La Opinión Popular
                  16:55  |  Sabado 21 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
Recomendar Imprimir
Nacionales - 26-03-2020 / 07:03
EVITARÁN DESALOJOS POR 180 DÍAS

Alivio a la clase media: congelarán alquileres y créditos hipotecarios

Alivio a la clase media: congelarán alquileres y créditos hipotecarios
Alberto Fernández y Sergio Massa.
 El presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto para congelar por 180 días el precio de los alquileres y suspender los desalojos. Tampoco tendrán aumentos las cuotas de los créditos hipotecarios y se prohibirán las ejecuciones. Es en respuesta a las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria. "Le pedí a Sergio Massa que se ponga a estudiar el tema", afirmó Fernández.
 


 
LA INICIATIVA OFICIAL SERÁ GIRADA AL CONGRESO NACIONAL
 
Se congelarán por 180 días alquileres e hipotecas
 
El presidente, Alberto Fernández, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para congelar el precio de los alquileres por 180 días y suspender los desalojos por falta de pago. Además, la iniciativa fijará las cuotas mensuales para los deudores de créditos hipotecarios UVA y prohibirá las ejecuciones.
 
El proyecto lo trabaja la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, e ingresará al Congreso a través de la Cámara de Diputados. Se trata de una nueva medida económica que lanza el Gobierno para contener la crisis económica a raíz de la cuarentena y el freno de la actividad que implica el coronavirus.
 
Tanto Estados Unidos como Francia y España dispusieron medidas especiales, como la suspensión de desalojos y el freno al pago del alquiler. A la batería de anuncios de la semana pasada se sumaron en estos días el ingreso de emergencia para los monotributistas y la prohibición del corte en los servicios públicos.
 
 "Le pedí a Sergio Massa que se ponga a estudiar el tema", aseguró Fernández en una entrevista televisiva en el canal Telefé. El diputado ya cuenta con un proyecto de ley de este tipo, pero este jueves se reunirá con Ibarra de la secretaría de Legal y Técnica para delinear un proyecto único.
 
Establecido el documento, se lo enviarán a los presidentes de cada bloque y el viernes realizarán una reunión de labor parlamentaria por videoconferencia entre las autoridades de los bloques para ver cómo podrían sesionar la semana que viene. "Se podría sesionar en forma digital, con aplicaciones como Zoom", explicaron a este diario desde el entorno de Massa.
 
Fuentes parlamentarias no descartan implementar un sistema mixto, con algunos legisladores en el recinto y otros conectados al debate de manera virtual. La medida deberá aprobarse por el Congreso porque así es como deben modificarse las cuestiones tributarias y penales. "Lo ideal es que tenga la fuerza de la ley", agregaron las mismas fuentes.
 
Los anuncios del presidente implican que los inquilinos mantendrán el mismo valor del alquiler por los próximos seis meses, aún cuando tengan en ese plazo el ajuste semestral que establece el contrato. "El congelamiento es fundamental, porque una vez que termine el desastre sanitario los problemas en la economía doméstica van a seguir. En la Ciudad el 60 por ciento de las personas gana menos de 30 mil pesos, y el alquiler de un departamento dos ambientes es de 15 mil pesos en promedio", aseguró a PáginaI12 Fernando Muñoz, de la Defensoría del Inquilino.
 
"La incidencia de los ingresos en el alquiler puede llegar al 50 por ciento por cómo se depreció el salario en estos años", agregó. En la Ciudad, el 53,2 por ciento de los hogares es inquilino y sólo un 19,3 por ciento es propietario de vivienda y terreno, según un informe realizado a fines de 2019 por la ex Secretaría de Vivienda de la Nación y la consultora Hábitat para la Humanidad.
 

Agreganos como amigo a Facebook
21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar