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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 09-05-2020 / 11:05

PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Manipulación de los jueces durante el gobierno de Macri

Juan Bautista Mahíques desmintió la acusación y afirmó en las redes que nunca se produjo esa reunión con la jueza Figueroa. Sin embargo, el diputado Martín Soria hizo una denuncia penal en el tribunal del juez Sebastián Ramos. Y un grupo de 19 legisladores del Frente de Todos presentó un pedido de investigación ante el juez Daniel Rafecas.

Con las revelaciones de la jueza Ana María Figueroa el Poder Judicial se enfrenta a una decisión que va más allá de una causa penal, porque estará decidiendo en esa investigación si los argentinos vivirán en democracia o en un simulacro intervenido por la manipulación de la Justicia.

Se mencionan como integrantes de la "mesa judicial" del macrismo desde el ex presidente Mauricio Macri, hasta Garavano y Mahíques, además del ex jefe de los espías Gustavo Arribas, los ex funcionarios José Torello y Pablo Clusellas, al ex Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián ("Pepín") Rodríguez Simón y Daniel Angelici.

Sería ingenuo ignorar que gobiernos anteriores se hayan manejado con jueces y fiscales amigos. Pero la composición conservadora y la estructura semifeudal del Poder Judicial en Argentina es más amigable con gobiernos neoliberales como el de Cambiemos. Y durante la gestión macrista esta práctica de presión y manipulación se institucionalizó en forma descarada.

Si la Justicia no investiga, enjuicia y condena la manipulación de los jueces durante el gobierno de Macri, como denunció la magistrada de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, será una señal de que consiente esa práctica que arrasa con el principio republicano de la independencia de poderes. Y estaría habilitando a todos los gobiernos de aquí en adelante para que formen su propia "mesa judicial" como tenía el macrismo junto a los seguidores de Elisa Carrió y los radicales PRO.

Cuando la oligarquía desplazó de su función constitucional a las Fuerzas Armadas para iniciar el ciclo de golpes militares en defensa de sus privilegios, los políticos tuvieron que diseñar sus propios contactos con generales colorados, azules, liberales, nasseristas, nacionalistas, corporativistas o integristas.

Desde el golpe contra Irigoyen en el año '30, los políticos debían aprenderse los nombres de generales y coroneles que revistaban en cada distrito. Era esencial para esa "democracia" que cada quien tuviera un militar amigo. Eso valió tanto para peronistas como para radicales, conservadores y hasta socialistas y comunistas. Se había naturalizado la intervención determinante de los militares en la política.

Las escuelas de oficiales y los barrios militares fueron aisladas de la vida civil. Las familias oligárquicas enviaron a sus hijos a los colegios militares para garantizar su control y las grandes empresas premiaban a los generales por los servicios prestados con un puesto en sus directorios cuando se retiraban.

La naturalización de esta participación antidemocrática en la política llevó a un punto en que las mismas Fuerzas Armadas se constituyeron en Partido militar en una espiral de violencia que culminó con el golpe del '76 y el genocidio de una generación que se había formado bajo ese mecanismo seudodemocrático contra el que se rebeló.

El gobierno de la Alianza Cambiemos se decía republicano. Pero representó un episodio más del viejo teorema: los liberales en economía no pueden ser republicanos ni democráticos. Por el contrario, los liberales en política, tienen necesariamente que intervenir en la economía desde el Estado. El liberal en lo económico no puede serlo en lo político porque favorece a una elite muy minoritaria y pierde elecciones. Entonces necesitó de los golpes militares.

Cuando los golpes militares quedaron en suspenso porque no garantizaban seguridad jurídica a inversiones y endeudamientos, el neoliberalismo optó por la cooptación de los partidos populares gracias a la fuerte hegemonía neoliberal en el proceso de globalización tras la caída de la URSS.

Así, el gobierno peronista de Carlos Menem y el radical de Fernando de la Rúa gobernaron con programas del neoliberalismo. Esos gobiernos desembocaron en la colosal crisis de la economía de 2001-2002.

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el neoliberalismo se reagrupó en la oposición detrás del enorme poder que estrenaban las grandes corporaciones multimediáticas asociado a un sector de la Justicia.

Así como los golpes militares caracterizaron un momento de la historia, y la corrupción ideológica de las corrientes políticas populares identificó a los años '90, esta asociación antidemocrática entre sectores de la Justicia y las corporaciones de medios se estudiará como la herramienta de intervención antidemocrática de estos años, equivalente a los golpes militares de antaño. Por supuesto existen grandes diferencias de formas, pero el objetivo de preservar privilegios es el mismo.

