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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 15-05-2020 / 09:05
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

La cuarentena desigual agita a los dos extremos de la pirámide

La cuarentena desigual agita a los dos extremos de la pirámide
Esta vez no va a tener un nombre pregnante como el impuesto P.A.I.S. (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), cuya recaudación se vino abajo a la par de los gastos con tarjeta en dólares. El impuesto a las grandes fortunas se va a llamar "aporte solidario para contribuir a morigerar los efectos de la pandemia" y el proyecto ya está terminado.
Esta vez no va a tener un nombre pregnante como el impuesto P.A.I.S. (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), cuya recaudación se vino abajo a la par de los gastos con tarjeta en dólares. Se va a llamar "aporte solidario para contribuir a morigerar los efectos de la pandemia" y el proyecto ya está terminado, aunque falta definir cómo se va a aplicar sobre las tenencias de títulos públicos.
 
Como ese aspecto podría interferir en el alargue de la renegociación de la deuda, Martín Guzmán pidió que el texto definitivo recién se haga público después del 22 de mayo. Sabe que, aunque no se muestren, muchos de los acreedores bajo ley extranjera son argentinos y podrían sentirse doblemente afectados por la quita que propone y por el tributo.
 
Con la flexibilización de la cuarentena en jaque por el empinamiento de la curva de los últimos días, los dos extremos de la pirámide social empezaron a agitarse. En la base, donde las penurias no son nuevas pero donde el COVID-19 empieza a castigar con especial saña, no hay certezas siquiera sobre cuándo terminarán de cobrar la primera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) quienes no tienen cuenta bancaria. En la cúspide, donde el aislamiento es mucho más amable, la posibilidad de que el Gobierno entre en default y el impuesto a las grandes fortunas son las dos mayores preocupaciones.
 

 
Anteayer, en medio de la sesión semi-virtual que celebró Diputados, Cristina Álvarez Rodríguez les confirmó a varios miembros del bloque oficialista que Carlos Heller ya había terminado de redactar el texto. El jefe de la bancada, Máximo Kirchner, le encomendó al cooperativista que congeniara su letra con Economía.
 
Pero Guzmán está 100% abocado a la discusión con los acreedores, una labor que comparte con Gustavo Beliz y que lo lleva cada vez más frecuentemente a la Quinta de Olivos. Ahí, por ejemplo, los dos cenaron el domingo a solas con el Presidente para debatir los pasos a seguir después de la baja adhesión que obtuvo el canje en su primer tramo.
 
Heller discutió el proyecto con los técnicos que le envió Guzmán. Ellos preferían subir las alícuotas de Ganancias, especialmente sobre las sociedades, antes que gravar los altos patrimonios. Pero terminó por imponerse el criterio de Máximo Kirchner, quien lo había conversado previamente con Sergio Massa. Todos juran que el presidente de la Cámara, cuyos históricos mecenas de campaña serían alcanzados por el tributo, se cuidó de levantar la voz en su contra en todo momento.
 
El "aporte solidario" consiste en una alícuota sobre los bienes declarados ante la AFIP por personas físicas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019, equivalentes a 2,9 millones de dólares al tipo de cambio oficial de ayer. La alícuota va del 2% para quienes atesoren entre 200 y 400 millones hasta el 3,5% para quienes registren a su nombre más de $3.000 millones (42,8 millones de dólares).
 
También habrá una sobrealícuota sobre los activos declarados en el extranjero, de la cual quedarán exentos quienes repatríen al menos un 20%. No se establece ninguna penalidad para quienes participaron del último blanqueo.
 
Aunque la discusión sobre el proyecto promete calentarse durante la última semana de mayo, en el oficialismo apuestan a lo difícil que resultará oponerse a un impuesto sobre 12.000 contribuyentes de altísimos patrimonios cuya recaudación se asignará de manera específica al combate a la pandemia, justo cuando se produzca el pico de infectados en Argentina.
 
Según los sondeos que le llegaron a Alberto Fernández esta semana, el 80% de la población coincide con la necesidad de que ese sector contribuya más.
 
Pero lo que lo decidió no fue eso sino otra proyección que le arrimó Economía: sin nuevas medidas de contención, la pobreza va camino a superar el 50% y la indigencia el 20% antes de fin de año. Un 2001-2002 en cámara rápida.
 
 
Para cobrarte mejor
  
En medio de tal sequía recaudatoria y de las crecientes demandas que enfrenta el Estado, Mercedes Marcó del Pont también apunta a tapar agujeros por los cuales se le escurren recursos al fisco.
 
La jefa de la AFIP ya dispuso un mes atrás que las empresas deban informar sus "beneficiarios finales" o dueños ocultos, algo inédito en América latina y que Europa viene impulsando para evitar los abusos con guaridas fiscales y las mamushkas de control societario como las que construyeron con especial dedicación magnates como Marcelo Mindlin y Paolo Rocca.
 
