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"El día que la pandemia termine va a haber un banderazo de los argentinos de bien". Alberto Fernández
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Nacionales - 22-03-2020 / 11:03
SON 10 MILLONES LOS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL ÁMBITO INFORMAL O EL CUENTAPROPISMO

La principal preocupación del Gobierno: la economía no resiste cuarentena prolongada

La principal preocupación del Gobierno: la economía no resiste cuarentena prolongada
Más allá de lo que diga la ley, el Gobierno sabe que se enfrenta a un enemigo más poderoso: la fuerza contundente de las cajas vacías en los negocios. Sin ingresos, no hay forma de pagar. Y la ruptura en la cadena de pagos está a la vuelta de la esquina para los rubros más golpeados, como restaurantes o agencias de viajes, que según estimaciones empresariales perdieron en la última semana un 80% de sus ingresos.
Tal vez la imagen más elocuente sobre el momento que vive el país haya sido la de cientos de empleados de los shopping centers protestando en los pasillos del centro comercial y reclamando el cierre del establecimiento.
 
No se recuerdan antecedentes de asalariados pidiendo que se cierren los locales donde trabajan y gracias a los cuales obtienen su ingreso económico. Pero nadie se sorprendió, dado que el reclamo estaba más que justificado: los empleados temen por su salud, sobre todo si se tiene en cuenta que buena parte de los clientes son turistas llegados de los países donde la epidemia está ampliamente difundida.
 
En esa disyuntiva terrible entre priorizar la preservación de la salud o la continuidad laboral, los empleados no dudaron en elegir la primera opción. Pero claro, la protesta tiene su lado B: porque nadie planteó que el cierre de los locales viniera acompañado por una suspensión en los pagos, como si se tratara de una licencia sin goce de haberes. Ni tampoco se planteó que estos días fueron computados como a cuenta de las vacaciones futuras.
 
Por el contrario, el reclamo es el de la paralización con la continuidad del cobro de haberes. Y la masividad y fuerza del reclamo fue lo que llevó al Gobierno a apurar la medida de la cuarentena generalizada, cuando algunas de esas situaciones particulares estaban amenazando con transformarse en situaciones conflictivas.
 
Es así que se llega a la situación actual: la resignación a una paralización económica -con su posible saga de ruptura en la cadena de pagos y consecuente desempleo masivo-, que pone en la lista de prioridades problemas nuevos y urgentes.
 
Solamente en el convenio laboral del comercio -el sector a primera vista más afectado por la obligatoriedad de aislamiento social- están incluidos un millón de trabajadores. Y es naturalmente el rubro del que más se habla. Pero hay otros, acaso más grandes, que generan menos ruido por el hecho de que se compone por individuos que trabajan por su propia cuenta y que en la mayoría de los casos no se encuentran sindicalizados.
 
Se trata de los cuentapropistas, entre los cuales se cuenta a los pequeños comerciantes (negocios de barrio, remiseros, etc.), a los prestadores de servicios a domicilio (plomeros, electricistas), a las empleadas del servicio doméstico (sólo este rubro se estima en un millón de personas) y a una vasta gama de trabajadores de la economía informal.
 
Los datos que manejan las consultoras privadas es que de los 20 millones de puestos de trabajo, apenas la mitad corresponden a asalariados registrados, mientras que unos 4,8 millones son informales y unos 5,2 millones cuentapropistas.

 
Hay cierto consenso respecto de que el monto de la economía informal es no menos de un tercio del total de la actividad productiva. Y no por casualidad, en su alocución del jueves, al anunciar la cuarentena, Alberto Fernández reconoció que se debía atender especialmente el caso de los trabajadores no asalariados.
 
 
Prioridad, salvataje al empleo
  
De manera que la dimensión de los problemas a los que se enfrentará el Gobierno recién están empezando a percibirse.
 
El primer problema que se planteará es de los empresarios del área comercial obligados a cerrar y que deben pagar sueldos. Por lo pronto, ya se supo de los primeros casos en los que empresarios comunicaron al personal que justificarían las licencias pero sin pagar los jornales. Y ya hay un debate sobre qué tan clara es la normativa legal al respecto.
 
