministerio de Salud informó un récord diario de contagios de COVID-19 para un solo día: 723 casos. Un salto que recién fue superado ayer, con 769 nuevos infectados, pero que encendió todas las alarmas especialmente por su concentración en el área metropolitana.
 
La propia Susana Balbo, entusiasta inicial de la proclama anti-cuarentena del domingo, habló por radio el martes contra el aislamiento pero se escabulló ante una consulta sobre el debate en Nuestra Voz.
 
 
Los que mandan
 
Lejos del brote de ansiedad en el grupo de chat que contuvieron con paciencia terapéutica Migoya y Englebienne, Rocca instruyó a sus coroneles a que les dieran una cálida bienvenida al directorio de TerniumSiderar a Augusto Costa y Santiago Fraschina, los directores que designó la camporista Fernanda Raverta por las acciones del grupo en poder de la ANSES.
 
En la reunión no hubo ningún comentario tenso y hasta le preguntaron a Costa, ministro de Axel Kicillof, cómo evaluaba la cuestión productiva en la provincia. El exsecretario de Comercio Interior se excusó porque estaba afónico.
 
Las mismas ondas de amor y paz transmitió Rocca, enemigo íntimo de la cuarentena, en el encuentro virtual que un grupo de empresarios top mantuvo con Martín Guzmán anteayer, a instancias de Miguel Galuccio. Vestido de overol, incluso se rió sonoramente de un chiste que le hizo sobre su atuendo el ministro de Economía.
 
Además de Rocca y de Galuccio estaban Federico Braun (La Anónima), Verónica Andreani, Enrique Cristofani (Banco Santander), Luis Pagani (Arcor) y Carlos Miguens Bemberg.
 
Si bien todos hablaron sobre la conveniencia de alcanzar un acuerdo con los acreedores y no caer en default, ninguno urgió al Gobierno a hacerlo "rápido" como publicó el portal de noticias que primero dio cuenta del encuentro.
 
Tampoco se habló del impuesto a las grandes fortunas ni de la idea de la diputada Fernanda Vallejos de que las grandes firmas entreguen parte de sus acciones al Estado a cambio de su asistencia en la crisis, dos temas que podrían haber ensombrecido el encuentro.
 
Braun contó que tuvo un "rush" de facturación en sus supermercados a fines de marzo, que en abril eso bajó y en mayo se mantuvo estable. En el promedio, dijo, su negocio está "regular". Andreani habló de la disparada en la demanda de servicios de logística.
 
Según confirmaron a BAE Negocios uno de los empresarios y uno de los funcionarios presentes, incluso Cristofani se mostró amable. Después de haber declarado a fines de 2018 que Argentina tenía "muy buenas chances de ganarle la batalla al populismo" y de haber trabajado casi como un ministro sin cartera en la época de "Toto" Caputo en Finanzas, en el zoom con Guzmán fue cauteloso y elogioso. Hasta asintió cuando Galuccio le dijo "menos mal que te tenemos".
 
 
De Fink a Nicky
  
Galuccio, precisamente, se destapó como un gestor todoterreno del Gobierno y en especial de Cristina Kirchner, con quien mantiene un diálogo reservado a unos pocos mortales fuera de su círculo íntimo. Fue él quien habló con el CEO de BlackRock, Larry Fink, porque Guzmán tenía problemas con el interlocutor que había designado ese fondo acreedor.
 
Ese delegado era Gerardo Rodríguez, que llegó a advertirle al ministro que no sabía "con quiénes se estaba metiendo", tal como se informó en esta columna el 17 de abril.
 
Fink le hizo caso y cambió al negociador, tras lo cual BlackRock sorprendió con una nueva contrapropuesta que acercó a las partes. El martes último por la noche, de hecho, se renovaron discretamente los acuerdos de confidencialidad que funcionan como paraguas secreto de lo que se discute.
 
Pero el argumento que esgrimió Galuccio ante Fink no fue, como trascendió inicialmente, que todas las acciones argentinas caerían si finalmente hay cesación de pagos y que también lo harían las de Vista. BlackRock apenas tiene un 0,02% de Vista.
 
Lo que obtuvo Galuccio tras cultivar así la relación con Cristina no es poco. Con mucho menos peso en el sector que veteranos como Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Marcelo Mindlin o el propio Rocca, fue él quien postuló a Sergio Affronti como CEO de YPF.
 
Un puñal en la espalda de Guillermo Nielsen, a quien inicialmente habían bendecido en el Instituto Patria para manejar (y no solo presidir) la petrolera de mayoría estatal.
 
Para otro zar de la energía como Nicolás Caputo, hermano de la vida de Mauricio Macri, tampoco hubo Rivotril que aguante. El viernes a la noche se enteró de que lo corrían como cónsul honorario de Singapur y que la pequeña isla asiática no oponía resistencia porque al decano de sus cónsules, Tommy Koh, le habían advertido por email que no era un buen puente hacia el nuevo gobierno y que estaba investigado por corrupción.
 
El sábado a la noche ya abordaba un avión privado rumbo a Estados Unidos, que no le niega el derecho a la residencia a ningún multimillonario en dólares.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

Agreganos como amigo a Facebook
02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar