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Nacionales - 07-03-2020 / 10:03
PODRÍA SER CONDENADA A 6 AÑOS DE PRISIÓN

Denunciaron a Gabriela Michetti por un desfalco de 180 millones de pesos contra el Senado de la Nación

Denunciaron a Gabriela Michetti por un desfalco de 180 millones de pesos contra el Senado de la Nación
La denuncia por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública contra la macrista Gabriela Michetti, la presentó Graciana Peñafort, designada por Cristina Fernández como directora de Asuntos Legales de la Cámara alta. Una auditoría reveló pagos por más de 180 millones de pesos a una empresa que no concluyó las tareas previstas.
La ex vicepresidenta y ex titular de la Cámara de Senadores, la macrista Gabriela Michetti, fue denunciada por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la empresa Dinale S.A. La presentación judicial fue realizada por la directora de Asuntos Legales del Senado, la abogada Graciana Peñafort.
 
La acusación apunta que Michetti "hizo pagos millonarios por obras que no tuvieron avances. Se entregaron más de 180 millones de pesos y el trabajo está inconcluso", explicaron desde la presidencia del Senado. El Juzgado Federal número 11, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi --reemplazante de Claudio Bonadio--, estará a cargo de la investigación.
 
La denuncia que se presentó este viernes es por obras para la puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo del Senado. La firma contratada para realizar estos trabajos recibió adelantos millonarios, pero las obras nunca fueron concluidas.
 
En la presentación judicial, Peñafort explicó que se entregaron anticipos "por fuera de la normativa, sin motivación alguna". "Una vez otorgados, no fueron descontados conforme a los avances de obra certificados", agregó en la denuncia. Incluso, señaló que la gestión de Michetti "continuó efectivizando pagos por sobre los adelantos irregulares otorgados de manera excepcional e injustificada".
 
"No se ha podido certificar que dichos anticipos hayan sido utilizados para los fines declarados, jamás se certificó la compra de materiales para acopio por los montos otorgados, ni se encuentran en las instalaciones del edificio", remató la denuncia. La acusación también recae sobre Helio Rebot, secretario Administrativo de la Cámara alta en su momento, y Germán De Vincenzo, presidente de la empresa Dinale S.A.
 
Otro aspecto de la denuncia señala irregularidades en torno a la firma contratada. Peñafort sostuvo que "la empresa no era proveedora del Senado y nunca pidió la habilitación de la obra". También indicó que la contratación "pudiera resultar irregular en manos de una empresa que no siempre habría formulado la mejor oferta en el marco de las distintas licitaciones".
 
La firma Dinale S.A. tampoco presentó "representante técnico habilitado ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni gestionó los permisos de obra, ni se presentaron los planos aprobados por el organismo competente en la materia, ni se han colocado los carteles con los permisos correspondientes", subrayó Peñafort para mostrar los diferentes ilícitos en la contratación.
 
La directora de Asuntos Legales del Senado no descarta la posibilidad de sobreprecios en las contrataciones que realizó la gestión anterior. "Los precios determinados por la administración para la apertura a licitación de las obras no encuentran justificación fehaciente", destacó.
 
La Opinión Popular

 
PEÑAFORT ENUMERO DIVERSAS IRREGULARIDADES EN LA LICITACION PARA REFACCIONAR EL SENADO
 
Denunciaron a Gabriela Michetti
 
El Senado, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, presentó ayer una denuncia penal contra la titular del cuerpo durante la gestión de Cambiemos, Gabriela Michetti, por los presuntos delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública por haber realizado «pagos millonarios por obras que no tuvieron avances» en la Cámara alta. La denuncia fue radicada por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort en los tribunales federales de Comodoro Py, donde, tras el sorteo de rigor, recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 11 de la Capital Federal, actualmente a cargo Marcelo Martínez de Giorgi.
 
Michetti, por su parte, escribió en su cuenta de la red social Twitter: «Tenemos absoluta tranquilidad de conciencia, por lo que pondremos a disposición de la justicia, toda la información necesaria para demostrar que la denuncia es infundada». La acusación alcanza a Helio Rebot, ex secretario administrativo del Senado, y a Germán De Vincenzo, presidente de la empresa Dinale S.A, informaron fuentes de la Presidencia del Senado.
 
 
Instalaciones
  
Peñafort explicó ayer que, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner asumió la Presidencia del cuerpo, se encontró con «una situación bastante terrible que compromete las instalaciones mismas del Senado». «Se emitieron los certificados de obra, pero las obras no están. Sólo una de las obras tiene un 3 por ciento de avance», precisó Peñafort.
 
De acuerdo con la presentación, que ahora deberá ser analizada por el magistrado, previa ratificación por parte de la denunciante, la ex vicepresidenta de la gestión de Cambiemos «le dio más de 180 millones a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación». Según fuentes de la Presidencia del Senado, se constató que «la empresa en cuestión no era proveedora del Senado y nunca se pidió la habilitación de la obra», así como el hecho de que «se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares».
 
 
Irregularidades
  
En la denuncia, la abogada Peñafort asegura que se verificó la «concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Honorable Senado de la Nación» e, incluso, denunció «un posible sobreprecio de obra». «Los precios determinados por la Administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión no encuentran justificación fehaciente», añadieron en la denuncia.
 
Las obras para las que se contrató a la empresa están vinculadas a la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Senador Alfredo L. Palacios, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 1710, a pocos metros del Palacio Legislativo.
 
Según Peñafort, la contratación para las obras «estuvo mal hecha desde el principio». «Venían estos mismos señores -dijo en alusión a la empresa mencionada- a cobrar estos certificados de obra y las obras no estaban. No sólo se les dio el certificado de obra que los habilita a cobrar; también se les dio un adelanto y tenían comprometido un adelanto del 5 por ciento para compra de materiales y, en 2019, les dieron el 25 por ciento, y no compraron materiales». La abogada del Senado se preguntó «dónde puede haber ido esa cantidad de dinero en un momento en que la tasa de interés volaba».
 
 
Adelantos
  
En un informe distribuido a la prensa del Senado, se indicó que la empresa denunciada Dinale SA «fue la única» presentada a licitación y que resultó adjudicataria de la obra en cuestión, por un monto de $249.600.000. El plazo de ejecución fue asignado en nueve meses desde el acta de inicio de obra -20 de mayo de 2019- por lo que venció el 20 de febrero último.
 
Otra irregularidad denunciada es que, «pese a los adelantos brindados, la empresa no presentó representante técnico habilitado ante el gobierno porteño» ni «gestionó» los permisos de obra ni presentó «los planos aprobados por el organismo competente en la materia». Cuando en diciembre último, Fernández de Kirchner anticipó que abriría una auditoría para investigar la tarea de su antecesora en el Senado, el ex secretario administrativo, Helio Rebot, dijo a la prensa que en el macrismo estaban «tranquilos» porque afirman que no hubo irregularidades y aprobaron «que se audite» la gestión.
 
Fuente: La Arena
 

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21-01-2026 / 08:01
A pesar de la cerrada negativa oficial, la Justicia ordenó que el Gobierno de Javier "el Loco" Milei deberá poner en plena vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad. Si el 4 de febrero no está implementada toda la normativa aprobada por el Congreso Nacional, que hasta rechazó el veto de Milei, "comienzan a regir las multas diarias a funcionarios". Si en diez días hábiles no está implementada toda la normativa comenzaran a regir multas diarias a funcionarios como Manuel Adorni y Sandra Pettovello.
 
El Gobierno libertario había promulgado la ley, pero la había suspendido al mismo tiempo con la excusa de no tener fondos. Una mentira escandalosa. Este fallo de la Justicia le da la razón a quienes pelearon por su sanción. Milei, fiel a su política de motosierra y recorte sobre los sectores más vulnerables, la había suspendido mediante veto con la excusa de no tener fondos, dejando a miles de personas a la intemperie y a cientos de instituciones al borde del cierre. Aun así, con la movilización popular, el Congreso había rechazado el veto a la ley.
 
En plena feria judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo ejecutar una sentencia que había dictado a fines de diciembre e intimó al Poder Ejecutivo a poner la ley en funcionamiento dentro de las próximas dos semanas. En la misma resolución, además, ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de cinco días, "informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones". De no cumplirse, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales.
 
"La Justicia le puso un ultimátum al Gobierno: el 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando sí o sí, al cien por ciento. Ya llevamos más de 130 días desde que está vigente y no se cumple", manifestó la actriz Lola Berthet, referente del colectivo, y exigió al Ejecutivo que ponga fin a las "dilaciones y las excusas". "Ya no se aceptan más informes técnicos, como los que venían presentando hasta ahora. Esta es una intimación final", celebró la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista.
 
El argumento de Milei, de la "sostenibilidad fiscal" es una excusa escandalosa. Mientras recortan a quienes más lo necesitan, el Gobierno sigue garantizando ganancias a los sectores empresarios, la fuga de capitales y los negocios de las patronales del campo. Como señala el fallo, el Gobierno realizó más de 19 modificaciones presupuestarias desde diciembre de 2023, demostrando que cuando se trata de beneficiar a los ricos siempre hay fondos. Pero para la discapacidad, la motosierra.
 
Desde las organizaciones, sin embargo, ponen en duda que Milei vaya a respetar los fallos judiciales. "Va a dilatar su implementación todo lo que pueda", advierte Lorena Aguirre, abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha, y anticipa que están evaluando presentar amparos colectivos en cada jurisdicción del país. "Necesitamos que todos los jueces federales cumplan con sus funciones, se expidan y sancionen al Gobierno, porque no se están respetando los compromisos internacionales. Existe un principio de no regresividad y de no discriminación que está siendo tolerado", añade Aguirre y solicita una mayor participación de la dirigencia opositora.
 
La experiencia de estos meses demuestra que no hay salida individual ni respuesta estatal si no es con la organización y la movilización popular.
 
La Opinión Popular
 

20-01-2026 / 09:01
"El proyecto de reforma laboral del Ejecutivo es extremadamente regresivo y nuestra oposición es total", declaró la diputada nacional de Fuerza Patria Kelly Olmos, en relación a una de las leyes que el Gobierno tratará de impulsar en las sesiones extraordinarias de febrero. Ante esto, el peronismo prepara una serie de propuestas para presentar una reforma laboral alternativa, que amplíe los derechos de las y los trabajadores. "Nosotros queremos alimentar el debate público y mostrar que lo que el Gobierno hace no moderniza sino que, por el contrario, precariza", sostuvo Olmos.
 
Por su parte, el senador Mariano Recalde aseguró que avanzaron en varios sentidos. "Trabajamos en ocho ideas fuerza que están plasmadas en muchos y diversos proyectos ya presentados en el congreso durante años". Por su parte, Olmos destacó que: "La modernización se asienta en otras regulaciones como las que nosotros promovemos", dijo la diputada.
 
El Peronismo avanza con una propuesta laboral diferente a la del oficialismo. Apunta a promover una recomposición salarial para que los ciudadanos recuperen su poder adquisitivo. También marca que los salarios deberán ser abonados íntegramente en dinero, a diferencia de la Reforma Laboral mileísta que abre la posibilidad de otorgar pagos en especie (bienes o servicios). "Lo que hace el Gobierno en su propuesta es congelar la situación actual, que es una de mucha precariedad y falta de derechos", dijo la diputada, y afirmó que la sociedad necesita de regulaciones para que todos sus actores puedan de verdad ejercer sus derechos, porque sin regulación no hay más libertad, como pregonan los libertarios, sino que hay más injusticia y concentración de poder.
 
