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Nacionales - 14-03-2020 / 10:03
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Coronavirus, Moralesvirus y Macriviral

Coronavirus, Moralesvirus y Macriviral
En medio de la llegada del Covid-19 a la Argentina que arrasa en las noticias, el Senado debatió esta semana la posibilidad de intervenir el Poder Judicial de Jujuy y terminar con el virus moral que se propagó en esa provincia de la mano de Gerardo Morales. El gobernador y los radicales tratan de ocultar al resto del país los escándalos que se produjeron a raíz de la manipulación de la justicia jujeña.
En medio de la llegada del Covid-19 a la Argentina que arrasa en las noticias, el Senado debatió esta semana la posibilidad de intervenir el Poder Judicial de Jujuy y terminar con el virus moral que se propagó en esa provincia de la mano de Gerardo Morales. El gobernador y los radicales tratan de ocultar al resto del país los escándalos que se produjeron a raíz de la manipulación de la justicia jujeña.
 
La salud física, representada por el Covid-19, arrasó en las noticias con la salud moral de la república representada por el Moralesvirus antimilagro y el Macriviral de la deuda y el Correo. En una visita al supermercado del barrio, uno se entera por la cajera que ayer dos mujeres se pelearon por los últimos paquetes grandes de fideos y que entre las personas que acaban de pasar por la caja hay españoles que le dijeron que llegaron hace más de 20 días, pero la cajera asegura que en el pasaporte pudo ver que habían entrado el 2 de marzo. "Y encima, la mujer estaba tosiendo", enfatiza. El coronavirus, alias Covid-19, ha tomado por asalto el país y el imaginario del país. Resulta inevitable.
 
El gobierno de Mauricio Macri no le dio importancia a la salud pública y destruyó por la vía del desfinanciamiento y los ajustes los muros de contención fronterizos que habían desarrollado los llamados "gobiernos populistas". Esas defensas habían servido para contener el asedio del dengue que cuando las levantó el macrismo se expandió por la Ciudad de Buenos Aires con miles de infectados.
 
Para la concepción neoliberal, la salud pública de calidad le compete a los privados y que los demás se arreglen en hospitales desbordados y desprovistos. En cambio, el actual ministro de Salud, Ginés González García, que también fue ministro en los gobiernos kirchneristas, se preocupó en su momento por disponer controles en los puntos fronterizos con Brasil y Paraguay, donde el dengue es endémico. A pesar de la furiosa campaña de las corporaciones mediáticas --que después callaron el desastre macrista en la Ciudad de Buenos Aires--, pudo contener al dengue en unas pocas decenas de infectados.
 
La llegada de Cambiemos al gobierno nacional debilitó esos controles, al igual que desactivó a las decenas de cooperativistas que hacían el descacharreo en los barrios. Tras cuatro años de macrismo hay miles de infectados en la CABA en situación de riesgo de vida porque una nueva infección tomaría la forma de dengue hemorrágico que es letal.
 
Brasil y Paraguay conviven con el dengue, al igual que ahora la Argentina, pero si el dengue se hubiera extendido de la misma forma que el coronavirus en Asia, Norteamérica y Europa, hubiera provocado más muertes y una alerta mucho mayor que el Covid-19.
 
No es una cuestión de nombres ni de chapas académicas, --que el equipo de Ginés los tiene de sobra--, sino de políticas. Para el neoliberalismo siempre habrá pobres con enfermedades y ricos sanos. Es el mundo que representan. En cambio, un gobierno popular ubica entre sus prioridades a la salud pública porque la concibe como un derecho humano y no como una mercancía que la obtiene el que la puede pagar. "El que se quiera curar gratis, que se vaya a Cuba", dirían los locutores futboleros del macrismo.
 

 El desmantelamiento de los mecanismos de prevención y contención obligó ahora al ministro Ginés a retomar de cero el trabajo para contener la difusión del virus e impedir que se descontrole como sucedió en una Italia que viene siendo gobernada también por gobiernos neoliberales.
 
