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Nacionales - 11-05-2020 / 10:05
CÓMO PAGAR LA ECONOMÍA DE GUERRA CONTRA EL CORONAVIRUS

No es cierto que el Impuesto a las grandes fortunas afecte a la inversión, como dice la ortodoxia neoliberal

No es cierto que el Impuesto a las grandes fortunas afecte a la inversión, como dice la ortodoxia neoliberal
El impuesto a las grandes fortunas es crucial porque en Argentina, un grupo muy reducido de personas posee casi la totalidad del patrimonio. Según la revista Forbes, el medio centenar de dueños de compañías más rico del país acumula, entre todos, la abultada suma de USD70 mil millones. De ese dinero, el 85% pertenece a 37 familias o CEOs cercanos a Mauricio Macri. Las medidas económicas de Cambiemos los beneficiaron.
El impuesto a las grandes fortunas es crucial porque en el mundo, también en Argentina, un grupo muy reducido de personas posee casi la totalidad del patrimonio. Argentina es un caso elocuente de lo señalado.
 
Los trabajos de Facundo Alvaredo, integrados en el libro de Thomas Piketty "El capitalismo en el siglo XXI" muestran que el 1 por mil de las personas que ganaban más en 1943, alrededor de 4000 familias, recibían el 26 por ciento del PIB y que el porcentaje bajó lentamente hasta su mínimo, en 1974, al 7,4 por ciento. Para volver a remontar durante el invierno neoliberal y establecerse al 16,8 por ciento en 2002.
 
Esto significa que entre 1976 y 2002 el enriquecimiento de los ultra ricos argentinos se tradujo únicamente en un incremento patrimonial ya que la inversión disminuyó en catorce mediciones anuales durante esos 25 años, aunque debería haber aumentado ya que "ese es el destino normal de las ganancias", como lo afirma la economía ortodoxa.
 
Las cifras muestran que la concentración del ingreso sigue siendo anormalmente elevada. El 10 por ciento de la población de mayores ingresos obtenía el 39,3 del ingreso global en 2003 y bajó al 28,2 por ciento en 2014. Esta proporción volvió a subir durante el período de Macri al 32,5 por ciento. Estas evoluciones son consecuencia de las políticas fiscales.
 
En la mayor parte de los países las elevadas ganancias de unos pocos viene aparejado al estancamiento económico. Cuanto mayor es la parte del ingreso global que recibe el 10 por ciento que gana más, menor es la tasa de crecimiento y la tasa de empleo, lo que significa que la injusticia en la distribución del ingreso, como lo señala Piketty, no es un peldaño hacia el crecimiento económico.
 

 
En su libro Teoría General, John Maynard Keynes escribió que "Los dos vicios principales del mundo económico en el que vivimos son que primero el pleno empleo no está asegurado y segundo que la distribución de la fortuna y del ingreso es arbitrario y carece de equidad". Esta breve frase, lapidaria, parece escrita para describir la economía argentina antes de la pandemia del Codiv-19.
 
Estos dos vicios derivan de una tasa de ganancia del capital excesiva y Keynes observaba que "existen actividades humanas útiles que para que sean realizadas y provean los frutos necesarios necesitan la incitación que provee el lucro y el marco de la propiedad privada. Pero para estimular dichas actividades no es indispensable que la actividad reditúe tasas tan elevadas como las actuales, tasas de beneficio mucho más bajas serían tan o más eficaces por poco que los apostadores estuvieran acostumbrados."
 
 
Gastos e ingresos
 
El estancamiento actual heredado del gobierno de Macri y agravado por el Codiv-19 indica que el Estado deberá afrontar inmensos gastos y necesitará ingresos fiscales adicionales. Pero conviene señalar que las ayudas que se otorgan y continuarán otorgándose a los ciudadanos desempleados o empobrecidos o a las empresas serán gastadas en su inmensa mayoría y por lo tanto serán un ingreso para otras empresas y sus trabajadores.
 
En un país los ingresos de unos son los gastos de otros. Es por lo tanto necesario, como fue el caso en los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, incrementar la progresividad del Impuesto a las Ganancias, restablecer el Impuesto a la Herencia y en particular, porque es la fuente disponible inmediata, implementar un impuesto a las grandes fortunas.
 
Los economistas ortodoxos se oponen a este impuesto con el argumento que se trata de un stock y que, por lo tanto, si el impuesto el patrimonio existe, sea cual sea la tasa de imposición, entonces el Estado practicará de facto una política de nacionalización escalonada en el tiempo del patrimonio de los particulares, lo cual es erróneo.
 
 
Riqueza
  
Es necesario ante todo hacer una distinción entre el impuesto a los Bienes Personales y el impuesto a las grandes fortunas. La tasa del impuesto a los Bienes Personales debe ser poco elevada ya que en muchos casos se trata de bienes como las viviendas o de herramientas y vehículos de los artesanos o profesionales, sin rendimiento de capital específico.
 
El impuesto a las grandes fortunas es muy importante porque en el mundo un grupo muy reducido de personas posee casi la totalidad del patrimonio, lo cual es válido también en Argentina. El impuesto aparece así como determinante porque permite gravar lo que se escapa vía las astucias de la contabilidad al Impuesto a las Ganancias.
 
La fortuna personal está compuesta por el valor de los bienes inmuebles y las participaciones financieras en las empresas. Para fijar la tasa del impuesto que debe aplicarse conviene referirse al rendimiento financiero de dicha fortuna.
 
Los bienes que la componen proveen a sus propietarios un rendimiento: sus aposentos, residencias secundarias están concebidos como instrumentos de gestión del capital para señalar su estatus social o agasajar los futuros socios o clientes importantes y no solo para su esparcimiento personal. Por lo tanto el impuesto a las grandes fortunas debe calcularse sobre el valor actualizado de esos activos
 
 
Progresividad
 
En la actualidad, el rendimiento bruto del patrimonio antes de la aplicación de los diversos impuestos es del orden del 15 por ciento. Es una cifra realista. Si el impuesto aplicado al monto global del patrimonio es del 3 por ciento entonces ese rendimiento bruto queda en el 12 por ciento, lo cual significa que el impuesto real es del 20 por ciento sobre el beneficio global.
 
Este cálculo muestra que puede establecerse una progresividad según los montos de la fortuna. Esto muestra también que, contrariamente a lo indicado por los economistas ortodoxos, el impuesto no altera para nada el monto de la fortuna personal y que el concepto de confiscación es erróneo.
 
Las tasas pueden ser definidas en cada presupuesto según se prevea una tasa de crecimiento positiva de la economía en cuyo caso se puede disminuir para facilitar la inversión y acompañar la tendencia de la economía o incrementarse si la economía está en recesión ya que el incremento de la recaudación permite disminuir la necesidad de contraer deuda publica para sostener la economía. Este mismo razonamiento puede aplicarse al Impuesto a la Herencia.
 
Por Bruno Susani. Doctor en Ciencias Económicas Université de Paris. Autor de "La economía oligárquica de Macri", Ed. Ciccus, mayo 2019.
 
Extractado de Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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