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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 23-05-2020 / 09:05
MÁS QUE NUNCA, ALBERTO FERNÁNDEZ TENDRÁ QUE RESPONDER AL TÍTULO DE "PILOTO DE TORMENTAS"

El país está en un estrecho desfiladero con dos picos letales y antagónicos: el de la epidemia y el de la economía parada

El país está en un estrecho desfiladero con dos picos letales y antagónicos: el de la epidemia y el de la economía parada
La historia tiene muchos ejemplos de pilotos de tormentas en épocas de crisis. Son hombres que saben combinar las ideas con la práctica y los propósitos con los hechos. Hombres de iniciativas, proyectos, obras, horizontes. No se trata de iluminados, sino simplemente de hombres de coraje cívico y con iniciativa para superar la crisis que afectan a la sociedad. La sociedad los percibe y los respeta.
Como en las viejas imágenes del navío que atraviesa las columnas de Hércules en un mar tormentoso, Argentina enfila hacía dos picos letales y antagónicos: el punto más alto de la epidemia, por lo menos en el ámbito de la zona metropolitana de Capital y Conurbano y el punto de inflexión de una economía parada, después del cual será más difícil recomponerse.
 
Para Alberto Fernández, más que nunca vale la figura del piloto de tormentas que se aplica para los políticos en momentos decisivos. El país se introduce por un estrecho con el mar embravecido. Un toque leve para un lado o para el otro puede llevar la embarcación hacía los arrecifes.
 
En el pico de la infección, resulta muy difícil abrir la cuarentena. A pesar de la fuerte presión de sectores del poder económico, una apertura indiscriminada echaría por la borda el esfuerzo con resultados altamente positivos que implicaron estos días de cuarentena.
 
Y al mismo tiempo hay cientos de negocios y empresas al borde de la quiebra a pesar de la ayuda del gobierno. Muchos de los que empiecen a cerrar en este tramo ya no volverán a abrir o demorarán mucho en hacerlo con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo.
 
Jair Bolsonaro, Boris Johnson al principio y Donald Trump la hicieron más fácil. Estrellaron el barco contra la epidemia y que se salve el que sepa nadar, los demás son descartables. El barco escoró por la epidemia y se fue a estrellar con la economía. Y así convirtieron a sus ciudades en paisajes dantescos con decenas de miles de muertos. Las fosas comunes en el Central Park es una postal del infierno que quedará en la retina de los norteamericanos por muchos años.
 
Argentina evitó esas situaciones y se introdujo en un embudo flanqueado por los escollos de la epidemia y la economía y está llegando al pasaje más estrecho donde la muñeca del timonel-político deberá esmerarse hasta el mínimo detalle. La caída de once puntos del PBI es la boya de alarma.
 

 
Desde el otro lado se avizoran las luces rojas cuando el país ya cuenta con unos diez mil infectados y casi 500 muertos, 400 de ellos en la zona metropolitana y del conurbano. Son cifras bastante menos alarmantes que las de la mayoría de los países de la región y de muchos del resto del planeta. Los especialistas infieren de esas cifras que estaría próximo el pico de la epidemia.
 
Es un momento crítico porque si bien el esfuerzo es respaldado por la gran mayoría de la sociedad, también está llegando a un punto de fatiga por el confinamiento y la falta de trabajo. Es extremado y milimétrico el cálculo que se debe aplicar. Se lanza el subsidio para los salarios de las empresas y aparecen cobrándolo ejecutivos de corporaciones como Vicentin y Techint, que se ha enriquecido con préstamos del Estado que no van a devolver, en el primer caso, o que ya ha ordenado despidos masivos, la otra.
 
Para complicar un panorama ya complicado, el mismo Grupo Clarín que quiso favorecerse con este Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción lanzó una campaña contra esos mismos subsidios. "Ayuda oficial: El gobierno lleva gastado por la cuarentena, 20 mil millones de dólares, la mitad del préstamo del FMI", fue uno de los titulares esta semana. Piden la plata y cuando la reciben, critican que se la den.
 
