15:40 | Viernes 29 de Mayo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 23-05-2020 / 19:05

LOS TRABAJADORES ESTABAN EN CONDICIONES DE SEMIESCLAVITUD EN UNA FINCA DE ENTRE RÍOS PROPIEDAD DE UN EX FUNCIONARIO DE MACRI

Dictaron prisión preventiva para el macrista Spañoletti, detenido por trata laboral

El dirigente macrista del mes: Juan Luis Spañoletti.

El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó la prisión preventiva por 30 días a Juan Luis Spañoletti, ex viceintendente de Federación y ex delegado de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia de la Nación, que encabezó Germán Garavano durante la presidencia de Mauricio Macri.

Spañoletti está acusado del delito de trata luego de que se rescatara de una finca de su propiedad en Colonia Ayuí a cinco trabajadores misioneros en condiciones infrahumanas. La prisión preventiva comenzó a cumplirla este viernes en la Unidad Penal de Concordia.

Los trabajadores estaban reducidos a la semiesclavitud, sin comer, dormían en camas de alfalfa, en una tapera con techo de nylon de invernadero, entre otras características propias de otro siglo, de los siervos de la gleba durante el feudalismo. Aunque resulte difícil de creer, fue el delegado de DD.HH. de Macri en la provincia.

¿Esa es la idea que los macristas tienen de los derechos humanos? El ex delegado de Macri en Entre Ríos, Spagnoletti, milita en Cambiemos en la corriente interna "Alternativa radical". El jefe de ese espacio es el actual intendente de Chajarí, Pedro Galimberti. De ellos, no se ha escuchado ni una sola palabra.

La Opinión Popular

Spañoletti fue detenido en la madrugada del jueves 21 en su finca de Colonia Ayuí, a 40 kilómetros de Federación, en el departamento Concordia, durante un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, junto con integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

La intervención comenzó el miércoles por la noche y se extendió hasta altas horas de la madrugada del jueves en una finca de Colonia Ayuí, ubicada entre Federación y Concordia. Fue un pedido de auxilio y posterior denuncia de uno de los propios trabajadores lo que motivó la intervención del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, cuyas autoridades diagramaron el procedimiento y convocaron a los funcionarios especializados en el tema para abordar la cuestión.

A partir de las averiguaciones realizadas, se pudo establecer que en total fueron diez los misioneros que llegaron hasta Ayuí para trabajar en el establecimiento de Spañoletti. Sólo quedaron cinco; los otros cinco volvieron a su provincia por sus propios medios.

En las primeras horas del jueves, Spañoletti fue llevado a la delegación Chajarí de la Policía Federal al aguardo de la resolución del juez Seró, que finalmente decidió aplicarle prisión preventiva por 30 días y derivarlo a la cárcel de Concordia, según publica el sitio 7 Páginas.

La causa abierta en la Justicia Federal de Concepción del Uruguay está caratulada "PFA 1937/2020 NN s/Infracción Artículo 145 bis 1° párrafo Ley 26.842", una norma que previene y sanciona el delito de trata de personas. El artículo 15 dice textualmente: "Será reprimido con prisión de 4 a 8 años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima".

Los cinco trabajadores misioneros rescatados de la finca de Spañoletti, oriundos de la localidad de Montecarlo, regresaron este viernes 22 a su ciudad. Fueron trasladados en un vehículo de la Escuela de Suboficiales General Francisco Ramírez.

Según publicó el diario El Territorio, los trabajadores fueron recibidos por el equipo municipal encabezado por el intendente Jorge Lovato, representantes del área Salud Pública y de la Policía de Misiones, para ponerse al tanto de la situación y de las solicitudes dispuestas por el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia. Y fueron derivados a sus domicilios, donde deberán cumplir una cuarentena de 14 días por la pandemia de coronavirus.

Los cinco misioneros, con domicilio en distintos puntos de Montecarlo, habían viajado a Entre Ríos antes de la pandemia con la esperanza de mejorar su economía con trabajos temporarios, pero terminaron siendo explotados laboralmente.

Sobre la llegada de los misioneros, el intendente Lovato sostuvo que "recibimos a los cinco vecinos, se los veía en buen estado de salud y como municipio nos comprometimos a asistirlos a ellos y a sus familias. Tendremos un equipo interdisciplinario para realizar un acompañamiento, más que nada por la situación que les tocó vivir, siguiendo los lineamientos que nos da el Ministerio de Derechos Humanos a través del área de Trata de Personas".

"A esta altura, uno no puede creer que sucedan estas cosas, que sean vecinos de Montecarlo que viven y tienen a su familia en su municipio. Lo que sucedió no es normal. Sí es normal que muchos trabajadores de estación y que se dedican a la tarefa viajen en época de interzafra, pero no bajo estas condiciones", agregó el alcalde.

