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Nacionales - 14-03-2020 / 10:03
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Coronavirus, Moralesvirus y Macriviral

Coronavirus, Moralesvirus y Macriviral
En medio de la llegada del Covid-19 a la Argentina que arrasa en las noticias, el Senado debatió esta semana la posibilidad de intervenir el Poder Judicial de Jujuy y terminar con el virus moral que se propagó en esa provincia de la mano de Gerardo Morales. El gobernador y los radicales tratan de ocultar al resto del país los escándalos que se produjeron a raíz de la manipulación de la justicia jujeña.
En medio de la llegada del Covid-19 a la Argentina que arrasa en las noticias, el Senado debatió esta semana la posibilidad de intervenir el Poder Judicial de Jujuy y terminar con el virus moral que se propagó en esa provincia de la mano de Gerardo Morales. El gobernador y los radicales tratan de ocultar al resto del país los escándalos que se produjeron a raíz de la manipulación de la justicia jujeña.
 
La salud física, representada por el Covid-19, arrasó en las noticias con la salud moral de la república representada por el Moralesvirus antimilagro y el Macriviral de la deuda y el Correo. En una visita al supermercado del barrio, uno se entera por la cajera que ayer dos mujeres se pelearon por los últimos paquetes grandes de fideos y que entre las personas que acaban de pasar por la caja hay españoles que le dijeron que llegaron hace más de 20 días, pero la cajera asegura que en el pasaporte pudo ver que habían entrado el 2 de marzo. "Y encima, la mujer estaba tosiendo", enfatiza. El coronavirus, alias Covid-19, ha tomado por asalto el país y el imaginario del país. Resulta inevitable.
 
El gobierno de Mauricio Macri no le dio importancia a la salud pública y destruyó por la vía del desfinanciamiento y los ajustes los muros de contención fronterizos que habían desarrollado los llamados "gobiernos populistas". Esas defensas habían servido para contener el asedio del dengue que cuando las levantó el macrismo se expandió por la Ciudad de Buenos Aires con miles de infectados.
 
Para la concepción neoliberal, la salud pública de calidad le compete a los privados y que los demás se arreglen en hospitales desbordados y desprovistos. En cambio, el actual ministro de Salud, Ginés González García, que también fue ministro en los gobiernos kirchneristas, se preocupó en su momento por disponer controles en los puntos fronterizos con Brasil y Paraguay, donde el dengue es endémico. A pesar de la furiosa campaña de las corporaciones mediáticas --que después callaron el desastre macrista en la Ciudad de Buenos Aires--, pudo contener al dengue en unas pocas decenas de infectados.
 
La llegada de Cambiemos al gobierno nacional debilitó esos controles, al igual que desactivó a las decenas de cooperativistas que hacían el descacharreo en los barrios. Tras cuatro años de macrismo hay miles de infectados en la CABA en situación de riesgo de vida porque una nueva infección tomaría la forma de dengue hemorrágico que es letal.
 
Brasil y Paraguay conviven con el dengue, al igual que ahora la Argentina, pero si el dengue se hubiera extendido de la misma forma que el coronavirus en Asia, Norteamérica y Europa, hubiera provocado más muertes y una alerta mucho mayor que el Covid-19.
 
No es una cuestión de nombres ni de chapas académicas, --que el equipo de Ginés los tiene de sobra--, sino de políticas. Para el neoliberalismo siempre habrá pobres con enfermedades y ricos sanos. Es el mundo que representan. En cambio, un gobierno popular ubica entre sus prioridades a la salud pública porque la concibe como un derecho humano y no como una mercancía que la obtiene el que la puede pagar. "El que se quiera curar gratis, que se vaya a Cuba", dirían los locutores futboleros del macrismo.
 

 El desmantelamiento de los mecanismos de prevención y contención obligó ahora al ministro Ginés a retomar de cero el trabajo para contener la difusión del virus e impedir que se descontrole como sucedió en una Italia que viene siendo gobernada también por gobiernos neoliberales.
 
