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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 18-03-2020 / 11:03

HASTA EL 31 DE MARZO

Asueto en la administración pública provincial, la nueva medida preventiva en Entre Ríos

Mediante el Decreto Nº 368, el gobernador Gustavo Bordet lo dispuso hasta el 31 de marzo, período en el que se mantendrán guardias mínimas para garantizar los servicios esenciales.

Mediante el Decreto Nº 368, el gobernador Gustavo Bordet lo dispuso hasta el 31 de marzo, período en el que se mantendrán guardias mínimas para garantizar los servicios esenciales. Además, la norma declara inhábil a los fines de los procesos administrativos previstos hasta fin de mes y especifica las excepciones correspondientes.

También se dispensa de la asistencia a sus lugares de trabajo a las personas de 60 años o mayores, salvo las declaradas personal esencial, o que estén afectadas a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables, así como también las declaradas en situación de riesgo por el Comité de Organización de la Emergencia en Salud.

Sin embargo, la norma exceptúa al personal de la Policía de Entre Ríos, de la Dirección General del Servicio Penitenciario, del Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias, incluyendo la Dirección de Comedores dependiente de esta última.

En su artículo 9º, el decreto establece un aumento del 50% del adicional por riesgo (código 201, 210, 212, 214, 226 y 238) para todos los escalafones de los agentes dependientes del Ministerio de Salud que perciban los mismos en razón de las tareas específicas del área, quienes se encuentran al frente de la atención sanitaria en el marco de esta situación epidemiológica actual, por el plazo comprendido hasta el 31 de marzo. También se dispuso un aumento del 20% de las becas de los residentes en salud, por el mismo período.

Por otra parte, se dispone el mantenimiento de guardias mínimas, facultando a los ministros y secretarios de Estado a establecer las medidas necesarias para garantizar los servicios esenciales y el funcionamiento de sus dependencias en el período de asueto. Para ello, podrán disponer de las modalidades bajo las cuales se prestarán los servicios, agentes responsables, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o de urgencia.

Se establece también que el personal en guardia pasiva, es decir, el que no se encuentra afectado al cumplimiento de guardias mínimas, deberá estar disponible en caso de ser requerido por la superioridad. Asimismo, los responsables de cada jurisdicción podrán determinar las condiciones y pautas para que se realicen las tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.

Por último, el Poder Ejecutivo invita a los titulares de los entes descentralizados y a los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores a adoptar medidas análogas.

Fuente: Gobierno de Entre Ríos

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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