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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 28-05-2020 / 11:05
TENÍAN UN APARATO DEL ESTADO, QUE PAGÁBAMOS TODOS, PARA PERSEGUIR

El espionaje ilegal, la obsesión de Macri

El espionaje ilegal, la obsesión de Macri
Es imposible concebir a Macri, el que mandó a espiar a su hermana y su cuñado, sin tales atributos. La concentración de la riqueza -y su consecuencia directa: la multiplicación de la pobreza- y el espionaje como instrumento de coerción forman parte del ADN macrista por encima de cualquier otro rasgo.
Hay dos cosas seguras si Mauricio Macri está en el gobierno: la aplicación sin piedad del nefasto modelo neoliberal y las operaciones de espionaje a gran escala. Ahí están sus gestiones como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y como presidente de la Nación para corroborarlo.
 
Si algún día fuera ungido nuevamente como gobernante -posibilidad que hoy aparece como muy remota pero que no debería descartarse definitivamente si se tiene en cuenta el caudal de votos que obtuvo el año pasado tras cuatro años de gestión calamitosa- podemos estar seguros de que esas dos facetas volverán a brillar en todo su esplendor.
 
Es imposible concebir a Macri, el que mandó a espiar a su hermana y su cuñado, sin tales atributos. La concentración de la riqueza -y su consecuencia directa: la multiplicación de la pobreza- y el espionaje como instrumento de coerción forman parte del ADN macrista por encima de cualquier otro rasgo.
 
"Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #SiSePuede", disparó el conductor televisivo Marcelo Tinelli, desde su cuenta en Twitter. No se salvaba nadie.
 
Ayer, la Comisión Bicameral de Inteligencia abrió un sumario para investigar delitos en la Agencia, una trama de espías, arrepentidos y amenazas en la AFI macrista. El plenario de la Comisión acordó investigar el caso revelado por un narco arrepentido, quien contó que actuó como sicario contratado por la Agencia Federal de Inteligencia en 2018. 
 

 
El sicario dijo que junto a dos espías puso una bomba para amenazar a un entonces funcionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, que supuestamente competía con Gustavo Arribas por la conducción de la AFI. La Bicameral también se abrió un expediente sobre la denuncia por espionaje ilegal a oficialistas y opositores durante el gobierno de Macri. La Gestapo era el Pro.
 
Este caso que se destapa ahora muestra con crudeza la ausencia de límites del macrismo. Ni sus principales aliados políticos, ni sus funcionarios más sumisos, ni los periodistas más complacientes se salvaron del fisgoneo de los espías de la AFI, que estaba bajo el comando de uno de sus amigos personales, Gustavo Arribas. La lista es mucho más numerosa del lado de los que no lo aplaudían.
 
Ante este nuevo y resonante caso de espionaje masivo que se destapa cabe preguntar si esta vez el Poder Judicial investigará hasta las últimas consecuencias o volverá a naufragar en el mar de los procedimientos fallidos como cada vez que Macri estuvo sentado en el banquillo de los acusados.
 
Hoy corren otros vientos políticos pero los efectos de la colonización llevada a cabo por la "mesa judicial" del macrismo sobre los tribunales nacionales perduran. La "reforma judicial" prometida por el actual presidente no debería demorarse. Es la única garantía de que casos tan graves como este tengan un final justo.
 
La Opinión Popular
 
 
 
La comisión bicameral de inteligencia investiga a la AFI macrista
 
La comisión bicameral permanente de fiscalización de los organismos y actividades de inteligencia decidió abordar este miércoles una serie de supuestas actividades ilícitas cometidas por la AFI macrista. También pidió informes al ministerio de Seguridad por actividades ilegales de la Gendarmería en Neuquén.
 
