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“La pandemia nos demostró que vivimos en un país injusto y que la calidad de vida incide fuertemente en el riesgo de contagio”. Alberto Fernández
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Nacionales - 22-05-2020 / 09:05
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

La nueva normalidad es el tironeo de la frazada corta

La nueva normalidad es el tironeo de la frazada corta
La sorpresa la dio Blackrock, el mayor fondo de inversión del mundo. Su decisión de aceptar una quita mayor a la que admitía apenas tres semanas atrás puso por primera vez al Gobierno a un paso de cerrar la renegociación de la deuda sin ceder en lo central: la rebaja de intereses.
Esta tarde, cuando Wall Street cante default, ningún financista va a tirarse por la ventana de un rascacielos como en las películas de los años 30. No solo porque el Covid-19 vació los pisos altos de la City porteña y de Manhattan sino ante todo por la sorpresa que dio Blackrock, el mayor fondo de inversión del mundo.
 
Su decisión de aceptar una quita mayor a la que admitía apenas tres semanas atrás puso por primera vez al Gobierno a un paso de cerrar la renegociación de la deuda sin ceder en lo central: la rebaja de intereses.
 
Aunque evitan mostrarse las cartas y advierten que todo puede colapsar de un momento a otro, tanto los acreedores como los negociadores oficiales apuestan a un arreglo dentro de pocos días. Si finalmente ocurre, Martín Guzmán habrá alcanzado la meta que se propuso cuando asumió como ministro.
 
Alberto Fernández, en cambio, recién se va a poder sentar a practicar con alguna certeza el deporte que promete signar toda su gestión: el tironeo de la frazada corta. Todo un desafío social y político para su Argentina Unida pero Ajustada, que ya debió digerir el virtual congelamiento de las jubilaciones y que también exhibe una paciencia zen ante las rebajas salariales y la suspensión sine die de las paritarias.
 
La puja distributiva que viene, coronavirus mediante, promete desarrollarse como nunca antes dentro del Estado. Es el resultado lógico de una situación nueva, que cuantificó el sociólogo Daniel Schteingart: el 89% de población vive en hogares donde al menos un miembro percibe algún dinero público. Ya no son solo los empleados públicos, los jubilados y pensionados y los beneficiarios de programas de asistencia social.
 
Ahora se les sumaron quienes cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), quienes recibieron el crédito a tasa cero para autónomos y quienes cobraron la mitad de sus sueldos gracias al plan de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), como los empleados de Polka, de la Organización Techint y hasta de la Sociedad Rural.
 

 
El problema, una vez más, es quién paga todo eso. Y es en ese punto donde los nervios se crisparán apenas terminada la discusión con los bonistas, impuesto a las grandes fortunas mediante. El establishment promete combatir ese proyecto con uñas y dientes y aprovechó una idea que sugirió por Twitter la diputada Fernanda Vallejos para advertirlo.
 
La propuesta, para nada excéntrica (que el Estado mantenga a flote a empresas en crisis a cambio de una participación accionaria, como está a punto de hacer Ángela Merkel con Lufthansa o como hizo Giuseppe Conte con Alitalia), fue presentada por sus portavoces casi como un revival de aquel alardeo caribeño de Hugo Chávez al grito de "exprópiese".
 
 
Cruda realidad
  
El Fondo Monetario volvió a sorprender, igual que cuando reclamó un "recorte sustancial" a los acreedores, al publicar anteayer un paper donde sugiere a los gobiernos de sus países miembros "considerar incrementar las alícuotas más altas del impuesto a las ganancias o las del impuesto a la riqueza o al patrimonio, quizás mediante un 'recargo solidario'".
 
Máximo Kirchner y Carlos Heller podrían celebrar la coincidencia: su proyecto, tal como se informó en esta columna el viernes pasado, denomina exactamente así al nuevo tributo.
 
Lo más sorprendente del informe del FMI, sin embargo, es lo que recomienda para los combustibles. Dice que "los bajos precios del crudo actualmente permiten elevar los impuestos sobre el combustible sin que suban los precios al consumidor".
 
Es decir, la solución alternativa al "barril criollo" que estableció el Gobierno esta semana. En vez de un precio sostén, un impuesto. En vez de un subsidio de todos los consumidores de nafta y gasoil a las petroleras para que no echen operarios, una tasa que eventualmente podría mantenerlos en sus casas con el mismo salario y sin beneficiar a privados en un contexto de severa sequía de ingresos.
 
Entre los dueños de las cinco mayores fortunas de la Argentina, según el ranking que se tome, hay dos o tres petroleros. La cruda realidad es que se verán beneficiados por la decisión de Matías Kulfas de instrumentar el barril criollo para evitar que colapse YPF.
 
