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Nacionales - 19-03-2020 / 11:03
OFICIALISMO Y OPOSICIÓN DIERON MUESTRA DE UNIDAD ANTE LA PANDEMIA

En el Gobierno no descartan una cuarentena total si el coronavirus se expande

En el Gobierno no descartan una cuarentena total si el coronavirus se expande
Alberto Fernández recibió a los jefes legislativos de la oposición ayer tarde en la Casa Rosada y logró comprometerlos a apoyar una cuarentena de 15 días que planea desde el fin de semana y anunciaría este jueves tras recibir a los gobernadores en la quinta de Olivos. "Hay que profundizar el aislamiento. Falta un paso más", confesó el presidente en el salón de las mujeres, escoltado por Sergio Massa, Máximo Kirchner y el senador Jorge Taiana.
El presidente Alberto Fernández se reunió en la Casa Rosada con los jefes de los bloques de la oposición en el Parlamento para poner a disposición la información referente a la expansión del coronavirus y dar la idea, se repitió varias veces en la conferencia de prensa posterior, de que "no hay grieta" frente a la pandemia.
 
Hoy, en la misma dirección, el Presidente recibirá en Olivos a los gobernadores con quienes avanzará en el objetivo de una realizar una cuarentena total en el país, que se analizaría para las próximas semanas, con varios días feriados que se podrían juntar.
 
El fin de la medida, con la que los opositores se mostraron en total acuerdo, es achatar todo lo posible la "curva" del número de infectados de forma que quienes se contagien puedan ser asimilados por el sistema sanitario y así evitar el pico de enfermos que se vio en países como Italia y España, que ahora sufren un estremecedor número de muertes diarias.
 
En el interior, comentaron los diputados, la cuarentena se respeta mucho menos que en el área metropolitana. A diferencia de la merma que ayer se notó en CABA, aseguraron que en algunas capitales de provincia la actividad fue totalmente normal. Por eso el Gobierno analiza la cuarentena total.
 
Alberto Fernández ocupa la centralidad política en la crisis del coronavirus, un cambio de escenario que congeló la interna no sólo dentro del Frente de Todos sino también con la oposición. La Casa Rosada evaluó el miércoles, tras la reunión del Presidente con Horacio Rodríguez Larreta, la declaración de estado de cuarentena total con restricción de libre circulación y guardias mínimas en el transporte.
 
La medida se analiza junto con la reprogramación del calendario escolar que, en caso de que se controle la expansión del virus, incluiría la suspensión de vacaciones de invierno para continuar con el dictado de clases perdidas por la pandemia. La urgencia de la Casa Rosada es frenar la curva de contagios antes de que comience el invierno. El verano se agota en 48 horas y el calor continuará una semana más.
 
El coronavirus se convirtió en una emergencia política a tal punto que no sólo relegó la reestructuración de la deuda con el FMI y acreedores privados sino que también expone a la economía a un crack interno por el parate en la actividad. El resultado final de la gestión de la crisis, con Alberto al frente, serán el dato político que reconfirgurará también el mapa del peronismo y el equilibrio que ensayan junto al cristinismo y el massismo en el Frente de Todos.
 
La Opinión Popular

 
EL PRESIDENTE RECIBIÓ A LOS LEGISLADORES Y HOY SE REÚNE CON LOS GOBERNADORES
 
Coronavirus: con apoyo opositor, Fernández evalúa una cuarentena total
 
Un problema que se planteó durante el encuentro es la centralización de los análisis en el Instituto Malbrán, porque no sólo genera una acumulación de test sino que probablemente no permita conocer con certeza el número de infectados en el país porque las muestras desde las provincias tardan mucho en procesarse.
 
Seguramente, el tema saldrá hoy de nuevo en el encuentro con los gobernadores. Por eso, una de las cuestiones que se debatió fue la necesidad de repartir los 50 mil reactivos que adquirió el Gobierno en 34 laboratorios que están distribuidos por todo el país para tener un cuadro más exacto de la situación.
 
Las autoridades del Malbrán ya habrán dado su aprobación para la labor de estos nuevos establecimientos. Ayer se conocieron 19 nuevos casos de infectados con lo que el número total de casos ya llega a 97 en el país, de los cuales la gran mayoría -68- son de Ciudad y provincia de Buenos Aires.
 
El encuentro con los legisladores se realizó por la tarde en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada. Además de Alberto Fernández también expuso el ministro de Salud, Ginés González García. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, llegó junto con los jefes de los bloques parlamentarios del Frente de Todos, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, Consenso Federal, el FIT y partidos provinciales.
 
En la amplia mesa, Ginés hizo una exposición sobre la expansión del virus en China, Italia y España, y en países donde se había conseguido achatar la curva como Corea del Sur y Japón, que fueron más efectivos en la contención. China encorsetó el virus cuando endureció las medidas al máximo. El ministro ilustró con gráficos que los legisladores pudieron seguir en una pantalla.
 
El Presidente respondió a algunos de las preguntas que surgieron desde la oposición. Una tuvo que ver con la situación de los monotributistas, que quedaron fuera del paquete de medidas de estímulo que presentaron el martes los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas. Fernández explicó que no era un tema sencillo de resolver pero que ya estaban trabajando en eso.
 
Otra consulta tuvo que ver con la situación de los argentinos varados en el exterior, que el Presidente cifró en unos 15 mil. "Las aerolíneas no los trajeron, Aerolíneas Argentinas va a ir pero también les estamos exigiendo a las otras aerolíneas que cumplan con traerlos", comentó.
 
Un problema que se está presentando es el de los servicios. Obviamente, ante la situación de la gente en cuarentena en sus hogares, las empresas no deberían cortar el suministro por falta de pago. El Presidente planteó que se evitarán los cortes en un esquema de "tolerancia razonable" a la falta de pago de tarifas.
 
 
Codo a codo
  
Hubo una conferencia de prensa posterior que ofreció Massa junto a representantes de los principales bloques: Jorge Taiana y Cristina Álvarez Rodríguez (FdT), Mario Negri y Luis Naidenoff (UCR), Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni y Álvaro González (PRO), Maximiliano Ferraro (CC) y Eduardo "Bali" Bucca (Consenso Federal).
 
Insistieron en la idea de la unidad frente a la epidemia y anunciaron que a partir de ahora se reunirán cada 15 días para seguir la evolución de la situación. Negri reiteró un concepto que también había expresado dentro de la reunión para definir al Presidente como el único mando a cargo ante el panorama incierto que se abre.
 
"Usted es el comandante en la batalla, somos uno solo en esta pandemia. Estamos para ofrecer lo que usted necesite", le expresó, contudente, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el encuentro. "No hay margen para la especulación", acompañó el senador Naidenoff.
 
"No hay gobierno y oposición, somos uno solo. Toda la dirigencia política está unida combatiendo esta pandemia", afirmó Massa en su exposición en la sala de conferencias de la Casa Rosada. Respecto a la posible cuarentena total, el titular de la Cámara baja advirtió que "si hay que endurecer las medidas para garantizar el aislamiento, lo vamos a hacer".
 
En general, las declaraciones opositoras fueron a favor de endurecer. Incluso, Bucca comentó que una de las propuestas que había llevado el bloque que responde a Roberto Lavagna al encuentro había sido la de extender la cuarentena obligatoria a todo el territorio nacional. Fuera de los micrófonos, los dirigentes opositores planteaban un escenario muy complicado si no se extremaban los recaudos ya mismo.
 
 
Parate
  
El tema se trasladará hoy al decisivo encuentro con los gobernadores pautado para las 17 en Olivos. Varias provincias fueron tomando distinaas medidas por su lado -cuarentenas, cierre de fronteras, asuetos- que se vuelve necesario unificar.
 
Una cuarentena total exigiría además una serie de coordinaciones de operativos que no se arreglan de un día para el otro. Por ejemplo, la actuación de las fuerzas de seguridad provinciales y las nacionales en un escenario así, donde se debe controlar que toda la población cumpla con la norma.
 
Según le comunicaron a los diputados, el Gobierno ya trabajaba en temas tales como la distribución de alimentos, provisión de combustibles y demás necesidades de abastecimiento que deberían mantenerse durante el parate. Cuál es el momento más oportuno para tomar la medida será algo que deberán definir hoy. Los especialistas sostienen que el momento justo es cuando la curva de infectados comienza a ascender, para evitar que pegue un salto que la vuelva incontenible.
 
Una curva "achatada" da tiempo al sistema sanitario a ir resolviendo los problemas que se le presentan y la epidemia podría asimilarse sin generar trastornos insolubles. El fantasma es que en unas semanas se recree las imágenes dantescas que se difundieron de un hospital del norte de Italia, inundado de infectados en salas y pasillos.
 
En las próximas semanas hay varios feriados que se aprovecharían para que el parate se sienta menos. Si la decisión se toma para la semana que viene entrarían los feriados del 23 y 24 de marzo y el del 2 de abril. La otra posibilidad es que sea para la otra semana, en la que también ingresaría el 2 de abril junto a los correspondientes a Semana Santa. Eran las dos posibilidades que se barajaban anoche.
 
 
Encuentros
  
Una de las preocupaciones tenía que ver con el sistema de salud de la región metropolitana -el AMBA, que comprende Capital y Provincia- ya de por sí con dificultades para atender la demanda habitual. En la rueda de prensa, Ritondo expresó la necesidad de asistir al sistema.
 
Ayer, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo dos veces reunido con Alberto Fernández para seguir el detalle de la evolución de la epidemia y de la efectividad de las medidas tomadas.
 
En el encuentro que hicieron por la noche, luego de la reunión con los legisladores, se sumó también el gobernador Axel Kicillof, el jefe del bloque de diputados Máximo Kirchner y los ministros Eduardo de Pedro y Ginés González García, además de asesores y especialistas en salud de cada distrito.
 
Una de las medidas que se anunciaron ayer en la Casa Rosada fue la construcción de ocho hospitales modulares que estarán listos en unos días.
 
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, explicó que cinco de esos hospitales estarán en el Conurbano y los otros tres en las provincias más afectadas: Chaco. Córdoba y Santa Fe.
 
Además, se reactivarán las obras para poner en condiciones otros cuatro hospitales en el GBA que no fueron finalizados durante el macrismo y que fueron vandalizados durante estos años. Eso llevará un poco más de tiempo.
 
Y así como Fernández hoy recibirá a los gobernadores, Kicillof adelantó que verá a los intendentes bonaerenses en La Plata -se reunirán en tandas para evitar la aglomeración- para hacerles un cuadro de situación y detallar las medidas tomadas hasta ahora.
 
Entre otras prevenciones, Kicillof anunció la adquisición de mil respiradores, y ya tiene encaminada la compra de barbijos, termómetros, máscaras, guantes, tubos endotraqueales y kits de protección.
 
Por Fernando Cibeira
 
Fuente: Página12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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