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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 16-05-2020 / 10:05
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Coronavirus en las villas y barrios vulnerables: Alerta amarilla

Coronavirus en las villas y barrios vulnerables: Alerta amarilla
La ola de contagios en las villas le dio un carácter clasista a la pandemia. El Gobierno de CABA, que no supo prevenirlo, está ahora obligado a una acción decidida para contenerlo. No se trata de una cama por enfermo sino de todo un dispositivo de ayuda familiar.
El salto que dio la epidemia en las villas de la CABA rompió la etapa de contagio lento y asumió un carácter clasista. La desigualdad y la pobreza se convirtieron como en todas las crisis en el factor más vulnerable. Si hay crisis económica, los que más sufren son los que tienen menos recursos; si la crisis es social, de seguridad o de drogas, es en los pobres donde más impacta, y si es sanitaria, como la del coronavirus, las villas amenazan convertirse en focos de la epidemia.
 
Si de algo sirve la experiencia que el país ha recabado en estos tiempos de pandemia, es que la prevención es el mejor remedio. Adelantarse a la expansión del contagio y evitar que se extienda ha demostrado ser la mejor forma de combatir a la epidemia.
 
Las quejas de los referentes sociales de las principales villas de la CABA coinciden en que la reacción sanitaria del gobierno de la ciudad fue lenta ante la aparición de los primeros casos, a los que se suman deficiencias fatales, como han sido los cortes del suministro de agua en las dos villas que más han sufrido por la epidemia, la Carlos Mujica, en Retiro y la del Bajo Flores.
 
Los intendentes del Conurbano no ocultan la preocupación ante el brote en las villas de CABA que se puede extender hacia sus distritos. La mala alimentación, el hacinamiento y las dificultades para la práctica intensiva de higiene constituyen una puerta de entrada para el virus, sobre todo cuando falta el agua.
 
En todo el país el país hay alrededor de cuatro mil villas miseria; en el conurbano son unas 1600, y en CABA, 55. Sin embargo este último distrito se convirtió esta semana en un llamado de alerta por la proliferación de infectados. 


El Covid 19 empezó como un problema de los ricos que viajaban al exterior y ahora entró fuerte en los barrios más vulnerables. La peste de los "chetos" se transformó en un drama de las villas... pero puede volver a los "chetos".
 
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En las villas de la CABA se suma el agravante de que soportan mayor densidad de población, los pasillos son más angostos y tienen más construcción en altura. En las villas del resto del país, la construcción tiende a expandirse de manera horizontal y más espaciada.
 
Hasta aquí las diferencias geográficas. Lo real es que en las dos villas donde se produjo la mayoría de los contagios venían denunciando problemas en la provisión de agua potable desde varias semanas antes de que comenzara la epidemia.
 
Debería haber sido una prioridad en la estrategia del gobierno de CABA frente a la enfermedad, pero en cambio despreció los reclamos de los vecinos. Ya en plena epidemia, desconoció su responsabilidad y la derivó a la empresa AYSA. Hasta que la Justicia falló ante un amparo presentado por los movimientos sociales y responsabilizó al gobierno de CABA. Recién ahora han comenzado a resolver el problema en la Carlos Mujica, pero se agudizó en el Bajo Flores.
 
Prácticamente todos los distritos del Conurbano tienen villas. El brote en la CABA, así como el anuncio del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de que flexibilizaría las condiciones de la cuarentena disparó las alarmas rojas por el flujo permanente de personas entre la Capital y las localidades suburbanas.
 
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, expresó esa preocupación que también inquieta a sus colegas. "Apenas tuvimos un caso en una villa de Avellaneda, lo internamos, aislamos a la familia y además hicimos un relevamiento de los contactos para aislar cualquier foco de infección. Hasta ahora está controlado, pero siempre está el temor a un desborde en las villas".
 
Muchas veces los mismos habitantes del barrio, cuando se les pregunta para saber la forma en que habría irradiado la infección, afirman que no salieron de sus casas para no incomodar a sus vecinos, los que, si hay infección, también deberían ser aislados. Y en esos casos, el virus se expande. El miedo humano a convertirse en un vecino molesto puede mutar así en riesgo mortal, por lo que se ha llegado, incluso, a pedir a los curas de las villas que realicen estas indagaciones.
 
Los especialistas advirtieron desde el principio que la población más vulnerable estaba entre las personas mayores de 65 años, en especial en los geriátricos. Pero también en la población de las cárceles, las villas y los trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate a la epidemia. El gobierno de CABA fue cuestionado desde el principio en por lo menos dos de estos focos.
 
Los trabajadores de la salud también tuvieron que presentar amparos ante la Justicia para que se los proveyera del equipo de protección sanitaria indispensable, desde los barbijos hasta los delantales especiales. En esa misma época, los movimientos sociales habían presentado el amparo por la provisión de agua. Hubo un atraso decisivo en esos frentes.
 
La estrategia para desactivar a las cárceles como potenciales focos de infección fue transformada por la corporación de medios y algunos jueces en una campaña de terror. La jueza de ejecución penal número 1 de Quilmes, Julia Márquez, informó falsamente que habían sido liberados 176 violadores. Esta jueza forma parte de la organización macrista Usina de Justicia y por esta mentira ya tiene un pedido de juicio político. El resultado de esa campaña infame fue paralizar las medidas que se habían empezado a ejecutar para descongestionar el hacinamiento en las cárceles.
 
Estas complicaciones, algunas de las cuales obedecen a fallas de responsabilidad social, otras a prejuicios y otras a actitudes políticas que no tienen sensibilidad social, entorpecieron una estrategia nacional que, pese a todo, pudo lograr resultados positivos hasta ahora.
 
En este contexto de sobresalto por la aceleración del ritmo de infección a pesar de la cuarentena, el gobierno de CABA, que había anunciado primero que aplicaría medidas más rigurosas de distanciamiento social, finalmente reafirmó que, como las guardias hospitalarias no están desbordadas, mantendrá la flexibilización.
 
Son numerosos los vecinos del conurbano que trabajan en los comercios que han sido autorizados a reiniciar su actividad en la CABA. Esta apertura relativa de la cuarentena aumentó el tránsito entre ambos distritos y preocupa a los intendentes porque se produce cuando se acelera el proceso de infección en la ciudad.
 
Los infectólogos aclararon que este incremento de infecciones no está relacionado con la apertura que comenzó durante la semana. El período de incubación demora alrededor de dos semanas y es temprano para medir el impacto que tendrá en ese proceso.
 
Ante la proliferación del virus en las villas, el gobierno de CABA lanzó un programa de testeos rápidos. Los positivos han sido más de lo que se esperaba, con lo cual la población que deberá ser internada o aislada empieza a ser considerable. Son familias enteras con sus vecinos.
 
Algunos tienen a su cargo personas enfermas o discapacitados que requieren asistencia, o hijos pequeños que deben ser contenidos. No se trata sólo de una cama por enfermo, sino de un dispositivo muy amplio de contención que fracasará si no está sustentado en una conciencia que valore sin distinción social la dignidad y la vida de las personas.
 
Los vecinos llegan a los centros de aislamiento sin mantas ni alimentos y preocupados por los seres queridos que han dejado atrás. El dispositivo de contención, además de voluminoso tiene que contemplar todas esas problemáticas, lo cual implica también costos más altos que los de un hotelito y un bolsón de comida. Sin sensibilidad social ni solidaridad, las estrategias sanitarias serán ineficaces.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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