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"El día que la pandemia termine va a haber un banderazo de los argentinos de bien". Alberto Fernández
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Nacionales - 21-03-2020 / 10:03
EL PRESIDENTE TUVO UN DIALOGO CON LA TITULAR DEL FMI

Alberto Fernández: “Argentina no puede pagar deuda por cuatro años”

Alberto Fernández: “Argentina no puede pagar deuda por cuatro años”
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente mantuvieron un diálogo telefónico en la que la titular del Fondo le explicó pormenorizadamente el análisis de sustentabilidad de la deuda pública que hizo público este viernes. Las conclusiones del informe se resumen en que en el mediano y largo plazo la Argentina podrá pagar hasta el 3% de su PBI por servicio de deuda anual en moneda extranjera y hasta el 5% de su PBI en total y que, consecuentemente el mercado deberá convalidar un alivio de deuda de entre 55.000 millones y 85.000 millones de dólares en los próximos diez años. A su vez, el reporte advirtió que en el corto y mediano plazo el país no contará con dólares para afrontar los intereses de la deuda en dólares, más precisamente hasta 2024.
El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer tarde un diálogo telefónico con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien le explicó en detalle las conclusiones del análisis de sostenibilidad de la deuda pública argentina de la misión técnica que visitó el país recientemente, se informó oficialmente.
 
Durante ese contacto, el presidente -quien durante la conversación estuvo acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán-, sostuvo que "se encontraron similitudes en las afirmaciones acerca de que Argentina no tiene capacidad de pago en moneda extranjera por cuatro años".
 
A su vez, hubo coincidencias con la visión de que hay que lograr sostenibilidad en los acuerdos de reestructuración "para acabar con la angustia de la deuda y poner a la Argentina de pie". Es clave, dijo el primer mandatario, continuar con las conversaciones, con el objetivo de concretar un nuevo programa, informaron voceros oficiales.
 
Previamente, Georgieva, en una declaración publicada en la página del organismo, había expresado que "será necesario un alivio sustancial de los acreedores privados" para la deuda argentina de manera de restablecer la sostenibilidad de la misma, teniendo en cuenta la capacidad del país de atender sus compromisos.
 
"Cuidar a las personas más vulnerables en Argentina y abordar la difícil situación económica del país han estado entre las prioridades más altas del presidente Alberto Fernández desde que asumió su cargo", describe la nota, la cual agrega: "Atender estos problemas se ha vuelto aún más apremiante a la luz de la pandemia del coronavirus y dado su importante impacto económico y sobre la salud pública".
  
Según evaluó la entidad, la Argentina deberá recortar deuda por un monto de entre 55.000 y 85.000 millones de dólares en la próxima década. "Teniendo en cuenta la capacidad de servir deuda y el peso actual de la deuda del país, será necesario un alivio substancial de los acreedores privados para restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad de la deuda", indica el análisis del equipo técnico.
 
Para ello, señala, "alentamos a un proceso de negociación colaborativo entre Argentina y sus acreedores privados con el objetivo de alcanzar un acuerdo que conlleve una alta participación". El informe del staff advirtió que si el impacto de la pandemia de coronavirus es más fuerte de lo previsto y se prolonga en el tiempo podría perjudicar más negativamente a la Argentina de lo que se estima actualmente.

 
Capacidad de deuda
 
En ese documento presentado en su página web, el staff técnico consideró que "el riesgo clave a corto plazo se relaciona con un impacto negativo más fuerte de lo previsto del Covid-19, que podría afectar más negativamente a Argentina por una disminución aún más fuerte y prolongada de la demanda externa, los precios de los productos básicos, así como una actividad doméstica aún más débil".
 
Más adelante, el Fondo pronosticó que en ese contexto, "las cuentas fiscales de la Argentina empeorarían aún más, teniendo en cuenta el menor crecimiento, pero también la necesidad de aumentar el gasto en salud y programas para apoyar la actividad económica".
 
 
Advertencias
 
El documento advirtió que "la incapacidad de contener las presiones salariales, de pensiones y de otros gastos, incluidas las provenientes de las provincias, o la insuficiente movilización de ingresos podría poner en peligro el proyecto de consolidación fiscal a partir de 2021 y dar lugar a necesidades de financiación monetaria considerablemente mayores, que a su vez, perjudicaría el proceso de desinflación".
 
