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“La pandemia nos demostró que vivimos en un país injusto y que la calidad de vida incide fuertemente en el riesgo de contagio”. Alberto Fernández
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Nacionales - 16-05-2020 / 10:05
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Coronavirus en las villas y barrios vulnerables: Alerta amarilla

Coronavirus en las villas y barrios vulnerables: Alerta amarilla
La ola de contagios en las villas le dio un carácter clasista a la pandemia. El Gobierno de CABA, que no supo prevenirlo, está ahora obligado a una acción decidida para contenerlo. No se trata de una cama por enfermo sino de todo un dispositivo de ayuda familiar.
El salto que dio la epidemia en las villas de la CABA rompió la etapa de contagio lento y asumió un carácter clasista. La desigualdad y la pobreza se convirtieron como en todas las crisis en el factor más vulnerable. Si hay crisis económica, los que más sufren son los que tienen menos recursos; si la crisis es social, de seguridad o de drogas, es en los pobres donde más impacta, y si es sanitaria, como la del coronavirus, las villas amenazan convertirse en focos de la epidemia.
 
Si de algo sirve la experiencia que el país ha recabado en estos tiempos de pandemia, es que la prevención es el mejor remedio. Adelantarse a la expansión del contagio y evitar que se extienda ha demostrado ser la mejor forma de combatir a la epidemia.
 
Las quejas de los referentes sociales de las principales villas de la CABA coinciden en que la reacción sanitaria del gobierno de la ciudad fue lenta ante la aparición de los primeros casos, a los que se suman deficiencias fatales, como han sido los cortes del suministro de agua en las dos villas que más han sufrido por la epidemia, la Carlos Mujica, en Retiro y la del Bajo Flores.
 
Los intendentes del Conurbano no ocultan la preocupación ante el brote en las villas de CABA que se puede extender hacia sus distritos. La mala alimentación, el hacinamiento y las dificultades para la práctica intensiva de higiene constituyen una puerta de entrada para el virus, sobre todo cuando falta el agua.
 
En todo el país el país hay alrededor de cuatro mil villas miseria; en el conurbano son unas 1600, y en CABA, 55. Sin embargo este último distrito se convirtió esta semana en un llamado de alerta por la proliferación de infectados. 


El Covid 19 empezó como un problema de los ricos que viajaban al exterior y ahora entró fuerte en los barrios más vulnerables. La peste de los "chetos" se transformó en un drama de las villas... pero puede volver a los "chetos".
 
La Opinión Popular

 
En las villas de la CABA se suma el agravante de que soportan mayor densidad de población, los pasillos son más angostos y tienen más construcción en altura. En las villas del resto del país, la construcción tiende a expandirse de manera horizontal y más espaciada.
 
Hasta aquí las diferencias geográficas. Lo real es que en las dos villas donde se produjo la mayoría de los contagios venían denunciando problemas en la provisión de agua potable desde varias semanas antes de que comenzara la epidemia.
 
Debería haber sido una prioridad en la estrategia del gobierno de CABA frente a la enfermedad, pero en cambio despreció los reclamos de los vecinos. Ya en plena epidemia, desconoció su responsabilidad y la derivó a la empresa AYSA. Hasta que la Justicia falló ante un amparo presentado por los movimientos sociales y responsabilizó al gobierno de CABA. Recién ahora han comenzado a resolver el problema en la Carlos Mujica, pero se agudizó en el Bajo Flores.
 
Prácticamente todos los distritos del Conurbano tienen villas. El brote en la CABA, así como el anuncio del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de que flexibilizaría las condiciones de la cuarentena disparó las alarmas rojas por el flujo permanente de personas entre la Capital y las localidades suburbanas.
 
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, expresó esa preocupación que también inquieta a sus colegas. "Apenas tuvimos un caso en una villa de Avellaneda, lo internamos, aislamos a la familia y además hicimos un relevamiento de los contactos para aislar cualquier foco de infección. Hasta ahora está controlado, pero siempre está el temor a un desborde en las villas".
 
Muchas veces los mismos habitantes del barrio, cuando se les pregunta para saber la forma en que habría irradiado la infección, afirman que no salieron de sus casas para no incomodar a sus vecinos, los que, si hay infección, también deberían ser aislados. Y en esos casos, el virus se expande. El miedo humano a convertirse en un vecino molesto puede mutar así en riesgo mortal, por lo que se ha llegado, incluso, a pedir a los curas de las villas que realicen estas indagaciones.
 