La reunión, que fue presencial y cuyo contenido es secreto pero El Destape pudo reconstruir, comenzó a las 14, puntual. El encuentro se realizó en el salón Delia Parodi de la Cámara Diputados, uno de los más grandes, para que los legisladores presentes pudieran mantener la distancia social que ordenan los especialistas en plena pandemia. Once de los catorce integrantes de la comisión estuvieron en el Congreso mientras que tres se conectaron de forma virtual, ya que decidieron quedarse en sus respectivas provincias. De esa forma, hubo asistencia perfecta.
 
Uno de los puntos principales del cónclave fue darle curso a un sumario para investigar una denuncia que hizo un exfuncionario cambiemita del ministerio de Defensa y pasado en la exSIDE, quien apuntó contra la AFI macrista por hostigamiento y la colocación de un artefacto explosivo en la puerta del edificio donde tuvo su domicilio. Este exfuncionario vinculado al mundo de la inteligencia se había presentado días atrás ante cuatro integrantes de la comisión (dos oficialistas y dos opositores) para exponer su caso.
 
En diálogo con El Destape Radio, el presidente de la comisión, Leopoldo Moreau, hizo referencia a estos hechos, contó que el denunciante vinculó a un espía del organismo con un grupo narco y afirmó: "Lo que sucedió pone de manifiesto que hubo una mafia que se apropió de la AFI". "Sus tareas no tienen registro en ningún gobierno democrático", agregó.
 
El nombre del agente que se mencionó en este caso surge en otras causas por lo que en la comisión consideraron que había un cuerpo probatorio suficiente para iniciar un sumario de investigación, que estará a cargo de tres legisladores: los diputados Rodolfo Tailhade (FdT) y Cristian Ritondo (PRO) y el senador Martín Doñate (FdT).
 
No fue el único caso que se trató en la comisión e involucró a la AFI macrista. También se elevó un pedido a la interventora de la agencia, Cristina Caamaño, para que informe si el extitular del organismo, el escribano Gustavo Arribas, participaba de las reuniones de la llamada Mesa Judicial. La sospecha de algunos legisladores oficialistas es que desde esa mesa se tejían las operaciones contra dirigentes opositores. De hecho, en la denuncia que presentó un grupo de diputados y senadores del Frente de Todos en los tribunales de Comodoro Py contra esa denominada Mesa Judicial  se mencionó al director general de la AFI como uno de los participantes.
 
Por otro lado, se le dio ingreso a la denuncia que este martes Caamaño presentó contra la AFI que condujeron Arribas y Silvia Majdalani, por pinchar los mails de dirigentes opositores, propios, sindicalistas, policías e intelectuales. En esa presentación, la titular del organismo pidió la indagatoria de Macri, Arribas, Majdalani (que era la subdirectora de la agencia) y de otros tres espías. "Tomamos conocimiento del caso y subrayamos la preocupación que nos provocó", indicó uno de los legisladores consultado por este medio.
 
Otra resolución de este miércoles fue enviar un pedido de informe al ministerio de Seguridad por eventuales acciones de inteligencia que la Gendarmería habría desarrollado en Neuquén. Se trata de las actividades que se desarrollaron en el marco de una protesta que realizó un grupo de mineros de Andacollo. Por esos sucesos, desde la cartera a cargo de Sabina Frederic se pasó a disponibilidad al personal involucrado y se anticipó que se tomarán medidas "administrativas y judiciales" para clarificar el episodio.
 
La comisión, que sesiona a puertas cerradas, está integrada por los diputados Moreau (presidente), Tailhade, José Cano, Sebastián García de Luca, Blanca Osuna,  Cristian Ritondo, Eduardo Valdes; y los senadores Juan Carlos Marino, Oscar Parrilli, Oscar Castillo, Martín Doñate, Sergio Leavy, Gerardo Montenegro y Pamela Verasay.
 
Por Franco Mizrahi
 
Fuente: El Destape
 

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El espionaje ilegal, la obsesión de Macri
Tinelli, el conductor de TV arremetió contra el gobierno anterior luego de que se filtrara una lista de personas del medio, de la política y del empresariado que fueron espiados por la AFI.
21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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