16:13 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 07-05-2020 / 09:05

UNA MENTIRA QUE MATA: LA SOCIEDAD A MODO REBAÑO

“Salir ya de la cuarentena es llevar a la muerte a miles de argentinos”, advirtió Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández recibió al Comité de Expertos que lo asesoran en la tarea de enfrentar la pandemia del coronavirus y los especialistas le dieron el visto bueno para relajar todavía más el aislamiento social obligatorio, flexibilización que se conocerá mañana después de una reunión que mantendrá el mandatario con los gobernadores, como cada vez que tuvo que definir una nueva etapa de la cuarentena.

Se viene la "reapertura progresiva" de la cuarentena. Los sanitaristas destacaron el éxito y dieron el visto bueno para que se pase a una nueva etapa en la que se habilitarán nuevas actividades. Se preparan los protocolos necesarios para el transporte y los espacios de trabajo. Junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, Alberto Fernández descartó los reclamos de salir ya del aislamiento porque acarrearía "la muerte de miles de argentinos".

Por su parte, el macrismo residual, fogoneados por Mauricio Macri, Patricia Bullrich y los trolls rentados de Marcos Peña, militan activamente para levantar inmediatamente la cuarentena, lo que está alcanzando niveles de obscenidad. Estrellitas televisivas del periodismo, la política, la economía y la farándula suman sus voces en una suerte de comparsa en donde todos compiten por ver quién propone la medida más disparatada para terminar con el "martirio" del aislamiento social.

En el lote de los periodistas ultra macristas se puso de moda mirar fijo a la cámara, poner cara de fastidio y lanzar propuestas sin mostrar un mínimo nivel de responsabilidad social, sin preocuparse por buscar y analizar datos fehacientes. Estos aprendices de brujos citan de oído terminologías del ámbito académico y ni siquiera se molestan por confrontar esas "ideas" con quienes pueden hablar con autoridad: infectólogos, epidemiólogos, médicos sanitaristas, etc.

Entre las imbecilidades que lanzaron en los últimos días figura la expresión "inmunidad de rebaño" extraída del lenguaje científico. Ese concepto se utiliza en las ciencias médicas para hablar del fenómeno que ocurre cuando se produce un contagio virósico masivo que alcanza al 70 por ciento de la población. Una mentira que mata, porque si no hubiéramos hecho la cuarentena tendríamos ya miles de muertos.

Dejar que se infecte semejante número de individuos provocaría -en la teoría- que el virus deje de circular y empiece a decrecer el universo de afectados. Por fortuna las autoridades sanitarias argentinas descartaron de plano ese plan macabro propuesto por esta comparsa de descerebrados.

Si esa "solución final" digna de una mente nazi se aplicara en Argentina implicaría que, sobre una población de unas 45 millones de personas, habría que dejar que se contagien más de 30 millones. Si el 20 por ciento de ese número necesita internación se requerirían más de 6 millones de camas. Si la mortalidad alcanzara el 1 por ciento de los infectados habría más de 300 mil fallecidos.

Hoy está muy claro qué sectores políticos y económicos se oponen a las restricciones sanitarias que impuso el gobierno nacional, a pesar de sus buenos resultados y de que, paulatinamente, comenzaron a flexibilizarse. Son los que miden todo, hasta las vidas humanas, con la regla del interés económico. Lo que sorprende es que sus gladiadores mediáticos derrapen tan feo en el barro de la imbecilidad.

La Opinión Popular

ALBERTO FERNÁNDEZ ADELANTÓ QUE TRABAJAN EN EL PROTOCOLO QUE SE PONDRÁ EN MARCHA

Cuarentena: los expertos avalaron la apertura progresiva

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer en Olivos con los expertos sanitaristas que destacaron el éxito obtenido hasta ahora con el aislamiento social y avalaron que a partir del lunes se pase la cuarta fase de la cuarentena, la de la "reapertura progresiva", en la que se habilitarán nuevas actividades aunque bajo el cumplimiento de un protocolo sanitario que se encuentra en elaboración del Gobierno, que incluirá detalles sobre la movilidad y el control de los trabajadores.

Con todo, el Presidente advirtió acerca del carácter "progresivo" de esta reapertura, diferente a la que pretenden desde un sector de la oposición y del empresariado. "Salir ya de la cuarentena en los términos que ellos reclaman es mandar a la muerte a miles de argentinos", subrayó.

