21:38 | Sabado 07 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 09-05-2020 / 11:05

PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Manipulación de los jueces durante el gobierno de Macri

Juan Bautista Mahíques desmintió la acusación y afirmó en las redes que nunca se produjo esa reunión con la jueza Figueroa. Sin embargo, el diputado Martín Soria hizo una denuncia penal en el tribunal del juez Sebastián Ramos. Y un grupo de 19 legisladores del Frente de Todos presentó un pedido de investigación ante el juez Daniel Rafecas.

Con las revelaciones de la jueza Ana María Figueroa el Poder Judicial se enfrenta a una decisión que va más allá de una causa penal, porque estará decidiendo en esa investigación si los argentinos vivirán en democracia o en un simulacro intervenido por la manipulación de la Justicia.

Se mencionan como integrantes de la "mesa judicial" del macrismo desde el ex presidente Mauricio Macri, hasta Garavano y Mahíques, además del ex jefe de los espías Gustavo Arribas, los ex funcionarios José Torello y Pablo Clusellas, al ex Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián ("Pepín") Rodríguez Simón y Daniel Angelici.

Sería ingenuo ignorar que gobiernos anteriores se hayan manejado con jueces y fiscales amigos. Pero la composición conservadora y la estructura semifeudal del Poder Judicial en Argentina es más amigable con gobiernos neoliberales como el de Cambiemos. Y durante la gestión macrista esta práctica de presión y manipulación se institucionalizó en forma descarada.

Si la Justicia no investiga, enjuicia y condena la manipulación de los jueces durante el gobierno de Macri, como denunció la magistrada de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, será una señal de que consiente esa práctica que arrasa con el principio republicano de la independencia de poderes. Y estaría habilitando a todos los gobiernos de aquí en adelante para que formen su propia "mesa judicial" como tenía el macrismo junto a los seguidores de Elisa Carrió y los radicales PRO.

Cuando la oligarquía desplazó de su función constitucional a las Fuerzas Armadas para iniciar el ciclo de golpes militares en defensa de sus privilegios, los políticos tuvieron que diseñar sus propios contactos con generales colorados, azules, liberales, nasseristas, nacionalistas, corporativistas o integristas.

Desde el golpe contra Irigoyen en el año '30, los políticos debían aprenderse los nombres de generales y coroneles que revistaban en cada distrito. Era esencial para esa "democracia" que cada quien tuviera un militar amigo. Eso valió tanto para peronistas como para radicales, conservadores y hasta socialistas y comunistas. Se había naturalizado la intervención determinante de los militares en la política.

Las escuelas de oficiales y los barrios militares fueron aisladas de la vida civil. Las familias oligárquicas enviaron a sus hijos a los colegios militares para garantizar su control y las grandes empresas premiaban a los generales por los servicios prestados con un puesto en sus directorios cuando se retiraban.

La naturalización de esta participación antidemocrática en la política llevó a un punto en que las mismas Fuerzas Armadas se constituyeron en Partido militar en una espiral de violencia que culminó con el golpe del '76 y el genocidio de una generación que se había formado bajo ese mecanismo seudodemocrático contra el que se rebeló.

El gobierno de la Alianza Cambiemos se decía republicano. Pero representó un episodio más del viejo teorema: los liberales en economía no pueden ser republicanos ni democráticos. Por el contrario, los liberales en política, tienen necesariamente que intervenir en la economía desde el Estado. El liberal en lo económico no puede serlo en lo político porque favorece a una elite muy minoritaria y pierde elecciones. Entonces necesitó de los golpes militares.

Cuando los golpes militares quedaron en suspenso porque no garantizaban seguridad jurídica a inversiones y endeudamientos, el neoliberalismo optó por la cooptación de los partidos populares gracias a la fuerte hegemonía neoliberal en el proceso de globalización tras la caída de la URSS.

Así, el gobierno peronista de Carlos Menem y el radical de Fernando de la Rúa gobernaron con programas del neoliberalismo. Esos gobiernos desembocaron en la colosal crisis de la economía de 2001-2002.

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el neoliberalismo se reagrupó en la oposición detrás del enorme poder que estrenaban las grandes corporaciones multimediáticas asociado a un sector de la Justicia.

Así como los golpes militares caracterizaron un momento de la historia, y la corrupción ideológica de las corrientes políticas populares identificó a los años '90, esta asociación antidemocrática entre sectores de la Justicia y las corporaciones de medios se estudiará como la herramienta de intervención antidemocrática de estos años, equivalente a los golpes militares de antaño. Por supuesto existen grandes diferencias de formas, pero el objetivo de preservar privilegios es el mismo.

