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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 15-05-2020 / 09:05
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

La cuarentena desigual agita a los dos extremos de la pirámide

La cuarentena desigual agita a los dos extremos de la pirámide
Esta vez no va a tener un nombre pregnante como el impuesto P.A.I.S. (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), cuya recaudación se vino abajo a la par de los gastos con tarjeta en dólares. El impuesto a las grandes fortunas se va a llamar "aporte solidario para contribuir a morigerar los efectos de la pandemia" y el proyecto ya está terminado.
Esta vez no va a tener un nombre pregnante como el impuesto P.A.I.S. (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), cuya recaudación se vino abajo a la par de los gastos con tarjeta en dólares. Se va a llamar "aporte solidario para contribuir a morigerar los efectos de la pandemia" y el proyecto ya está terminado, aunque falta definir cómo se va a aplicar sobre las tenencias de títulos públicos.
 
Como ese aspecto podría interferir en el alargue de la renegociación de la deuda, Martín Guzmán pidió que el texto definitivo recién se haga público después del 22 de mayo. Sabe que, aunque no se muestren, muchos de los acreedores bajo ley extranjera son argentinos y podrían sentirse doblemente afectados por la quita que propone y por el tributo.
 
Con la flexibilización de la cuarentena en jaque por el empinamiento de la curva de los últimos días, los dos extremos de la pirámide social empezaron a agitarse. En la base, donde las penurias no son nuevas pero donde el COVID-19 empieza a castigar con especial saña, no hay certezas siquiera sobre cuándo terminarán de cobrar la primera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) quienes no tienen cuenta bancaria. En la cúspide, donde el aislamiento es mucho más amable, la posibilidad de que el Gobierno entre en default y el impuesto a las grandes fortunas son las dos mayores preocupaciones.
 

 
Anteayer, en medio de la sesión semi-virtual que celebró Diputados, Cristina Álvarez Rodríguez les confirmó a varios miembros del bloque oficialista que Carlos Heller ya había terminado de redactar el texto. El jefe de la bancada, Máximo Kirchner, le encomendó al cooperativista que congeniara su letra con Economía.
 
Pero Guzmán está 100% abocado a la discusión con los acreedores, una labor que comparte con Gustavo Beliz y que lo lleva cada vez más frecuentemente a la Quinta de Olivos. Ahí, por ejemplo, los dos cenaron el domingo a solas con el Presidente para debatir los pasos a seguir después de la baja adhesión que obtuvo el canje en su primer tramo.
 
Heller discutió el proyecto con los técnicos que le envió Guzmán. Ellos preferían subir las alícuotas de Ganancias, especialmente sobre las sociedades, antes que gravar los altos patrimonios. Pero terminó por imponerse el criterio de Máximo Kirchner, quien lo había conversado previamente con Sergio Massa. Todos juran que el presidente de la Cámara, cuyos históricos mecenas de campaña serían alcanzados por el tributo, se cuidó de levantar la voz en su contra en todo momento.
 
El "aporte solidario" consiste en una alícuota sobre los bienes declarados ante la AFIP por personas físicas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019, equivalentes a 2,9 millones de dólares al tipo de cambio oficial de ayer. La alícuota va del 2% para quienes atesoren entre 200 y 400 millones hasta el 3,5% para quienes registren a su nombre más de $3.000 millones (42,8 millones de dólares).
 
También habrá una sobrealícuota sobre los activos declarados en el extranjero, de la cual quedarán exentos quienes repatríen al menos un 20%. No se establece ninguna penalidad para quienes participaron del último blanqueo.
 
Aunque la discusión sobre el proyecto promete calentarse durante la última semana de mayo, en el oficialismo apuestan a lo difícil que resultará oponerse a un impuesto sobre 12.000 contribuyentes de altísimos patrimonios cuya recaudación se asignará de manera específica al combate a la pandemia, justo cuando se produzca el pico de infectados en Argentina.
 
Según los sondeos que le llegaron a Alberto Fernández esta semana, el 80% de la población coincide con la necesidad de que ese sector contribuya más.
 
Pero lo que lo decidió no fue eso sino otra proyección que le arrimó Economía: sin nuevas medidas de contención, la pobreza va camino a superar el 50% y la indigencia el 20% antes de fin de año. Un 2001-2002 en cámara rápida.
 
 
Para cobrarte mejor
  
En medio de tal sequía recaudatoria y de las crecientes demandas que enfrenta el Estado, Mercedes Marcó del Pont también apunta a tapar agujeros por los cuales se le escurren recursos al fisco.
 
La jefa de la AFIP ya dispuso un mes atrás que las empresas deban informar sus "beneficiarios finales" o dueños ocultos, algo inédito en América latina y que Europa viene impulsando para evitar los abusos con guaridas fiscales y las mamushkas de control societario como las que construyeron con especial dedicación magnates como Marcelo Mindlin y Paolo Rocca.
 