Pero más allá de lo que diga la ley, el Gobierno sabe que se enfrenta a un enemigo más poderoso: la fuerza contundente de las cajas vacías en los negocios. Sin ingresos, no hay forma de pagar. Y la ruptura en la cadena de pagos está a la vuelta de la esquina para los rubros más golpeados, como restaurantes o agencias de viajes, que según estimaciones empresariales perdieron en la última semana un 80% de sus ingresos. 
 
Con lo cual, las alternativas que se presentan son preocupantes: suspensiones, despidos, embargos, cierre. Para evitar ese colapso ya se empezaron a tomar algunas medidas, como las que anunció el Banco Central para permitir que las empresas problemáticas no caigan en la categoría de deudores que les impida ser objeto de crédito. Y además se establecerán líneas especiales a baja tasa de interés para quienes necesiten un refuerzo para pagar sueldos.
 
Pero de momento todo luce insuficiente. Porque aun cuando la parte de la economía formal pudiera ser rescatada, falta la otra parte.
 
"Hay que realizar un plan para estas personas que no son jubilados, no tienen Asignación Universal por Hijo, son trabajadores que en muchos casos viven al día y de conseguir trabajos eventuales que hoy han desaparecido", escribe en su último informe el consultor Salvador di Stefano, influyente en el ámbito de los productores rurales.
 
Y precisamente allí en la actividad agropecuaria es donde las mismas agremiaciones que hace dos semanas se levantaban en protesta contra las retenciones a la exportación acaba de emitir una declaración apelando a la unidad.
 
"El bien común y la unidad nos presenta una oportunidad para trabajar juntos y producir más", reza el comunicado, en cuya entrelínea se lee que, ahora más que antes, el Gobierno debería considerar aflojar la presión impositiva al sector que motoriza la economía.
 
En un sentido similar pero desde la industria, el directivo de Fiat Cristiano Rattazzi sostuvo que el país se enfrenta a "un momento épico para dejar de hablar de subsidios y empezar a hablar de creación de trabajo".
 
Pero la realidad marca que el Gobierno se moverá en sentido absolutamente inverso. No sólo tiene una convicción ideológica en ese sentido, sino que ahora hasta siente que su postura pasó a tener una legitimidad otorgada por el hecho de que grandes líderes europeos como la alemana Angela Merkel y el francés Emmanuel Macron han virado a un estatismo sin rubores.
 
Es por eso que se empiezan a escuchar insinuaciones de medidas más drásticas, tales como estatizaciones en áreas esenciales, como servicios públicos. Lo mencionaron miembros del kirchnerismo duro, como Amado Boudou, quien ya en otro momento de crisis histórica había sugerido la reestatización del sistema jubilatorio.
 
En Europa, ya directamente se habla de salvatajes masivos de empresas, incluyendo la estatización de aerolíneas y empresas automotrices. Está claro que el objetivo político número uno pasó a ser la preservación de las empresas como activo nacional y el empleo como factor de paz social.
 
En Argentina, gradualmente ese discurso está permeando, al punto que figuras que siempre combatieron al estatismo y proclamaron la ortodoxia, hoy plantean la necesidad de cambiar la mirada.
 
Entre ellos se destaca Carlos Melconian, para quien la prioridad es "garantizar la tranquilidad del trabajo y del salario". Y, en una advertencia sobre que Argentina no podrá contar con los recursos fiscales ni monetarios con los que cuentan las grandes potencias a la hora de hacer políticas contracíclicas.
 
"La Argentina es un país sin mercado de deuda y sin moneda, cuando vemos y queremos imitar lo que están haciendo en el mundo, nosotros no tenemos con qué", afirma el siempre candidato a ministro. Y advierte sobre el error que implicaría el querer volcar los recursos a estimular el consumo en vez de proteger el empleo.
 
