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Nacionales - 16-05-2020 / 11:05
MILLONARIAS CUENTAS OFF-SHORE

Fiscal denunció a la AFIP de Macri por haber ocultado cuentas en el exterior sin declarar

Fiscal denunció a la AFIP de Macri por haber ocultado cuentas en el exterior sin declarar
Denuncian que en el macrismo, AFIP protegía evasores. El Federico Delgado detectó elementos para investigar penalmente a Alberto Abad (foto) y a Leandro Cuccioli por su rol en posible encubrimiento de 950 titulares de cuentas, quienes figuraban en los listados internacionales con bienes en el exterior sin declarar. Tras las revelaciones sobre la maniobra, se dispara causa penal que recayó en manos de jueza Capuchetti.
El fiscal federal Federico Delgado radicó una denuncia penal después de considerar que había elementos suficientes para que se investigue el posible encubrimiento por parte de las autoridades de AFIP durante la era Cambiemos -Alberto Abad y Leandro Cuccioli- de las miles de cuentas no declaradas e informadas por la OCDE, en 2017.
 
La actual gestión a cargo de Mercedes Marcó del Pont detectó la existencia de información encriptada en poder del organismo recaudador que no había sido revelada desde que fue provista, en dos tandas durante los últimos años, por los acuerdos de intercambio de información fiscal entre países.
 
Dentro de ese cúmulo de datos hay 950 cuentas que superan el millón de dólares y cuyos titulares están siendo notificados, para lo que se levantó la feria fiscal. Ahora, y por sorteo, la causa penal que apunta al ocultamiento deliberado y posible alteración en la cadena de custodia, recayó en el juzgado subrogado por María Eugenia Capuchetti con intervención del fiscal Carlos Stornelli, que deberá darle impulso.
 
El 29 de abril pasado se revelaron los pormenores del recorrido que tuvieron esos datos, que nunca fueron accionados por la AFIP durante más de dos años en el gobierno de Mauricio Macri. La "protección" a quienes figuran en esos listados por parte de Abad, Cuccioli y los responsables de las áreas de fiscalización y de sistemas, esta última encabezada por Néstor Sosa, que quedó en la mira en varios expedientes judiciales.
 

 
El "vacío" que existe entre fines de 2017 y principios de 2020 es uno de los principales puntos a dilucidar en la investigación penal que podría incluir delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario, adulteración de información fiscal, entre otros.
 
La cuestión es sensible: esos contribuyentes informados en 2017 y 2018 por OCDE podrían ser pasibles de ver caer su adhesión al blanqueo de capitales de Cambiemos, perdiendo la posibilidad de quedar excluidos de una persecución penal.
 
El cúmulo de irregularidades que pudo reconstruir Ámbito, y que dispararon la denuncia penal del fiscal Delgado, radican en la "intervención" del software eMIAI (Electrónico Módulo de Intercambio Automático de Información, según sus siglas) que servía para acceder a la identificación de los contribuyentes detectados en diversos países, en un procedimiento que se denominaba "cuitificación", y que estaba en fase de prueba a finales de 2017.
 
Hubo retrasos, por ausencia de pago de una licencia a la OCDE para dar un "aknowledgement" y poder "bajar" esa información desde un "hub" dispuesto para el intercambio que tiene estrictas medidas de seguridad.
 
Pero lo verdaderamente relevante ocurrió cuando a principios de 2018 comenzó el cruce de datos y se generaron discusiones técnicas entre la Dirección de Fiscalidad Internacional (responsable de la recepción del listado), Auditoría y Sistemas, ambas bajo el control de Sosa.
 
El 5 de enero de 2018 y en pleno ajuste del software eMIAI, el área de Sistemas -con Sandra Rouget a cargo- por orden de Sosa decidió borrar el "usuario" que había procesado todos los datos, y dejar solo resguardados los archivos sin procesar (es decir los que no tenían identificación positiva con el CUIT local).
 
Eso ocurrió tras una reunión convocada por Abad dos días antes con participación del subdirector general de Fiscalización Marcelo Costa con la orden de aportar "impreso físicamente" un reporte con los listados de nombres procesados hasta el momento por el sistema, una instrucción inusual.
 
A mediados de enero de 2018, se reconstruyó el usuario dado de baja pero el software había sido modificado por orden de Auditoría: por supuestas normas de seguridad ya no era posible visualizar los "nombres" en el sistema, sino que corrían sin que ningún agente accediera a ellos.
 
La AFIP inició una auditoría interna para deslindar responsabilidades, a la par que continuó adelante con el proceso de fiscalización de los contribuyentes, ahora en plena etapa de notificación, con la primera tanda de 950 cuentas que superan u$s millón cada una. Luego habrá una segunda fase por montos inferiores.
 
Pero este affaire se acaba de convertir en una causa penal contra la gestión Cambiemos por el ocultamiento de esa información que se tendrá que desarrollar en Comodoro Py.
 
