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"El día que la pandemia termine va a haber un banderazo de los argentinos de bien". Alberto Fernández
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Nacionales - 23-03-2020 / 09:03
CON LOS PIES EN LA TIERRA

Cómo afecta la cuarentena a las villas y barrios populares, donde no tienen las posibilidades de aislamiento de las clases medias

Cómo afecta la cuarentena a las villas y barrios populares, donde no tienen las posibilidades de aislamiento de las clases medias
Los más pobres son la primera línea de fuego en la batalla infectológica. Cuatro millones de personas viven hacinadas en el Gran Buenos Aires y en el interior profundo, sin posibilidad de trabajar en casa con el problema de la provisión de agua y alimentos. Hasta lavarse las manos es complejo. El gobierno prepara medidas urgentes para contener la situación de las personas que están fuera del sistema económico formal, donde el impacto de la cuarentena obligatoria pega más duro.
Los más pobres son la primera línea de fuego en la batalla infectológica. Cuatro millones de personas viven hacinadas en el Gran Buenos Aires y en el interior profundo, sin posibilidad de trabajar en casa con el problema de la provisión de agua y alimentos. Hasta lavarse las manos es complejo.
 
Los otros son los cuentapropistas que en el país totalizan 1,7 millón de personas. Los autónomos son unos 400.000 casos y casi la misma cifra corresponde a los monotributistas sociales, que pueden llegar a tener un ingreso. Ese ejército de trabajadores, que dependen de lo que ganan durante el día, está demasiado expuesto a una pandemia sin precedentes. Para ellos diez días son una eternidad, sin ingresos, son la gran depresión.
 
¿Cuáles son las medidas que prepara el Gobierno para reemplazar las changas y la falta de ingresos? ¿Cuál es el plan del Gobierno para brindar asistencia a los que viven aislados en medio de la precariedad?
 
El enfoque informativo predominante supone que toda la Argentina tiene las posibilidades de aislamiento de la clase media. En el país, sin embargo, cuatro millones de personas viven en barrios populares, de urbanización precaria, lo que en muchos casos significa condiciones de hacinamiento y ninguna posibilidad de hacer trabajo en casa.
 
A eso se suman dificultades más básicas: lavarse frecuentemente las manos es una recomendación difícil cuando la red de agua potable es una canilla de uso compartido en un pasillo.
 
Estas condiciones instaladas por la pobreza estructural, las de un país que no es Italia ni España, están enfrentando al Estado y especialmente a la militancia social a pensar otras medidas para que la cuarentena pueda implementarse.
 
Especialmente en el conurbano, donde los funcionarios, intendentes y referentes barriales señalan que la clave, en los días que vienen, va a ser garantizar la distribución de alimentos.
 
En este marco, el gobierno nacional analiza para el caso de que el confinamiento deba prolongarse ampliar la asistencia económica a los que dependen enteramente de changas y no tienen planes sociales. Las estimaciones no oficiales señalan que están en esa situación un millón de argentinos.
 
La Opinión Popular

 
Diario de la cuarentena
  
Desde diciembre, un importante sector de los movimientos sociales ingresó a cargos de gestión en el gobierno. En el ministerio de Desarrollo Social hay una secretaría y dos direcciones a cargo de referentes de las organizaciones; entre ellos está el coordinador de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que hoy es uno de los encargados de armar un plan de realización de pequeñas obras locales para que menos personas se desplacen buscando changas.
 
Mariel Fernández, formada en la militancia del Movimiento Evita, es intendenta de Moreno, un municipio que condensa en dos datos la vida precaria, ya que tiene 500 mil habitantes y un solo hospital.
 
Fernanda Miño, militante de la villa La Cava, en San Isidro, es secretaria de Integración Sociourbana, una dirección del Estado creada para resolver el problema del acceso al agua en las villas y asentamientos. En los cuatro mil cuatrocientos barrios populares del país, el 93,5 por ciento no tiene acceso formal a la red de Agua Potable.
 
Estos dirigentes contaron a Página/12 cómo ven, desde su condición de militantes en contacto directo con la realidad de los asentamientos y desde su posición como funcionarios que participan en el diseño de políticas, la atención de la pandemia en los barrios populares.
 
 
Refuerzo alimentario
  
"Resguardarse en la casa es un elemento importante, pero que no alcanza en los sectores más humildes, que no tienen las condiciones de la clase media", señala Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social. Es sábado al mediodía y él está en un comedor en Villa Inflamable.
 
"Lo que estamos viendo, en general, es que la gente está en la puerta de la casa pero sin salir del barrio, como si fuera un domingo. La actividad comunitaria sí es mayor, porque hay más gente entregando viandas en los comedores y aumentó el número de familias y de chicos que vienen a pedir a alimentos".
 
En este sentido, lo que se ve venir es un esquema en el que la militancia social cubra la logística necesaria para que las familias no se queden sin alimentos.
 
