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Nacionales - 15-05-2020 / 09:05
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

La cuarentena desigual agita a los dos extremos de la pirámide

La cuarentena desigual agita a los dos extremos de la pirámide
Esta vez no va a tener un nombre pregnante como el impuesto P.A.I.S. (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), cuya recaudación se vino abajo a la par de los gastos con tarjeta en dólares. El impuesto a las grandes fortunas se va a llamar "aporte solidario para contribuir a morigerar los efectos de la pandemia" y el proyecto ya está terminado.
Esta vez no va a tener un nombre pregnante como el impuesto P.A.I.S. (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), cuya recaudación se vino abajo a la par de los gastos con tarjeta en dólares. Se va a llamar "aporte solidario para contribuir a morigerar los efectos de la pandemia" y el proyecto ya está terminado, aunque falta definir cómo se va a aplicar sobre las tenencias de títulos públicos.
 
Como ese aspecto podría interferir en el alargue de la renegociación de la deuda, Martín Guzmán pidió que el texto definitivo recién se haga público después del 22 de mayo. Sabe que, aunque no se muestren, muchos de los acreedores bajo ley extranjera son argentinos y podrían sentirse doblemente afectados por la quita que propone y por el tributo.
 
Con la flexibilización de la cuarentena en jaque por el empinamiento de la curva de los últimos días, los dos extremos de la pirámide social empezaron a agitarse. En la base, donde las penurias no son nuevas pero donde el COVID-19 empieza a castigar con especial saña, no hay certezas siquiera sobre cuándo terminarán de cobrar la primera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) quienes no tienen cuenta bancaria. En la cúspide, donde el aislamiento es mucho más amable, la posibilidad de que el Gobierno entre en default y el impuesto a las grandes fortunas son las dos mayores preocupaciones.
 

 
Anteayer, en medio de la sesión semi-virtual que celebró Diputados, Cristina Álvarez Rodríguez les confirmó a varios miembros del bloque oficialista que Carlos Heller ya había terminado de redactar el texto. El jefe de la bancada, Máximo Kirchner, le encomendó al cooperativista que congeniara su letra con Economía.
 
Pero Guzmán está 100% abocado a la discusión con los acreedores, una labor que comparte con Gustavo Beliz y que lo lleva cada vez más frecuentemente a la Quinta de Olivos. Ahí, por ejemplo, los dos cenaron el domingo a solas con el Presidente para debatir los pasos a seguir después de la baja adhesión que obtuvo el canje en su primer tramo.
 
Heller discutió el proyecto con los técnicos que le envió Guzmán. Ellos preferían subir las alícuotas de Ganancias, especialmente sobre las sociedades, antes que gravar los altos patrimonios. Pero terminó por imponerse el criterio de Máximo Kirchner, quien lo había conversado previamente con Sergio Massa. Todos juran que el presidente de la Cámara, cuyos históricos mecenas de campaña serían alcanzados por el tributo, se cuidó de levantar la voz en su contra en todo momento.
 
El "aporte solidario" consiste en una alícuota sobre los bienes declarados ante la AFIP por personas físicas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019, equivalentes a 2,9 millones de dólares al tipo de cambio oficial de ayer. La alícuota va del 2% para quienes atesoren entre 200 y 400 millones hasta el 3,5% para quienes registren a su nombre más de $3.000 millones (42,8 millones de dólares).
 
También habrá una sobrealícuota sobre los activos declarados en el extranjero, de la cual quedarán exentos quienes repatríen al menos un 20%. No se establece ninguna penalidad para quienes participaron del último blanqueo.
 
Aunque la discusión sobre el proyecto promete calentarse durante la última semana de mayo, en el oficialismo apuestan a lo difícil que resultará oponerse a un impuesto sobre 12.000 contribuyentes de altísimos patrimonios cuya recaudación se asignará de manera específica al combate a la pandemia, justo cuando se produzca el pico de infectados en Argentina.
 
Según los sondeos que le llegaron a Alberto Fernández esta semana, el 80% de la población coincide con la necesidad de que ese sector contribuya más.
 
Pero lo que lo decidió no fue eso sino otra proyección que le arrimó Economía: sin nuevas medidas de contención, la pobreza va camino a superar el 50% y la indigencia el 20% antes de fin de año. Un 2001-2002 en cámara rápida.
 
 
Para cobrarte mejor
  
En medio de tal sequía recaudatoria y de las crecientes demandas que enfrenta el Estado, Mercedes Marcó del Pont también apunta a tapar agujeros por los cuales se le escurren recursos al fisco.
 
La jefa de la AFIP ya dispuso un mes atrás que las empresas deban informar sus "beneficiarios finales" o dueños ocultos, algo inédito en América latina y que Europa viene impulsando para evitar los abusos con guaridas fiscales y las mamushkas de control societario como las que construyeron con especial dedicación magnates como Marcelo Mindlin y Paolo Rocca.
 
