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Entre Ríos - 13-05-2020 / 17:05
PARA RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO

Gustavo Cusinato pide que los jueces no se tomen vacaciones de invierno

Gustavo Cusinato pide que los jueces no se tomen vacaciones de invierno
El diputado radical Gustavo Cusinato propone suspender la feria judicial de invierno para recuperar el tiempo que el servicio de justicia estuvo paralizado por la cuarentena. Calculó que los jueces trabajaron sólo 28 días en lo que va de 2020. En la imagen: diputados Juan Zacarías, Esteban Vitor y Gustavo Cusinato.
 
El receso judicial extraordinario dispuesto por la cabeza de Poder Judicial y las restricciones impuestas desde mediados de marzo "significan en los hechos que desde el inicio del año 2020 los Tribunales Judiciales y su personal, con las excepciones dispuestas de la superioridad han prestado servicios durante tan sólo 28 días hábiles", computando la feria judicial de enero, sábados, domingos y feriados.
 
El cálculo está contenido en los fundamentos de un proyecto de resolución que impulsa el diputado radical Gustavo Cusinato y que pide la suspensión de la feria judicial invernal como una "adecuada y pertinente medida del Superior Tribunal de Justicia para recuperar jornadas laborales perdidas y regularizar un servicio público esencial como lo es el servicio de justicia".
 
 
La iniciativa se hace eco de un reclamo generalizado de los abogados matriculados de la provincia de Entre Ríos que, a su vez, reciben planteos de sus clientes sobre la necesidad de regularizar la actividad judicial que resultó afectada desde el 17 de marzo con las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial en la cuarentena. Eso implicó una suspensión del servicio de justicia, al comienzo de un modo indefinido y luego de algunas acordadas votadas por el STJ con el establecimiento de excepciones a la litigación.
 
"Las sucesivas prórrogas del ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) repercutió sensiblemente en la actividad judicial debido al Receso Judicial Extraordinario dispuesto por Acuerdo Especial del STJ fechado el 15/03/2020 al mantenerse las restricciones de concurrencia a los lugares de trabajo, la suspensión de plazos procesales y administrativos con prestación mínima del servicio y limitadas excepciones (medidas cautelares, protección de personas, perjuicios irreparables ante la falta de actuación judicial, actuaciones sobre presos y detenidos, amparos y otros), suspensión de audiencias judiciales, subastas y otros trámites, a pesar de la Acordada del 27 de abril ppdo. que intenta resolver con limitaciones este desajuste mediante pautas de trabajo para que los letrados puedan reiniciar sus actuaciones litigiosas", se lee en los fundamentos del proyecto.
 
El jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados señala que estas disposiciones afectaron y afecta aún hoy la actividad profesional de los abogados y el acceso a la justicia de las personas, que "ven restringido su elemental derecho a la jurisdicción (art. 65 de la Constitución de Entre Ríos) por causas sanitarias que razonablemente justificaron una paralización del servicio de justicia a mediados de marzo de 2020 pero que deben ser equilibradas con un paulatino, ininterrumpido y decidido retorno a la normalidad".
 
Fuente: Página Política
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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