es tan anacrónico que parece difícil tomarlo en serio. Es una propuesta que no tiene ningún sentido más allá de intentar causar daño al Gobierno.
 
Lo más preocupante no es la histeria exaltada de esta derecha desembozadamente golpista, sino la pasividad del gobierno para desarticular estas maniobras. Alberto Fernández dijo en su asunción que sería el presidente del "diálogo" con los que pensaban distinto, pero los que difunden mentiras y fogonean cacerolazos son destituyentes y están totalmente cerrados al diálogo.
 
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"Hay que recuperar los 20 puntos que perdieron los jubilados durante el gobierno de Macri". Fernanda Raverta
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Nacionales - 06-05-2020 / 09:05
MIENTE, MIENTE, QUE ALGO QUEDA...

Campaña judicial y mediática macrista contra el gobierno

Campaña judicial y mediática macrista contra el gobierno
Primero fueron las afirmaciones falsas de una jueza respecto a la supuesta “liberación masiva de presos”, replicadas por los grandes medios hegemónicos porteños. Mañana un nuevo cacerolazo contra el gobierno. ¿Es o no una ofensiva destituyente de los fanáticos del macrismo residual, impulsados por Mauricio Macri, Marcos Peña y Patricia Bullrich?
Entre las desgracias combinadas de la pandemia y la deuda externa, en medio de una crisis sanitaria y económica, y a pesar de la buena gestión de Alberto Fernández, su gobierno está siendo atacado por una parte de la corporación judicial y los medios de comunicación monopólicos macristas: Clarín, La Nación e Infobae.
 
Son las dos armas utilizadas por la derecha regional para atacar a gobiernos democráticamente elegidos, favorables a la voluntad popular, para forzarlos a tomar políticas más propicias a los sectores económicamente dominantes. Es la acción combinada del "lawfare" (guerra judicial) y las "fakenews" (noticias falsas) que provoca un peligroso círculo de desinformación.
 
Como corolario de esta campaña mediático-judicial de los sectores más fanáticos del macrismo residual, impulsados por Mauricio Macri, Marcos Peña y Patricia Bullrich, mañana habrá otro cacerolazo con consignas más claramente destituyentes: "basta de dejarle el poder absoluto al gobierno" y un delirante "no queremos comunismo". Proponer una movida 'contra el comunismo' es tan anacrónico que parece difícil tomarlo en serio. Es una propuesta que no tiene ningún sentido más allá de intentar causar daño al Gobierno.
 
Lo más preocupante no es la histeria exaltada de esta derecha desembozadamente golpista, sino la pasividad del gobierno para desarticular estas maniobras. Alberto Fernández dijo en su asunción que sería el presidente del "diálogo" con los que pensaban distinto, pero los que difunden mentiras y fogonean cacerolazos son destituyentes y están totalmente cerrados al diálogo.
 
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Para los que descreen de su acción destructiva, allí está el ejemplo de Bolivia, donde fue derrocado el presidente Evo Morales por la acción golpista de grupos de derecha, una parte del ejército y la policía, con la difusión - avalada por la Organización de Estados Americanos (OEA) -, de que en las elecciones se había cometido fraude.
 
Esto fue luego fue desmentido por un estudio del Instituto Técnico de Massachusetts (MIT), que avaló la elección y el triunfo de Evo. Pero ya era tarde y el presidente boliviano se encuentra desterrado en nuestro país.
 
 
Mentiras judiciales
  
Una jueza de Ejecución Penal bonaerense, Julia Márquez, afirmó la semana pasada que se habían liberado más de 1.000 presos en esa provincia, entre ellos, 176 violadores y abusadores. En Página/12 del domingo pasado, Irina Hauser se encargó de desmentir, con fuentes irrefutables, los dichos de Márquez, con cifras de la Cámara de Casación.
 
Según Hauser, con datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, fueron 38 condenados por esos delitos los liberados entre el 17 de marzo y el 17 de abril (período de aislamiento), cuando el año pasado en el mismo período habían sido 44. En cuanto a homicidas, fueron 42 liberaciones en el mismo lapso de este año frente a 103 del año pasado. Y no fueron liberados por el coronavirus sino por cumplimiento de penas.
 
Las declaraciones de la jueza fueron difundidas hasta el hartazgo por el programa de Feinman en América, por Radio Mitre y Leuco y otros periodistas en programas televisivos del grupo Clarín. Así se armó el cacerolazo del jueves 30, que tuvo eco más que nada en la ciudad de Buenos Aires, y en menor medida en algunas otras ciudades.
 
Toda esa movida, a la que el gobierno respondió tibiamente, se basó en una gran mentira, datos falsos y cifras que no tienen nada que ver con la realidad. Pero ni el gobierno y menos el Poder Judicial, han tomado medida alguna para sancionar a la jueza que tan livianamente hizo afirmaciones falsas, en un tema tan delicado y tan sensible.
 
 
Miente, miente...
 