Para Menéndez "es impensado que la gente de los sectores populares se recluya en sus casas como puede hacerlo la clase media, porque las casas son de una precariedad en muchos casos muy grande, porque hay problemas de hacinamiento, entonces hay que encontrar mecanismos para que la comunidad, en el barrio, pueda pensarse como una unidad de aislamiento. En ese sentido, sabiendo que puede haber movimiento, que el movimiento esté organizado para que haya trabajo, que haya actividad y posibilidad de acceder a los alimentos".
 
El ministerio de Desarrollo Social apura por esto la realización de pequeñas obras de infraestructura en los barrios para generar trabajo local, que ayude a limitar la circulación de las personas y funcione, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas.
 
 
Hoteles y hospitales
  
"Ayer nos reunimos con los supermercadistas de Moreno para que entiendan que van a tener que hacer donaciones, y también para que garanticen stock de mercadería para que los comedores escolares puedan armar las bolsas de alimentos", contó Mariel Fernández, intendenta del distrito del conurbano con un solo hospital para 500 mil habitantes. "Estamos haciendo todos los esfuerzos pero hay realidades objetivas".
 
Ubicado en el segundo y tercer cordón, Moreno es uno de los seis municipios del Gran Buenos Aires con niveles más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas, de acuerdo a datos del Observatorio de la Universidad de General Sarmiento.
 
Sobre el aislamiento, la intendenta apunta que "en realidad, lo que intentamos hacer es que la gente se quede en el barrio. Estar adentro es difícil por el tema de la precariedad de las viviendas; no es lo mismo que en una familia de los sectores medios altos, que tiene las comodidades para quedarse en su casa. Yo insisto mucho en que hay garantizar el alimento, porque nadie puede quedarse si no lo tiene".
 
El viernes, la Nación envió a la intendencia 10 millones de pesos para alimentos y la compra de materiales de construcción que permitan generar las primeras obras de mejoramiento y empleo local.
 
También el gobernador Axel Kicillof destinó una partida de 300 millones a distribuir entre los 135 municipios de la provincia en la emergencia sanitaria. Aunque --paradojas de las decisiones rápidas en tiempos de crisis-- Moreno, por tener un solo hospital, recibirá menos que otros distritos, ya que el índiice de reparto es la coparticipación, que destina más fondos cuando se tienen más hospitales.
 
La preocupación está puesta en la demanda de salud que va a producirse en el pico del contagio, esperado para finales de abril o principios de mayo. Ya está anunciado que en Moreno se va a construir uno de los 5 hospitales modulares destinados al Conurbano pensados para la internación de pacientes con coronavirus.
 
Como en otras localidades, el municipio tomó la idea de utilizar los hoteles sindicales para las personas que necesiten aislamiento. Hay un solo hotel, del Sindicato del Seguro, que se puso a disposición.
 
 
Donde falta el agua
  
La secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño vive en La Cava, la villa más emblemática de San Isidro. "Los barrios son un mundo aparte", indica.
 
"Más allá de lo difícil que es respetar la cuarentena para cualquiera, la casa es chica, hay muchas situaciones familiares, indefectiblemente los vecinos salen a los pasillos o a la calle más cercana. No vamos a hacer cola al supermercado porque no hay plata para llenar la heladera, pero si a la única canilla de agua la tenés en la esquina de tu casa no te queda otra que salir", dice a Página/12.
 
A su criterio, el principal obstáculo para sostener el aislamiento en las villas y asentamientos de Buenos Aires es el hacinamiento, y en el interior la falta de agua.
 
Explica también que el mapa de barrios populares con las 4400 urbanizaciones precarias del país fue armado tomando las viviendas en las que faltan dos o más de los servicios de agua, electricidad o cloacas.
 
"En general, es el agua, que llega a las casas conectada irregularmente y puede no ser potable, y la cloaca. Sumados a la falta de trabajo y al tema del alimento, la pandemia viene a desafiar todavía más la posibilidad de salir adelante de las personas más vulneradas. Y también creo que va a hacer más difícil la concientización de lo que significa la pandemia, porque la gente no tiene el recurso para prevenirse".
 
Miño cree que las municipalidades van a tener que asumir el trabajo de ir a los barrios, llevar los bolsones a cada casa en lugar de hacer ir a la gente a un lugar donde puede amontonarse, hacer ruedas sanitarias con los elementos básicos. "Siempre hay una organización social, además, que se pone esto al hombro, que se pone el guante y el barbijo y sale a repartir".
 
 
Estudian ampliar las medidas para los trabajadores informales
 
El gobierno nacional analiza implementar otras medidas de ayuda para las personas de sectores vulnerables que dependen de actividades informales y no perciben ningún ingreso del Estado, en el caso de las medidas de aislamiento se prologuen más allá de estos diez días. La idea es la de un subsidio de 5 mil pesos durante tres meses.
 