En el mismo sentido, el FMI puntualizó que "la ausencia de las reformas para impulsar las exportaciones y el crecimiento podría socavar la capacidad de Argentina para mantener el equilibrio externo y reconstruir las reservas internacionales". Finalmente, el FMI considera que "si no se puede lograr un acuerdo de deuda sostenible con una alta participación de los acreedores, podría haber serias implicaciones económicas y financieras".
 
 
"No puede durar para siempre"
 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseveró este viernes que la deuda argentina es "no financiable, excesivamente onerosa e insustentable" en las actuales condiciones y que el país "aún está a tiempo para llevar un proceso de reestructuración ordenado", aunque ese tiempo "no puede durar para siempre".
 
El ministro hizo un análisis de la deuda argentina mediante una videoconferencia, hablada toda en inglés, premisa a partir de la cual el Gobierno realizará una oferta de canje a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera cuyas acreencias suman 68.843 millones de dólares, repartida en 35 tipos de bonos.
 
Guzmán reiteró que el gobierno quiere actuar de buena fe y "rápido", por lo que insistió en la necesidad de "cooperación" de parte de los tenedores de bonos, para lo cual los convocó a participar, en el transcurso de la próxima semana, en "discusiones constructivas" sobre el marco macroeconómico presentado. En este marco, aseguró que "el Gobierno argentino quiere recuperar la capacidad de crecimiento de la Argentina y brindar las condiciones para el retorno a los mercados internacionales".
 
"Nuestro compromiso es hacer una reestructución sustentable. No queremos hacer una operación que en unos años nos requiera hacer una nueva. Es el objetivo de esta administración ponerle un punto final al tema y fijar condiciones de estabilidad de largo plazo", aseguró el ministro.
 
Fuente: La Arena
 

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01-10-2020 / 11:10
La Corte Suprema de Justicia volvió a mostrar que es la cabeza de un poder elitista y aristocrático que se rige por criterios que no siempre tienen a la Constitución y a la Ley como norte. La aceptación del per saltum presentado por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, trasladados "a dedo" por Mauricio Macri sin acuerdo del Senado, interrumpe la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo como si el caso tuviera la gravedad institucional que exige ese instrumento de excepción.
 
La oposición macrista había acompañado la presión de Clarín con un escrache fascista para que Ricardo Lorenzetti votara este fallo, cosa que sucedió. Aunque es cierto que la Corte Suprema no resolvió la cuestión de fondo, es decir la aceptación o el rechazo de los peticionantes, por lo cual el festejo de la derecha política y mediática es prematuro como también lo es el enojo del Gobierno nacional.
 
Pero el solo hecho de aceptar jugar este juego, tal como se lo viene exigiendo el bombardeo de los grandes medios macristas porteños, precipita un conflicto de poderes al poner en tela de juicio la intervención del Senado en la búsqueda de superar el enchastre que dejó Mauricio Macri con estos y otros traslados de jueces al estilo de un monarca.
 
La derecha está eufórica porque -dice- la Corte emite una "señal de fortaleza" a los otros dos poderes del Estado. Lo que no dice -porque desnuda su intención y su esencia- es que, a la vez, da una señal de debilidad, de sumisión, a los poderes fácticos, económicos y mediáticos, los que no necesitan del voto popular.
 
Esta Corte que saca pecho ante el gobierno del Frente de Todos, ¿qué hizo durante el cuatrienio macrista cuando los jueces eran hostigados y volteados como muñecos por el contenido de sus sentencias, o apretados por la "mesa judicial", ese engendro que no escandalizaba ni a los cortesanos ni a la gran prensa hegemónica?
 

01-10-2020 / 09:10
La crisis económica y social causada por la pandemia volvió a visibilizarse esta vez en forma de números: 11,7 millones de personas quedaron bajo la línea de pobreza, el 40,9 por ciento de la población residente en los 31 aglomerados urbanos que releva el Indec. De ese total, el 10,5 por ciento son indigentes. Es decir, no alcanzan a cubrir una canasta básica alimentaria. Se trata de 2,9 millones de personas.
 
Los datos corresponden al primer semestre del año, que estuvo marcado por una fuerte caída de los ingresos y el aumento de la desocupación como consecuencia no deseada de las medidas de aislamiento preventivo para frenar el avance de la covid-19. En su comparación interanual, la pobreza subió 5,5 puntos porcentuales, desde el 34,5 por ciento que registraba entonces el indicador oficial. La indigencia pasó de 7,7 a 10,5, con un alza interanual de 2,8 puntos porcentuales.
 
