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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 21-03-2020 / 08:03
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El coronavirus desnuda las diferencias entre Alberto y Macri

El coronavirus desnuda las diferencias entre Alberto y Macri
Con las arcas vacías y el sistema de salud desfinanciado que dejó Macri, Alberto Fernández tiene que arreglárselas para impedir que la epidemia se descontrole como en Italia. Trump, Johnson y Bolsonaro subestimaron el brote de coronavirus y lo desatienden. Macri hubiera hecho lo mismo, como hizo con el dengue.
El gobierno de Alberto Fernández debe afrontar la epidemia después de cuatro años en los que un gobierno neoliberal desfinanció y empobreció el sistema de salud pública. Y además debe hacerlo con una economía que el gobierno anterior sumió en una crisis aguda.
 
El neoliberalismo no dice que el Estado reniega de todo. Es más, asegura que el Estado debe hacerse cargo de la salud y la educación pública, la seguridad y la defensa. Pero ese pensamiento se asienta en el individualismo más egoísta y mete esas funciones en esa matriz.
 
El neoliberalismo concibe a la salud y la educación como instrumentos para fragmentar la sociedad. Para el neoliberalismo, la calidad de la educación y de la salud que recibe cada quien tiene que estar en consonancia con su capacidad económica.
 
La salud y educación pública son para los "intocables" en esa sociedad de castas, los "cabecitas negras", el pueblo. Aparte habrá educación y salud privada mediocre para la clase media, mejores para la clase media alta y la clase alta se va a estudiar al exterior.
 
El Estado macrista redujo el 23 por ciento el presupuesto de salud, casi el 40 por ciento menos para educación y el de ciencia y técnica bajó un 43 por ciento.
 
Pero no puede haber salud pública sin encuadres en políticas más generales. La excelencia en la salud pública forma parte de una idea de país, no es solamente una cuestión técnica. Tiene una cara técnica y otra cara política que son inseparables. Una concepción elitista, como la de muchos profesionales de la medicina, es la negación de lo público.
 
Y esos médicos se podrán quejar del populismo, pero sin la inmensa obra de Ramón Carrillo, este país sería diferente. En su momento también lo quisieron desmerecer, dijeron que era un despilfarro, que era corrupto, el "relato" del populismo.
 
No hay salud pública sin un pensamiento político que la integre como un todo. Por lo menos esa fue la experiencia argentina con el peronismo. En Gran Bretaña fue el laborismo, en Uruguay el batllismo y en Cuba, el castrismo.
 
Con las arcas vacías y el sistema de salud desfinanciado que dejó el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, Alberto tiene que arreglárselas para impedir que el brote de la epidemia se descontrole como en Italia, que está pagando las consecuencias de décadas de gobiernos neoliberales y abandono de la salud pública.
 
Donald Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en Inglaterra y Jair Bolsonaro en Brasil, subestimaron el brote epidémico. Macri hubiera hecho lo mismo, como hicieron con el dengue. Alberto Fernández fue lo opuesto y tomó medidas rápidas, a un costo que implica un sacrificio grande para una economía en crisis. Es la diferencia con el neoliberalismo.

 
Panorama Político
 
El coronavirus desnuda las diferencias entre Alberto Fernández y Mauricio Macri
 
La dispersión del coronavirus en el mundo casi en simultáneo, sin diferencia de color de piel ni riqueza, sin respetar las fronteras de países ni continentes, hizo que por primera vez la humanidad tome conciencia palpable, indiscutible, de que forma parte de un solo destino.
 
El virus se convirtió en el síntoma de la globalización como fenómeno que cambió el significado de la vida de un planeta donde las distancias o los accidentes geográficos ya no separan a las personas.
 
Los argentinos en cuarentena, encerrados en sus casas, intercambian en tiempo real con personas del otro lado del Atlántico, también aislados en sus casas por el mismo motivo. Y asisten al desarrollo de la pandemia en China o en Rusia y comentan lo que pasa en sus barrios como si todos fueran barrios del mismo país o de la misma ciudad.
 
La globalización llegó para quedarse desde los años '90. Pero para la mayoría de los seres humanos no dejó de ser una abstracción sobre circulación de mercaderías y capitales o de la información. La maldición del virus es el síntoma de algo más grande.
 
En Estados Unidos temen el contagio que vendrá de Europa, aunque Trump reniegue de los chinos. Las fronteras se cierran como los compartimentos de un submarino y hacen más conscientes a los pasajeros de que todos viajan en el mismo submarino.
 
Eso más grande que se revela es que la globalización no solamente afecta la economía sino también la vida cotidiana de personas que nunca saldrán quizás de la ciudad que habitan.
 
Pero esta globalización, que trajo la peste que concientiza sobre la interdependencia entre personas y naciones, se instaló con los paradigmas del libre mercado que acentúan los términos desiguales del intercambio y profundizan la desigualdad entre las naciones y dentro de ellas. Va en contra de lo que se necesita para combatir las pestes y no solamente la del coronavirus.
 
El mundo se convirtió en un tremendo escenario de esa contradicción. Estados Unidos, la principal economía del planeta y sustento de la globalización, bloquea a la pequeña isla de Cuba que aparece como su opuesto.
 