El 29/04 Infobae informaba: "Violini concedió el habeas corpus que liberó a más de 2.300 presos en la provincia de Buenos Aires". Fue una información absolutamente falsa, porque ese juez, integrante de la Cámara de Casación bonaerense, había dado curso al habeas corpus presentado por 19 defensores oficiales, que pedían la prisión domiciliaria para sus defendidos.
 
En la resolución de Violini se dice que puede otorgarse ese beneficio a los presos que fueran considerados "de riesgo", o sea mayores de 60 años o con afecciones como diabetes, tuberculosis, etcétera; mujeres embarazadas o con niños pequeños; detenidos por delitos leves o que estén a punto de cumplir su condena. Para los delitos graves, se estableció que el juez de cada caso debía resolver en base a los elementos que tuviera.
 
Así, la jueza Márquez otorgó el 3 de abril la prisión domiciliaria a un homicida, a pesar que el fiscal se había opuesto, y sin haber dado aviso a la víctima. O sea, quien cuestionaba la actitud del gobierno por una supuesta (y falsa) "liberación masiva" de presos, había hecho lo mismo que criticaba.
 
Y lo que no se dice es que la presentación de los defensores oficiales la hicieron siguiendo las directivas del Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, designado por María Eugenia Vidal en ese cargo, es decir, un funcionario judicial del macrismo. Mentir no es sólo faltar a la verdad, sino no decir toda la verdad.
 
 
Usinas golpistas
  
La asociación Justicia Legítima, nacida a fines de 2012 para apoyar las reformas que propiciaba la entonces presidenta Cristina Fernández, fue demonizada por el periodismo corporativo, tal como lo ha sido el prestigioso académico y jurista Eugenio Zaffaroni. Cualquier juez o jueza que perteneciera a esa asociación, era inmediatamente descalificado por eso.
 
Sin embargo, esos mismos medios citan con frecuencia a otra asociación, "Usina de Justicia", nacida al calor de la gestión macrista, como si fuera una autoridad en materia judicial.
 
Presidida por Diana Cohen Agrest, es una verdadera usina de la más rancia derecha; considera que el sistema penal debe recuperar su carácter de "vindicta" (venganza) que tenía antes de la aparición del Estado moderno.
 
Cohen repite como Patricia Bullrich y otros referentes del PRO, que el kirchnerismo busca la liberación de detenidos, sin explicar cuál sería la finalidad, en una especie de "plan ideológico" diseñado en base a "una doctrina Zaffaronista".
 
Cohen falsea que en la Argentina "no tenemos presos por delitos leves", sino que todos lo están por "delitos graves o gravísimos" y por ello se opone a la liberación de los detenidos. Sin embargo, ésta es una recomendación de los organismos internacionales (CIDH, ONU, OMS, etcétera) aceptada por países que tienen una mayor población carcelaria que Argentina, como EEUU o Turquía, por ejemplo.
 
Para Cohen, el "contrato social" que los ciudadanos hacen le da al Estado el "poder de la venganza", y se queja porque la sociedad argentina se ha quedado "sin poder de retaliación (ley de talión)". Su ideología reivindica la "justicia por mano propia" y la necesidad de comprar armas para defenderse, por parte de los ciudadanos.
 
Su modelo es EEUU, donde no se tomaron medidas a tiempo para combatir la pandemia, con casi 70.000 muertos, y una parte de la población salió a armarse para defenderse de supuestos asaltos.
 
Por Irina Santesteban
 
Fuente: La Arena
 

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03-12-2020 / 10:12
El presidente Alberto Fernández convocó el miércoles a "construir otra normalidad, con más justicia y equidad" y, en ese sentido, destacó que aparecen "las primeras señales" de recuperación de la economía, con un incremento en el consumo, que contribuye a que esa nueva etapa "incluya a todos" y a que "YPF siga creciendo" para dar a los argentinos la energía necesaria para empujar ese crecimiento.
 
"Seamos capaces de construir otra normalidad, con más justicia, equidad, y que a todos incluya, en la que YPF siga creciendo para darnos la energía que necesitamos", afirmó el Presidente al participar ayer de la inauguración de La Plata Cogeneración II (LPC II), una central térmica de generación de energía de YPF que requirió una inversión de 166 millones de dólares.
 
En lo que hace a YPF, el jefe de Estado cuestionó con dureza "el daño" que le hizo en el gobierno un Mauricio Macri con políticas que calificó como "frustrantes" para el desarrollo de la petrolera de bandera. "YPF fue la nave insignia de las empresas argentinas. Funcionó durante muchos años como motor del crecimiento argentino", recordó el mandatario en la inauguración de la planta, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
 
Fernández trazó una comparación entre el daño que se le provocó a la empresa de bandera hidrocarburífera en dos momentos de la historia: la dictadura militar y el gobierno de Macri. "Pensé que era muy difícil hacerle el daño que se le hizo durante el gobierno militar", pero "en los cuatro años pasados, el daño que le hicieron y lo frustrante para el desarrollo, fue llamativo", señaló. En cambio, subrayó la capacidad transformadora y la visión actual que impera en la empresa.
 