Ahora decidió ir tras las maniobras de grandes firmas para transferir ganancias a otras jurisdicciones donde se pagan menos impuestos, otra práctica muy difundida.
 
La Resolución General 4717/2020 que se publicará en el Boletín Oficial de hoy procura evitar esos abusos de compañías con filiales en el exterior. Desde hoy, por ejemplo, la lupa estará puesta sobre las consultorías y las compraventas de servicios intrafirma, un mecanismo muy usado para la contabilidad creativa y la planificación fiscal nociva. También sobre los pagos de deuda entre filiales, otro viejo truco para esmerilar la base imponible de Ganancias.
 
También hoy, el fiscal Federico Delgado formalizará su denuncia penal respecto de las 950 cuentas offshore sin declarar por más de un millón de dólares cada una que descubrió la AFIP en base a un intercambio de datos con la OCDE y que BAE Negocios reveló en exclusiva a principios de abril.
 
Delgado cerró su investigación preliminar tras corroborar que tanto durante la gestión de Alberto Abad como durante la de Leonardo Cuccioli hubo funcionarios que encubrieron a los dueños de esas cuentas negras. El principal sospechoso es Marcelo Costa, quien en ese lapso ascendió de subdirector de Fiscalización a jefe de la DGI y quien sigue siendo -aunque ya sin cargo ejecutivo- empleado de la AFIP.
 
La misión que le encomendó Fernández a Marcó del Pont es recaudar más como sea. El principal temor del Presidente es que el paquete de ayuda contra la crisis empuje al país a la hiperinflación, en un contexto en que el crédito externo estará cortado, pase lo que pase con el canje que propuso Guzmán.
 
Por ese mismo miedo es que empezaron a asomar las tijeras a la hora de discutir partidas presupuestarias. Las facultades extraordinarias que pidió Santiago Cafiero, lejos de ser un salvoconducto para gastar más, son un intento por evitarlo. Una de las discusiones internas más encarnizadas de las últimas horas giró en torno al IFE, cuya primera cuota de $10.000 nadie sabe cuándo se terminará de pagar a los 8 millones de postulantes habilitados.
 
Quienes creían dentro del Gobierno que era solo Alejandro Vanoli quien se oponía a que se usen billeteras electrónicas privadas para su pago (como MercadoPago o Ualá) se sorprendieron cuando Fernanda Raverta mantuvo sus reparos. ¿Llegará el Correo Argentino a liquidar el resto de los haberes antes de junio?
 
El problema es que, si no llega, esos beneficiarios no podrán cobrar la segunda cuota. Y cuando llegue el 24 de mayo, muchos habrán pasado más de 65 días en cuarentena sin ingresos. Un bomba de tiempo en términos sociales a la que se suma una interna insólita en Desarrollo Social: los referentes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, se opusieron desde un principio a la IFE en debates a puertas cerradas.
 
Argumentaron que era mejor repartir salarios sociales complementarios como los que cobran cerca de 500 mil cooperativistas del Evita y otros movimientos. "Se pusieron celosos porque reemplazamos al puntero por un algoritmo, pero era imposible tener el alcance de la IFE con esos planes", los descalifican cerca de Daniel Arroyo y de Guzmán.
 
 
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El establishment, en tanto, luce algo descoordinado. Nadie salió a responder, por caso, a la embestida de Fernández contra la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en el peor momento de la relación entre el Presidente y los grupos Clarín y Techint. Varios socios de AEA sí tomaron nota amargamente y juraron venganza. Saben que la popularidad de un mandatario es un atributo más efímero que sus fortunas, incluso en tiempos de crisis severas como ésta.
 
El grupo "Resetear", un spin-off del grupo "Nuestra Voz", fue creado el 25 de abril por la mañana por Gonzalo Tanoira, uno de los miembros originales del whatsapp corporativo-macrista. Al principio se llamó "No nos aislemos" y se convocó a partir de la indignación que generó la noticia de que se iba Argentina de la mesa de negociaciones comerciales del Mercosur.
 
A varios los sorprendió la presencia de Marcelo Scaglione, el funcionario que designó Mauricio Macri en su momento para intentar hacer entrar a la Argentina a la OCDE. Después se sumaron María Eugenia Estenssoro y otros emprendedores de perfil más militante, lo cual mantuvo a Scaglione en un cómodo segundo plano.
 
El exfuncionario se mantuvo en silencio incluso cuando un participante preguntó si era un grupo opositor y el productor agropecuario Adolfo Storni respondió: "Acá no hay oposición. Solo hay gente como nosotros que quiere cambiar el sistema. Los políticos quieren seguir viviendo de su gasto y nosotros queremos invertir, exportar, progresar. Dos mundos distintos".
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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