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Nacionales - 25-03-2020 / 09:03
PREOCUPA LA FALTA DE RECURSOS PARA PAGAR SALARIOS Y EL IMPACTO NEGATIVO EN TURISMO Y PETRÓLEO

El Gobierno nacional en alarma por el golpe de la cuarentena a las arcas provinciales

El Gobierno nacional en alarma por el golpe de la cuarentena a las arcas provinciales
Preocupa la falta de recursos para pagar salarios y el impacto negativo en turismo y petróleo. Sólo tres provincias tienen excedente fiscal, mientras que Jujuy es la más complicada.
Mientras el Gobierno nacional se prepara para hacer frente al pico de casos por coronavirus en el sistema de salud y anuncia medidas destinadas a paliar la merma de ingresos para diversos sectores de la población, una luz de alarma se encendió en el Ejecutivo por la fragilidad financiera de las provincias, que recibirá un duro mazazo a partir de los efectos de la cuarentena, en particular la Patagonia.
 
Los distritos que concentran la explotación petrolera y que además reciben un mayor número de turistas extranjeros serán los más golpeados en materia de actividad económica, en particular Santa Cruz, Tierra del Fuego, y Río Negro, de acuerdo a un trabajo del Ieral, de la Fundación Mediterránea.
 
Si se toma como referencia la crisis de 2009, la disminución será de como mínimo un 20% en el arribo de viajeros internacionales, situación que también afectará, aunque en menor medida, a Misiones y Mendoza. A eso se le sumará la reducción de más del 50% en el precio del crudo.
 
Sin embargo, en la Rosada ponen el foco en los distritos cuya mayor parte de asalariados registrados pertenecen al sector público. En Chaco, Catamarca y La Rioja más del 60% de los puestos en blanco son estatales. "Si no logran pagar sueldos, es la debacle. Los escenarios son de caída al abismo", evaluó un funcionario.
 
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires los empleados públicos llegan a 600 mil, en un universo de 3 millones de puestos de trabajo. "Si no pueden dar paritaria pero pagan sueldos, o aún dando paritarias, el freno de la actividad económica destroza la provincia", comentó una fuente oficial.
 
En el ejecutivo creen que si se mantiene activa la cadena alimentaria, la industria ligada a ese sector ubicada en territorio bonaerense, Córdoba y Santa Fe podrán darle pelea a la recesión.
 
Mientras tanto, los gobernadores deberán hacer malabares para llevar algo de orden a sus cuentas en medio del proceso de reestructuración de su deuda que ya anunciaron Chubut, Buenos Aires, La Rioja y Salta, todas "colgadas" al resultado de las negociaciones de la Nación con los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional.

 
"La peor en lo fiscal es Chubut. Y para enfrentar la crisis sanitaria, Chaco", consideró el funcionario consultado. No por casualidad, la jurisdicción de Jorge Capitanich fue una de las primeras en aislar ciudades y decretar la cuarentena, al tiempo que ya lleva dos muertos, un tercio del total de fallecidos por el coronavirus a nivel país.
 
De acuerdo a las estimaciones del Ieral en base a los últimos datos disponibles, correspondientes al tercer trimestre del año pasado, el mayor rojo fiscal lo tiene Jujuy, a donde alcanza el 4% de su producto bruto geográfico, seguida de Tucumán, que se ubicó algo por debajo de esa cifra, y la Rioja, Chaco y Río Negro, que marcaron un déficit en torno al 2%.
 
Por el contrario, las mejor ubicadas son Santiago del Estero (superávit del 5%), Catamarca y La Pampa con un excedente equivalente al 2% de su PBG, Salta (1%) y Santa Cruz, que tras el duro ajuste de los últimos años logró llegar al equilibrio.
 
Con todo, el resultado consolidado de las 23 provincias llega al 1,5% de su PBG tras un breve período de superávit.
 
El consultor Félix Piacentini y ex director Nacional de Asuntos Provinciales destacó que "probablemente Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Chaco, Córdoba y Tucumán tengan un panorama peor que el resto", aunque aclaró que "en ningún caso es dramático" y dependerá de la contención que puedan hacer los gobernadores en las paritarias.
 
Por Ignacio Ostera
 
Fuente: BAE Negocios
 

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01-10-2020 / 11:10
La Corte Suprema de Justicia volvió a mostrar que es la cabeza de un poder elitista y aristocrático que se rige por criterios que no siempre tienen a la Constitución y a la Ley como norte. La aceptación del per saltum presentado por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, trasladados "a dedo" por Mauricio Macri sin acuerdo del Senado, interrumpe la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo como si el caso tuviera la gravedad institucional que exige ese instrumento de excepción.
 
La oposición macrista había acompañado la presión de Clarín con un escrache fascista para que Ricardo Lorenzetti votara este fallo, cosa que sucedió. Aunque es cierto que la Corte Suprema no resolvió la cuestión de fondo, es decir la aceptación o el rechazo de los peticionantes, por lo cual el festejo de la derecha política y mediática es prematuro como también lo es el enojo del Gobierno nacional.
 
Pero el solo hecho de aceptar jugar este juego, tal como se lo viene exigiendo el bombardeo de los grandes medios macristas porteños, precipita un conflicto de poderes al poner en tela de juicio la intervención del Senado en la búsqueda de superar el enchastre que dejó Mauricio Macri con estos y otros traslados de jueces al estilo de un monarca.
 