Los especialistas advirtieron desde el principio que la población más vulnerable estaba entre las personas mayores de 65 años, en especial en los geriátricos. Pero también en la población de las cárceles, las villas y los trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate a la epidemia. El gobierno de CABA fue cuestionado desde el principio en por lo menos dos de estos focos.
 
Los trabajadores de la salud también tuvieron que presentar amparos ante la Justicia para que se los proveyera del equipo de protección sanitaria indispensable, desde los barbijos hasta los delantales especiales. En esa misma época, los movimientos sociales habían presentado el amparo por la provisión de agua. Hubo un atraso decisivo en esos frentes.
 
La estrategia para desactivar a las cárceles como potenciales focos de infección fue transformada por la corporación de medios y algunos jueces en una campaña de terror. La jueza de ejecución penal número 1 de Quilmes, Julia Márquez, informó falsamente que habían sido liberados 176 violadores. Esta jueza forma parte de la organización macrista Usina de Justicia y por esta mentira ya tiene un pedido de juicio político. El resultado de esa campaña infame fue paralizar las medidas que se habían empezado a ejecutar para descongestionar el hacinamiento en las cárceles.
 
Estas complicaciones, algunas de las cuales obedecen a fallas de responsabilidad social, otras a prejuicios y otras a actitudes políticas que no tienen sensibilidad social, entorpecieron una estrategia nacional que, pese a todo, pudo lograr resultados positivos hasta ahora.
 
En este contexto de sobresalto por la aceleración del ritmo de infección a pesar de la cuarentena, el gobierno de CABA, que había anunciado primero que aplicaría medidas más rigurosas de distanciamiento social, finalmente reafirmó que, como las guardias hospitalarias no están desbordadas, mantendrá la flexibilización.
 
Son numerosos los vecinos del conurbano que trabajan en los comercios que han sido autorizados a reiniciar su actividad en la CABA. Esta apertura relativa de la cuarentena aumentó el tránsito entre ambos distritos y preocupa a los intendentes porque se produce cuando se acelera el proceso de infección en la ciudad.
 
Los infectólogos aclararon que este incremento de infecciones no está relacionado con la apertura que comenzó durante la semana. El período de incubación demora alrededor de dos semanas y es temprano para medir el impacto que tendrá en ese proceso.
 
Ante la proliferación del virus en las villas, el gobierno de CABA lanzó un programa de testeos rápidos. Los positivos han sido más de lo que se esperaba, con lo cual la población que deberá ser internada o aislada empieza a ser considerable. Son familias enteras con sus vecinos.
 
Algunos tienen a su cargo personas enfermas o discapacitados que requieren asistencia, o hijos pequeños que deben ser contenidos. No se trata sólo de una cama por enfermo, sino de un dispositivo muy amplio de contención que fracasará si no está sustentado en una conciencia que valore sin distinción social la dignidad y la vida de las personas.
 
Los vecinos llegan a los centros de aislamiento sin mantas ni alimentos y preocupados por los seres queridos que han dejado atrás. El dispositivo de contención, además de voluminoso tiene que contemplar todas esas problemáticas, lo cual implica también costos más altos que los de un hotelito y un bolsón de comida. Sin sensibilidad social ni solidaridad, las estrategias sanitarias serán ineficaces.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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05-06-2020 / 12:06
Miguel Acevedo le sonrió todo lo que pudo a la camarita de su laptop. Estaba en su casa pero de saco y corbata, igual que el resto de los directivos de la Unión Industrial. -El milagro de la pandemia es que la AFIP sea la buena de la película. ¡Hay que agradecer!
 
Fue el martes a la tarde y Mercedes Marcó del Pont le acababa de dar dos buenas noticias en medio de la caída libre que atraviesa la economía: que la recaudación cayó un poco menos en mayo que en abril, tal como se oficializó al día siguiente, y que la semana que viene se deposita la parte de los sueldos que paga el Estado a los empleados cuyos patrones solicitaron la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
 
Con el malo de la película le tocó hablar anoche. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le prometió -también por videoconferencia- que no complicará el acceso a dólares de las industrias que quieran importar.
 
