17:43 | Domingo 21 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 09-05-2020 / 11:05

PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Manipulación de los jueces durante el gobierno de Macri

Juan Bautista Mahíques desmintió la acusación y afirmó en las redes que nunca se produjo esa reunión con la jueza Figueroa. Sin embargo, el diputado Martín Soria hizo una denuncia penal en el tribunal del juez Sebastián Ramos. Y un grupo de 19 legisladores del Frente de Todos presentó un pedido de investigación ante el juez Daniel Rafecas.

Con las revelaciones de la jueza Ana María Figueroa el Poder Judicial se enfrenta a una decisión que va más allá de una causa penal, porque estará decidiendo en esa investigación si los argentinos vivirán en democracia o en un simulacro intervenido por la manipulación de la Justicia.

Se mencionan como integrantes de la "mesa judicial" del macrismo desde el ex presidente Mauricio Macri, hasta Garavano y Mahíques, además del ex jefe de los espías Gustavo Arribas, los ex funcionarios José Torello y Pablo Clusellas, al ex Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián ("Pepín") Rodríguez Simón y Daniel Angelici.

Sería ingenuo ignorar que gobiernos anteriores se hayan manejado con jueces y fiscales amigos. Pero la composición conservadora y la estructura semifeudal del Poder Judicial en Argentina es más amigable con gobiernos neoliberales como el de Cambiemos. Y durante la gestión macrista esta práctica de presión y manipulación se institucionalizó en forma descarada.

Si la Justicia no investiga, enjuicia y condena la manipulación de los jueces durante el gobierno de Macri, como denunció la magistrada de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, será una señal de que consiente esa práctica que arrasa con el principio republicano de la independencia de poderes. Y estaría habilitando a todos los gobiernos de aquí en adelante para que formen su propia "mesa judicial" como tenía el macrismo junto a los seguidores de Elisa Carrió y los radicales PRO.

Cuando la oligarquía desplazó de su función constitucional a las Fuerzas Armadas para iniciar el ciclo de golpes militares en defensa de sus privilegios, los políticos tuvieron que diseñar sus propios contactos con generales colorados, azules, liberales, nasseristas, nacionalistas, corporativistas o integristas.

Desde el golpe contra Irigoyen en el año '30, los políticos debían aprenderse los nombres de generales y coroneles que revistaban en cada distrito. Era esencial para esa "democracia" que cada quien tuviera un militar amigo. Eso valió tanto para peronistas como para radicales, conservadores y hasta socialistas y comunistas. Se había naturalizado la intervención determinante de los militares en la política.

Las escuelas de oficiales y los barrios militares fueron aisladas de la vida civil. Las familias oligárquicas enviaron a sus hijos a los colegios militares para garantizar su control y las grandes empresas premiaban a los generales por los servicios prestados con un puesto en sus directorios cuando se retiraban.

La naturalización de esta participación antidemocrática en la política llevó a un punto en que las mismas Fuerzas Armadas se constituyeron en Partido militar en una espiral de violencia que culminó con el golpe del '76 y el genocidio de una generación que se había formado bajo ese mecanismo seudodemocrático contra el que se rebeló.

El gobierno de la Alianza Cambiemos se decía republicano. Pero representó un episodio más del viejo teorema: los liberales en economía no pueden ser republicanos ni democráticos. Por el contrario, los liberales en política, tienen necesariamente que intervenir en la economía desde el Estado. El liberal en lo económico no puede serlo en lo político porque favorece a una elite muy minoritaria y pierde elecciones. Entonces necesitó de los golpes militares.

Cuando los golpes militares quedaron en suspenso porque no garantizaban seguridad jurídica a inversiones y endeudamientos, el neoliberalismo optó por la cooptación de los partidos populares gracias a la fuerte hegemonía neoliberal en el proceso de globalización tras la caída de la URSS.

Así, el gobierno peronista de Carlos Menem y el radical de Fernando de la Rúa gobernaron con programas del neoliberalismo. Esos gobiernos desembocaron en la colosal crisis de la economía de 2001-2002.

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el neoliberalismo se reagrupó en la oposición detrás del enorme poder que estrenaban las grandes corporaciones multimediáticas asociado a un sector de la Justicia.

Así como los golpes militares caracterizaron un momento de la historia, y la corrupción ideológica de las corrientes políticas populares identificó a los años '90, esta asociación antidemocrática entre sectores de la Justicia y las corporaciones de medios se estudiará como la herramienta de intervención antidemocrática de estos años, equivalente a los golpes militares de antaño. Por supuesto existen grandes diferencias de formas, pero el objetivo de preservar privilegios es el mismo.

Y en vez de los nombres de los dictadores o de los presidentes fallidos de los '90 se mencionará a los jueces y fiscales que fueron sujetos activos de esta maquinaria. Cuanto más demore el Poder Judicial en cortar este funcionamiento, se hará más adictivo y hasta se naturalizará como sucedió con los golpes militares que impidieron la vida democrática durante décadas.