Uno de ellos, Paolo Rocca, ya bebió de la teta del Estado este mes, cuando le aprobaron el ATP para sus empleados. Incluso pese a su prédica contra la cuarentena, como la que desplegó junto a Carlos Bacher en una reunión con directivos el martes en su sede de Catalinas. Tampoco lo privó del beneficio la treintena de despidos que produjo una subsidiaria de Tenaris Siderca en Campana, de la cual Claudio Moroni dijo el martes "no estar al tanto".
 
Por la baja de retenciones y el congelamiento del impuesto a los combustibles que introdujo el decreto del barril criollo, según las planillas que circulan dentro del mismo Palacio de Hacienda, el Estado dejará de recaudar unos $10.000 millones entre junio y setiembre.
 
Un monto suficiente para incluir a un millón de beneficiarios más en el IFE, que entrega $10.000 a quienes se quedaron colgados del pincel por la cuarentena. O para extenderlo a los cónyuges de quienes ya lo cobran y que fueron rechazados por el sistema de la ANSES, a diferencia de lo que ocurre con los empleados en blanco beneficiarios del ATP, que pueden embolsar sin restricciones hasta $33.750 cada uno aun casados.
 
 
Pelo y barba
  
El nombre del presidente de YPF, Guillermo Nielsen, apareció por estas horas frenéticas en varias conversaciones por Whatsapp y no precisamente por el barril criollo. El jefe de uno de los tres agrupamientos de acreedores que negocia con Economía se encargó de difundir, anteayer a media mañana, un rumor: que el Gobierno pagaría el vencimiento de hoy, que Guzmán renunciaría y que los reemplazantes serían él o Emmanuel Álvarez Agis.
 
-Tenés mi palabra de que eso no va a pasar. Y deciles a tus socios que se jodan por ser tan ineptos de comprarles bonos al mejor equipo de los últimos 50 años con un cupón del 6%. El milagro es que hayan cobrado un cupón -le respondió el propio Álvarez Agis al banquero cuando lo consultó directamente a él si era cierto.
 
Más allá de la animosidad que pueda sentir hacia Guzmán el financista, sobre todo después de la sorpresa de BlackRock, el episodio volvió a exhibir una fisura en el oficialismo que obligó a Alberto Fernández a decir, en una entrevista diez días atrás, que el único negociador habilitado era el ministro de Economía. Fue un pedido del propio jefe del Palacio de Hacienda, harto de que lo puentearan vía Sergio Massa y los economistas que lo asesoran.
 
¿Habrá cupón PBI como hubo en 2005 con Nielsen, en caso de que haya acuerdo finalmente? Es una de las discusiones que seguirán hoy, porque en Economía lo consideran inaceptable tal como lo planteó uno de los tres agrupamientos pero no le terminan de cerrar la puerta si sirve para acercar posiciones.
 
Tal como lo propuso ese grupo (los "tenedores de bonos del canje"), es un cupón que se sigue el PBI en dólares y no el real, para evitar el truco morenista de mentir con la inflación. El problema es que se gatillaría con las apreciaciones cambiarias como las que suele tener Argentina cada tanto. Algo que relativizaría el "corte de pelo" que propone el Gobierno, tal como lo denominan en la jerga de Wall Street.
 
La cuestión es si se podrán cobrar impuestos adicionales o no para atender la emergencia y la nueva normalidad, con el Estado mucho más exigido. Quien reapareció para responder negativamente a esa pregunta es el extitular de la AFIP hasta el final del gobierno de Mauricio Macri, Leonardo Cuccioli.
 
"Hay un sector en la dirigencia argentina que cree que es gratis aumentar los impuestos a quien tiene dinero", dijo Cuccioli. Y agregó: "Se ve como algo lógico y moral. El tema es a partir de qué base, porque llega un momento que no tiene sentido".
 
Como todo, es opinable. El tema es dónde lo dijo. Fue en un seminario virtual de MBP Partners, un bufete de abogados que ofrece asesoramiento a grandes inversores para "optimizar su pago de impuestos". Es decir, para minimizarlo.
 
Un estudio nuevo pero innovador: tiene filial y corresponsales muy activos en Paraguay, justo el país al que decidieron mudarse -solo fiscalmente, claro- al menos dos docenas de magnates argentinos el año pasado.
 
En la charla de MBP Partners estuvo también Jimena de la Torre, actual asesora de Cristian Ritondo y antigua colaboradora de Cuccioli en la AFIP. Antes, al principio del macrismo, había pasado por la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado. Una incompatibilidad que podría ser anecdótica, como el default para Guzmán, pero que en tiempos de frazada corta roza lo inmoral.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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05-06-2020 / 12:06
Miguel Acevedo le sonrió todo lo que pudo a la camarita de su laptop. Estaba en su casa pero de saco y corbata, igual que el resto de los directivos de la Unión Industrial. -El milagro de la pandemia es que la AFIP sea la buena de la película. ¡Hay que agradecer!
 
