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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 23-03-2020 / 09:03
CON LOS PIES EN LA TIERRA

Cómo afecta la cuarentena a las villas y barrios populares, donde no tienen las posibilidades de aislamiento de las clases medias

Cómo afecta la cuarentena a las villas y barrios populares, donde no tienen las posibilidades de aislamiento de las clases medias
Los más pobres son la primera línea de fuego en la batalla infectológica. Cuatro millones de personas viven hacinadas en el Gran Buenos Aires y en el interior profundo, sin posibilidad de trabajar en casa con el problema de la provisión de agua y alimentos. Hasta lavarse las manos es complejo. El gobierno prepara medidas urgentes para contener la situación de las personas que están fuera del sistema económico formal, donde el impacto de la cuarentena obligatoria pega más duro.
Los más pobres son la primera línea de fuego en la batalla infectológica. Cuatro millones de personas viven hacinadas en el Gran Buenos Aires y en el interior profundo, sin posibilidad de trabajar en casa con el problema de la provisión de agua y alimentos. Hasta lavarse las manos es complejo.
 
Los otros son los cuentapropistas que en el país totalizan 1,7 millón de personas. Los autónomos son unos 400.000 casos y casi la misma cifra corresponde a los monotributistas sociales, que pueden llegar a tener un ingreso. Ese ejército de trabajadores, que dependen de lo que ganan durante el día, está demasiado expuesto a una pandemia sin precedentes. Para ellos diez días son una eternidad, sin ingresos, son la gran depresión.
 
¿Cuáles son las medidas que prepara el Gobierno para reemplazar las changas y la falta de ingresos? ¿Cuál es el plan del Gobierno para brindar asistencia a los que viven aislados en medio de la precariedad?
 
El enfoque informativo predominante supone que toda la Argentina tiene las posibilidades de aislamiento de la clase media. En el país, sin embargo, cuatro millones de personas viven en barrios populares, de urbanización precaria, lo que en muchos casos significa condiciones de hacinamiento y ninguna posibilidad de hacer trabajo en casa.
 
A eso se suman dificultades más básicas: lavarse frecuentemente las manos es una recomendación difícil cuando la red de agua potable es una canilla de uso compartido en un pasillo.
 
Estas condiciones instaladas por la pobreza estructural, las de un país que no es Italia ni España, están enfrentando al Estado y especialmente a la militancia social a pensar otras medidas para que la cuarentena pueda implementarse.
 
Especialmente en el conurbano, donde los funcionarios, intendentes y referentes barriales señalan que la clave, en los días que vienen, va a ser garantizar la distribución de alimentos.
 
En este marco, el gobierno nacional analiza para el caso de que el confinamiento deba prolongarse ampliar la asistencia económica a los que dependen enteramente de changas y no tienen planes sociales. Las estimaciones no oficiales señalan que están en esa situación un millón de argentinos.
 
La Opinión Popular

 
Diario de la cuarentena
  
Desde diciembre, un importante sector de los movimientos sociales ingresó a cargos de gestión en el gobierno. En el ministerio de Desarrollo Social hay una secretaría y dos direcciones a cargo de referentes de las organizaciones; entre ellos está el coordinador de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que hoy es uno de los encargados de armar un plan de realización de pequeñas obras locales para que menos personas se desplacen buscando changas.
 
Mariel Fernández, formada en la militancia del Movimiento Evita, es intendenta de Moreno, un municipio que condensa en dos datos la vida precaria, ya que tiene 500 mil habitantes y un solo hospital.
 
Fernanda Miño, militante de la villa La Cava, en San Isidro, es secretaria de Integración Sociourbana, una dirección del Estado creada para resolver el problema del acceso al agua en las villas y asentamientos. En los cuatro mil cuatrocientos barrios populares del país, el 93,5 por ciento no tiene acceso formal a la red de Agua Potable.
 
Estos dirigentes contaron a Página/12 cómo ven, desde su condición de militantes en contacto directo con la realidad de los asentamientos y desde su posición como funcionarios que participan en el diseño de políticas, la atención de la pandemia en los barrios populares.
 