China está saliendo del pico de la peste y comenzó a descender la cantidad de infectados. El foco se ubicó ahora en Europa y empieza a crecer en Norteamérica. En Suramérica, sobre todo en el Cono Sur, es probable que se incremente con la llegada del frío. En Europa y Estados Unidos aumenta el número de infectados y para la magia de las calificadoras, el riesgo país aumenta, pero en Argentina. Para las calificadoras de riesgo, la crisis que provocó el virus en los países centrales hace crecer el riesgo de default en la deuda Argentina, que no necesita más virus porque ya fue totalmente infectada por el peor de todos, el macrivirus de la deuda


El virus moral o el Moralesvirus fue debatido el jueves en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado donde se estudia la posibilidad de intervenir al Poder Judicial de la provincia de Jujuy.
 
En el plano internacional, la calidad institucional de un país se mide por varios parámetros, entre los cuales el principal sería el respeto a determinados valores republicanos, como la independencia de poderes. Desde la salida de la dictadura, el país no fue tan interpelado, cuestionado y mal calificado en este aspecto como durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos.
 
Tanto la OEA y la CIDH, como la ONU y el relator sobre la Independencia de los Magistrados, hicieron duros señalamientos al ex presidente Mauricio Macri y al gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales. El proyecto de intervención a la justicia jujeña apunta a varios de los elementos que fueron planteados por estos organismos internacionales y que ubicaron a la Argentina como uno de los países con peor calidad institucional.
 
Apenas asumieron en diciembre de 2015, tanto Macri como Morales se preocuparon por copar la Corte. Macri trató de designar a dos nuevos supremos por decreto. Morales envió un proyecto a la Legislatura para incorporar cuatro nuevos jueces. El proyecto fue tratado entre gallos y medianoche y aprobado tras un debate agitado.
 
Dos horas después de la aprobación, dos de los legisladores radicales que habían intervenido en el debate se incorporaron a la Corte. Más otros dos también radicales, con lo cual Morales se aseguraba una mayoría automática en el alto tribunal. En un acto de obscenidad política, la vicepresidenta del bloque radical de Diputados, Clara Lange de Falcone, fue designada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, la que a su vez está relacionada a nivel familiar con varios de los jueces y fiscales que juzgaron a Milagro Sala por orden del gobernador.
 
Falcone fue desplazada después que dijera públicamente que impediría la libertad de Milagro Sala aunque ese beneficio le correspondiera por ley a la dirigente social. Asumió en su lugar el juez Pablo Baca, otro ex diputado radical designado por Morales.
 
No duró mucho, apenas poco más de un mes. El PJ presentó un pedido de juicio político en la Legislatura provincial y Baca tomó licencia luego de que se conocieran grabaciones donde reconocía que Milagro Sala está presa porque "el gobernador Morales se encaprichó" y que la creación del ministerio de Acusación "está floja de papeles".
 
La prepotencia con que Morales avasalló al Poder Judicial de su provincia tenía que desembocar en un escándalo como el que ya costó la cabeza de dos presidentes del Superior Tribunal de Justicia que controla. Son los dos diputados que votaron la ampliación de la Corte y dos horas después eran miembros de la misma. Tremendo papelón.
 
Para afirmar su control, Morales promovió el juicio político del fiscal general del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Ficoseco, y creó un ministerio de la Acusación, con el súperfiscal Sergio Lello Sánchez, que estaría por encima del Fiscal General, que según la Constitución es la jerarquía más alta. Los fiscales generales de las demás provincias criticaron duramente a Morales por esta medida a la que calificaron de inconstitucional.
 
El radicalismo trató de ocultar al resto del país la seguidilla de escándalos que se produjeron en la justicia jujeña a raíz de su manipulación por el gobernador Morales. El jueves varios diputados radicales concurrieron al Senado para tratar de evitar que se discutiera la posible intervención para normalizar un Poder Judicial tan desprestigiado.
 
La defensa corporativa de esos manejos da cuenta de la crisis moral en el radicalismo que siempre declamó su defensa de la independencia de poderes.
 
La única defensa de Morales es que se trata de una operación del kirchnerismo. Pero el senador que presentó el proyecto de intervención federal es jujeño, el justicialista Guillermo Snopek, que no es kirchnerista y que históricamente ha sido crítico del kirchnerismo. Snopek es además cuñado de Morales y se conocen bien. No hay operaciones, lo que hay es una olla podrida que se destapó y huele mal.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Pagina 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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