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Nacionales - 11-05-2020 / 11:05
PELEA POR EL LIDERAZGO DE LA OPOSICIÓN

Rodríguez Larreta gana protagonismo mientras se apaga la estrella de Macri

Rodríguez Larreta gana protagonismo mientras se apaga la estrella de Macri
Por su cercanía con Alberto Fernández en el anuncio de las medidas, desde el ala dura del PRO a Horacio Rodríguez Larreta lo llegaron a acusar de "colaboracionista". "Horacio, cuando hubo que diferenciarse por la salida de los presos salió a hablar. No va a diferenciarse por diferenciarse, cuando estamos coordinando todos los operativos", lo defienden en su entorno.
Mauricio Macri se va a tener que buscar un hobbie. Hace un mes que no hay reuniones de la mesa chica del PRO, luego de que la última  terminara sin ningún acuerdo. Se cansaron de esos encuentros Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. En definitiva, solo le servían al ex presidente.
 
Tampoco pudo cerrar (como estaba previsto) el ciclo de conversaciones virtuales con el bloque de Diputados del PRO del que participaron Larreta, Vidal y hasta Emilio Monzó. La participación de Macri se suspendió sin nueva fecha. Sin mucho que hacer, la presencia del ex presidente se apaga, mientras el jefe de Gobierno porteño gana protagonismo en reuniones con Alberto Fernandez y anunciando las nuevas medidas de la cuarentena.
 
La última reunión de la mesa chica del PRO fue el 12 de abril y, si bien habían logrado bajar el tono áspero de los encuentros anteriores, se reiteró el desacuerdo instalado en el espacio, que se divide entre quienes tienen responsabilidades de gestión y quienes están planeando un esquema de oposición gurka dura en plena pandemia. Después de eso, resolvieron suspender las reuniones, dado que solo servían para que se hablara en los medios de las internas del espacio.
 

 
La decisión de "espaciar los encuentros" llevó en realidad a su suspensión por tiempo indeterminado (ya va un mes). Macri pretendía mantener la dinámica que tuvo siempre que lideró el espacio de reunir a su mesa chica una vez por semana. El agotamiento de ese esquema muestra que su liderazgo está siendo cuestionado. Y, de hecho, lo deja con poco más que hacer que seguir con el aislamiento en la reposera de la quinta familiar de Los Abrojos.
 
Cristian Ritondo, que está en la misma línea que Larreta y Vidal lo expresó públicamente: "También en lo político, el PRO tiene que hacer una autocrítica y luego abrir el partido.  Estamos en deuda con una autocrítica sana de lo que nos pasó para saber cómo seguir para el futuro. No hay una voz única. Y pretender que alguien de Juntos por el Cambio monopolice la voz opositora es desconocer cómo funciona el espacio", dijo Ritondo en un tiro por elevación a Macri, pero también a la polémica Patricia Bullrich, que intentó sin éxito alinear a la bancada.
 
En tanto, Macri sigue teniendo conversaciones uno a uno con los dirigentes de su espacio y mantendrá un bajo perfil. Tuvo, eso sí, un traspié cuando volvió a la escena pública con la firma de un documento de Mario Vargas Llosa. Según comentan en su entorno, firmó ese documento porque "pensó que pasaría desapercibido". Ahora volvió al silencio.
 
Según Bullrich, es "para no darle al Gobierno la posibilidad de encontrar al enemigo perfecto". Aunque se comenta en el Gobierno porteño, es porque no le queda otra. "No tiene nada para figurar. La pandemia dejó en claro que es un ex presidente y nada más".
 
La Opinión Popular
 
 
Larreta quiere superar la grieta para ser candidato en 2023
 
La anécdota ayuda a delinear la figura. Promediaba la primera década del siglo cuando un joven Horacio Rodríguez Larreta, que por entonces había dejado la militancia en el menemismo tardío para sumarse al armado de Mauricio Macri, entrevistó a un puñado de postulantes para contratar un jefe de prensa.
 
El economista fue desde el primer momento una pieza clave del espacio comandado por Macri, a quien ya en 2003 acompañó en la fórmula, la primera vez que intentaron la jefatura de gobierno porteña, pero Propuesta Republicana, como se llamaba el PRO en esos años, no dejaba de ser uno de los muchos pequeños y medianos partidos políticos que proliferaron en la Argentina postcrisis. Gobernar la ciudad parecía lejos; gobernar el país, una utopía. La historia tiene curvas caprichosas.
 
A cada uno de los jóvenes que entraban en su despacho para tratar de conseguir el trabajo, Rodríguez Larreta los recibía con la misma pregunta: "Yo quiero ser presidente, contame qué podés hacer vos para ayudarme".
 
Pasaron más de quince años. Macri fue dos veces gobernador de la ciudad de Buenos Aires y después ganó un ballotage para llegar a la Casa Rosada, pero tras una mala gestión las urnas le negaron un segundo mandato.
 
Rodríguez Larreta fue su jefe de gabinete ocho años y luego lo sucedió, tras una rebelión que terminó en una interna victoriosa contra Gabriela Michetti, la favorita del jefe.
 
El año pasado, quedó indemne de la debacle de su partido: los recursos volcados a la capital durante la administración macrista permitieron disimular, en el distrito más rico del país, las penurias económicas que se hacían carne debajo de una capa de pintura amarilla, y con eso (y una oposición anémica) le alcanzó para lograr la reelección.
 
