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Nacionales - 23-03-2020 / 09:03
CON LOS PIES EN LA TIERRA

Cómo afecta la cuarentena a las villas y barrios populares, donde no tienen las posibilidades de aislamiento de las clases medias

Cómo afecta la cuarentena a las villas y barrios populares, donde no tienen las posibilidades de aislamiento de las clases medias
Los más pobres son la primera línea de fuego en la batalla infectológica. Cuatro millones de personas viven hacinadas en el Gran Buenos Aires y en el interior profundo, sin posibilidad de trabajar en casa con el problema de la provisión de agua y alimentos. Hasta lavarse las manos es complejo. El gobierno prepara medidas urgentes para contener la situación de las personas que están fuera del sistema económico formal, donde el impacto de la cuarentena obligatoria pega más duro.
Los más pobres son la primera línea de fuego en la batalla infectológica. Cuatro millones de personas viven hacinadas en el Gran Buenos Aires y en el interior profundo, sin posibilidad de trabajar en casa con el problema de la provisión de agua y alimentos. Hasta lavarse las manos es complejo.
 
Los otros son los cuentapropistas que en el país totalizan 1,7 millón de personas. Los autónomos son unos 400.000 casos y casi la misma cifra corresponde a los monotributistas sociales, que pueden llegar a tener un ingreso. Ese ejército de trabajadores, que dependen de lo que ganan durante el día, está demasiado expuesto a una pandemia sin precedentes. Para ellos diez días son una eternidad, sin ingresos, son la gran depresión.
 
¿Cuáles son las medidas que prepara el Gobierno para reemplazar las changas y la falta de ingresos? ¿Cuál es el plan del Gobierno para brindar asistencia a los que viven aislados en medio de la precariedad?
 
El enfoque informativo predominante supone que toda la Argentina tiene las posibilidades de aislamiento de la clase media. En el país, sin embargo, cuatro millones de personas viven en barrios populares, de urbanización precaria, lo que en muchos casos significa condiciones de hacinamiento y ninguna posibilidad de hacer trabajo en casa.
 
A eso se suman dificultades más básicas: lavarse frecuentemente las manos es una recomendación difícil cuando la red de agua potable es una canilla de uso compartido en un pasillo.
 
Estas condiciones instaladas por la pobreza estructural, las de un país que no es Italia ni España, están enfrentando al Estado y especialmente a la militancia social a pensar otras medidas para que la cuarentena pueda implementarse.
 
Especialmente en el conurbano, donde los funcionarios, intendentes y referentes barriales señalan que la clave, en los días que vienen, va a ser garantizar la distribución de alimentos.
 
En este marco, el gobierno nacional analiza para el caso de que el confinamiento deba prolongarse ampliar la asistencia económica a los que dependen enteramente de changas y no tienen planes sociales. Las estimaciones no oficiales señalan que están en esa situación un millón de argentinos.
 
La Opinión Popular

 
Diario de la cuarentena
  
Desde diciembre, un importante sector de los movimientos sociales ingresó a cargos de gestión en el gobierno. En el ministerio de Desarrollo Social hay una secretaría y dos direcciones a cargo de referentes de las organizaciones; entre ellos está el coordinador de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que hoy es uno de los encargados de armar un plan de realización de pequeñas obras locales para que menos personas se desplacen buscando changas.
 
Mariel Fernández, formada en la militancia del Movimiento Evita, es intendenta de Moreno, un municipio que condensa en dos datos la vida precaria, ya que tiene 500 mil habitantes y un solo hospital.
 
Fernanda Miño, militante de la villa La Cava, en San Isidro, es secretaria de Integración Sociourbana, una dirección del Estado creada para resolver el problema del acceso al agua en las villas y asentamientos. En los cuatro mil cuatrocientos barrios populares del país, el 93,5 por ciento no tiene acceso formal a la red de Agua Potable.
 
Estos dirigentes contaron a Página/12 cómo ven, desde su condición de militantes en contacto directo con la realidad de los asentamientos y desde su posición como funcionarios que participan en el diseño de políticas, la atención de la pandemia en los barrios populares.
 