Y en vez de los nombres de los dictadores o de los presidentes fallidos de los '90 se mencionará a los jueces y fiscales que fueron sujetos activos de esta maquinaria. Cuanto más demore el Poder Judicial en cortar este funcionamiento, se hará más adictivo y hasta se naturalizará como sucedió con los golpes militares que impidieron la vida democrática durante décadas.

Fue concreta y esclarecedora la denuncia que hizo la jueza Ana María Figueroa en el programa radial de Mariano Martín, en la AM 750, sobre la presión que sufrió de parte de funcionarios del macrismo por la causa del memorándum en la que estaban acusados la ex presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman.

Si bien la jueza no dio nombres, los periodistas hicieron referencia a quien era en ese momento funcionario del ministro Germán Garavano y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahíques. Y la jueza no lo desmintió.

Los Mahíques, padre e hijo, son reconocidos militantes del PRO. El juez Carlos Mahíques protagonizó uno de las operaciones más escandalosas en el Poder Judicial, al pasar de la Justicia porteña a uno de los tribunales federales más importantes, como es la Cámara Federal de Casación Penal.

Fue tan irregular esa designación para controlar Casación que fue tomada como ejemplo en el dictamen muy crítico del Relator de la ONU para la independencia de los jueces, Andrés García Sayán. Mahíques padre había sido ministro de Justicia bonaerense con María Eugenia Vidal.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, que fue uno de los principales blancos de esa persecución, incorporó la denuncia de la jueza Figueroa a la causa que lleva ante la CIDH. "¿Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta, enterándose que Juan Bautista Mahiques, a quien propuso y designó como fiscal general del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?", publicó en las redes.

Juan Bautista Mahíques desmintió la acusación y afirmó en las redes que nunca se produjo esa reunión con la jueza Figueroa.

Sin embargo, el diputado Martín Soria hizo una denuncia penal en el tribunal del juez Sebastián Ramos. Y un grupo de 19 legisladores del Frente de Todos presentó un pedido de investigación ante el juez Daniel Rafecas.

La misma prensa que respaldó a Mauricio Macri hablaba sin pudor de sus operadores judiciales entre los que siempre sobresalían el radical PRO Daniel Angelici y el macrista PRO Pepín Rodríguez Simón.

No se trata de un problema que afronta solamente Argentina. El lawfare, al igual que las dictaduras militares de los años '60 y '70, se convirtió en epidemia continental que sirvió para derrocar gobiernos legítimos. El juez provincial de primera instancia de Brasil, Sergio Moro, que contribuyó al derrocamiento de Dilma Rouseff y al encarcelamiento de Lula da Silva, se convirtió después en el ministro de Justicia del gobierno derechista de Jair Bolsonaro que resultó favorecido por esa campaña de persecución judicial.

En los '60 y '70 era muy difícil hablar contra los gobernantes militares pese a que constituían claramente poderes de facto. Había un sentido común instalado que llevaba a justificar a los dictadores. La situación es similar. Porque el lawfare se realizó a la vista de todos en distintos países y de manera similar. Las corporaciones de medios, que fueron cómplices de esa maniobra, instalaron un sentido común que niega una realidad evidente.

La causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores involucra al fiscal Carlos Stornelli y al juez fallecido Claudio Bonadio en prácticas bochornosas de extorsión a empresarios para obtener declaraciones falsas en las causas contra opositores políticos y desgarra el velo de ese sentido común cómplice.

La denuncia de la jueza Figueroa es de una gravedad inusitada y es la primera vez que se produce un testimonio de este tipo, lo cual subraya el volumen del control sobre el Poder Judicial que aplicaba la mesa de operadores judiciales del macrismo. Nadie monta una estructura semejante --activa desde antes que Macri ganara las elecciones-- para dar cursos de derecho. Esa estructura confirma la gran cantidad de denuncias sobre manipulación de la Justicia.

La corporación de medios mantendrá la cortina de silencio pero estas denuncias empiezan a agujerearla. Y el Poder Judicial se enfrenta a una decisión que va más allá de una causa penal, porque estará decidiendo en esta investigación si los argentinos vivirán en democracia o en un simulacro intervenido por la manipulación de la Justicia.

Por Luis Bruschtein

Fuente: Página 12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular