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El clima en Paraná

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 23-05-2020 / 09:05
MÁS QUE NUNCA, ALBERTO FERNÁNDEZ TENDRÁ QUE RESPONDER AL TÍTULO DE "PILOTO DE TORMENTAS"

El país está en un estrecho desfiladero con dos picos letales y antagónicos: el de la epidemia y el de la economía parada

El país está en un estrecho desfiladero con dos picos letales y antagónicos: el de la epidemia y el de la economía parada
La historia tiene muchos ejemplos de pilotos de tormentas en épocas de crisis. Son hombres que saben combinar las ideas con la práctica y los propósitos con los hechos. Hombres de iniciativas, proyectos, obras, horizontes. No se trata de iluminados, sino simplemente de hombres de coraje cívico y con iniciativa para superar la crisis que afectan a la sociedad. La sociedad los percibe y los respeta.
Como en las viejas imágenes del navío que atraviesa las columnas de Hércules en un mar tormentoso, Argentina enfila hacía dos picos letales y antagónicos: el punto más alto de la epidemia, por lo menos en el ámbito de la zona metropolitana de Capital y Conurbano y el punto de inflexión de una economía parada, después del cual será más difícil recomponerse.
 
Para Alberto Fernández, más que nunca vale la figura del piloto de tormentas que se aplica para los políticos en momentos decisivos. El país se introduce por un estrecho con el mar embravecido. Un toque leve para un lado o para el otro puede llevar la embarcación hacía los arrecifes.
 
En el pico de la infección, resulta muy difícil abrir la cuarentena. A pesar de la fuerte presión de sectores del poder económico, una apertura indiscriminada echaría por la borda el esfuerzo con resultados altamente positivos que implicaron estos días de cuarentena.
 
Y al mismo tiempo hay cientos de negocios y empresas al borde de la quiebra a pesar de la ayuda del gobierno. Muchos de los que empiecen a cerrar en este tramo ya no volverán a abrir o demorarán mucho en hacerlo con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo.
 
Jair Bolsonaro, Boris Johnson al principio y Donald Trump la hicieron más fácil. Estrellaron el barco contra la epidemia y que se salve el que sepa nadar, los demás son descartables. El barco escoró por la epidemia y se fue a estrellar con la economía. Y así convirtieron a sus ciudades en paisajes dantescos con decenas de miles de muertos. Las fosas comunes en el Central Park es una postal del infierno que quedará en la retina de los norteamericanos por muchos años.
 
Argentina evitó esas situaciones y se introdujo en un embudo flanqueado por los escollos de la epidemia y la economía y está llegando al pasaje más estrecho donde la muñeca del timonel-político deberá esmerarse hasta el mínimo detalle. La caída de once puntos del PBI es la boya de alarma.
 

 
Desde el otro lado se avizoran las luces rojas cuando el país ya cuenta con unos diez mil infectados y casi 500 muertos, 400 de ellos en la zona metropolitana y del conurbano. Son cifras bastante menos alarmantes que las de la mayoría de los países de la región y de muchos del resto del planeta. Los especialistas infieren de esas cifras que estaría próximo el pico de la epidemia.
 
Es un momento crítico porque si bien el esfuerzo es respaldado por la gran mayoría de la sociedad, también está llegando a un punto de fatiga por el confinamiento y la falta de trabajo. Es extremado y milimétrico el cálculo que se debe aplicar. Se lanza el subsidio para los salarios de las empresas y aparecen cobrándolo ejecutivos de corporaciones como Vicentin y Techint, que se ha enriquecido con préstamos del Estado que no van a devolver, en el primer caso, o que ya ha ordenado despidos masivos, la otra.
 
Para complicar un panorama ya complicado, el mismo Grupo Clarín que quiso favorecerse con este Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción lanzó una campaña contra esos mismos subsidios. "Ayuda oficial: El gobierno lleva gastado por la cuarentena, 20 mil millones de dólares, la mitad del préstamo del FMI", fue uno de los titulares esta semana. Piden la plata y cuando la reciben, critican que se la den.
 