Por Gabriel Morini
 
Fuente: ambito.com
 

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05-06-2020 / 12:06
Miguel Acevedo le sonrió todo lo que pudo a la camarita de su laptop. Estaba en su casa pero de saco y corbata, igual que el resto de los directivos de la Unión Industrial. -El milagro de la pandemia es que la AFIP sea la buena de la película. ¡Hay que agradecer!
 
Fue el martes a la tarde y Mercedes Marcó del Pont le acababa de dar dos buenas noticias en medio de la caída libre que atraviesa la economía: que la recaudación cayó un poco menos en mayo que en abril, tal como se oficializó al día siguiente, y que la semana que viene se deposita la parte de los sueldos que paga el Estado a los empleados cuyos patrones solicitaron la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
 
Con el malo de la película le tocó hablar anoche. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le prometió -también por videoconferencia- que no complicará el acceso a dólares de las industrias que quieran importar.
 
La inquietud de todo el empresariado apareció el viernes pasado, cuando Pesce estableció que las empresas que posean dólares declarados en el exterior deberán usarlos para pagar las importaciones que quieran hacer. Y que recién cuando los hayan gastado podrán acceder a más en el mercado oficial.
 
Acevedo ya había protestado diplomáticamente contra esa resolución anteayer, cuando Alberto Fernández lo recibió en Olivos junto a una docena de CEOs de grandes empresas, como Javier Madanes (Aluar), Luis Pagani (Arcor), Sergio Kaufman (Accenture), Luis Perez Companc (Molinos) y Daniel Herrero (Toyota).
 
El Presidente lo miró a Matías Kulfas. "Es algo temporario", aclaró el ministro de Producción. "Y además, con los insumos para la industria no deberían tener problema", agregó.
 

05-06-2020 / 11:06
04-06-2020 / 11:06
"Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público", indicó el partido de la derecha en un comunicado que firmó el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, pero no la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien -como ministra de Seguridad- justificó el asesinato por la espalda de personas a manos de policías y prefectos.
 
Se entiende por qué la omisión: como ministra de Seguridad, Bullrich justificó cuanto acto de violencia institucional ocurrió durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. El mandatario, dicho sea de paso, recibió en Casa Rosada y felicitó al policía Luis Chocobar, mientras estaba siendo investigando penalmente por matar por la espalda al sospechoso de un delito.
 
Bullrich también justificó el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda por parte de integrantes de la Prefectura. Antes de que siquiera comenzara la investigación penal, la ministra emitió un comunicado en el cual aseguró que los prefectos habían sido atacados por poco menos que un comando guerrillero.
 
Nunca se encontraron evidencias de esto, pero la entonces ministra jamás se retractó. De hecho, dijo que en casos de violencia institucional como ese "no necesitamos pruebas: le otorgamos el carácter de verdad a la versión de Prefectura". Lo mismo hizo a lo largo de las semanas y semanas que estuvo desaparecido Santiago Maldonado: defendió sin pruebas a los gendarmes y se negó a hablar de desaparición forzada (un término que, por suerte, ahora el PRO aprendió a usar en su comunicado).
 
La nueva posición del PRO despertó ironías y críticas en las redes, donde no dudaron de tildarlos de farsantes. 

04-06-2020 / 10:06
Comienza un proceso alentador en nuestro país, quizás oscurecido hoy por la contundente irrupción del Covid-19. La rescisión de los polémicos contratos de obras públicas realizados durante el macrismo bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP), un modelo de contratación muy perjudicial para el Estado pero que no prosperó por la crisis financiera.
 
El gobierno de Alberto Fernández puso en marcha el proceso para la rescisión de los seis contratos de obras de corredores viales que habían sido adjudicados por Mauricio Macri bajo la cuestionada modalidad PPP en julio de 2018. Ya en plena crisis externa y con el país con el crédito externo cortado, salvo el acuerdo con el FMI, el gobierno de Mauricio Macri firmó contratos bajo una modalidad que sólo había provocado fracasos y sospechas en el mundo.
 
El programa PPP, participación público-privada, es un modelo por el cual las mismas concesionarias debían obtener el financiamiento y realizar las obras, a cambio de la explotación comercial de las rutas y autopistas licitadas. Es decir, las concesionarias contrataban una deuda que después debía pagar el Estado, mientras que aquéllas se quedaban con el negocio del peaje y de la renta de los espacios comerciales que se desarrollaran a lo largo de las rutas (estaciones de servicio, por ejemplo).
 
La marcha atrás con el modelo PPP es una buena noticia. Ese engendro ya había fracasado en Europa dejando un tendal de deudas siderales que debieron ser afrontadas por los Estados. Se trata de un sistema que, como todo producto "made in neoliberalismo", privilegia las finanzas por sobre la producción.
 
En este caso las grandes empresas constructoras -multinacionales muchas de ellas- se hacían cargo de las obras viales licitadas, de su financiamiento y, como frutilla del postre, de la futura explotación de las autopistas. Todo cotizado en dólares, con tasas de interés altísimas y, por supuesto, con el Estado como garante del negocio de los privados. 
 

03-06-2020 / 12:06
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