El triunfo le permitió, además, recuperar la pole position en la carrera presidencial dentro de ese espacio. María Eugenia Vidal, favorita del establishment durante el período 2015/2019, cedió ese lugar después de una dolorosa derrota contra Axel Kicillof. El hombre que quería ser presidente cree que llegó el momento.
 
Aunque durante muchos años fue artífice y beneficiario de la llamada grieta, Rodríguez Larreta entiende que es una etapa superada, por ahora. Los coletazos de la crisis económica que estalló durante el gobierno de Cambiemos, sumado a la pandemia, lo puso ante un escenario en el que la colaboración con Alberto Fernández y con Kicillof ofrece muchas más ventajas que problemas. Con el gobernador bonaerense, aseguran en ambos equipos, existe un entendimiento rápido en asuntos de gestión.
 
El vínculo con el Presidente es más natural. No existía una relación estrecha, pero ambos vienen del mismo caldo de cultivo político: el peronismo porteño de los 90s, un ecosistema en común que compartieron con figuras que hoy ocupan buena parte de la primera plana.
 
Nombres como Víctor Santa María, Diego Santilli, Cristian Ritondo o Juan Manuel Olmos son recurrentes en ambas biografías. La apuesta por la cooperación puede estar forzada por las circunstancias pero encuentra en sus protagonistas la predisposición necesaria para el éxito. No es poco.
 
El principal obstáculo en el camino de Rodríguez Larreta es el propio Macri. Desde su aislamiento, el expresidente conduce el ala dura de Juntos por el Cambio, que desde hace varios meses tiene su propia deriva, lejos de la de los opositores con responsabilidad de gobierno.
 
La relación tuvo un punto de no retorno antes de la pandemia: corría el mes de febrero cuando los chispazos comenzaron, a través de los mensajes que llevaba y traía, entre Parque Patricios y Vicente López, el exsecretario de la presidencia, Fernando De Andreis. Hubo, luego, un almuerzo a solas, para recortar las asperezas. Fue en el Hotel Faena y terminó mal.
 
El expresidente ratificó su voluntad de mantener la conducción opositora e incluso dio a entender que no descartaba ser candidato en 2023. El alcalde le informó que ya estaba trabajando para ser él la alternativa al peronismo en las próximas elecciones, con o sin su apoyo. A juzgar por lo que pasó entre ambos a partir de ese encuentro, deberá hacerlo sin.
 
La pelea entre dos ex socios y amigos tiene un fuerte componente simbólico, porque ambos disputan la conducción del espacio que construyeron a la par durante una década y media. Y también una prenda más tangible, sacando la todavía difusa sucesión presidencial: la continuidad del gobierno en la propia ciudad de Buenos Aires, el núcleo del poder PRO y el último refugio de esa generación de dirigentes para reconstruir un proyecto político nacional.
 
Sin un número puesto, porque ni Rodríguez Larreta ni Santilli, su vice, pueden estar nuevamente en la boleta en 2023, Macri apuesta por recuperar ese espacio para un dirigente de su riñón y piensa en Patricia Bullrich (otra anotada para ir por la presidencia) o Guillermo Dietrich.
 
En el gobierno porteño se había anotado el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, pero no tiene éxito en instalarse como "el Larreta de Larreta". Por estos días, el alcalde sigue atento el desempeño público de su ministro de Salud, Fernán Quirós. Las consultoras que trabajan con el GCBA ya comenzaron a medirlo.
 
El conflicto entre halcones y palomas amenaza con escalar en el escenario de las renovadas sesiones del Congreso, que se reanudarán esta semana, de manera virtual. La convivencia al interior del bloque del PRO en la cámara de diputados es tan tensa que la semana pasada se suspendió una videoconferencia que iba a tener Macri con todos los legisladores de esa bancada. Aunque el diálogo entre Macri y Rodríguez Larreta está interrumpido desde aquel almuerzo, el alcalde recibió hace unos días en su despacho a Bullrich, que funge como delegada del expresidente.
 
En lo único que acordaron fue en bajarle el tono a la confrontación pública; sobre las cuestiones de fondo aún no hay concordia. Las dificultades de Sergio Massa para poner en marcha el sistema de votación remota y la demora en la presentación del proyecto de impuesto extraordinario a las principales fortunas que impulsa bloque oficialista les brinda un tiempo de descuento para saldar diferencias antes de que las asperezas internas deban quedar expuestas en público en una votación del parlamento.
 
El jefe de gobierno porteño tiene problemas más concretos. La ciudad de Buenos Aires es el distrito donde el coronavirus más se ensañó. Con una salvedad: el epicentro se desplazó de los barrios ricos del norte, que recibían casos importados al comienzo de la pandemia, a las villas miseria, donde prolifera el contagio por conglomerado de familias sin condiciones para contener el avance de la enfermedad. El caso del barrio Padre Mugica es paradigmático: muchos habitantes estuvieron sin agua durante casi dos semanas y sin luz en los últimos días.
 
Esta semana, el ministerio de Salud de la Nación tuvo que desembarcar con un operativo para realizar rastreo y aislamiento. De 119 sospechosos que detectaron, 64 dieron positivos. La situación, al parecer, no es mejor en la 1-11-14, donde comenzará a desplegarse el mismo programa a partir de mañana.
 
Según un informe del investigador del Conicet Rodrigo Quiroga, a pesar de contar con los recursos, CABA es uno de los distritos del país que menos rastrea contactos de los enfermos. Sin dar ese paso, es imposible ganarle la batalla al coronavirus.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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