El título es mentiroso, porque se trata de pesos argentinos y no dólares, no tiene que ver con ninguna deuda y además va al bolsillo de los trabajadores y no a cuentas offshore de amigos del gobierno, como sucedió durante el macrismo. Critican con mala fe pero se anotan en los beneficios.
 
Alberto Fernández recibió en Olivos a representantes del movimiento Garganta Poderosa y después de escucharlos les agradeció porque los datos que le hacían llegar sobre las villas en la CABA eran diferentes. El Presidente trata de no partidizar la problemática, pero tampoco quiere cargar con responsabilidades de las autoridades de aplicación en cada distrito.
 
Un ejemplo: Si una persona se infecta en un barrio de clase media, es trasladada en ambulancia. En la villa ya bautizaron "coronabús" al ómnibus donde trasladan a la gente infectada junto con su entorno, convirtiéndolo en otro foco infeccioso. Fueron algunos de los detalles que escuchó el presidente. Una de las consecuencias fue que se empezaron a instalar dos centros de aislamiento cerca de la villa Padre Mujica para evitar la gira en coronabús.
 
Los debates se intensifican. Desde 2001, cuando comenzaron a distribuirse los planes Trabajar para los desocupados, hubo un gran revuelo mediático para criticar que se les diera plata. Se exigió una contraprestación a los trabajadores desocupados que eran favorecidos. Ahora, la mayoría de los planes son para cooperativas de trabajo que llevan implícita esa contraprestación.
 
Por su parte la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos propuso que en vez de subsidiar a las grandes empresas, el gobierno compre parte de sus acciones. O sea que el subsidio no sea gratis, sino a cambio de acciones, como sucede en varios países de Europa que han comenzado el salvataje de empresas.
 
La propuesta armó tremendo revuelo. Lo más probable es que salga antes el aporte extraordinario de las grandes fortunas, cuya discusión está más avanzada. Pero resulta interesante que los que exigieron una contraprestación a los trabajadores desocupados que reciben subsidios, sean los mismos que exijan que los subsidios a las grandes empresas no la tengan.
 
En ese canto de sirenas apareció la denuncia de un Centro Simón Wiesenthal cada vez más desprestigiado por el uso politiquero de la sigla que ganó prestigio con la captura internacional de criminales nazis.
 
La política de salud durante el gobierno de Mauricio Macri se basó en el ajuste permanente, en desfinanciar programas, suspender acciones, abandonar hospitales y reducir la salud pública al mínimo posible. Alberto Fernández representa la idea contraria y debe afrontar una epidemia con la salud pública que heredó de un gobierno contrario a la salud pública.
 
La lucha contra la epidemia revalorizó ante la sociedad a la salud pública, lo cual implica un demérito para el gobierno pasado. Si existe un símbolo indiscutido de la salud pública es el sanitarista Ramón Carrillo.
 
La denuncia contra este símbolo de la medicina social y salud como derecho, hecha sin documentos, ni pruebas que la sostengan, resultó funcional a la necesidad de la derecha de esmerilar esa idea de salud pública. Lo quisieron ensuciar antes como "corrupto", pero Carrillo, que manejó una caja inmensa durante el peronismo, murió pobre en Brasil.
 
Carrillo salvó la vida de decenas de miles de argentinos. No solamente merece estar en un billete, sino que tendría que haber plazas y monumentos con su nombre. La denuncia provino de la sede para América Latina del Wiesenthal a cargo del argentino Ariel Gelblung, relacionado en la colectividad judía con el sector de Rubén Beraja, acusado del encubrimiento del atentado contra la AMIA. En ese sector participan el ex ministro Claudio Avruj y el diputado ultramacrista Waldo Wolff.
 
El periodista Horacio Lutzky, que investigó el atentado a la AMIA, lo relaciona con el negocio del tráfico de armas que se realizaba desde Argentina. En su libro La explosión, menciona a Gelblung como directivo de la empresa Terminal Portuaria Intefema, "dedicada exclusivamente a facilitar el contrabando de armas". Este personaje es el que denunció a Carrillo.
 
La nave va.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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