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Nacionales - 17-03-2020 / 07:03
RECOMENDÓ A LOS PRIVADOS A QUE ADOPTEN EL MISMO MECANISMO PREVENTIVO

El gobierno nacional aplica a los estatales el trabajo a distancia para disminuir el contagio

El gobierno nacional aplica a los estatales el trabajo a distancia para disminuir el contagio
Para evitar la propagación del coronavirus, el Gobierno nacional otorgó licencia a los empleados públicos y privados mayores de 60 años, a las embarazadas y a los que integran grupos de riesgo o deban cuidar a sus hijos. Además, dispuso que los trabajadores estatales nacionales puedan cumplir sus tareas desde sus hogares e instó al sector privado a adoptar la misma medida. Así lo informó el ministro Claudio Moroni. No están alcanzados los trabajadores de la salud considerados indispensables. Instan a que el sector privado también aplique el trabajo a distancia.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció que tanto los empleados privados como los estatales mayores de 60 años, embarazadas, trabajadores con diferentes afecciones de salud y quienes deban cuidar a hijos menores estarán "dispensados" de concurrir a sus lugares de trabajo. E instó a las provincias y municipios que se sumen a esta disposición de trabajo a distancia.
 
Tras el anuncio, el presidente Alberto Fernández recurrió a su cuenta de Twitter para reforzar el anuncio al escribir: "Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!".
 
La intención del gobierno es disminuir lo máximo posible la presencia de trabajadores como una forma de resguardarlos del contagio del coronavirus y, sobre todo, impedir la proliferación de la enfermedad. Es por eso que Moroni se preocupó en reclamarle a las empresas privadas que implementen para la mayor cantidad de empleados el trabajo desde sus hogares.
 
"El objetivo es que no vayan al lugar de trabajo, recomendamos a los empleadores privados que adopten las medidas para disminuir la concurrencia de empleados", afirmó Moroni. Por supuesto que hay excepciones. En ese sentido, el ministro afirmó que si un trabajador estatal tiene más de 60 años pero ocupa un lugar considerado esencial, no estará alcanzado por la medida.
 
"Para el derecho a la remuneración hay goce íntegro", afirmó Moroni e instó a que en los casos en que el trabajo pueda ser realizado a distancia, así sea. También informó que los padres que tienen que quedarse a cuidar a sus hijos por la suspensión de las clases tienen "una ausencia justificada".
 
El detalle de las medidas anunciadas son los siguientes:
 
* Embarazadas, mayores de 60 y grupos de riesgo con enfermedades crónicas (coronarias o pulmonares) de los sectores público y privado quedan liberados de concurrir a su lugar de trabajo.
* Los mayores de 60 que cumplan servicios esenciales deberán concurrir a su lugar de trabajo.
* Todo el personal del servicio público y privado de salud se considera servicio esencial. Embarazadas y grupos de riesgo con enfermedades crónicas nunca podrán ser considerados personal esencial.
* Se recomienda a las empresas del sector privado que trabajen con la mínima cantidad de empleados y que adopten medidas para trabajar a distancia.

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CORONAVIRUS
 
El Gobierno anunció una licencia de trabajo para mayores de 60, embarazadas y empleados con afecciones de salud crónicas
 
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció que, debido al avance del coronavirus, están licenciados para presentarse a trabajar a partir de este martes las personas mayores de 60 años, las embarazadas y los empleados con afecciones de salud crónicas como las respiratorias, pulmonares y cardíacas.
 
El funcionario incluyó en este beneficio a los padres, madres o tutores que deban cuidar a sus hijos que no asistan a clases y puedan justificar que no tienen con quién dejarlos. También aclaró que la medida no alcanza a los trabajadores de la salud considerados indispensables par realizar su tarea. Tampoco a las fuerzas de seguridad.
 
"Se los dispensa de asistir al lugar de trabajo. En el caso de los mayores de 60 años, la situación puede cambiar si es personal esencial y se requiere su presencia para que la empresa siga adelante", aclaró el funcionario, al tiempo que remarcó: "Las embarazadas y los afectados por enfermedades crónicas nunca pueden ser trabajadores esenciales".
 
Moroni dijo que en estos casos "no se afectara el derecho a la remuneración" y le pidió a los empleadores privados que adopten medidas para reducir la presencia de trabajadores a los esenciales para que los lugares funcionen y que los restantes puedan trabajar a distancia.
 
Según la resolución a la que accedió este medio, se consideran "trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional" a aquellos con enfermedades crónicas, cardíacas, inmunodeficiencias, diabéticos y personas con insuficiencia renal crónica.
 
En esa línea, el ministro solicitó que esos trabajadores dispensados de ir a trabajar "puedan realizar el trabajo a distancia" . Luego, explicó que "el universo de trabajadores comprendidos en estas medidas es el mismo para el sector privado que para el público". Y, finalmente , remarcó que el objetivo del gobierno nacional es "disminuir la presencia de trabajadores" en aquellas empresas que puedan funcionar trabajando a la distancia.
 
"Recomiéndase a los empleadores y empleadoras que dispongan las medidas necesarias para disminuir la presencia de trabajadores y trabajadores en el establecimiento a aquellos indispensables para el adecuado funcionamiento de la empresa o establecimiento, adoptando a tal fin las medidas necesarias para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia", subraya el texto.
 
Es que, tal como adelantó Infobae, el Gobierno busca disminuir el uso del transporte público y lograr una descongestión de las oficinas estatales.
 
En el entorno de Moroni explicaron, por caso, que con esta medida la nómina del personal del Ministerio de Trabajo trabajará en un "90%" a distancia. Es decir, solo el 10% de los empleados de esa cartera lo harán desde este martes en forma presencial. Confían en que ese número se repitan en todas las dependencias del Estado.
 
Aludieron, por ejemplo, al Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio (SECLO), que depende de Trabajo, que tiene una gran afluencia de público y que solo funcionará hasta al menos el 31 de marzo para audiencias de pago.
 
El funcionario también hizo referencia al caso de los padres que deben quedarse en su casa para cuidar a sus hijos debido a la suspensión de las clases. "Establecemos que es una ausencia justificada. Solo tiene que comunicar a su empleados el detalle de la situación", indicó.
 
Por otra parte, según detalló Ana Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo Público, las medidas se aplicarán en todas las modalidades de contratación del sector público y en todas las jurisdicciones. La funcionaria informó que el Gobierno instó a las provincias a, en la medida de lo posible, seguir las mismas recomendaciones. También pidió colaboración al sector público municipal.
 
Este martes, el Presidente, que durante todo el día encabezó reuniones interministeriales exclusivamente por el avance de la pandemia, trabajará desde la quinta de Olivos, en sintonía con el anuncio de Moroni.
 
Ayer, Alberto Fernández, tras una larga reunión con funcionarios de su gobierno, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, oficializó la suspensión de clases por 15 días y el cierre de las fronteras por el mismo período. Aunque no se descarta que se prorroguen si es que el coronavirus presenta un aumento significativo de casos a nivel local.
 
Para las próximas horas se esperan anuncios vinculados a la economía, a cuestiones sociales y al transporte. De hecho, las iniciativas que explicó el ministro de Trabajo este lunes están directamente relacionadas con el transporte. Para disminuir el flujo de pasajeros. Hoy, de hecho, disminuyó un 50% la cantidad de usuarios en el subterráneo porteño, según confiaron fuentes oficiales.
 
Este martes habría, por caso, nuevas medidas en esa línea.
 
Fuente: Infobae
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
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17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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