En el país hoy existen tres grandes esquemas de cobertura: la Asignación Universal por Hijo, los planes sociales y las jubilaciones y pensiones. Por afuera de eso hay una población que están entre los 40 y 60 años, que tiene hijos ya mayores de 18 años, por lo que ya no recibe la AUH y carece de empleo formal.
 
El comercio en las ferias, los talleres familiares, las pequeñas obras de construccion, la venta ambulante, los puestos de comida al paso, el manejo de remises, pequeñas verdulerías, almacenes y peluquerías abiertos por vecinos en sus casas son algunas de las actividades dentro de una infinidad de rebusques no registrados, con ingresos de subsistencia y por afuera de la figura del monotributo.
 
La informalidad hace imposible medir cuántos están en esta situación. Hay referentes sociales que hacen una estimación, en el aire, de un millón de personas. El parate en la actividad puede, claramente, dejar a esta franja sin ninguna vía de ingresos.
 
 
El programa de trabajo local
 
El programa de pequeñas obras de infraestructura en los barrios populares para generar trabajo local tiene el objetivo de limitar la circulación de las personas y funcionar, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas. La medida fue anticipada el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo confirmó a su vez un paquete destinado para los sectores más vulnerables.
 
Las obras en las que se piensa son de mejoramiento, como pintar escuelas, hacer veredas, arreglar centros comunitarios, con un criterio de permitir a las personas trabajar en el barrio, sin tener que viajar. Todavía no está definido cuál será el pago por estos trabajos. Un criterio cercano es el que se utilizó en febrero con los arreglos de escuelas, cuando los trabajadores cobraron el doble de un plan social, es decir 17 mil pesos, aunque también está en estudio un esquema de módulos o complementos.
 
El Estado Nacional, por otra parte, reforzó los ingresos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de planes sociales con un bono de 3000 mil pesos. Este plus abarcó a 556 mil personas.
 
La decisión de las obras a realizar estará a cargo de unidades ejecutoras integradas por los intendentes, las gobernaciones y los movimientos sociales.
 
El paquete combina ingresos con trabajo: al bono se le sumará el envío de insumos, materiales y herramientas para hacer posible la realización de las obras de infraestructura en salitas sanitarias, clubes de barrio, escuelas o viviendas precarias.
 
Por Laura Vales
 
Fuente: Página12
 

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Cómo afecta la cuarentena a las villas y barrios populares, donde no tienen las posibilidades de aislamiento de las clases medias
La contención social para sector informal ahora pasó al tope de la agenda de Alberto Fernández. Ante la preocupación de gobernadores e intendentes, se definió como prioridad la ayuda a los millones no asalariados.
01-10-2020 / 11:10
La Corte Suprema de Justicia volvió a mostrar que es la cabeza de un poder elitista y aristocrático que se rige por criterios que no siempre tienen a la Constitución y a la Ley como norte. La aceptación del per saltum presentado por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, trasladados "a dedo" por Mauricio Macri sin acuerdo del Senado, interrumpe la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo como si el caso tuviera la gravedad institucional que exige ese instrumento de excepción.
 
La oposición macrista había acompañado la presión de Clarín con un escrache fascista para que Ricardo Lorenzetti votara este fallo, cosa que sucedió. Aunque es cierto que la Corte Suprema no resolvió la cuestión de fondo, es decir la aceptación o el rechazo de los peticionantes, por lo cual el festejo de la derecha política y mediática es prematuro como también lo es el enojo del Gobierno nacional.
 
Pero el solo hecho de aceptar jugar este juego, tal como se lo viene exigiendo el bombardeo de los grandes medios macristas porteños, precipita un conflicto de poderes al poner en tela de juicio la intervención del Senado en la búsqueda de superar el enchastre que dejó Mauricio Macri con estos y otros traslados de jueces al estilo de un monarca.
 
La derecha está eufórica porque -dice- la Corte emite una "señal de fortaleza" a los otros dos poderes del Estado. Lo que no dice -porque desnuda su intención y su esencia- es que, a la vez, da una señal de debilidad, de sumisión, a los poderes fácticos, económicos y mediáticos, los que no necesitan del voto popular.
 
Esta Corte que saca pecho ante el gobierno del Frente de Todos, ¿qué hizo durante el cuatrienio macrista cuando los jueces eran hostigados y volteados como muñecos por el contenido de sus sentencias, o apretados por la "mesa judicial", ese engendro que no escandalizaba ni a los cortesanos ni a la gran prensa hegemónica?
 