Estas cifras profundizan una crisis que parecía haber tocado fondo hacia el fin del gobierno de Mauricio Macri: el candidato que prometía pobreza cero entregó un país con 35,5 por ciento de personas bajo la línea de pobreza y 8 por ciento de indigencia. A pesar de la profundización de la recesión que generó el coronavirus, el balance contra 2019 marca que Cambiemos provocó un mayor aumento de la pobreza en un contexto de normalidad.
 
La política económica del macrismo pegó tan duro como la pandemia: la pobreza en Argentina aumentó 5,4 por ciento durante los meses más severos de la crisis sanitaria que castiga a la humanidad, y 5,2 por ciento durante la gestión de Macri, que en el segundo semestre de 2016, el primer dato oficial que publica el Indec, afrontaba una pobreza del 30,3 por ciento. 

30-09-2020 / 10:09
30-09-2020 / 10:09
En el marco de la ofensiva de la derecha mediática, política y empresarial, los cinco jueces supremos dejaron de lado sus notorias diferencias para plantar una ficha en el tablero de la política. Con la decisión unánime de hacer lugar a un per saltum y congelar la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta definir el fondo de la cuestión el máximo tribunal se coloca en una posición supraconstitucional de árbitros institucionales, pasando por encima de los procedimientos previstos y la voluntad de los tres poderes del Estado sin haber acreditado una urgencia para hacerlo.
 
Incluso si la sentencia definitiva resuelve que los magistrados deben regresar a los cargos para los que tienen acuerdo, resultará que todo lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Presidente de la Nación y los jueces y fiscales de instancias inferiores, siempre de acuerdo a las normas constitucionales, queda supeditado al capricho de una Corte que, cínicamente en nombre de la "República", se adjudica más poderes que los que establece la Constitución. Todo cimentado sobre una legitimidad que otorgan cero votos.
 
Si, por el contrario, falla a favor de los tres jueces que habían sido trasladados a dedo por Mauricio Macri, le darán un golpe mortal al esquema jurídico. Con ese antecedente, todos los cargos vacantes podrían cubrirse a dedo, prescindiendo de los concursos y del acuerdo del Senado, echando por tierra el procedimiento previsto por los constituyentes. En cualquiera de los casos, los cinco supremos se habrán arrogado más facultades que las que ya tienen, que no son escasas: un grosero avance sobre las instituciones.
 
En el gobierno no dudan de que el apuro que mostró el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al que se plegaron los otros jueces del cuerpo es la prueba que delata el carácter político de la decisión que tomaron para defender la casta judicial. El hecho de que cuatro de los cinco asistieran al Palacio en lugar de acordar de manera telemática, tal como venían haciendo, también se leyó en el mismo sentido. Sabemos la Corte tenemos: una casta macrista, privilegiada y reaccionaria, hostil a todo interés popular.
 

29-09-2020 / 10:09
La causa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix va camino a la nulidad tantas veces planteada por las víctimas de esa maniobra de persecución mediático judicial. La Cámara de Casación ordenó que le entreguen los registros audiovisuales de las declaraciones de los arrepentidos, que fueron la piedra basal de las acusaciones pese a que nunca se confirmó nada de lo que supuestamente confesaron y, lo importante, nunca se mostraron esas grabaciones.
 
La ley del Arrepentido, instrumento Made in USA impulsado por el propio Mauricio Macri, exige que se registren esos acuerdos de colaboración que se daban con el fiscal Carlos Stornelli y luego convalidaba el juez Claudio Bonadio.  
 
Nunca mostraron esos registros pero los jueces trasladados a dedo por Macri, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, convalidaron todo en base a lo que Bonadio y Stornelli plasmaban por escrito. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal del país, exige lo obvio, lo que dice la ley.
 
La resolución llegó tras una audiencia con planteos de varios abogados defensores de funcionarios y empresarios encuadernados, y dice: "Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase -con carácter de urgente- al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 remita a esta judicatura soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos".
 
Distintos abogados y encuadernados reclamaron desde el inicio del expediente el acceso a esas grabaciones, si es que existen. Si no existen violaron la ley.
 

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