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Nacionales - 11-05-2020 / 10:05
CÓMO PAGAR LA ECONOMÍA DE GUERRA CONTRA EL CORONAVIRUS

No es cierto que el Impuesto a las grandes fortunas afecte a la inversión, como dice la ortodoxia neoliberal

No es cierto que el Impuesto a las grandes fortunas afecte a la inversión, como dice la ortodoxia neoliberal
El impuesto a las grandes fortunas es crucial porque en Argentina, un grupo muy reducido de personas posee casi la totalidad del patrimonio. Según la revista Forbes, el medio centenar de dueños de compañías más rico del país acumula, entre todos, la abultada suma de USD70 mil millones. De ese dinero, el 85% pertenece a 37 familias o CEOs cercanos a Mauricio Macri. Las medidas económicas de Cambiemos los beneficiaron.
El impuesto a las grandes fortunas es crucial porque en el mundo, también en Argentina, un grupo muy reducido de personas posee casi la totalidad del patrimonio. Argentina es un caso elocuente de lo señalado.
 
Los trabajos de Facundo Alvaredo, integrados en el libro de Thomas Piketty "El capitalismo en el siglo XXI" muestran que el 1 por mil de las personas que ganaban más en 1943, alrededor de 4000 familias, recibían el 26 por ciento del PIB y que el porcentaje bajó lentamente hasta su mínimo, en 1974, al 7,4 por ciento. Para volver a remontar durante el invierno neoliberal y establecerse al 16,8 por ciento en 2002.
 
Esto significa que entre 1976 y 2002 el enriquecimiento de los ultra ricos argentinos se tradujo únicamente en un incremento patrimonial ya que la inversión disminuyó en catorce mediciones anuales durante esos 25 años, aunque debería haber aumentado ya que "ese es el destino normal de las ganancias", como lo afirma la economía ortodoxa.
 
Las cifras muestran que la concentración del ingreso sigue siendo anormalmente elevada. El 10 por ciento de la población de mayores ingresos obtenía el 39,3 del ingreso global en 2003 y bajó al 28,2 por ciento en 2014. Esta proporción volvió a subir durante el período de Macri al 32,5 por ciento. Estas evoluciones son consecuencia de las políticas fiscales.
 
En la mayor parte de los países las elevadas ganancias de unos pocos viene aparejado al estancamiento económico. Cuanto mayor es la parte del ingreso global que recibe el 10 por ciento que gana más, menor es la tasa de crecimiento y la tasa de empleo, lo que significa que la injusticia en la distribución del ingreso, como lo señala Piketty, no es un peldaño hacia el crecimiento económico.
 

 
En su libro Teoría General, John Maynard Keynes escribió que "Los dos vicios principales del mundo económico en el que vivimos son que primero el pleno empleo no está asegurado y segundo que la distribución de la fortuna y del ingreso es arbitrario y carece de equidad". Esta breve frase, lapidaria, parece escrita para describir la economía argentina antes de la pandemia del Codiv-19.
 
Estos dos vicios derivan de una tasa de ganancia del capital excesiva y Keynes observaba que "existen actividades humanas útiles que para que sean realizadas y provean los frutos necesarios necesitan la incitación que provee el lucro y el marco de la propiedad privada. Pero para estimular dichas actividades no es indispensable que la actividad reditúe tasas tan elevadas como las actuales, tasas de beneficio mucho más bajas serían tan o más eficaces por poco que los apostadores estuvieran acostumbrados."
 
 
Gastos e ingresos
 
El estancamiento actual heredado del gobierno de Macri y agravado por el Codiv-19 indica que el Estado deberá afrontar inmensos gastos y necesitará ingresos fiscales adicionales. Pero conviene señalar que las ayudas que se otorgan y continuarán otorgándose a los ciudadanos desempleados o empobrecidos o a las empresas serán gastadas en su inmensa mayoría y por lo tanto serán un ingreso para otras empresas y sus trabajadores.
 
En un país los ingresos de unos son los gastos de otros. Es por lo tanto necesario, como fue el caso en los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, incrementar la progresividad del Impuesto a las Ganancias, restablecer el Impuesto a la Herencia y en particular, porque es la fuente disponible inmediata, implementar un impuesto a las grandes fortunas.
 
Los economistas ortodoxos se oponen a este impuesto con el argumento que se trata de un stock y que, por lo tanto, si el impuesto el patrimonio existe, sea cual sea la tasa de imposición, entonces el Estado practicará de facto una política de nacionalización escalonada en el tiempo del patrimonio de los particulares, lo cual es erróneo.
 
 
Riqueza
  
Es necesario ante todo hacer una distinción entre el impuesto a los Bienes Personales y el impuesto a las grandes fortunas. La tasa del impuesto a los Bienes Personales debe ser poco elevada ya que en muchos casos se trata de bienes como las viviendas o de herramientas y vehículos de los artesanos o profesionales, sin rendimiento de capital específico.
 
El impuesto a las grandes fortunas es muy importante porque en el mundo un grupo muy reducido de personas posee casi la totalidad del patrimonio, lo cual es válido también en Argentina. El impuesto aparece así como determinante porque permite gravar lo que se escapa vía las astucias de la contabilidad al Impuesto a las Ganancias.
 
La fortuna personal está compuesta por el valor de los bienes inmuebles y las participaciones financieras en las empresas. Para fijar la tasa del impuesto que debe aplicarse conviene referirse al rendimiento financiero de dicha fortuna.
 
Los bienes que la componen proveen a sus propietarios un rendimiento: sus aposentos, residencias secundarias están concebidos como instrumentos de gestión del capital para señalar su estatus social o agasajar los futuros socios o clientes importantes y no solo para su esparcimiento personal. Por lo tanto el impuesto a las grandes fortunas debe calcularse sobre el valor actualizado de esos activos
 
 
Progresividad
 
En la actualidad, el rendimiento bruto del patrimonio antes de la aplicación de los diversos impuestos es del orden del 15 por ciento. Es una cifra realista. Si el impuesto aplicado al monto global del patrimonio es del 3 por ciento entonces ese rendimiento bruto queda en el 12 por ciento, lo cual significa que el impuesto real es del 20 por ciento sobre el beneficio global.
 
Este cálculo muestra que puede establecerse una progresividad según los montos de la fortuna. Esto muestra también que, contrariamente a lo indicado por los economistas ortodoxos, el impuesto no altera para nada el monto de la fortuna personal y que el concepto de confiscación es erróneo.
 
Las tasas pueden ser definidas en cada presupuesto según se prevea una tasa de crecimiento positiva de la economía en cuyo caso se puede disminuir para facilitar la inversión y acompañar la tendencia de la economía o incrementarse si la economía está en recesión ya que el incremento de la recaudación permite disminuir la necesidad de contraer deuda publica para sostener la economía. Este mismo razonamiento puede aplicarse al Impuesto a la Herencia.
 
Por Bruno Susani. Doctor en Ciencias Económicas Université de Paris. Autor de "La economía oligárquica de Macri", Ed. Ciccus, mayo 2019.
 
Extractado de Página 12
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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