Y en vez de los nombres de los dictadores o de los presidentes fallidos de los '90 se mencionará a los jueces y fiscales que fueron sujetos activos de esta maquinaria. Cuanto más demore el Poder Judicial en cortar este funcionamiento, se hará más adictivo y hasta se naturalizará como sucedió con los golpes militares que impidieron la vida democrática durante décadas.

Fue concreta y esclarecedora la denuncia que hizo la jueza Ana María Figueroa en el programa radial de Mariano Martín, en la AM 750, sobre la presión que sufrió de parte de funcionarios del macrismo por la causa del memorándum en la que estaban acusados la ex presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman.

Si bien la jueza no dio nombres, los periodistas hicieron referencia a quien era en ese momento funcionario del ministro Germán Garavano y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahíques. Y la jueza no lo desmintió.

Los Mahíques, padre e hijo, son reconocidos militantes del PRO. El juez Carlos Mahíques protagonizó uno de las operaciones más escandalosas en el Poder Judicial, al pasar de la Justicia porteña a uno de los tribunales federales más importantes, como es la Cámara Federal de Casación Penal.

Fue tan irregular esa designación para controlar Casación que fue tomada como ejemplo en el dictamen muy crítico del Relator de la ONU para la independencia de los jueces, Andrés García Sayán. Mahíques padre había sido ministro de Justicia bonaerense con María Eugenia Vidal.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, que fue uno de los principales blancos de esa persecución, incorporó la denuncia de la jueza Figueroa a la causa que lleva ante la CIDH. "¿Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta, enterándose que Juan Bautista Mahiques, a quien propuso y designó como fiscal general del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?", publicó en las redes.

Juan Bautista Mahíques desmintió la acusación y afirmó en las redes que nunca se produjo esa reunión con la jueza Figueroa.

Sin embargo, el diputado Martín Soria hizo una denuncia penal en el tribunal del juez Sebastián Ramos. Y un grupo de 19 legisladores del Frente de Todos presentó un pedido de investigación ante el juez Daniel Rafecas.

La misma prensa que respaldó a Mauricio Macri hablaba sin pudor de sus operadores judiciales entre los que siempre sobresalían el radical PRO Daniel Angelici y el macrista PRO Pepín Rodríguez Simón.

No se trata de un problema que afronta solamente Argentina. El lawfare, al igual que las dictaduras militares de los años '60 y '70, se convirtió en epidemia continental que sirvió para derrocar gobiernos legítimos. El juez provincial de primera instancia de Brasil, Sergio Moro, que contribuyó al derrocamiento de Dilma Rouseff y al encarcelamiento de Lula da Silva, se convirtió después en el ministro de Justicia del gobierno derechista de Jair Bolsonaro que resultó favorecido por esa campaña de persecución judicial.

En los '60 y '70 era muy difícil hablar contra los gobernantes militares pese a que constituían claramente poderes de facto. Había un sentido común instalado que llevaba a justificar a los dictadores. La situación es similar. Porque el lawfare se realizó a la vista de todos en distintos países y de manera similar. Las corporaciones de medios, que fueron cómplices de esa maniobra, instalaron un sentido común que niega una realidad evidente.

La causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores involucra al fiscal Carlos Stornelli y al juez fallecido Claudio Bonadio en prácticas bochornosas de extorsión a empresarios para obtener declaraciones falsas en las causas contra opositores políticos y desgarra el velo de ese sentido común cómplice.

La denuncia de la jueza Figueroa es de una gravedad inusitada y es la primera vez que se produce un testimonio de este tipo, lo cual subraya el volumen del control sobre el Poder Judicial que aplicaba la mesa de operadores judiciales del macrismo. Nadie monta una estructura semejante --activa desde antes que Macri ganara las elecciones-- para dar cursos de derecho. Esa estructura confirma la gran cantidad de denuncias sobre manipulación de la Justicia.

La corporación de medios mantendrá la cortina de silencio pero estas denuncias empiezan a agujerearla. Y el Poder Judicial se enfrenta a una decisión que va más allá de una causa penal, porque estará decidiendo en esta investigación si los argentinos vivirán en democracia o en un simulacro intervenido por la manipulación de la Justicia.

Por Luis Bruschtein

Fuente: Página 12

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular

16-02-2026 / 09:02

¿Anti casta?: Milei se metió sus denuncias retóricas contra “las ratas de los senadores” en el culo

Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.

Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.

Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.

Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.

Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.

Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.

Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.

Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.

Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.

Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.

15-02-2026 / 09:02

El cipayo Milei pretende que Argentina sea una colonia de los yanquis

Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial.

El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.

Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.

Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.

¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.

El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.

La Opinión Popular

14-02-2026 / 10:02

$Libra: 20 preguntas tremendas para el estafador Javier Milei (si lo llamaran de Comodoro Py)

Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.

La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.

1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.

Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".

2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.

3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.

4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?

5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.

6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?

7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?

8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?