Ahora decidió ir tras las maniobras de grandes firmas para transferir ganancias a otras jurisdicciones donde se pagan menos impuestos, otra práctica muy difundida.
 
La Resolución General 4717/2020 que se publicará en el Boletín Oficial de hoy procura evitar esos abusos de compañías con filiales en el exterior. Desde hoy, por ejemplo, la lupa estará puesta sobre las consultorías y las compraventas de servicios intrafirma, un mecanismo muy usado para la contabilidad creativa y la planificación fiscal nociva. También sobre los pagos de deuda entre filiales, otro viejo truco para esmerilar la base imponible de Ganancias.
 
También hoy, el fiscal Federico Delgado formalizará su denuncia penal respecto de las 950 cuentas offshore sin declarar por más de un millón de dólares cada una que descubrió la AFIP en base a un intercambio de datos con la OCDE y que BAE Negocios reveló en exclusiva a principios de abril.
 
Delgado cerró su investigación preliminar tras corroborar que tanto durante la gestión de Alberto Abad como durante la de Leonardo Cuccioli hubo funcionarios que encubrieron a los dueños de esas cuentas negras. El principal sospechoso es Marcelo Costa, quien en ese lapso ascendió de subdirector de Fiscalización a jefe de la DGI y quien sigue siendo -aunque ya sin cargo ejecutivo- empleado de la AFIP.
 
La misión que le encomendó Fernández a Marcó del Pont es recaudar más como sea. El principal temor del Presidente es que el paquete de ayuda contra la crisis empuje al país a la hiperinflación, en un contexto en que el crédito externo estará cortado, pase lo que pase con el canje que propuso Guzmán.
 
Por ese mismo miedo es que empezaron a asomar las tijeras a la hora de discutir partidas presupuestarias. Las facultades extraordinarias que pidió Santiago Cafiero, lejos de ser un salvoconducto para gastar más, son un intento por evitarlo. Una de las discusiones internas más encarnizadas de las últimas horas giró en torno al IFE, cuya primera cuota de $10.000 nadie sabe cuándo se terminará de pagar a los 8 millones de postulantes habilitados.
 
Quienes creían dentro del Gobierno que era solo Alejandro Vanoli quien se oponía a que se usen billeteras electrónicas privadas para su pago (como MercadoPago o Ualá) se sorprendieron cuando Fernanda Raverta mantuvo sus reparos. ¿Llegará el Correo Argentino a liquidar el resto de los haberes antes de junio?
 
El problema es que, si no llega, esos beneficiarios no podrán cobrar la segunda cuota. Y cuando llegue el 24 de mayo, muchos habrán pasado más de 65 días en cuarentena sin ingresos. Un bomba de tiempo en términos sociales a la que se suma una interna insólita en Desarrollo Social: los referentes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, se opusieron desde un principio a la IFE en debates a puertas cerradas.
 
Argumentaron que era mejor repartir salarios sociales complementarios como los que cobran cerca de 500 mil cooperativistas del Evita y otros movimientos. "Se pusieron celosos porque reemplazamos al puntero por un algoritmo, pero era imposible tener el alcance de la IFE con esos planes", los descalifican cerca de Daniel Arroyo y de Guzmán.
 
 
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El establishment, en tanto, luce algo descoordinado. Nadie salió a responder, por caso, a la embestida de Fernández contra la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en el peor momento de la relación entre el Presidente y los grupos Clarín y Techint. Varios socios de AEA sí tomaron nota amargamente y juraron venganza. Saben que la popularidad de un mandatario es un atributo más efímero que sus fortunas, incluso en tiempos de crisis severas como ésta.
 
El grupo "Resetear", un spin-off del grupo "Nuestra Voz", fue creado el 25 de abril por la mañana por Gonzalo Tanoira, uno de los miembros originales del whatsapp corporativo-macrista. Al principio se llamó "No nos aislemos" y se convocó a partir de la indignación que generó la noticia de que se iba Argentina de la mesa de negociaciones comerciales del Mercosur.
 
A varios los sorprendió la presencia de Marcelo Scaglione, el funcionario que designó Mauricio Macri en su momento para intentar hacer entrar a la Argentina a la OCDE. Después se sumaron María Eugenia Estenssoro y otros emprendedores de perfil más militante, lo cual mantuvo a Scaglione en un cómodo segundo plano.
 
El exfuncionario se mantuvo en silencio incluso cuando un participante preguntó si era un grupo opositor y el productor agropecuario Adolfo Storni respondió: "Acá no hay oposición. Solo hay gente como nosotros que quiere cambiar el sistema. Los políticos quieren seguir viviendo de su gasto y nosotros queremos invertir, exportar, progresar. Dos mundos distintos".
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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