La propuesta peronista podría incluir una reducción de la jornada laboral, con un máximo de 7 horas por día y 42 horas semanales, en contraste con la Reforma de Milei que busca conseguir jornadas de hasta 12 horas diarias. La reforma libertaria no busca modernizar sino flexibilizar y destruir derechos de los trabajadores. Olmos sostuvo que buscan una concepción más moderna para encarar las regulaciones laborales de los argentinos. "Para nosotros una concepción moderna es la que amplía derechos", aseguró.
 
Para el peronismo, la Ley de "Modernización Laboral" con la que insiste el Gobierno comprende dos grandes mentiras. La primera es la pretendida modernización que no es tal, ya que la ley propone aumentar la jornada laboral mientras el mundo busca reducirla, no protege a los trabajadores de las nuevas plataformas, la licencia por paternidad se mantiene en 2 días, y pretende derogar normas modernas como la ley de teletrabajo y restablecer artículos que tienen un siglo de antigüedad. La segunda mentira es que creará empleo, cuando en realidad desde que asumió Milei se destruyen puestos de trabajo todos los días, y esta ley no promueve la creación de empleo sino la reducción de indemnizaciones por despido.
 
Entre las propuestas del Partido Justicialista también resaltan las licencias parentales igualitarias, con licencias por maternidad de 120 días, por paternidad de 90 días, y también por adopción, lo que distribuye de manera más equitativa las tareas de cuidado y protege las oportunidades laborales de ambas partes. También contemplan un resguardo digital, para proteger los límites de la jornada laboral al garantizar el derecho de no contestar comunicaciones fuera de horario y, de ser así, compensar con tiempo y dinero.
 
En términos generales, el peronismo apunta al fortalecimiento de la negociación colectiva, para que el empleador y los empleados puedan dialogar de forma equilibrada. Olmos afirmó que la idea es "emparejar la cancha, donde los empleadores van de un modo organizado pero los trabajadores también, porque si el trabajador va sólo el desequilibrio hace que no haya negociación sino solo la posibilidad de adherir a la imposición del empleador". El concepto que se enarbola en términos de libertad, en realidad más que libertad es prepotencia: muchos invocan la libertad sólo para ejercer la prepotencia, la unilateralidad del empleador sobre las y los trabajadores. La reforma laboral es una ley muy regresiva y, por el bien de las y los trabajadores, en el Congreso debería ser rechazada.
 
La Opinión Popular
 

19-01-2026 / 18:01
Meses antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, Javier Milei ya había jugado todas sus fichas por el magnate republicano, incluso cuando Joe Biden todavía gobernaba Estados Unidos. Hoy, con Trump cumpliendo su primer año de mandato, esa apuesta se tradujo en una subordinación personal y política cada vez más obsecuente, con consecuencias directas para la política exterior argentina y un alineamiento automático con las decisiones de Washington.
 
La sintonía entre Milei y Trump se consolidó rápidamente. El presidente argentino convirtió a Estados Unidos en su principal destino internacional, con 15 viajes en lo que va de su gestión, y definió a ese país, junto con el gobierno genocida de Israel, como socios prioritarios. En paralelo, la Argentina comenzó a votar en bloque con Estados Unidos en los organismos internacionales y a respaldar su estrategia en Medio Oriente, dejando de lado cualquier margen de autonomía diplomática.
 
Desde la Casa Blanca llegaron gestos políticos y financieros de alto impacto. Trump recibió a Milei en Washington, impulsó señales públicas de respaldo a su programa económico neoliberal y apoyó a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
 
Además, el Tesoro yanqui desembolsó cerca de 20.000 millones de dólares para apuntalar la situación financiera del país en la antesala de las elecciones legislativas de octubre, una decisión que generó fuertes críticas internas en Estados Unidos, especialmente entre productores agropecuarios y sectores de la oposición. Ese rescate financiero no fue gratuito. Para Trump, el auxilio económico funcionó como una forma de asegurar lealtad política neocolonial en un momento en el que busca recuperar influencia del Imperio en el continente.
 