El título es mentiroso, porque se trata de pesos argentinos y no dólares, no tiene que ver con ninguna deuda y además va al bolsillo de los trabajadores y no a cuentas offshore de amigos del gobierno, como sucedió durante el macrismo. Critican con mala fe pero se anotan en los beneficios.
 
Alberto Fernández recibió en Olivos a representantes del movimiento Garganta Poderosa y después de escucharlos les agradeció porque los datos que le hacían llegar sobre las villas en la CABA eran diferentes. El Presidente trata de no partidizar la problemática, pero tampoco quiere cargar con responsabilidades de las autoridades de aplicación en cada distrito.
 
Un ejemplo: Si una persona se infecta en un barrio de clase media, es trasladada en ambulancia. En la villa ya bautizaron "coronabús" al ómnibus donde trasladan a la gente infectada junto con su entorno, convirtiéndolo en otro foco infeccioso. Fueron algunos de los detalles que escuchó el presidente. Una de las consecuencias fue que se empezaron a instalar dos centros de aislamiento cerca de la villa Padre Mujica para evitar la gira en coronabús.
 
Los debates se intensifican. Desde 2001, cuando comenzaron a distribuirse los planes Trabajar para los desocupados, hubo un gran revuelo mediático para criticar que se les diera plata. Se exigió una contraprestación a los trabajadores desocupados que eran favorecidos. Ahora, la mayoría de los planes son para cooperativas de trabajo que llevan implícita esa contraprestación.
 
Por su parte la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos propuso que en vez de subsidiar a las grandes empresas, el gobierno compre parte de sus acciones. O sea que el subsidio no sea gratis, sino a cambio de acciones, como sucede en varios países de Europa que han comenzado el salvataje de empresas.
 
La propuesta armó tremendo revuelo. Lo más probable es que salga antes el aporte extraordinario de las grandes fortunas, cuya discusión está más avanzada. Pero resulta interesante que los que exigieron una contraprestación a los trabajadores desocupados que reciben subsidios, sean los mismos que exijan que los subsidios a las grandes empresas no la tengan.
 
En ese canto de sirenas apareció la denuncia de un Centro Simón Wiesenthal cada vez más desprestigiado por el uso politiquero de la sigla que ganó prestigio con la captura internacional de criminales nazis.
 
La política de salud durante el gobierno de Mauricio Macri se basó en el ajuste permanente, en desfinanciar programas, suspender acciones, abandonar hospitales y reducir la salud pública al mínimo posible. Alberto Fernández representa la idea contraria y debe afrontar una epidemia con la salud pública que heredó de un gobierno contrario a la salud pública.
 
La lucha contra la epidemia revalorizó ante la sociedad a la salud pública, lo cual implica un demérito para el gobierno pasado. Si existe un símbolo indiscutido de la salud pública es el sanitarista Ramón Carrillo.
 
La denuncia contra este símbolo de la medicina social y salud como derecho, hecha sin documentos, ni pruebas que la sostengan, resultó funcional a la necesidad de la derecha de esmerilar esa idea de salud pública. Lo quisieron ensuciar antes como "corrupto", pero Carrillo, que manejó una caja inmensa durante el peronismo, murió pobre en Brasil.
 
Carrillo salvó la vida de decenas de miles de argentinos. No solamente merece estar en un billete, sino que tendría que haber plazas y monumentos con su nombre. La denuncia provino de la sede para América Latina del Wiesenthal a cargo del argentino Ariel Gelblung, relacionado en la colectividad judía con el sector de Rubén Beraja, acusado del encubrimiento del atentado contra la AMIA. En ese sector participan el ex ministro Claudio Avruj y el diputado ultramacrista Waldo Wolff.
 
El periodista Horacio Lutzky, que investigó el atentado a la AMIA, lo relaciona con el negocio del tráfico de armas que se realizaba desde Argentina. En su libro La explosión, menciona a Gelblung como directivo de la empresa Terminal Portuaria Intefema, "dedicada exclusivamente a facilitar el contrabando de armas". Este personaje es el que denunció a Carrillo.
 
La nave va.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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