 
La cuarentena, con un límite natural
  
Pero la parte más difícil de resolver es cómo se garantiza la tranquilidad para la mitad de los trabajadores que son cuentapropistas o que se desempeñan en el vasto sector informal. Para esos casos, las medidas clásicas de contención a la europea no parecen efectivas ni viables.
 
Y es ahí cuando se plantea la verdadera pregunta de la hora: cuánto resiste la economía argentina una paralización a la europea sin los recursos de Europa y con un tejido social mucho más frágil.
 
Y el temor principal, que así como el Gobierno fue corriendo atrás de hechos consumados -tuvo que decretar la suspensión de clases cuando ya varias escuelas habían decidido cerrar por su cuenta, restringió el tránsito cuando las provincias estaban cerrando los pasos limítrofes y decretó la cuarentena cuando los empleados pedían cerrar los comercios-, también se encuentre que, en determinado momento sea la propia población la que decida en los hechos levantar la cuarentena.
 
No se tratará de una falta de toma de conciencia sino de la imposición de un problema más contundente. A fin de cuentas, es la aplicación de un cálculo de probabilidades: mientras uno está sano, el contagio de coronavirus es una mera posibilidad; pero cuando uno está sin ingresos, la probabilidad de pasarla mal es una certeza.
 
Por Fernando Gutiérrez
 
Fuente: iProfesional
 

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01-10-2020 / 11:10
La Corte Suprema de Justicia volvió a mostrar que es la cabeza de un poder elitista y aristocrático que se rige por criterios que no siempre tienen a la Constitución y a la Ley como norte. La aceptación del per saltum presentado por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, trasladados "a dedo" por Mauricio Macri sin acuerdo del Senado, interrumpe la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo como si el caso tuviera la gravedad institucional que exige ese instrumento de excepción.
 
La oposición macrista había acompañado la presión de Clarín con un escrache fascista para que Ricardo Lorenzetti votara este fallo, cosa que sucedió. Aunque es cierto que la Corte Suprema no resolvió la cuestión de fondo, es decir la aceptación o el rechazo de los peticionantes, por lo cual el festejo de la derecha política y mediática es prematuro como también lo es el enojo del Gobierno nacional.
 
Pero el solo hecho de aceptar jugar este juego, tal como se lo viene exigiendo el bombardeo de los grandes medios macristas porteños, precipita un conflicto de poderes al poner en tela de juicio la intervención del Senado en la búsqueda de superar el enchastre que dejó Mauricio Macri con estos y otros traslados de jueces al estilo de un monarca.
 
La derecha está eufórica porque -dice- la Corte emite una "señal de fortaleza" a los otros dos poderes del Estado. Lo que no dice -porque desnuda su intención y su esencia- es que, a la vez, da una señal de debilidad, de sumisión, a los poderes fácticos, económicos y mediáticos, los que no necesitan del voto popular.
 
Esta Corte que saca pecho ante el gobierno del Frente de Todos, ¿qué hizo durante el cuatrienio macrista cuando los jueces eran hostigados y volteados como muñecos por el contenido de sus sentencias, o apretados por la "mesa judicial", ese engendro que no escandalizaba ni a los cortesanos ni a la gran prensa hegemónica?
 

01-10-2020 / 09:10
La crisis económica y social causada por la pandemia volvió a visibilizarse esta vez en forma de números: 11,7 millones de personas quedaron bajo la línea de pobreza, el 40,9 por ciento de la población residente en los 31 aglomerados urbanos que releva el Indec. De ese total, el 10,5 por ciento son indigentes. Es decir, no alcanzan a cubrir una canasta básica alimentaria. Se trata de 2,9 millones de personas.
 
Los datos corresponden al primer semestre del año, que estuvo marcado por una fuerte caída de los ingresos y el aumento de la desocupación como consecuencia no deseada de las medidas de aislamiento preventivo para frenar el avance de la covid-19. En su comparación interanual, la pobreza subió 5,5 puntos porcentuales, desde el 34,5 por ciento que registraba entonces el indicador oficial. La indigencia pasó de 7,7 a 10,5, con un alza interanual de 2,8 puntos porcentuales.
 