 
Refuerzo alimentario
  
"Resguardarse en la casa es un elemento importante, pero que no alcanza en los sectores más humildes, que no tienen las condiciones de la clase media", señala Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social. Es sábado al mediodía y él está en un comedor en Villa Inflamable.
 
"Lo que estamos viendo, en general, es que la gente está en la puerta de la casa pero sin salir del barrio, como si fuera un domingo. La actividad comunitaria sí es mayor, porque hay más gente entregando viandas en los comedores y aumentó el número de familias y de chicos que vienen a pedir a alimentos".
 
En este sentido, lo que se ve venir es un esquema en el que la militancia social cubra la logística necesaria para que las familias no se queden sin alimentos.
 
Para Menéndez "es impensado que la gente de los sectores populares se recluya en sus casas como puede hacerlo la clase media, porque las casas son de una precariedad en muchos casos muy grande, porque hay problemas de hacinamiento, entonces hay que encontrar mecanismos para que la comunidad, en el barrio, pueda pensarse como una unidad de aislamiento. En ese sentido, sabiendo que puede haber movimiento, que el movimiento esté organizado para que haya trabajo, que haya actividad y posibilidad de acceder a los alimentos".
 
El ministerio de Desarrollo Social apura por esto la realización de pequeñas obras de infraestructura en los barrios para generar trabajo local, que ayude a limitar la circulación de las personas y funcione, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas.
 
 
Hoteles y hospitales
  
"Ayer nos reunimos con los supermercadistas de Moreno para que entiendan que van a tener que hacer donaciones, y también para que garanticen stock de mercadería para que los comedores escolares puedan armar las bolsas de alimentos", contó Mariel Fernández, intendenta del distrito del conurbano con un solo hospital para 500 mil habitantes. "Estamos haciendo todos los esfuerzos pero hay realidades objetivas".
 
Ubicado en el segundo y tercer cordón, Moreno es uno de los seis municipios del Gran Buenos Aires con niveles más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas, de acuerdo a datos del Observatorio de la Universidad de General Sarmiento.
 
Sobre el aislamiento, la intendenta apunta que "en realidad, lo que intentamos hacer es que la gente se quede en el barrio. Estar adentro es difícil por el tema de la precariedad de las viviendas; no es lo mismo que en una familia de los sectores medios altos, que tiene las comodidades para quedarse en su casa. Yo insisto mucho en que hay garantizar el alimento, porque nadie puede quedarse si no lo tiene".
 
El viernes, la Nación envió a la intendencia 10 millones de pesos para alimentos y la compra de materiales de construcción que permitan generar las primeras obras de mejoramiento y empleo local.
 
También el gobernador Axel Kicillof destinó una partida de 300 millones a distribuir entre los 135 municipios de la provincia en la emergencia sanitaria. Aunque --paradojas de las decisiones rápidas en tiempos de crisis-- Moreno, por tener un solo hospital, recibirá menos que otros distritos, ya que el índiice de reparto es la coparticipación, que destina más fondos cuando se tienen más hospitales.
 
La preocupación está puesta en la demanda de salud que va a producirse en el pico del contagio, esperado para finales de abril o principios de mayo. Ya está anunciado que en Moreno se va a construir uno de los 5 hospitales modulares destinados al Conurbano pensados para la internación de pacientes con coronavirus.
 
Como en otras localidades, el municipio tomó la idea de utilizar los hoteles sindicales para las personas que necesiten aislamiento. Hay un solo hotel, del Sindicato del Seguro, que se puso a disposición.
 
 
Donde falta el agua
  
La secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño vive en La Cava, la villa más emblemática de San Isidro. "Los barrios son un mundo aparte", indica.
 
"Más allá de lo difícil que es respetar la cuarentena para cualquiera, la casa es chica, hay muchas situaciones familiares, indefectiblemente los vecinos salen a los pasillos o a la calle más cercana. No vamos a hacer cola al supermercado porque no hay plata para llenar la heladera, pero si a la única canilla de agua la tenés en la esquina de tu casa no te queda otra que salir", dice a Página/12.
 