Sobre el seguimiento a estas personas, se supo que durante los próximos días serán monitoreados por integrantes de Salud Pública, siguiendo los protocolos de prevención de Covid-19.

Además se realizará un monitoreo del estado de salud general de cada uno de ellos y en los próximos días, desde el municipio, se brindará asistencia psicológica para ellos y sus familias. Todos los informes serán elevados al ministerio correspondiente.

Fuente: Entre Ríos Ahora

Los trabajadores que se encontraban en “condiciones infrahumanas” en un establecimiento rural de eucaliptos cercano a la Estancia Santa Amelia, en Colonia Ayuí, a 40 kilómetros de la ciudad de Concordia.

24-05-2026 / 09:05

Reforma previsional de Frigerio: Michel denuncia que el costo del ajuste lo pagan los trabajadores

Un análisis técnico de Guillermo Michel desnuda la verdadera naturaleza del proyecto de Frigerio: una transferencia forzosa de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de un Estado que abdica de su responsabilidad social. Michel advierte que no estamos ante una búsqueda de eficiencia, sino ante un "ajuste por goteo" que utiliza la duplicación del período de cálculo y la eliminación de la movilidad sectorial para licuar los haberes. Según el experto legislador, la reforma rompe el principio de sustitutividad, condenando a los futuros jubilados a percibir una tasa de reemplazo que no refleja su trayectoria laboral, mientras se legaliza el perjuicio previsional derivado del empleo no registrado.

Para Michel, el costo de este "equilibrio" fiscal es una regresión patrimonial sin precedentes que ensancha la brecha entre activos y pasivos. El análisis subraya que la delegación de facultades al Ejecutivo y la creación de aportes "solidarios" sobre jubilados no son medidas de emergencia, sino el andamiaje de un estatuto permanente de excepción. En términos de Michel, la gestión de Frigerio opta por el camino más corto y doloroso: castigar la biografía laboral del trabajador entrerriano -especialmente de las mujeres y regímenes especiales- para cumplir con metas de austeridad que ignoran la protección constitucional del salario diferido.

En forma lapidaria, Guillermo Michel concluyó: "Frigerio está construyendo el expediente político para ser recordado como el peor gobernador de Entre Ríos desde la vuelta de la democracia. Y con esta ley ratifica que también lo será para los trabajadores".

24-05-2026 / 09:05

Ajuste Previsional en Entre Ríos: El Proyecto de Frigerio avanza contra los derechos sociales

Bajo el rótulo tecnocrático de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", el gobierno de Rogelio Frigerio ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley que, tras el análisis minucioso de su articulado, se revela como un programa de ajuste estructural sin precedentes. No estamos ante una reforma técnica de sostenibilidad; estamos ante un desmantelamiento sistemático de la Ley N° 8732 y un retroceso histórico que vulnera el principio de no regresividad amparado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

El proyecto de Rogelio Frigerio es un asalto ataque a la seguridad social de los entrerrianos. Bajo el paraguas de la "sustentabilidad", el Ejecutivo pretende legalizar un ajuste estructural que confisca el salario de los trabajadores activos y licúa el haber de los jubilados, enmarcando los cambios en la Caja de Jubilaciones más al servicio del déficit cero que de los derechos sociales de los pasivos de la provincia. Se trata de una embestida que descarga el peso de una crisis que los trabajadores no generaron sobre sus propias espaldas, mediante un sistema de castigo que licúa ingresos y destruye la movilidad.

Esta ofensiva gubernamental no solo desmantela el 82% móvil y el enganche sectorial, sino que consagra una autocracia financiera donde los derechos constitucionales quedan supeditados a decretos del Ejecutivo. Al elevar la edad jubilatoria hasta umbrales biológicamente altísimos y ensañarse particularmente con las mujeres y los sectores más vulnerables, la gestión provincial firma una iniciativa que generará abierta polémica. Es, en esencia, un programa de ajuste que abdica del rol protector del Estado para arrojarse a una lógica de mercado contable que se no contempló los derechos constitucionales de los entrerrianos.

De la redacción de La Opinión Popular

18-05-2026 / 20:05

Frigerio y el costo de la "Era Milei": Por primera vez, el Gobernador tiene saldo negativo en las encuestas

El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.

El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".

La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.

La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.

De la redacción de La Opinión Popular

17-05-2026 / 20:05

Los polémicos argumentos del gobierno de Frigerio sobre los cotos de caza

El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.

El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.

Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes.

Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión.

De la redacción de La Opinión Popular

17-05-2026 / 14:05

Adrián Fuertes: "En la vida hay límites y las sanciones en el PJ son necesarias"

En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.

Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.