 
Refuerzo alimentario
  
"Resguardarse en la casa es un elemento importante, pero que no alcanza en los sectores más humildes, que no tienen las condiciones de la clase media", señala Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social. Es sábado al mediodía y él está en un comedor en Villa Inflamable.
 
"Lo que estamos viendo, en general, es que la gente está en la puerta de la casa pero sin salir del barrio, como si fuera un domingo. La actividad comunitaria sí es mayor, porque hay más gente entregando viandas en los comedores y aumentó el número de familias y de chicos que vienen a pedir a alimentos".
 
En este sentido, lo que se ve venir es un esquema en el que la militancia social cubra la logística necesaria para que las familias no se queden sin alimentos.
 
Para Menéndez "es impensado que la gente de los sectores populares se recluya en sus casas como puede hacerlo la clase media, porque las casas son de una precariedad en muchos casos muy grande, porque hay problemas de hacinamiento, entonces hay que encontrar mecanismos para que la comunidad, en el barrio, pueda pensarse como una unidad de aislamiento. En ese sentido, sabiendo que puede haber movimiento, que el movimiento esté organizado para que haya trabajo, que haya actividad y posibilidad de acceder a los alimentos".
 
El ministerio de Desarrollo Social apura por esto la realización de pequeñas obras de infraestructura en los barrios para generar trabajo local, que ayude a limitar la circulación de las personas y funcione, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas.
 
 
Hoteles y hospitales
  
"Ayer nos reunimos con los supermercadistas de Moreno para que entiendan que van a tener que hacer donaciones, y también para que garanticen stock de mercadería para que los comedores escolares puedan armar las bolsas de alimentos", contó Mariel Fernández, intendenta del distrito del conurbano con un solo hospital para 500 mil habitantes. "Estamos haciendo todos los esfuerzos pero hay realidades objetivas".
 
Ubicado en el segundo y tercer cordón, Moreno es uno de los seis municipios del Gran Buenos Aires con niveles más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas, de acuerdo a datos del Observatorio de la Universidad de General Sarmiento.
 
Sobre el aislamiento, la intendenta apunta que "en realidad, lo que intentamos hacer es que la gente se quede en el barrio. Estar adentro es difícil por el tema de la precariedad de las viviendas; no es lo mismo que en una familia de los sectores medios altos, que tiene las comodidades para quedarse en su casa. Yo insisto mucho en que hay garantizar el alimento, porque nadie puede quedarse si no lo tiene".
 
El viernes, la Nación envió a la intendencia 10 millones de pesos para alimentos y la compra de materiales de construcción que permitan generar las primeras obras de mejoramiento y empleo local.
 
También el gobernador Axel Kicillof destinó una partida de 300 millones a distribuir entre los 135 municipios de la provincia en la emergencia sanitaria. Aunque --paradojas de las decisiones rápidas en tiempos de crisis-- Moreno, por tener un solo hospital, recibirá menos que otros distritos, ya que el índiice de reparto es la coparticipación, que destina más fondos cuando se tienen más hospitales.
 
La preocupación está puesta en la demanda de salud que va a producirse en el pico del contagio, esperado para finales de abril o principios de mayo. Ya está anunciado que en Moreno se va a construir uno de los 5 hospitales modulares destinados al Conurbano pensados para la internación de pacientes con coronavirus.
 
Como en otras localidades, el municipio tomó la idea de utilizar los hoteles sindicales para las personas que necesiten aislamiento. Hay un solo hotel, del Sindicato del Seguro, que se puso a disposición.
 
 
Donde falta el agua
  
La secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño vive en La Cava, la villa más emblemática de San Isidro. "Los barrios son un mundo aparte", indica.
 
"Más allá de lo difícil que es respetar la cuarentena para cualquiera, la casa es chica, hay muchas situaciones familiares, indefectiblemente los vecinos salen a los pasillos o a la calle más cercana. No vamos a hacer cola al supermercado porque no hay plata para llenar la heladera, pero si a la única canilla de agua la tenés en la esquina de tu casa no te queda otra que salir", dice a Página/12.
 
A su criterio, el principal obstáculo para sostener el aislamiento en las villas y asentamientos de Buenos Aires es el hacinamiento, y en el interior la falta de agua.
 
Explica también que el mapa de barrios populares con las 4400 urbanizaciones precarias del país fue armado tomando las viviendas en las que faltan dos o más de los servicios de agua, electricidad o cloacas.
 
"En general, es el agua, que llega a las casas conectada irregularmente y puede no ser potable, y la cloaca. Sumados a la falta de trabajo y al tema del alimento, la pandemia viene a desafiar todavía más la posibilidad de salir adelante de las personas más vulneradas. Y también creo que va a hacer más difícil la concientización de lo que significa la pandemia, porque la gente no tiene el recurso para prevenirse".
 
Miño cree que las municipalidades van a tener que asumir el trabajo de ir a los barrios, llevar los bolsones a cada casa en lugar de hacer ir a la gente a un lugar donde puede amontonarse, hacer ruedas sanitarias con los elementos básicos. "Siempre hay una organización social, además, que se pone esto al hombro, que se pone el guante y el barbijo y sale a repartir".
 
 
Estudian ampliar las medidas para los trabajadores informales
 
El gobierno nacional analiza implementar otras medidas de ayuda para las personas de sectores vulnerables que dependen de actividades informales y no perciben ningún ingreso del Estado, en el caso de las medidas de aislamiento se prologuen más allá de estos diez días. La idea es la de un subsidio de 5 mil pesos durante tres meses.
 
En el país hoy existen tres grandes esquemas de cobertura: la Asignación Universal por Hijo, los planes sociales y las jubilaciones y pensiones. Por afuera de eso hay una población que están entre los 40 y 60 años, que tiene hijos ya mayores de 18 años, por lo que ya no recibe la AUH y carece de empleo formal.
 
El comercio en las ferias, los talleres familiares, las pequeñas obras de construccion, la venta ambulante, los puestos de comida al paso, el manejo de remises, pequeñas verdulerías, almacenes y peluquerías abiertos por vecinos en sus casas son algunas de las actividades dentro de una infinidad de rebusques no registrados, con ingresos de subsistencia y por afuera de la figura del monotributo.
 
La informalidad hace imposible medir cuántos están en esta situación. Hay referentes sociales que hacen una estimación, en el aire, de un millón de personas. El parate en la actividad puede, claramente, dejar a esta franja sin ninguna vía de ingresos.
 
 
El programa de trabajo local
 
El programa de pequeñas obras de infraestructura en los barrios populares para generar trabajo local tiene el objetivo de limitar la circulación de las personas y funcionar, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas. La medida fue anticipada el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo confirmó a su vez un paquete destinado para los sectores más vulnerables.
 
Las obras en las que se piensa son de mejoramiento, como pintar escuelas, hacer veredas, arreglar centros comunitarios, con un criterio de permitir a las personas trabajar en el barrio, sin tener que viajar. Todavía no está definido cuál será el pago por estos trabajos. Un criterio cercano es el que se utilizó en febrero con los arreglos de escuelas, cuando los trabajadores cobraron el doble de un plan social, es decir 17 mil pesos, aunque también está en estudio un esquema de módulos o complementos.
 
El Estado Nacional, por otra parte, reforzó los ingresos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de planes sociales con un bono de 3000 mil pesos. Este plus abarcó a 556 mil personas.
 
La decisión de las obras a realizar estará a cargo de unidades ejecutoras integradas por los intendentes, las gobernaciones y los movimientos sociales.
 
El paquete combina ingresos con trabajo: al bono se le sumará el envío de insumos, materiales y herramientas para hacer posible la realización de las obras de infraestructura en salitas sanitarias, clubes de barrio, escuelas o viviendas precarias.
 
Por Laura Vales
 
Fuente: Página12
 

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Cómo afecta la cuarentena a las villas y barrios populares, donde no tienen las posibilidades de aislamiento de las clases medias
La contención social para sector informal ahora pasó al tope de la agenda de Alberto Fernández. Ante la preocupación de gobernadores e intendentes, se definió como prioridad la ayuda a los millones no asalariados.
18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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