03-12-2020 / 09:12
La historia del saqueo del macrismo en beneficio de Capital Federal es una suerte de remake de la eterna lucha entre unitarios y federales, entre el interior y el puerto, la pelea por la coparticipación entre el Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires, con chicanas y presión a la Corte Suprema, que sigue su curso.

El Gobierno de Alberto Fernández reúne a la mayoría de los gobernadores en su respaldo. Los diputados cordobeses de Juan Schiaretti recordaron que Mauricio Macri le pasó por decreto a la CABA 67.000 millones por 19.900 policías, mientras en Córdoba hay 22.000, con sueldos similares, que cuestan 35.000 millones con más población y territorio. Conclusión: "Transfirieron de más".

Pero, aprovechando el tema, Mauricio Macri salió nuevamente a intentar disputarle el liderazgo de la oposición a Horacio Rodríguez Larreta. El ex mandatario aseguró que "dominada por el oficialismo ayer la Cámara de Diputados atropelló nuevamente las instituciones, los derechos de los argentinos y el federalismo. La ley que aprobaron saquea el presupuesto de la Ciudad y pone en riesgo la seguridad, la salud y el bienestar de millones de personas".

Si se lee bien, la declaración no fue un apoyo a Larreta (al que ni mencionó), sino un intento de ponerse en el centro de la escena. Para Macri, lo que hizo la Cámara de Diputados, con el voto de los representantes del pueblo, es 'atropellar las instituciones' mientras que él, que regaló indebidamente y por decreto, las habría respetado. El argumento es insólito y antidemocrático.

En tanto, la sobreactuación de Larreta sólo se explica por la falta de argumentos. Parece más una estrategia comunicacional para justificar el impuestazo que le esta propinando a los porteños con los aumentos de peajes, subtes, ABL, patentes y la nueva tasa a los consumos con tarjeta de crédito.
 


02-12-2020 / 11:12
02-12-2020 / 10:12
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "el puerto" capital de la oligarquía, es el distrito más rico del país y durante el gobierno de Mauricio Macri se la benefició sin motivo ni explicación de todas las maneras posibles. Fue escandaloso el modo en que se la favoreció a costa del resto de las provincias argentinas.
 
Si bien el proyecto de ley que fija el monto del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad no se convirtió en ley y volverá a ser tratado por el Senado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se apresuró a montar una conferencia de prensa en el que se volvió a exhibir como candidato presidencial. El alcalde porteño, que estuvo acompañado por sus principales aliados, anunció que presentará una nueva demanda ante la Corte y le reclamó que resuelva pronto.
 
Pese a que la iniciativa todavía no fue convertida en ley por el Congreso, Larreta defendió el "regalo", el traspaso de fondos por decreto realizado por Macri y atacó al gobierno nacional. El que salió a responderle fue el ministro Wado de Pedro: "Corregir no es quitar. Estamos corrigiendo lo que estuvo de más. En 2016, aprovechando la transferencia de la policía a la CABA, Macri aumentó de manera desproporcionada y con una clara finalidad partidaria los recursos que le correspondían, de un 1,40% a un 3,75%".

Y continúo: "El Congreso es el ámbito para esta discusión. Si pierden la votación, dicen que es un ataque. Si la mayoría de los gobernadores -que representan el federalismo- opinan en contra, es un ámbito sesgado. Pareciera que quieren una democracia sin Congreso y un federalismo sin provincias. Es hora de que entiendan que el país no tiene dueños y la República es de iguales". El porcentaje de la coparticipación que Macri les sacó a las provincias para regalárselo a Larreta, con una clara finalidad partidaria, hay que devolvérselo a las provincias.

La Opinión Popular


01-12-2020 / 11:12
Para dos jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Federal las declaraciones de los arrepentidos de la causa de las fotocopias de los cuadernos son válidas y no hay ningún motivo para disponer la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2016 en la que se basaron para tomarlas el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal macrista Carlos Stornelli.
 
Pese a que no hay más que registros escritos de esas "delaciones" pero ningún audio o filmación que hubiera dejado constancia de lo que ocurrió en esas audiencias, los jueces ultra macristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone sostuvieron que los empresarios y funcionarios de segundas líneas detenidos se arrepentían por propia voluntad.
 
Fue muy evidente en los inicios del expediente en agosto de 2018 que sólo se les concedía la libertad a aquellos que se "arrepentían" y pero quienes no aceptaban hablar para complicar a funcionarios K quedaban presos.
 
La jueza Ana María Figueroa votó en disidencia por declarar la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley en cuestión (27.304) por considerar que atentan contra las garantías de prohibición de autoincriminación (declarar contra sí mismo), presunción de inocencia, derecho de defensa en juicio y del debido proceso.
 
Además postuló la nulidad de las declaraciones tomadas de los imputados colaboradores porque no estuvieron registradas debidamente por "medios técnicos idóneos", como establece la misma norma para poder ser controladas por las partes y saber qué sucedió realmente en las audiencias. La discusión desembocará en la Corte Suprema y todo indica que podría demorar un juicio oral.
 

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