Estas cifras profundizan una crisis que parecía haber tocado fondo hacia el fin del gobierno de Mauricio Macri: el candidato que prometía pobreza cero entregó un país con 35,5 por ciento de personas bajo la línea de pobreza y 8 por ciento de indigencia. A pesar de la profundización de la recesión que generó el coronavirus, el balance contra 2019 marca que Cambiemos provocó un mayor aumento de la pobreza en un contexto de normalidad.
 
La política económica del macrismo pegó tan duro como la pandemia: la pobreza en Argentina aumentó 5,4 por ciento durante los meses más severos de la crisis sanitaria que castiga a la humanidad, y 5,2 por ciento durante la gestión de Macri, que en el segundo semestre de 2016, el primer dato oficial que publica el Indec, afrontaba una pobreza del 30,3 por ciento. 

30-09-2020 / 10:09
30-09-2020 / 10:09
En el marco de la ofensiva de la derecha mediática, política y empresarial, los cinco jueces supremos dejaron de lado sus notorias diferencias para plantar una ficha en el tablero de la política. Con la decisión unánime de hacer lugar a un per saltum y congelar la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta definir el fondo de la cuestión el máximo tribunal se coloca en una posición supraconstitucional de árbitros institucionales, pasando por encima de los procedimientos previstos y la voluntad de los tres poderes del Estado sin haber acreditado una urgencia para hacerlo.
 
Incluso si la sentencia definitiva resuelve que los magistrados deben regresar a los cargos para los que tienen acuerdo, resultará que todo lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Presidente de la Nación y los jueces y fiscales de instancias inferiores, siempre de acuerdo a las normas constitucionales, queda supeditado al capricho de una Corte que, cínicamente en nombre de la "República", se adjudica más poderes que los que establece la Constitución. Todo cimentado sobre una legitimidad que otorgan cero votos.
 
Si, por el contrario, falla a favor de los tres jueces que habían sido trasladados a dedo por Mauricio Macri, le darán un golpe mortal al esquema jurídico. Con ese antecedente, todos los cargos vacantes podrían cubrirse a dedo, prescindiendo de los concursos y del acuerdo del Senado, echando por tierra el procedimiento previsto por los constituyentes. En cualquiera de los casos, los cinco supremos se habrán arrogado más facultades que las que ya tienen, que no son escasas: un grosero avance sobre las instituciones.
 
En el gobierno no dudan de que el apuro que mostró el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al que se plegaron los otros jueces del cuerpo es la prueba que delata el carácter político de la decisión que tomaron para defender la casta judicial. El hecho de que cuatro de los cinco asistieran al Palacio en lugar de acordar de manera telemática, tal como venían haciendo, también se leyó en el mismo sentido. Sabemos la Corte tenemos: una casta macrista, privilegiada y reaccionaria, hostil a todo interés popular.
 

29-09-2020 / 10:09
La causa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix va camino a la nulidad tantas veces planteada por las víctimas de esa maniobra de persecución mediático judicial. La Cámara de Casación ordenó que le entreguen los registros audiovisuales de las declaraciones de los arrepentidos, que fueron la piedra basal de las acusaciones pese a que nunca se confirmó nada de lo que supuestamente confesaron y, lo importante, nunca se mostraron esas grabaciones.
 
La ley del Arrepentido, instrumento Made in USA impulsado por el propio Mauricio Macri, exige que se registren esos acuerdos de colaboración que se daban con el fiscal Carlos Stornelli y luego convalidaba el juez Claudio Bonadio.  
 
Nunca mostraron esos registros pero los jueces trasladados a dedo por Macri, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, convalidaron todo en base a lo que Bonadio y Stornelli plasmaban por escrito. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal del país, exige lo obvio, lo que dice la ley.
 
La resolución llegó tras una audiencia con planteos de varios abogados defensores de funcionarios y empresarios encuadernados, y dice: "Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase -con carácter de urgente- al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 remita a esta judicatura soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos".
 
Distintos abogados y encuadernados reclamaron desde el inicio del expediente el acceso a esas grabaciones, si es que existen. Si no existen violaron la ley.
 

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