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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 13-03-2020 / 08:03
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Alberto Fernández y las diez plagas de Olivos

Alberto Fernández y las diez plagas de Olivos
Antes de cumplir los primeros 100 días, el Gobierno ya parece transitar las últimas de sus diez plagas bíblicas. Lo que se pregunta el establishment es si Alberto Fernández tendrá bajo la manga algún truco tan hábil como el de Moisés en el Mar Muerto. Lo de atravesar un desierto, después de dos años de recesión fiera con inflación récord en 30 años, ya no asusta a nadie.
Primero fueron las exigencias del Fondo Monetario. La gira presidencial por Europa y el lobby que desplegaron Jorge Argüello, Gustavo Béliz y Martín Guzmán ante la Casa Blanca consiguieron postergarlas. Después llegaron el dengue y el sarampión, cuyos rebrotes pudieron adjudicarse sin exagerar demasiado al evidente descuido de la salud pública por parte de Mauricio Macri.
 
Más tarde arreció la presión de los acreedores privados, que al principio se entusiasmaron con la "salida uruguaya" -sin quita nominal- pero que ahora amenazan con patear el tablero. En el medio hubo que navegar el ajuste a los jubilados que ganan más que la mínima y estallaron la pelea con los jueces y la interna por los "presos políticos", que todavía sangra.
 
Luego el ala más ideologizada del agronegocio macrista le impuso al resto de los productores un lockout sin gran impacto económico pero con un desgaste político innecesario. Finalmente llegaron la corona-crisis y el desplome del precio del petróleo, dos vendavales totalmente inesperados y de consecuencias todavía imprevisibles.
 
Antes de cumplir los primeros 100 días, el Gobierno ya parece transitar las últimas de sus diez plagas bíblicas. Lo que se pregunta el establishment es si Alberto Fernández tendrá bajo la manga algún truco tan hábil como el de Moisés en el Mar Muerto. Lo de atravesar un desierto, después de dos años de recesión fiera con inflación récord en 30 años, ya no asusta a nadie.
 
La oferta de Guzmán a los acreedores se conocerá en las próximas horas. No lo verá en vivo y en directo su mentor, el premio Nobel Joe Stiglitz, quien debió postergar sin fecha una conferencia que tenía prevista para el próximo viernes en el CCK. La CEPAL, que organizaba el seminario, decidió extremar las precauciones antes de que la obligación de guardar cuarentena para todos frustrara definitivamente el evento.
 
Es una ausencia que el ministro lamentó en la intimidad, porque entrevé por delante semanas de mucha presión, con pocas voces amigas en el escenario internacional.
 
La oferta, según dijeron tres fuentes del equipo económico, va a ser bastante más agresiva de lo que esperaba el mercado en un principio. Y aunque el desplome de los bonos de las últimas dos semanas haga aparecer la quita como algo menos doloroso, la debacle global no ayuda a embellecer los números.
 
Al fin y al cabo, los títulos de deuda de otros países latinoamericanos también pasaron a rendir menos que antes del virus. Y esos países no se balancean hacia una cesación de pagos.

 
Contagio
  
Aunque no tengan ejércitos, los fondos de inversión que tienen que subir o bajarle el pulgar a lo que ofrezca Guzmán son más poderosos que los gobiernos del G-7 a los que el Presidente convenció de apoyar a la Argentina en el directorio del FMI. "Son los mismos tipos a los que llaman para manguearles guita los ministros y secretarios de Finanzas con los que nos reunimos hasta ahora", graficó una de las fuentes.
 
Con los puentes aéreos cortados, el ministro prevé mantener videoconferencias con los jefes de todos esos fondos desde hoy hasta entrada la semana que viene. "Vamos a gastar el Skype", bromeó el informante.
 
Una vez presentada la oferta, Fernández siente que podría declarar la cesación de pagos sin el costo político que habría tenido hacerlo el 10 de diciembre. Y en su mesa chica, el crac global amplificó la voz de los defolteadores frente a los negociadores. "Cada dólar que pagamos de deuda es un dólar que no vamos a crecer. Esto no se puede estirar más, pero no porque no queramos sino porque se acaban los dólares", opinó la segunda fuente, más identificada con el primer bando.
 
Es una opinión cada vez más contagiosa, porque la promesa de encender la economía fue una de las centrales de la campaña del Frente de Todos y sigue lejos de cumplirse. Es lo que obsesiona por ejemplo al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, cuyo directorio interrumpió ayer la sostenida rebaja de tasas de interés que venía impulsando, del 63% al 38% en apenas dos meses. Pero que prevé retomar la senda bajista apenas pueda. En principio, la semana que viene.
 