Fue concreta y esclarecedora la denuncia que hizo la jueza Ana María Figueroa en el programa radial de Mariano Martín, en la AM 750, sobre la presión que sufrió de parte de funcionarios del macrismo por la causa del memorándum en la que estaban acusados la ex presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman.

Si bien la jueza no dio nombres, los periodistas hicieron referencia a quien era en ese momento funcionario del ministro Germán Garavano y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahíques. Y la jueza no lo desmintió.

Los Mahíques, padre e hijo, son reconocidos militantes del PRO. El juez Carlos Mahíques protagonizó uno de las operaciones más escandalosas en el Poder Judicial, al pasar de la Justicia porteña a uno de los tribunales federales más importantes, como es la Cámara Federal de Casación Penal.

Fue tan irregular esa designación para controlar Casación que fue tomada como ejemplo en el dictamen muy crítico del Relator de la ONU para la independencia de los jueces, Andrés García Sayán. Mahíques padre había sido ministro de Justicia bonaerense con María Eugenia Vidal.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, que fue uno de los principales blancos de esa persecución, incorporó la denuncia de la jueza Figueroa a la causa que lleva ante la CIDH. "¿Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta, enterándose que Juan Bautista Mahiques, a quien propuso y designó como fiscal general del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?", publicó en las redes.

Juan Bautista Mahíques desmintió la acusación y afirmó en las redes que nunca se produjo esa reunión con la jueza Figueroa.

Sin embargo, el diputado Martín Soria hizo una denuncia penal en el tribunal del juez Sebastián Ramos. Y un grupo de 19 legisladores del Frente de Todos presentó un pedido de investigación ante el juez Daniel Rafecas.

La misma prensa que respaldó a Mauricio Macri hablaba sin pudor de sus operadores judiciales entre los que siempre sobresalían el radical PRO Daniel Angelici y el macrista PRO Pepín Rodríguez Simón.

No se trata de un problema que afronta solamente Argentina. El lawfare, al igual que las dictaduras militares de los años '60 y '70, se convirtió en epidemia continental que sirvió para derrocar gobiernos legítimos. El juez provincial de primera instancia de Brasil, Sergio Moro, que contribuyó al derrocamiento de Dilma Rouseff y al encarcelamiento de Lula da Silva, se convirtió después en el ministro de Justicia del gobierno derechista de Jair Bolsonaro que resultó favorecido por esa campaña de persecución judicial.

En los '60 y '70 era muy difícil hablar contra los gobernantes militares pese a que constituían claramente poderes de facto. Había un sentido común instalado que llevaba a justificar a los dictadores. La situación es similar. Porque el lawfare se realizó a la vista de todos en distintos países y de manera similar. Las corporaciones de medios, que fueron cómplices de esa maniobra, instalaron un sentido común que niega una realidad evidente.

La causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores involucra al fiscal Carlos Stornelli y al juez fallecido Claudio Bonadio en prácticas bochornosas de extorsión a empresarios para obtener declaraciones falsas en las causas contra opositores políticos y desgarra el velo de ese sentido común cómplice.

La denuncia de la jueza Figueroa es de una gravedad inusitada y es la primera vez que se produce un testimonio de este tipo, lo cual subraya el volumen del control sobre el Poder Judicial que aplicaba la mesa de operadores judiciales del macrismo. Nadie monta una estructura semejante --activa desde antes que Macri ganara las elecciones-- para dar cursos de derecho. Esa estructura confirma la gran cantidad de denuncias sobre manipulación de la Justicia.

La corporación de medios mantendrá la cortina de silencio pero estas denuncias empiezan a agujerearla. Y el Poder Judicial se enfrenta a una decisión que va más allá de una causa penal, porque estará decidiendo en esta investigación si los argentinos vivirán en democracia o en un simulacro intervenido por la manipulación de la Justicia.

Por Luis Bruschtein

Fuente: Página 12

21-12-2025 / 09:12

Volantazo de los gobernadores: El final de la primavera anarco capitalista del Loco Milei

Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.

Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.

Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.

La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.

El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.

La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.

La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.

Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.

Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.

20-12-2025 / 10:12

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas Milei dilapidó el resultado de las urnas

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.

El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.

Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.

La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.

Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.

El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.

Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.

Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.

Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.

19-12-2025 / 10:12

Se puede derrotar al Loco Milei: Cagados en las patas, patearon la Reforma Laboral para febrero

La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional. El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.

"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.

Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.

Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.

Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.

El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.

Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.

La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.

La Opinión Popular

18-12-2025 / 08:12

Tremendo golpe al Loco Milei: la oposición salvó las universidades y la emergencia en discapacidad

Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.

El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.

Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.

Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.

Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.

Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".

La Opinión Popular

17-12-2025 / 09:12

El Loco Milei quiere derogar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario

A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.

En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.

Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.

De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.

Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.

Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.

Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.

Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.