Sin embargo, la gran potencia puede tener problemas con el virus porque tiene un sistema de salud carísimo que deja fuera a la mayoría. En cambio, la pequeña economía bloqueada desarrolló medicinas para atenuar el efecto de la pandemia y las ofrece de manera gratuita, al tiempo que envía brigadas voluntarias de médicos a países como Italia donde la epidemia se descontroló.
 
El escenario se repite en Argentina en otros términos. El gobierno de Alberto Fernández debe afrontar la epidemia después de cuatro años en los que un gobierno neoliberal desfinanció y empobreció el sistema de salud pública. Y además debe hacerlo con una economía que el gobierno anterior sumió en una crisis aguda.
 
El neoliberalismo no dice que el Estado reniega de todo. Es más, asegura que el Estado debe hacerse cargo de la salud y la educación pública, la seguridad y la defensa. Pero ese pensamiento se asienta en el individualismo más egoísta y mete esas funciones en esa matriz.
 
Por lo tanto, la defensa le interesa siempre que los ejércitos le sirvan para expandirse --en el caso de economías centrales--, o para la represión interna como fue durante la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la dictadura.
 
Si no puede reprimir no le interesa y desfinancia la Defensa, como hizo el macrismo. La expresión más clara de esa política fue el hundimiento del ARA San Juan cuando navegaba en condiciones precarias.
 
La seguridad le interesa porque usa a las fuerzas policiales, de gendarmería y prefectura, para la represión de la protesta social a la que visualiza como un atentado al derecho a la propiedad, que es la base angular de esa estructura ideológica. La única inversión fuerte del macrismo en alguno de esos cuatro rubros, fue para modernizar equipos para la represión.
 
Y concibe a la salud y la educación como instrumentos para fragmentar la sociedad. Para el neoliberalismo, la calidad de la educación y de la salud que recibe cada quien tiene que estar en consonancia con su capacidad económica.
 
La salud y educación pública son para los "intocables" en esa sociedad de castas, los "cabecitas", el pueblo. Aparte habrá educación y salud privada mediocre para la clase media, mejores para la clase media alta y la clase alta se va a estudiar al exterior.
 
El Estado macrista redujo el 23 por ciento el presupuesto de salud, casi el 40 por ciento menos para educación y el de ciencia y técnica bajó un 43,46 por ciento.
 
La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, no quisieron construir más hospitales. Y algunos políticos porteños se han quejado porque los hospitales de la ciudad son desbordados por pacientes que vienen del conurbano.
 
Durante los gobiernos de Cristina Kirchner se construyeron trece hospitales, ocho de ellos en el Conurbano, que hubieran aliviado la asistencia en la Capital. Solamente faltaba el equipamiento. La gobernadora Vidal se negó a ponerlos en funcionamiento.
 
En la provincia de Buenos Aires hubo un brote de sarampión, con 80 casos declarados y faltantes de vacunas y al mismo tiempo se encontraron 162 mil dosis de vacunas que se habían vencido durante el macrismo porque las habían guardado sin respetar la cadena de frío.
 
El último hallazgo fueron equipos de cibersalud abandonados en un depósito del Correo, que habían sido adquiridos como parte de un programa para interconectar cerca de 400 centros de salud. Faltaba hacerlo con cien pero el macrismo abandonó los equipos que son del año 2014.
 
Con muy poco o casi ningún esfuerzo, la provincia tendría ocho nuevos hospitales, se podría haber completado la vacunación contra el sarampión para frenar el brote, y ahora estarían interconectados todos los centros de salud para colaborar contra el coronavirus.
 
El jueves hubo un aplauso generalizado a los trabajadores de la salud en todas las ciudades del país. Resultó impresionante en algunos barrios. El aplauso representó la prioridad que le asigna ahora la sociedad a la salud pública, a la que no se vincula con otras prioridades. Algunos, entre ellos muchos médicos que tienen una concepción elitista de su profesión, incluso la separan.
 
Pero no puede haber salud pública sin encuadres en políticas más generales. Muchos de esos médicos que trabajan en la salud pública votan políticas que son enemigas de la salud pública. La excelencia en la salud pública forma parte de una idea de país, no es solamente una cuestión técnica. Tiene una cara técnica y otra cara política que son inseparables. Una concepción elitista, como la de muchos profesionales de la medicina, es la negación de lo público.
 
Y esos médicos se podrán quejar del populismo, pero sin la inmensa obra de Ramón Carrillo, este país sería diferente. En su momento también lo quisieron desmerecer, dijeron que era un despilfarro, que era corrupto, el "relato" del populismo. No hay salud pública sin un pensamiento político que la integre como un todo. Por lo menos esa fue la experiencia argentina con el peronismo. En Gran Bretaña fue el laborismo, en Uruguay el batllismo y en Cuba, el comunismo.
 
Con las arcas vacías y el sistema de salud desfinanciado que dejó el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, Alberto Fernández tiene que arreglárselas para impedir que el brote de la epidemia se descontrole como en Italia, que está pagando las consecuencias de décadas de gobiernos neoliberales y abandono de la salud pública.
 
Donald Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en Inglaterra y Jair Bolsonaro en Brasil, subestimaron el brote epidémico. Macri hubiera hecho lo mismo, como hicieron con el dengue. Alberto Fernández fue lo opuesto y tomó medidas rápidas, a un costo que implica un sacrificio grande para una economía en crisis. Es la diferencia con el neoliberalismo.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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