En el Central celebraron que la inflación de febrero haya sido del 2% y aseguran que deja espacio para rebajas adicionales en la tasa de referencia. En un escenario de recesión global como el que se avecina, dicen, es lo aconsejable para que los bancos ofrezcan más crédito y refinancien los que vienen ahogando a las empresas desde el macrismo. Algunos bancos respondieron bien al estímulo, como el Macro. Otros, como el Santander y el HSBC, están en la mira de los técnicos de la calle Reconquista por no haber trasladado la rebaja a sus clientes, en especial Pymes.
 
La contracara de la rebaja de tasas, que es haber vuelto a encender la "maquinita", no generó la inflación que vaticinaban los economistas de la City. En el Central lo adjudican a que el circulante se había reducido a un mínimo histórico. Y a que la expansión no fue a financiar gasto público con contrapartida de mayor consumo sino pagos de deuda en pesos.
 
¿Puede haber fogoneado esa emisión de pesos la suba de los dólares paralelos, como el blue o el contado con liqui? No es algo que preocupe a Pesce. "Están saliendo capitales de todos los países, y acá como hay control de cambios salen vía contado con liqui. Nada sorprendente", dicen cerca suyo.
 
 
Epidemia
  
En el mundo de la energía, el crac de la OPEP dejó todo patas para arriba. La ruptura entre Rusia y Arabia Saudita y el derretimiento del precio del barril llegó en pleno congelamiento de tarifas y combustible pero gatilló reclamos inmediatos en todo el sector. A todos les cambió todo: desde los petroleros de Guillermo Pereyra hasta el dueño de Panamerican Energy, Alejandro Bulgheroni, quien compartió mesa la semana pasada con Alberto en el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP).
 
El Gobierno ya definió una salida, aun cuando no se formalizará hasta la semana del 23 de marzo. Es el viejo barril criollo, un precio sostén para los petroleros que procurará mantener la actividad en los pozos al costo de sacrificar una potencial rebaja del precio de los combustibles que podría ayudar a cumplir con aquella promesa de encender la economía. Estará entre 42 y 52 dólares, bien por arriba de los 33 donde terminó ayer el Brent.
 
El problema no es que se queden sin trabajo los 8 o 10 mil petroleros que pueden prender fuego la Patagonia. Para los consumidores sería incluso más barato pagarles el sueldo y mandarlos a la casa que sostener un precio artificialmente alto para el barril extraído del suelo local. La razón es otra, según la tercera de las fuentes consultadas en el equipo económico. "Lo que pasa es que sin barril criollo, YPF se funde", graficó.
 
En rigor, a nadie en el sector le conviene abrir la importación y apagar los pozos. A las petroleras integradas (PAE e YPF), porque producen acá. A las refinadoras puras (Trafigura y Raizen), porque tienen más rentabilidad en sus refinerías locales que en las del exterior. Por eso prefieren trabajar a full. Mucho menos a los gobernadores, que necesitan cobrar regalías. Son ellos los que le pidieron a Matías Kulfas un barril criollo más caro, del orden de los 52 dólares.
 
Aunque pueda servir para hacer equilibrio entre mantener planchado el precio de los combustibles y sostener la actividad en los pozos tradicionales, el barril criollo es solo un parche. El crac petrolero trajo otro problema: enterró a Vaca Muerta en la inviabilidad total y absoluta. Y de ahí pensaba Alberto sacar parte de los dólares que les va a prometer a los bonistas. Otra razón para el endurecimiento de Guzmán.
 
¿Y las tarifas de gas y luz? En el Ministerio de Desarrollo Productivo dicen que alcanza con subirlas un 25% en junio. Bastante menos que la inflación esperada para este año, pero bastante más que cero. Al fin y al cabo, la compañía mayorista eléctrica CAMMESA paga 62 dolares por megawatt de generación y los consumidores le pagan 46 dólares a las distribuidoras. Lo que hay en el medio es la cuenta de subsidios, que llegó a USD3.000 millones en 2019 y que alcanzaría USD4.700 millones este año de no mediar aumentos.
 
En términos reales, si se diera ese escenario, las tarifas se abaratarían. Pero en pesos subirían otra vez, con la economía todavía sin encenderse. Todo un desafío para quien puede haber sobrevivido a las diez plagas pero todavía no atisba la marea baja del Mar Muerto.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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