China está saliendo del pico de la peste y comenzó a descender la cantidad de infectados. El foco se ubicó ahora en Europa y empieza a crecer en Norteamérica. En Suramérica, sobre todo en el Cono Sur, es probable que se incremente con la llegada del frío. En Europa y Estados Unidos aumenta el número de infectados y para la magia de las calificadoras, el riesgo país aumenta, pero en Argentina. Para las calificadoras de riesgo, la crisis que provocó el virus en los países centrales hace crecer el riesgo de default en la deuda Argentina, que no necesita más virus porque ya fue totalmente infectada por el peor de todos, el macrivirus de la deuda


El virus moral o el Moralesvirus fue debatido el jueves en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado donde se estudia la posibilidad de intervenir al Poder Judicial de la provincia de Jujuy.
 
En el plano internacional, la calidad institucional de un país se mide por varios parámetros, entre los cuales el principal sería el respeto a determinados valores republicanos, como la independencia de poderes. Desde la salida de la dictadura, el país no fue tan interpelado, cuestionado y mal calificado en este aspecto como durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos.
 
Tanto la OEA y la CIDH, como la ONU y el relator sobre la Independencia de los Magistrados, hicieron duros señalamientos al ex presidente Mauricio Macri y al gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales. El proyecto de intervención a la justicia jujeña apunta a varios de los elementos que fueron planteados por estos organismos internacionales y que ubicaron a la Argentina como uno de los países con peor calidad institucional.
 
Apenas asumieron en diciembre de 2015, tanto Macri como Morales se preocuparon por copar la Corte. Macri trató de designar a dos nuevos supremos por decreto. Morales envió un proyecto a la Legislatura para incorporar cuatro nuevos jueces. El proyecto fue tratado entre gallos y medianoche y aprobado tras un debate agitado.
 
Dos horas después de la aprobación, dos de los legisladores radicales que habían intervenido en el debate se incorporaron a la Corte. Más otros dos también radicales, con lo cual Morales se aseguraba una mayoría automática en el alto tribunal. En un acto de obscenidad política, la vicepresidenta del bloque radical de Diputados, Clara Lange de Falcone, fue designada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, la que a su vez está relacionada a nivel familiar con varios de los jueces y fiscales que juzgaron a Milagro Sala por orden del gobernador.
 
Falcone fue desplazada después que dijera públicamente que impediría la libertad de Milagro Sala aunque ese beneficio le correspondiera por ley a la dirigente social. Asumió en su lugar el juez Pablo Baca, otro ex diputado radical designado por Morales.
 
No duró mucho, apenas poco más de un mes. El PJ presentó un pedido de juicio político en la Legislatura provincial y Baca tomó licencia luego de que se conocieran grabaciones donde reconocía que Milagro Sala está presa porque "el gobernador Morales se encaprichó" y que la creación del ministerio de Acusación "está floja de papeles".
 
La prepotencia con que Morales avasalló al Poder Judicial de su provincia tenía que desembocar en un escándalo como el que ya costó la cabeza de dos presidentes del Superior Tribunal de Justicia que controla. Son los dos diputados que votaron la ampliación de la Corte y dos horas después eran miembros de la misma. Tremendo papelón.
 
Para afirmar su control, Morales promovió el juicio político del fiscal general del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Ficoseco, y creó un ministerio de la Acusación, con el súperfiscal Sergio Lello Sánchez, que estaría por encima del Fiscal General, que según la Constitución es la jerarquía más alta. Los fiscales generales de las demás provincias criticaron duramente a Morales por esta medida a la que calificaron de inconstitucional.
 
El radicalismo trató de ocultar al resto del país la seguidilla de escándalos que se produjeron en la justicia jujeña a raíz de su manipulación por el gobernador Morales. El jueves varios diputados radicales concurrieron al Senado para tratar de evitar que se discutiera la posible intervención para normalizar un Poder Judicial tan desprestigiado.
 
La defensa corporativa de esos manejos da cuenta de la crisis moral en el radicalismo que siempre declamó su defensa de la independencia de poderes.
 
La única defensa de Morales es que se trata de una operación del kirchnerismo. Pero el senador que presentó el proyecto de intervención federal es jujeño, el justicialista Guillermo Snopek, que no es kirchnerista y que históricamente ha sido crítico del kirchnerismo. Snopek es además cuñado de Morales y se conocen bien. No hay operaciones, lo que hay es una olla podrida que se destapó y huele mal.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Pagina 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
La Opinión Popular
 

16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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