Fernández insistió en la idea de las diferentes realidades en el país respecto a la pandemia, dado que en varias zonas donde no hubo contagios o hace varios días que no se registran casos nuevos. En esos lugares la apertura se puede resolver más fácilmente. Más complejo es en el caso de las grandes urbes, principalmente Capital y el Conurbano, donde se concentran la mayoría de los casos.

De hecho, de los 188 contagios registrados ayer, 102 fueron en Capital y 63 en Provincia. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof estuvieron en contacto ayer con la Casa Rosada para avanzar en las resoluciones. El Presidente diferenció entre la oposición con responsabilidad de gestión y la que opina por Twitter, "que es muy fácil".

En una entrevista con Radio con Vos, comentó que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Salud, Ginés González García, y el del Interior, Wado de Pedro, trabajaban en la elaboración del protocolo que se pondrá en vigencia a partir del lunes.

Adelantó tres puntos para las nuevas actividades: que se evite el transporte público (por lo que las empresas deberán proveerse de su propia movilidad), que se evite el transporte interjurisdiccional (por lo que deberán trabajar con empleados del distrito donde se localice la empresa) y que se cumplan con normas sanitarias tales como la toma de temperatura al ingreso, que haya alcohol en gel en las entradas y salidas, que se controle que ningún trabajador presente síntomas, entre otras medidas.

Como novedad, comentó una app que deberán instalar los trabajadores en sus teléfonos, que permitirá al Gobierno hacer un seguimiento de su estado de salud.

De hecho, en los últimos días se fueron habilitando varias actividades económicas en el interior del país y analizan sumar nuevos rubros, como el de la industria automotriz. En tanto, el veto de los sanitaristas se mantuvo respecto a todo lo que sea actividades masivas o de posible contacto. Las clases, los espectáculos deportivos y artísticos, los salones de eventos, restaurantes, bares y demás deberán continuar esperando.

El gobierno porteño pidió habilitar la modalidad "take away" en los locales gastronómicos, que en algunos sitios ya viene funcionando de hecho. Lo mismo para la construcción privada, que se reactivará aunque siguiendo determinada características.

De acuerdo al plan elaborado por el Gobierno, para pasar a la cuarta fase de la cuarentena debía cumplirse el requisito que la duplicación de casos se produzca cada 25 días. "Estamos muy cerca de ese objetivo", afirmó el Presidente. En Olivos, los expertos sostuvieron que gracias a la decisión de establecer la cuarentena en una etapa temprana "ganamos tiempo y preparamos al sistema sanitario, y la sociedad ganó en conciencia y educación sobre cómo manejarse y cuidarse durante la pandemia".

Entre las recomendaciones que mantuvieron fue la del cuidado estricto de los adultos mayores. Una medida todavía no resuelta es la de las "salidas recreativas", que el Gobierno la última vez permitió pero los gobernadores de los principales distritos decidieron vetar. Los médicos la siguen aconsejando.

Una cuestión compleja a incluir en el protocolo será la segmentación horaria. La idea es que las actividades trabajen en diferentes horarios para evitar las horas pico y la posible saturación del transporte público, la principal preocupación de las autoridades.

Así como Rodríguez Larreta y Kicillof estuvieron ayer en contacto, en los próximos días Fernández volverá a conversar con los gobernadores, como hizo cada vez que decidió una nueva prórroga del aislamiento social. La idea es pasar de un esquema restricitivo nacional a otro local, donde cada localidad resuelva de acuerdo a la población y la cantidad de casos.

La caída récord de la economía registrada en abril es un dato que el Gobierno ya pone en la balanza. Pero Fernández salió al cruce de quienes lo critican por este punto. Por ejemplo, de los empresarios que señalan el incremento el rojo de las cuentas. "Dicen que están muy preocupados por el déficit, pero que el Estado se tiene que hacer cargo de todos los empleados. Bueno, pónganse de acuerdo", recalcó.

También le dedicó un párrafo a la oposición que busca pescar en río revuelto. Concretamente le respondió al ex ministro Alfonso Prat Gay, quien había dicho que la cuarentena está destruyendo la economía. "Ellos destruyeron la economía sin coronavirus. ¿Con qué autoridad hablan?", retrucó, y señaló a quienes buscan azuzar el malestar que tiene la gente por el largo encierro. "Le pido a la gente que reflexione porque hay en el planteo mala intención e intencionalidad política", concluyó.

Por Fernando Cibeira

Fuente: Página12

02-01-2026 / 10:01

La SIDE, la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".