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Nacionales - 16-05-2020 / 10:05
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Coronavirus en las villas y barrios vulnerables: Alerta amarilla

Coronavirus en las villas y barrios vulnerables: Alerta amarilla
La ola de contagios en las villas le dio un carácter clasista a la pandemia. El Gobierno de CABA, que no supo prevenirlo, está ahora obligado a una acción decidida para contenerlo. No se trata de una cama por enfermo sino de todo un dispositivo de ayuda familiar.
El salto que dio la epidemia en las villas de la CABA rompió la etapa de contagio lento y asumió un carácter clasista. La desigualdad y la pobreza se convirtieron como en todas las crisis en el factor más vulnerable. Si hay crisis económica, los que más sufren son los que tienen menos recursos; si la crisis es social, de seguridad o de drogas, es en los pobres donde más impacta, y si es sanitaria, como la del coronavirus, las villas amenazan convertirse en focos de la epidemia.
 
Si de algo sirve la experiencia que el país ha recabado en estos tiempos de pandemia, es que la prevención es el mejor remedio. Adelantarse a la expansión del contagio y evitar que se extienda ha demostrado ser la mejor forma de combatir a la epidemia.
 
Las quejas de los referentes sociales de las principales villas de la CABA coinciden en que la reacción sanitaria del gobierno de la ciudad fue lenta ante la aparición de los primeros casos, a los que se suman deficiencias fatales, como han sido los cortes del suministro de agua en las dos villas que más han sufrido por la epidemia, la Carlos Mujica, en Retiro y la del Bajo Flores.
 
Los intendentes del Conurbano no ocultan la preocupación ante el brote en las villas de CABA que se puede extender hacia sus distritos. La mala alimentación, el hacinamiento y las dificultades para la práctica intensiva de higiene constituyen una puerta de entrada para el virus, sobre todo cuando falta el agua.
 
En todo el país el país hay alrededor de cuatro mil villas miseria; en el conurbano son unas 1600, y en CABA, 55. Sin embargo este último distrito se convirtió esta semana en un llamado de alerta por la proliferación de infectados. 


El Covid 19 empezó como un problema de los ricos que viajaban al exterior y ahora entró fuerte en los barrios más vulnerables. La peste de los "chetos" se transformó en un drama de las villas... pero puede volver a los "chetos".
 
La Opinión Popular

 
En las villas de la CABA se suma el agravante de que soportan mayor densidad de población, los pasillos son más angostos y tienen más construcción en altura. En las villas del resto del país, la construcción tiende a expandirse de manera horizontal y más espaciada.
 
Hasta aquí las diferencias geográficas. Lo real es que en las dos villas donde se produjo la mayoría de los contagios venían denunciando problemas en la provisión de agua potable desde varias semanas antes de que comenzara la epidemia.
 
Debería haber sido una prioridad en la estrategia del gobierno de CABA frente a la enfermedad, pero en cambio despreció los reclamos de los vecinos. Ya en plena epidemia, desconoció su responsabilidad y la derivó a la empresa AYSA. Hasta que la Justicia falló ante un amparo presentado por los movimientos sociales y responsabilizó al gobierno de CABA. Recién ahora han comenzado a resolver el problema en la Carlos Mujica, pero se agudizó en el Bajo Flores.
 
Prácticamente todos los distritos del Conurbano tienen villas. El brote en la CABA, así como el anuncio del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de que flexibilizaría las condiciones de la cuarentena disparó las alarmas rojas por el flujo permanente de personas entre la Capital y las localidades suburbanas.
 
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, expresó esa preocupación que también inquieta a sus colegas. "Apenas tuvimos un caso en una villa de Avellaneda, lo internamos, aislamos a la familia y además hicimos un relevamiento de los contactos para aislar cualquier foco de infección. Hasta ahora está controlado, pero siempre está el temor a un desborde en las villas".
 
Muchas veces los mismos habitantes del barrio, cuando se les pregunta para saber la forma en que habría irradiado la infección, afirman que no salieron de sus casas para no incomodar a sus vecinos, los que, si hay infección, también deberían ser aislados. Y en esos casos, el virus se expande. El miedo humano a convertirse en un vecino molesto puede mutar así en riesgo mortal, por lo que se ha llegado, incluso, a pedir a los curas de las villas que realicen estas indagaciones.
 
Los especialistas advirtieron desde el principio que la población más vulnerable estaba entre las personas mayores de 65 años, en especial en los geriátricos. Pero también en la población de las cárceles, las villas y los trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate a la epidemia. El gobierno de CABA fue cuestionado desde el principio en por lo menos dos de estos focos.
 
Los trabajadores de la salud también tuvieron que presentar amparos ante la Justicia para que se los proveyera del equipo de protección sanitaria indispensable, desde los barbijos hasta los delantales especiales. En esa misma época, los movimientos sociales habían presentado el amparo por la provisión de agua. Hubo un atraso decisivo en esos frentes.
 
La estrategia para desactivar a las cárceles como potenciales focos de infección fue transformada por la corporación de medios y algunos jueces en una campaña de terror. La jueza de ejecución penal número 1 de Quilmes, Julia Márquez, informó falsamente que habían sido liberados 176 violadores. Esta jueza forma parte de la organización macrista Usina de Justicia y por esta mentira ya tiene un pedido de juicio político. El resultado de esa campaña infame fue paralizar las medidas que se habían empezado a ejecutar para descongestionar el hacinamiento en las cárceles.
 
Estas complicaciones, algunas de las cuales obedecen a fallas de responsabilidad social, otras a prejuicios y otras a actitudes políticas que no tienen sensibilidad social, entorpecieron una estrategia nacional que, pese a todo, pudo lograr resultados positivos hasta ahora.
 
En este contexto de sobresalto por la aceleración del ritmo de infección a pesar de la cuarentena, el gobierno de CABA, que había anunciado primero que aplicaría medidas más rigurosas de distanciamiento social, finalmente reafirmó que, como las guardias hospitalarias no están desbordadas, mantendrá la flexibilización.
 
Son numerosos los vecinos del conurbano que trabajan en los comercios que han sido autorizados a reiniciar su actividad en la CABA. Esta apertura relativa de la cuarentena aumentó el tránsito entre ambos distritos y preocupa a los intendentes porque se produce cuando se acelera el proceso de infección en la ciudad.
 
Los infectólogos aclararon que este incremento de infecciones no está relacionado con la apertura que comenzó durante la semana. El período de incubación demora alrededor de dos semanas y es temprano para medir el impacto que tendrá en ese proceso.
 
Ante la proliferación del virus en las villas, el gobierno de CABA lanzó un programa de testeos rápidos. Los positivos han sido más de lo que se esperaba, con lo cual la población que deberá ser internada o aislada empieza a ser considerable. Son familias enteras con sus vecinos.
 
Algunos tienen a su cargo personas enfermas o discapacitados que requieren asistencia, o hijos pequeños que deben ser contenidos. No se trata sólo de una cama por enfermo, sino de un dispositivo muy amplio de contención que fracasará si no está sustentado en una conciencia que valore sin distinción social la dignidad y la vida de las personas.
 
Los vecinos llegan a los centros de aislamiento sin mantas ni alimentos y preocupados por los seres queridos que han dejado atrás. El dispositivo de contención, además de voluminoso tiene que contemplar todas esas problemáticas, lo cual implica también costos más altos que los de un hotelito y un bolsón de comida. Sin sensibilidad social ni solidaridad, las estrategias sanitarias serán ineficaces.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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