01-10-2020 / 09:10
La crisis económica y social causada por la pandemia volvió a visibilizarse esta vez en forma de números: 11,7 millones de personas quedaron bajo la línea de pobreza, el 40,9 por ciento de la población residente en los 31 aglomerados urbanos que releva el Indec. De ese total, el 10,5 por ciento son indigentes. Es decir, no alcanzan a cubrir una canasta básica alimentaria. Se trata de 2,9 millones de personas.
 
Los datos corresponden al primer semestre del año, que estuvo marcado por una fuerte caída de los ingresos y el aumento de la desocupación como consecuencia no deseada de las medidas de aislamiento preventivo para frenar el avance de la covid-19. En su comparación interanual, la pobreza subió 5,5 puntos porcentuales, desde el 34,5 por ciento que registraba entonces el indicador oficial. La indigencia pasó de 7,7 a 10,5, con un alza interanual de 2,8 puntos porcentuales.
 
Estas cifras profundizan una crisis que parecía haber tocado fondo hacia el fin del gobierno de Mauricio Macri: el candidato que prometía pobreza cero entregó un país con 35,5 por ciento de personas bajo la línea de pobreza y 8 por ciento de indigencia. A pesar de la profundización de la recesión que generó el coronavirus, el balance contra 2019 marca que Cambiemos provocó un mayor aumento de la pobreza en un contexto de normalidad.
 
La política económica del macrismo pegó tan duro como la pandemia: la pobreza en Argentina aumentó 5,4 por ciento durante los meses más severos de la crisis sanitaria que castiga a la humanidad, y 5,2 por ciento durante la gestión de Macri, que en el segundo semestre de 2016, el primer dato oficial que publica el Indec, afrontaba una pobreza del 30,3 por ciento. 

30-09-2020 / 10:09
30-09-2020 / 10:09
En el marco de la ofensiva de la derecha mediática, política y empresarial, los cinco jueces supremos dejaron de lado sus notorias diferencias para plantar una ficha en el tablero de la política. Con la decisión unánime de hacer lugar a un per saltum y congelar la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta definir el fondo de la cuestión el máximo tribunal se coloca en una posición supraconstitucional de árbitros institucionales, pasando por encima de los procedimientos previstos y la voluntad de los tres poderes del Estado sin haber acreditado una urgencia para hacerlo.
 
Incluso si la sentencia definitiva resuelve que los magistrados deben regresar a los cargos para los que tienen acuerdo, resultará que todo lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Presidente de la Nación y los jueces y fiscales de instancias inferiores, siempre de acuerdo a las normas constitucionales, queda supeditado al capricho de una Corte que, cínicamente en nombre de la "República", se adjudica más poderes que los que establece la Constitución. Todo cimentado sobre una legitimidad que otorgan cero votos.
 
Si, por el contrario, falla a favor de los tres jueces que habían sido trasladados a dedo por Mauricio Macri, le darán un golpe mortal al esquema jurídico. Con ese antecedente, todos los cargos vacantes podrían cubrirse a dedo, prescindiendo de los concursos y del acuerdo del Senado, echando por tierra el procedimiento previsto por los constituyentes. En cualquiera de los casos, los cinco supremos se habrán arrogado más facultades que las que ya tienen, que no son escasas: un grosero avance sobre las instituciones.
 
En el gobierno no dudan de que el apuro que mostró el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al que se plegaron los otros jueces del cuerpo es la prueba que delata el carácter político de la decisión que tomaron para defender la casta judicial. El hecho de que cuatro de los cinco asistieran al Palacio en lugar de acordar de manera telemática, tal como venían haciendo, también se leyó en el mismo sentido. Sabemos la Corte tenemos: una casta macrista, privilegiada y reaccionaria, hostil a todo interés popular.
 

29-09-2020 / 10:09
La causa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix va camino a la nulidad tantas veces planteada por las víctimas de esa maniobra de persecución mediático judicial. La Cámara de Casación ordenó que le entreguen los registros audiovisuales de las declaraciones de los arrepentidos, que fueron la piedra basal de las acusaciones pese a que nunca se confirmó nada de lo que supuestamente confesaron y, lo importante, nunca se mostraron esas grabaciones.
 
La ley del Arrepentido, instrumento Made in USA impulsado por el propio Mauricio Macri, exige que se registren esos acuerdos de colaboración que se daban con el fiscal Carlos Stornelli y luego convalidaba el juez Claudio Bonadio.  
 
Nunca mostraron esos registros pero los jueces trasladados a dedo por Macri, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, convalidaron todo en base a lo que Bonadio y Stornelli plasmaban por escrito. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal del país, exige lo obvio, lo que dice la ley.
 
La resolución llegó tras una audiencia con planteos de varios abogados defensores de funcionarios y empresarios encuadernados, y dice: "Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase -con carácter de urgente- al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 remita a esta judicatura soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos".
 
Distintos abogados y encuadernados reclamaron desde el inicio del expediente el acceso a esas grabaciones, si es que existen. Si no existen violaron la ley.
 

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