Fue el martes a la tarde y Mercedes Marcó del Pont le acababa de dar dos buenas noticias en medio de la caída libre que atraviesa la economía: que la recaudación cayó un poco menos en mayo que en abril, tal como se oficializó al día siguiente, y que la semana que viene se deposita la parte de los sueldos que paga el Estado a los empleados cuyos patrones solicitaron la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
 
Con el malo de la película le tocó hablar anoche. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le prometió -también por videoconferencia- que no complicará el acceso a dólares de las industrias que quieran importar.
 
La inquietud de todo el empresariado apareció el viernes pasado, cuando Pesce estableció que las empresas que posean dólares declarados en el exterior deberán usarlos para pagar las importaciones que quieran hacer. Y que recién cuando los hayan gastado podrán acceder a más en el mercado oficial.
 
Acevedo ya había protestado diplomáticamente contra esa resolución anteayer, cuando Alberto Fernández lo recibió en Olivos junto a una docena de CEOs de grandes empresas, como Javier Madanes (Aluar), Luis Pagani (Arcor), Sergio Kaufman (Accenture), Luis Perez Companc (Molinos) y Daniel Herrero (Toyota).
 
El Presidente lo miró a Matías Kulfas. "Es algo temporario", aclaró el ministro de Producción. "Y además, con los insumos para la industria no deberían tener problema", agregó.
 

05-06-2020 / 11:06
04-06-2020 / 11:06
"Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público", indicó el partido de la derecha en un comunicado que firmó el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, pero no la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien -como ministra de Seguridad- justificó el asesinato por la espalda de personas a manos de policías y prefectos.
 
Se entiende por qué la omisión: como ministra de Seguridad, Bullrich justificó cuanto acto de violencia institucional ocurrió durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. El mandatario, dicho sea de paso, recibió en Casa Rosada y felicitó al policía Luis Chocobar, mientras estaba siendo investigando penalmente por matar por la espalda al sospechoso de un delito.
 
Bullrich también justificó el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda por parte de integrantes de la Prefectura. Antes de que siquiera comenzara la investigación penal, la ministra emitió un comunicado en el cual aseguró que los prefectos habían sido atacados por poco menos que un comando guerrillero.
 
Nunca se encontraron evidencias de esto, pero la entonces ministra jamás se retractó. De hecho, dijo que en casos de violencia institucional como ese "no necesitamos pruebas: le otorgamos el carácter de verdad a la versión de Prefectura". Lo mismo hizo a lo largo de las semanas y semanas que estuvo desaparecido Santiago Maldonado: defendió sin pruebas a los gendarmes y se negó a hablar de desaparición forzada (un término que, por suerte, ahora el PRO aprendió a usar en su comunicado).
 
La nueva posición del PRO despertó ironías y críticas en las redes, donde no dudaron de tildarlos de farsantes. 

04-06-2020 / 10:06
Comienza un proceso alentador en nuestro país, quizás oscurecido hoy por la contundente irrupción del Covid-19. La rescisión de los polémicos contratos de obras públicas realizados durante el macrismo bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP), un modelo de contratación muy perjudicial para el Estado pero que no prosperó por la crisis financiera.
 
El gobierno de Alberto Fernández puso en marcha el proceso para la rescisión de los seis contratos de obras de corredores viales que habían sido adjudicados por Mauricio Macri bajo la cuestionada modalidad PPP en julio de 2018. Ya en plena crisis externa y con el país con el crédito externo cortado, salvo el acuerdo con el FMI, el gobierno de Mauricio Macri firmó contratos bajo una modalidad que sólo había provocado fracasos y sospechas en el mundo.
 
El programa PPP, participación público-privada, es un modelo por el cual las mismas concesionarias debían obtener el financiamiento y realizar las obras, a cambio de la explotación comercial de las rutas y autopistas licitadas. Es decir, las concesionarias contrataban una deuda que después debía pagar el Estado, mientras que aquéllas se quedaban con el negocio del peaje y de la renta de los espacios comerciales que se desarrollaran a lo largo de las rutas (estaciones de servicio, por ejemplo).
 
La marcha atrás con el modelo PPP es una buena noticia. Ese engendro ya había fracasado en Europa dejando un tendal de deudas siderales que debieron ser afrontadas por los Estados. Se trata de un sistema que, como todo producto "made in neoliberalismo", privilegia las finanzas por sobre la producción.
 
En este caso las grandes empresas constructoras -multinacionales muchas de ellas- se hacían cargo de las obras viales licitadas, de su financiamiento y, como frutilla del postre, de la futura explotación de las autopistas. Todo cotizado en dólares, con tasas de interés altísimas y, por supuesto, con el Estado como garante del negocio de los privados. 
 

03-06-2020 / 12:06
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