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Nacionales - 07-03-2020 / 10:03
PODRÍA SER CONDENADA A 6 AÑOS DE PRISIÓN

Denunciaron a Gabriela Michetti por un desfalco de 180 millones de pesos contra el Senado de la Nación

Denunciaron a Gabriela Michetti por un desfalco de 180 millones de pesos contra el Senado de la Nación
La denuncia por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública contra la macrista Gabriela Michetti, la presentó Graciana Peñafort, designada por Cristina Fernández como directora de Asuntos Legales de la Cámara alta. Una auditoría reveló pagos por más de 180 millones de pesos a una empresa que no concluyó las tareas previstas.
La ex vicepresidenta y ex titular de la Cámara de Senadores, la macrista Gabriela Michetti, fue denunciada por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la empresa Dinale S.A. La presentación judicial fue realizada por la directora de Asuntos Legales del Senado, la abogada Graciana Peñafort.
 
La acusación apunta que Michetti "hizo pagos millonarios por obras que no tuvieron avances. Se entregaron más de 180 millones de pesos y el trabajo está inconcluso", explicaron desde la presidencia del Senado. El Juzgado Federal número 11, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi --reemplazante de Claudio Bonadio--, estará a cargo de la investigación.
 
La denuncia que se presentó este viernes es por obras para la puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo del Senado. La firma contratada para realizar estos trabajos recibió adelantos millonarios, pero las obras nunca fueron concluidas.
 
En la presentación judicial, Peñafort explicó que se entregaron anticipos "por fuera de la normativa, sin motivación alguna". "Una vez otorgados, no fueron descontados conforme a los avances de obra certificados", agregó en la denuncia. Incluso, señaló que la gestión de Michetti "continuó efectivizando pagos por sobre los adelantos irregulares otorgados de manera excepcional e injustificada".
 
"No se ha podido certificar que dichos anticipos hayan sido utilizados para los fines declarados, jamás se certificó la compra de materiales para acopio por los montos otorgados, ni se encuentran en las instalaciones del edificio", remató la denuncia. La acusación también recae sobre Helio Rebot, secretario Administrativo de la Cámara alta en su momento, y Germán De Vincenzo, presidente de la empresa Dinale S.A.
 
Otro aspecto de la denuncia señala irregularidades en torno a la firma contratada. Peñafort sostuvo que "la empresa no era proveedora del Senado y nunca pidió la habilitación de la obra". También indicó que la contratación "pudiera resultar irregular en manos de una empresa que no siempre habría formulado la mejor oferta en el marco de las distintas licitaciones".
 
La firma Dinale S.A. tampoco presentó "representante técnico habilitado ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni gestionó los permisos de obra, ni se presentaron los planos aprobados por el organismo competente en la materia, ni se han colocado los carteles con los permisos correspondientes", subrayó Peñafort para mostrar los diferentes ilícitos en la contratación.
 
La directora de Asuntos Legales del Senado no descarta la posibilidad de sobreprecios en las contrataciones que realizó la gestión anterior. "Los precios determinados por la administración para la apertura a licitación de las obras no encuentran justificación fehaciente", destacó.
 
La Opinión Popular

 
PEÑAFORT ENUMERO DIVERSAS IRREGULARIDADES EN LA LICITACION PARA REFACCIONAR EL SENADO
 
Denunciaron a Gabriela Michetti
 
El Senado, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, presentó ayer una denuncia penal contra la titular del cuerpo durante la gestión de Cambiemos, Gabriela Michetti, por los presuntos delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública por haber realizado «pagos millonarios por obras que no tuvieron avances» en la Cámara alta. La denuncia fue radicada por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort en los tribunales federales de Comodoro Py, donde, tras el sorteo de rigor, recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 11 de la Capital Federal, actualmente a cargo Marcelo Martínez de Giorgi.
 
Michetti, por su parte, escribió en su cuenta de la red social Twitter: «Tenemos absoluta tranquilidad de conciencia, por lo que pondremos a disposición de la justicia, toda la información necesaria para demostrar que la denuncia es infundada». La acusación alcanza a Helio Rebot, ex secretario administrativo del Senado, y a Germán De Vincenzo, presidente de la empresa Dinale S.A, informaron fuentes de la Presidencia del Senado.
 
 
Instalaciones
  
Peñafort explicó ayer que, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner asumió la Presidencia del cuerpo, se encontró con «una situación bastante terrible que compromete las instalaciones mismas del Senado». «Se emitieron los certificados de obra, pero las obras no están. Sólo una de las obras tiene un 3 por ciento de avance», precisó Peñafort.
 
De acuerdo con la presentación, que ahora deberá ser analizada por el magistrado, previa ratificación por parte de la denunciante, la ex vicepresidenta de la gestión de Cambiemos «le dio más de 180 millones a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación». Según fuentes de la Presidencia del Senado, se constató que «la empresa en cuestión no era proveedora del Senado y nunca se pidió la habilitación de la obra», así como el hecho de que «se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares».
 
 
Irregularidades
  
En la denuncia, la abogada Peñafort asegura que se verificó la «concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Honorable Senado de la Nación» e, incluso, denunció «un posible sobreprecio de obra». «Los precios determinados por la Administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión no encuentran justificación fehaciente», añadieron en la denuncia.
 
Las obras para las que se contrató a la empresa están vinculadas a la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Senador Alfredo L. Palacios, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 1710, a pocos metros del Palacio Legislativo.
 
Según Peñafort, la contratación para las obras «estuvo mal hecha desde el principio». «Venían estos mismos señores -dijo en alusión a la empresa mencionada- a cobrar estos certificados de obra y las obras no estaban. No sólo se les dio el certificado de obra que los habilita a cobrar; también se les dio un adelanto y tenían comprometido un adelanto del 5 por ciento para compra de materiales y, en 2019, les dieron el 25 por ciento, y no compraron materiales». La abogada del Senado se preguntó «dónde puede haber ido esa cantidad de dinero en un momento en que la tasa de interés volaba».
 
 
Adelantos
  
En un informe distribuido a la prensa del Senado, se indicó que la empresa denunciada Dinale SA «fue la única» presentada a licitación y que resultó adjudicataria de la obra en cuestión, por un monto de $249.600.000. El plazo de ejecución fue asignado en nueve meses desde el acta de inicio de obra -20 de mayo de 2019- por lo que venció el 20 de febrero último.
 
Otra irregularidad denunciada es que, «pese a los adelantos brindados, la empresa no presentó representante técnico habilitado ante el gobierno porteño» ni «gestionó» los permisos de obra ni presentó «los planos aprobados por el organismo competente en la materia». Cuando en diciembre último, Fernández de Kirchner anticipó que abriría una auditoría para investigar la tarea de su antecesora en el Senado, el ex secretario administrativo, Helio Rebot, dijo a la prensa que en el macrismo estaban «tranquilos» porque afirman que no hubo irregularidades y aprobaron «que se audite» la gestión.
 
Fuente: La Arena
 

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14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
La Opinión Popular
 

10-12-2025 / 09:12
La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.
 
Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
 
Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios urbanos y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.
 
Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.
 
Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.
 
Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.
 
Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.
 
Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
 
"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.
 
Para armas, plata hay. De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados a EEUU? Las pelotas... A Milei, los yanquis lo toman de gil.

 

 

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