Para Milei, el respaldo tuvo un carácter vital, tanto para sostener su programa económico anarco capitalista en crisis como para reforzar su posición interna. La contracara fue una política exterior cada vez más subordinada, con gestos concretos de alineamiento estratégico y escasa distancia frente a las decisiones más agresivas de Washington.
 
En el plano económico y geopolítico, la relación también se inscribe en la disputa global entre Estados Unidos y China. Las reservas de hidrocarburos y de minerales estratégicos de la Argentina se volvieron un factor central para la Casa Blanca, que busca garantizar que esos recursos queden bajo el control de gobiernos políticamente afines. Al mismo tiempo, el éxito o fracaso del modelo económico de Milei es observado como una pieza clave para frenar la expansión de proyectos alternativos en América latina.
 
Sin embargo, no todo el impacto de esta sociedad es positivo para la Argentina. Las tarifas impuestas por Estados Unidos al acero y al aluminio afectan directamente a sectores industriales locales, y la dependencia del respaldo financiero externo deja al país expuesto a cambios bruscos en el humor político de Trump. La relación es marcadamente asimétrica: mientras Milei necesita imperiosamente el apoyo de Trump para sostener su gestión, para el presidente yanqui la alianza es útil, pero no determinante.
 
Pero el vínculo entre dos líderes de perfil confrontativo y decisiones imprevisibles deja abierto un interrogante central: qué ocurrirá cuando aparezcan los primeros desacuerdos de fondo y hasta dónde está dispuesta la Argentina a ceder autonomía para sostener una alianza que, en los hechos, favorece mucho más a la estrategia global de Estados Unidos que al desarrollo soberano del país. Este miércoles, Milei volverá a disertar en el foro internacional de Davos. Buscará mostrarse como el mejor alcahuete de Trump.
 
La Opinión Popular
 

17-01-2026 / 21:01
En una semana, los incendios se dieron la mano con la inflación sostenidos por un fenómeno de la época como la desinformación sumada al negacionismo ambiental. Inesperado en un mundo caótico, el informe sobre riesgo global para el Foro de Davos que comienza este lunes, advirtió que dos de los problemas centrales que afronta el planeta son la desinformación y el cambio climático.
 
Los incendios que asolaron sobre todo a la provincia de Chubut se produjeron 20 días después de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara la intención de derogar las leyes de Tierras y la de Manejo del Fuego. La primera limitó la extranjerización de la tierra y la segunda trata de evitar los incendios intencionales de bosques nativos.
 
Durante la semana se habló mucho de los incendios y la destrucción que provocaron. El tema sumó negacionismo ambiental y desinformación como forma de manipulación política. Primero fue el intento bizarro de responsabilizar a la comunidad mapuche, lo que fue desmentido por el fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer.
 
La Constitución protege al bosque nativo, pero no habla de lo que sucede una vez que deja de existir porque lo incendian. Y allí empiezan desde proyectos mineros, turísticos, inmobiliarios o siembra de soja.
 
La Ley de Manejo del Fuego dice que a esas tierras no se les puede dar otro uso hasta 50 o 60 años después del incendio. Y con relación a la extranjerización, la ley delimita ese principio por departamento y por provincia, en cambio la Constitución habla en general de todo el país. Decir que con la Constitución alcanza, es otra forma de mentir.
 
El presidente Milei no fue a la zona de desastre para apoyar a los bomberos y acompañar a las víctimas. Colgó en sus redes una imagen como si estuviera en medio de las llamas saludando a un bombero y rodeado de pobladores que lo aplauden. No aclaró que se trataba de inteligencia artificial.
 