Ahora decidió ir tras las maniobras de grandes firmas para transferir ganancias a otras jurisdicciones donde se pagan menos impuestos, otra práctica muy difundida.
 
La Resolución General 4717/2020 que se publicará en el Boletín Oficial de hoy procura evitar esos abusos de compañías con filiales en el exterior. Desde hoy, por ejemplo, la lupa estará puesta sobre las consultorías y las compraventas de servicios intrafirma, un mecanismo muy usado para la contabilidad creativa y la planificación fiscal nociva. También sobre los pagos de deuda entre filiales, otro viejo truco para esmerilar la base imponible de Ganancias.
 
También hoy, el fiscal Federico Delgado formalizará su denuncia penal respecto de las 950 cuentas offshore sin declarar por más de un millón de dólares cada una que descubrió la AFIP en base a un intercambio de datos con la OCDE y que BAE Negocios reveló en exclusiva a principios de abril.
 
Delgado cerró su investigación preliminar tras corroborar que tanto durante la gestión de Alberto Abad como durante la de Leonardo Cuccioli hubo funcionarios que encubrieron a los dueños de esas cuentas negras. El principal sospechoso es Marcelo Costa, quien en ese lapso ascendió de subdirector de Fiscalización a jefe de la DGI y quien sigue siendo -aunque ya sin cargo ejecutivo- empleado de la AFIP.
 
La misión que le encomendó Fernández a Marcó del Pont es recaudar más como sea. El principal temor del Presidente es que el paquete de ayuda contra la crisis empuje al país a la hiperinflación, en un contexto en que el crédito externo estará cortado, pase lo que pase con el canje que propuso Guzmán.
 
Por ese mismo miedo es que empezaron a asomar las tijeras a la hora de discutir partidas presupuestarias. Las facultades extraordinarias que pidió Santiago Cafiero, lejos de ser un salvoconducto para gastar más, son un intento por evitarlo. Una de las discusiones internas más encarnizadas de las últimas horas giró en torno al IFE, cuya primera cuota de $10.000 nadie sabe cuándo se terminará de pagar a los 8 millones de postulantes habilitados.
 
Quienes creían dentro del Gobierno que era solo Alejandro Vanoli quien se oponía a que se usen billeteras electrónicas privadas para su pago (como MercadoPago o Ualá) se sorprendieron cuando Fernanda Raverta mantuvo sus reparos. ¿Llegará el Correo Argentino a liquidar el resto de los haberes antes de junio?
 
El problema es que, si no llega, esos beneficiarios no podrán cobrar la segunda cuota. Y cuando llegue el 24 de mayo, muchos habrán pasado más de 65 días en cuarentena sin ingresos. Un bomba de tiempo en términos sociales a la que se suma una interna insólita en Desarrollo Social: los referentes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, se opusieron desde un principio a la IFE en debates a puertas cerradas.
 
Argumentaron que era mejor repartir salarios sociales complementarios como los que cobran cerca de 500 mil cooperativistas del Evita y otros movimientos. "Se pusieron celosos porque reemplazamos al puntero por un algoritmo, pero era imposible tener el alcance de la IFE con esos planes", los descalifican cerca de Daniel Arroyo y de Guzmán.
 
 
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El establishment, en tanto, luce algo descoordinado. Nadie salió a responder, por caso, a la embestida de Fernández contra la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en el peor momento de la relación entre el Presidente y los grupos Clarín y Techint. Varios socios de AEA sí tomaron nota amargamente y juraron venganza. Saben que la popularidad de un mandatario es un atributo más efímero que sus fortunas, incluso en tiempos de crisis severas como ésta.
 
El grupo "Resetear", un spin-off del grupo "Nuestra Voz", fue creado el 25 de abril por la mañana por Gonzalo Tanoira, uno de los miembros originales del whatsapp corporativo-macrista. Al principio se llamó "No nos aislemos" y se convocó a partir de la indignación que generó la noticia de que se iba Argentina de la mesa de negociaciones comerciales del Mercosur.
 
A varios los sorprendió la presencia de Marcelo Scaglione, el funcionario que designó Mauricio Macri en su momento para intentar hacer entrar a la Argentina a la OCDE. Después se sumaron María Eugenia Estenssoro y otros emprendedores de perfil más militante, lo cual mantuvo a Scaglione en un cómodo segundo plano.
 
El exfuncionario se mantuvo en silencio incluso cuando un participante preguntó si era un grupo opositor y el productor agropecuario Adolfo Storni respondió: "Acá no hay oposición. Solo hay gente como nosotros que quiere cambiar el sistema. Los políticos quieren seguir viviendo de su gasto y nosotros queremos invertir, exportar, progresar. Dos mundos distintos".
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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05-06-2020 / 12:06
Miguel Acevedo le sonrió todo lo que pudo a la camarita de su laptop. Estaba en su casa pero de saco y corbata, igual que el resto de los directivos de la Unión Industrial. -El milagro de la pandemia es que la AFIP sea la buena de la película. ¡Hay que agradecer!
 