La inquietud de todo el empresariado apareció el viernes pasado, cuando Pesce estableció que las empresas que posean dólares declarados en el exterior deberán usarlos para pagar las importaciones que quieran hacer. Y que recién cuando los hayan gastado podrán acceder a más en el mercado oficial.
 
Acevedo ya había protestado diplomáticamente contra esa resolución anteayer, cuando Alberto Fernández lo recibió en Olivos junto a una docena de CEOs de grandes empresas, como Javier Madanes (Aluar), Luis Pagani (Arcor), Sergio Kaufman (Accenture), Luis Perez Companc (Molinos) y Daniel Herrero (Toyota).
 
El Presidente lo miró a Matías Kulfas. "Es algo temporario", aclaró el ministro de Producción. "Y además, con los insumos para la industria no deberían tener problema", agregó.
 

05-06-2020 / 11:06
04-06-2020 / 11:06
"Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público", indicó el partido de la derecha en un comunicado que firmó el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, pero no la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien -como ministra de Seguridad- justificó el asesinato por la espalda de personas a manos de policías y prefectos.
 
Se entiende por qué la omisión: como ministra de Seguridad, Bullrich justificó cuanto acto de violencia institucional ocurrió durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. El mandatario, dicho sea de paso, recibió en Casa Rosada y felicitó al policía Luis Chocobar, mientras estaba siendo investigando penalmente por matar por la espalda al sospechoso de un delito.
 
Bullrich también justificó el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda por parte de integrantes de la Prefectura. Antes de que siquiera comenzara la investigación penal, la ministra emitió un comunicado en el cual aseguró que los prefectos habían sido atacados por poco menos que un comando guerrillero.
 
Nunca se encontraron evidencias de esto, pero la entonces ministra jamás se retractó. De hecho, dijo que en casos de violencia institucional como ese "no necesitamos pruebas: le otorgamos el carácter de verdad a la versión de Prefectura". Lo mismo hizo a lo largo de las semanas y semanas que estuvo desaparecido Santiago Maldonado: defendió sin pruebas a los gendarmes y se negó a hablar de desaparición forzada (un término que, por suerte, ahora el PRO aprendió a usar en su comunicado).
 
La nueva posición del PRO despertó ironías y críticas en las redes, donde no dudaron de tildarlos de farsantes. 

04-06-2020 / 10:06
Comienza un proceso alentador en nuestro país, quizás oscurecido hoy por la contundente irrupción del Covid-19. La rescisión de los polémicos contratos de obras públicas realizados durante el macrismo bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP), un modelo de contratación muy perjudicial para el Estado pero que no prosperó por la crisis financiera.
 
El gobierno de Alberto Fernández puso en marcha el proceso para la rescisión de los seis contratos de obras de corredores viales que habían sido adjudicados por Mauricio Macri bajo la cuestionada modalidad PPP en julio de 2018. Ya en plena crisis externa y con el país con el crédito externo cortado, salvo el acuerdo con el FMI, el gobierno de Mauricio Macri firmó contratos bajo una modalidad que sólo había provocado fracasos y sospechas en el mundo.
 
El programa PPP, participación público-privada, es un modelo por el cual las mismas concesionarias debían obtener el financiamiento y realizar las obras, a cambio de la explotación comercial de las rutas y autopistas licitadas. Es decir, las concesionarias contrataban una deuda que después debía pagar el Estado, mientras que aquéllas se quedaban con el negocio del peaje y de la renta de los espacios comerciales que se desarrollaran a lo largo de las rutas (estaciones de servicio, por ejemplo).
 
La marcha atrás con el modelo PPP es una buena noticia. Ese engendro ya había fracasado en Europa dejando un tendal de deudas siderales que debieron ser afrontadas por los Estados. Se trata de un sistema que, como todo producto "made in neoliberalismo", privilegia las finanzas por sobre la producción.
 
En este caso las grandes empresas constructoras -multinacionales muchas de ellas- se hacían cargo de las obras viales licitadas, de su financiamiento y, como frutilla del postre, de la futura explotación de las autopistas. Todo cotizado en dólares, con tasas de interés altísimas y, por supuesto, con el Estado como garante del negocio de los privados. 
 

03-06-2020 / 12:06
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