La derecha está eufórica porque -dice- la Corte emite una "señal de fortaleza" a los otros dos poderes del Estado. Lo que no dice -porque desnuda su intención y su esencia- es que, a la vez, da una señal de debilidad, de sumisión, a los poderes fácticos, económicos y mediáticos, los que no necesitan del voto popular.
 
Esta Corte que saca pecho ante el gobierno del Frente de Todos, ¿qué hizo durante el cuatrienio macrista cuando los jueces eran hostigados y volteados como muñecos por el contenido de sus sentencias, o apretados por la "mesa judicial", ese engendro que no escandalizaba ni a los cortesanos ni a la gran prensa hegemónica?
 

01-10-2020 / 09:10
La crisis económica y social causada por la pandemia volvió a visibilizarse esta vez en forma de números: 11,7 millones de personas quedaron bajo la línea de pobreza, el 40,9 por ciento de la población residente en los 31 aglomerados urbanos que releva el Indec. De ese total, el 10,5 por ciento son indigentes. Es decir, no alcanzan a cubrir una canasta básica alimentaria. Se trata de 2,9 millones de personas.
 
Los datos corresponden al primer semestre del año, que estuvo marcado por una fuerte caída de los ingresos y el aumento de la desocupación como consecuencia no deseada de las medidas de aislamiento preventivo para frenar el avance de la covid-19. En su comparación interanual, la pobreza subió 5,5 puntos porcentuales, desde el 34,5 por ciento que registraba entonces el indicador oficial. La indigencia pasó de 7,7 a 10,5, con un alza interanual de 2,8 puntos porcentuales.
 
Estas cifras profundizan una crisis que parecía haber tocado fondo hacia el fin del gobierno de Mauricio Macri: el candidato que prometía pobreza cero entregó un país con 35,5 por ciento de personas bajo la línea de pobreza y 8 por ciento de indigencia. A pesar de la profundización de la recesión que generó el coronavirus, el balance contra 2019 marca que Cambiemos provocó un mayor aumento de la pobreza en un contexto de normalidad.
 
La política económica del macrismo pegó tan duro como la pandemia: la pobreza en Argentina aumentó 5,4 por ciento durante los meses más severos de la crisis sanitaria que castiga a la humanidad, y 5,2 por ciento durante la gestión de Macri, que en el segundo semestre de 2016, el primer dato oficial que publica el Indec, afrontaba una pobreza del 30,3 por ciento. 

30-09-2020 / 10:09
30-09-2020 / 10:09
En el marco de la ofensiva de la derecha mediática, política y empresarial, los cinco jueces supremos dejaron de lado sus notorias diferencias para plantar una ficha en el tablero de la política. Con la decisión unánime de hacer lugar a un per saltum y congelar la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta definir el fondo de la cuestión el máximo tribunal se coloca en una posición supraconstitucional de árbitros institucionales, pasando por encima de los procedimientos previstos y la voluntad de los tres poderes del Estado sin haber acreditado una urgencia para hacerlo.
 
Incluso si la sentencia definitiva resuelve que los magistrados deben regresar a los cargos para los que tienen acuerdo, resultará que todo lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Presidente de la Nación y los jueces y fiscales de instancias inferiores, siempre de acuerdo a las normas constitucionales, queda supeditado al capricho de una Corte que, cínicamente en nombre de la "República", se adjudica más poderes que los que establece la Constitución. Todo cimentado sobre una legitimidad que otorgan cero votos.
 
Si, por el contrario, falla a favor de los tres jueces que habían sido trasladados a dedo por Mauricio Macri, le darán un golpe mortal al esquema jurídico. Con ese antecedente, todos los cargos vacantes podrían cubrirse a dedo, prescindiendo de los concursos y del acuerdo del Senado, echando por tierra el procedimiento previsto por los constituyentes. En cualquiera de los casos, los cinco supremos se habrán arrogado más facultades que las que ya tienen, que no son escasas: un grosero avance sobre las instituciones.
 
En el gobierno no dudan de que el apuro que mostró el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al que se plegaron los otros jueces del cuerpo es la prueba que delata el carácter político de la decisión que tomaron para defender la casta judicial. El hecho de que cuatro de los cinco asistieran al Palacio en lugar de acordar de manera telemática, tal como venían haciendo, también se leyó en el mismo sentido. Sabemos la Corte tenemos: una casta macrista, privilegiada y reaccionaria, hostil a todo interés popular.
 

29-09-2020 / 10:09
La causa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix va camino a la nulidad tantas veces planteada por las víctimas de esa maniobra de persecución mediático judicial. La Cámara de Casación ordenó que le entreguen los registros audiovisuales de las declaraciones de los arrepentidos, que fueron la piedra basal de las acusaciones pese a que nunca se confirmó nada de lo que supuestamente confesaron y, lo importante, nunca se mostraron esas grabaciones.
 
La ley del Arrepentido, instrumento Made in USA impulsado por el propio Mauricio Macri, exige que se registren esos acuerdos de colaboración que se daban con el fiscal Carlos Stornelli y luego convalidaba el juez Claudio Bonadio.  
 
Nunca mostraron esos registros pero los jueces trasladados a dedo por Macri, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, convalidaron todo en base a lo que Bonadio y Stornelli plasmaban por escrito. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal del país, exige lo obvio, lo que dice la ley.
 
La resolución llegó tras una audiencia con planteos de varios abogados defensores de funcionarios y empresarios encuadernados, y dice: "Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase -con carácter de urgente- al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 remita a esta judicatura soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos".
 
Distintos abogados y encuadernados reclamaron desde el inicio del expediente el acceso a esas grabaciones, si es que existen. Si no existen violaron la ley.
 

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