Fue el martes a la tarde y Mercedes Marcó del Pont le acababa de dar dos buenas noticias en medio de la caída libre que atraviesa la economía: que la recaudación cayó un poco menos en mayo que en abril, tal como se oficializó al día siguiente, y que la semana que viene se deposita la parte de los sueldos que paga el Estado a los empleados cuyos patrones solicitaron la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
 
Con el malo de la película le tocó hablar anoche. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le prometió -también por videoconferencia- que no complicará el acceso a dólares de las industrias que quieran importar.
 
La inquietud de todo el empresariado apareció el viernes pasado, cuando Pesce estableció que las empresas que posean dólares declarados en el exterior deberán usarlos para pagar las importaciones que quieran hacer. Y que recién cuando los hayan gastado podrán acceder a más en el mercado oficial.
 
Acevedo ya había protestado diplomáticamente contra esa resolución anteayer, cuando Alberto Fernández lo recibió en Olivos junto a una docena de CEOs de grandes empresas, como Javier Madanes (Aluar), Luis Pagani (Arcor), Sergio Kaufman (Accenture), Luis Perez Companc (Molinos) y Daniel Herrero (Toyota).
 
El Presidente lo miró a Matías Kulfas. "Es algo temporario", aclaró el ministro de Producción. "Y además, con los insumos para la industria no deberían tener problema", agregó.
 

05-06-2020 / 11:06
04-06-2020 / 11:06
"Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público", indicó el partido de la derecha en un comunicado que firmó el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, pero no la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien -como ministra de Seguridad- justificó el asesinato por la espalda de personas a manos de policías y prefectos.
 
Se entiende por qué la omisión: como ministra de Seguridad, Bullrich justificó cuanto acto de violencia institucional ocurrió durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. El mandatario, dicho sea de paso, recibió en Casa Rosada y felicitó al policía Luis Chocobar, mientras estaba siendo investigando penalmente por matar por la espalda al sospechoso de un delito.
 
Bullrich también justificó el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda por parte de integrantes de la Prefectura. Antes de que siquiera comenzara la investigación penal, la ministra emitió un comunicado en el cual aseguró que los prefectos habían sido atacados por poco menos que un comando guerrillero.
 
Nunca se encontraron evidencias de esto, pero la entonces ministra jamás se retractó. De hecho, dijo que en casos de violencia institucional como ese "no necesitamos pruebas: le otorgamos el carácter de verdad a la versión de Prefectura". Lo mismo hizo a lo largo de las semanas y semanas que estuvo desaparecido Santiago Maldonado: defendió sin pruebas a los gendarmes y se negó a hablar de desaparición forzada (un término que, por suerte, ahora el PRO aprendió a usar en su comunicado).
 
La nueva posición del PRO despertó ironías y críticas en las redes, donde no dudaron de tildarlos de farsantes. 

04-06-2020 / 10:06
Comienza un proceso alentador en nuestro país, quizás oscurecido hoy por la contundente irrupción del Covid-19. La rescisión de los polémicos contratos de obras públicas realizados durante el macrismo bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP), un modelo de contratación muy perjudicial para el Estado pero que no prosperó por la crisis financiera.
 
El gobierno de Alberto Fernández puso en marcha el proceso para la rescisión de los seis contratos de obras de corredores viales que habían sido adjudicados por Mauricio Macri bajo la cuestionada modalidad PPP en julio de 2018. Ya en plena crisis externa y con el país con el crédito externo cortado, salvo el acuerdo con el FMI, el gobierno de Mauricio Macri firmó contratos bajo una modalidad que sólo había provocado fracasos y sospechas en el mundo.
 
El programa PPP, participación público-privada, es un modelo por el cual las mismas concesionarias debían obtener el financiamiento y realizar las obras, a cambio de la explotación comercial de las rutas y autopistas licitadas. Es decir, las concesionarias contrataban una deuda que después debía pagar el Estado, mientras que aquéllas se quedaban con el negocio del peaje y de la renta de los espacios comerciales que se desarrollaran a lo largo de las rutas (estaciones de servicio, por ejemplo).
 
La marcha atrás con el modelo PPP es una buena noticia. Ese engendro ya había fracasado en Europa dejando un tendal de deudas siderales que debieron ser afrontadas por los Estados. Se trata de un sistema que, como todo producto "made in neoliberalismo", privilegia las finanzas por sobre la producción.
 
En este caso las grandes empresas constructoras -multinacionales muchas de ellas- se hacían cargo de las obras viales licitadas, de su financiamiento y, como frutilla del postre, de la futura explotación de las autopistas. Todo cotizado en dólares, con tasas de interés altísimas y, por supuesto, con el Estado como garante del negocio de los privados. 
 

03-06-2020 / 12:06
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