A su criterio, el principal obstáculo para sostener el aislamiento en las villas y asentamientos de Buenos Aires es el hacinamiento, y en el interior la falta de agua.
 
Explica también que el mapa de barrios populares con las 4400 urbanizaciones precarias del país fue armado tomando las viviendas en las que faltan dos o más de los servicios de agua, electricidad o cloacas.
 
"En general, es el agua, que llega a las casas conectada irregularmente y puede no ser potable, y la cloaca. Sumados a la falta de trabajo y al tema del alimento, la pandemia viene a desafiar todavía más la posibilidad de salir adelante de las personas más vulneradas. Y también creo que va a hacer más difícil la concientización de lo que significa la pandemia, porque la gente no tiene el recurso para prevenirse".
 
Miño cree que las municipalidades van a tener que asumir el trabajo de ir a los barrios, llevar los bolsones a cada casa en lugar de hacer ir a la gente a un lugar donde puede amontonarse, hacer ruedas sanitarias con los elementos básicos. "Siempre hay una organización social, además, que se pone esto al hombro, que se pone el guante y el barbijo y sale a repartir".
 
 
Estudian ampliar las medidas para los trabajadores informales
 
El gobierno nacional analiza implementar otras medidas de ayuda para las personas de sectores vulnerables que dependen de actividades informales y no perciben ningún ingreso del Estado, en el caso de las medidas de aislamiento se prologuen más allá de estos diez días. La idea es la de un subsidio de 5 mil pesos durante tres meses.
 
En el país hoy existen tres grandes esquemas de cobertura: la Asignación Universal por Hijo, los planes sociales y las jubilaciones y pensiones. Por afuera de eso hay una población que están entre los 40 y 60 años, que tiene hijos ya mayores de 18 años, por lo que ya no recibe la AUH y carece de empleo formal.
 
El comercio en las ferias, los talleres familiares, las pequeñas obras de construccion, la venta ambulante, los puestos de comida al paso, el manejo de remises, pequeñas verdulerías, almacenes y peluquerías abiertos por vecinos en sus casas son algunas de las actividades dentro de una infinidad de rebusques no registrados, con ingresos de subsistencia y por afuera de la figura del monotributo.
 
La informalidad hace imposible medir cuántos están en esta situación. Hay referentes sociales que hacen una estimación, en el aire, de un millón de personas. El parate en la actividad puede, claramente, dejar a esta franja sin ninguna vía de ingresos.
 
 
El programa de trabajo local
 
El programa de pequeñas obras de infraestructura en los barrios populares para generar trabajo local tiene el objetivo de limitar la circulación de las personas y funcionar, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas. La medida fue anticipada el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo confirmó a su vez un paquete destinado para los sectores más vulnerables.
 
Las obras en las que se piensa son de mejoramiento, como pintar escuelas, hacer veredas, arreglar centros comunitarios, con un criterio de permitir a las personas trabajar en el barrio, sin tener que viajar. Todavía no está definido cuál será el pago por estos trabajos. Un criterio cercano es el que se utilizó en febrero con los arreglos de escuelas, cuando los trabajadores cobraron el doble de un plan social, es decir 17 mil pesos, aunque también está en estudio un esquema de módulos o complementos.
 
El Estado Nacional, por otra parte, reforzó los ingresos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de planes sociales con un bono de 3000 mil pesos. Este plus abarcó a 556 mil personas.
 
La decisión de las obras a realizar estará a cargo de unidades ejecutoras integradas por los intendentes, las gobernaciones y los movimientos sociales.
 
El paquete combina ingresos con trabajo: al bono se le sumará el envío de insumos, materiales y herramientas para hacer posible la realización de las obras de infraestructura en salitas sanitarias, clubes de barrio, escuelas o viviendas precarias.
 
Por Laura Vales
 
Fuente: Página12
 

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Cómo afecta la cuarentena a las villas y barrios populares, donde no tienen las posibilidades de aislamiento de las clases medias
La contención social para sector informal ahora pasó al tope de la agenda de Alberto Fernández. Ante la preocupación de gobernadores e intendentes, se definió como prioridad la ayuda a los millones no asalariados.
20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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