Milei tiene millones de seguidores en las redes que verán esa imagen y creerán que el presidente estuvo en la zona de desastre. La norma de este gobierno es abandonar las víctimas a su suerte. En Bahía Blanca hizo eso pero igual lo volvieron a votar. En Chubut también ganó a pesar del desinterés que demostró.
 
El informe sobre riesgo global de Davos 2026 señaló que el peligro de la desinformación es crítico cuando la sociedad ya no puede distinguir la ficción de lo real. Es interesante que el planteo haya sido presentado en Davos porque plantea un debate en el interior de un sector supuestamente favorecido por la desinformación.
 
Los incendios forestales demuelen el negacionismo ambiental, pero también revelan la forma como la manipulación de la información encubre la acción de priorizar el negocio sobre el cuidado ambiental, porque efectivamente se detectó que uno de los focos del incendio fue intencional.
 

15-01-2026 / 10:01
Desde que Javier "el Loco" Milei llegó a la Casa Rosada, cada 24 horas desaparecieron 30 empresas y se perdieron 400 empleos formales. Semejante carnicería productiva, 21.046 empresas y 272.607 puestos de trabajo menos en dos años, es resultado directo de las políticas oficiales, anarco capitalistas, que cerraron la Secretaría Pyme en el Ministerio de Economía y desfinanciaron todos los organismos destinados a impulsar la producción.
 
La destrucción del entramado productivo avanza a un ritmo sostenido en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei y no aparece como un efecto colateral inesperado, sino como una consecuencia directa del rumbo elegido. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 21.046 empleadores con trabajadores registrados, lo que equivale a un promedio de 30 empresas menos por día.
 
En paralelo, se perdieron 272.607 puestos de trabajo formales en unidades productivas, una caída del 2,77 por ciento que implica la eliminación de casi 400 empleos registrados diarios desde el inicio de la gestión libertaria, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Centro de Economía Política Argentina.
 
Lejos de tratarse de una anomalía transitoria, el retroceso del empleo y de los empleadores se inscribe en una definición política explícita del Gobierno nacional. Desde el inicio de la administración neoliberal de Milei, la política industrial fue descartada como herramienta de desarrollo.
 
"La mejor política industrial consiste simplemente en tener buenas políticas fiscales y monetarias", repiten los libertontos una consigna que se tradujo en el desmantelamiento de áreas específicas del Estado orientadas a sostener la producción, el entramado Pyme y el empleo formal.
 
En esa línea se inscribe el cierre de la Secretaría Pyme dentro del Ministerio de Economía, la eliminación de programas públicos de crédito productivo y el vaciamiento de instrumentos que históricamente apuntaban a sostener a las pequeñas y medianas empresas frente a los ciclos recesivos.
 
La contracción del Estado como actor de coordinación productiva dejó a miles de firmas expuestas a un contexto macroeconómico adverso, sin amortiguadores ni políticas contracíclicas que atenúen el impacto del ajuste.
 
Los números muestran que el deterioro no distingue rubros ni regiones. La cantidad total de empleadores cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 492.223 en octubre de 2025. El sector más afectado fue transporte y almacenamiento, con 5.042 empleadores menos, seguido por comercio, servicios inmobiliarios, servicios profesionales e industria manufacturera.
 
También la construcción y las actividades agropecuarias registraron caídas significativas, reflejando el efecto combinado de la paralización de la obra pública, la caída del consumo interno y el encarecimiento del financiamiento.
 
Mientras las empresas se cierran y crece la desocupación, Milei se va de joda a Jesús María y a Davos como si el país anduviera bárbaro. Este industricidio aberrante solo se puede hacer con una sociedad completamente desmovilizada, una CGT que parece un club de viejas jugando a la canasta y una juventud idiotizada por internet con toda esa mierda rentada de youtubers e influencers. Esto es tierra fértil para la canalla fascista criolla.
 
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