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Nacionales - 07-03-2020 / 09:03
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Macrismo piquetero imposible

Macrismo piquetero imposible
¿QUÉ HAY DETRÁS DEL PARO DE LAS PATRONALES RURALES? Esta semana la derecha histórica estuvo representada por los medios hegemónicos y las patronales del campo con un esquema sectario de bloquear puentes con el Gobierno pero sin propuesta alternativa. Estos medios critican al oficialismo, pero no se atreven a defender al macrismo que ellos respaldaron. Es insólito que el primer paro que le decretan a este Gobierno venga precisamente del sector que más ganó, se enriqueció, fugó la plata y es el responsable de la crisis que tiene la Argentina. Los eternos ganadores de la historia argentina no se resignan a poner algo más de su bolsillo.
El estilo de Alberto Fernández no es confrontativo, pero la corporación de medios que respaldó a Mauricio Macri salió con los tapones de punta tras su discurso en la Asamblea Legislativa. Tampoco buscó la guerra con las patronales del campo que formaron parte del gobierno macrista, pero ellas se la declararon a él. Hay un núcleo duro conservador, histórico, que estuvo a la cabeza de la anterior gestión, que se puso más agresivo tras la derrota electoral.
 
Hay dos climas opuestos que transcurren en paralelo. Mientras las encuestas hablan de que la imagen positiva del gobierno oscila entre el 60 y el 70 por ciento, la reacción intempestiva de las patronales rurales y la hostilidad mediática buscan crear la impresión de un rechazo extendido contra el gobierno.
 
La Mesa de Enlace quiere mostrar una gesta de reacción en cadena similar a la que se produjo en 2008 cuando apenas había asumido Cristina, a raíz de la resolución 125. La propuesta había sido diseñada por el entonces ministro de Economía Martín Lousteau, que ahora se opone a una medida mucho más estudiada y cuidadosa que la de su inspiración.
 
Hay un gobierno peronista que recién asume y que ha lanzado una propuesta de aumento de las retenciones. Hasta allí llegan los parecidos y allí se acaban. La confrontación con las patronales rurales está planteada por ellos mismos como una disputa de poder. Es desmedida la relación entre el nivel de la protesta y las medidas del gobierno.
 
Es evidente que no se trata de los tres puntos que aumentan las retenciones a la soja, sino de las discusiones futuras sobre plazos para la rendición de divisas, el blanqueo de las transacciones y su control. La medida de fuerza se anunció cuando aún no se sabía cómo serán afectados los productores.
 
En el Gobierno hay cierto malestar porque aseguran que el diseño de la segmentación detallista entre cultivos, zonas geográficas y niveles de producción fue propuesta por la Federación Agraria. El Gobierno, afirman, se apropió de la propuesta de la FA, que ahora protesta contra las medidas que ella misma propició.
 
La que propuso el lockout patronal de cuatro días fue CRA y los demás organismos no estaban muy de acuerdo. La Sociedad Rural, incluso, dudaba por el momento político, pero Coninagro y la FA estaban en contra. Entonces la CRA se cortó sola y anunció el lock out para la próxima semana y terminó por arrastrar a los otros tres organismos que no quisieron forzar un rompimiento de la Mesa de Enlace.
 
La segmentación para impedir que fueran afectados los pequeños y medianos productores no pudo frenar la protesta rural, pero generó muchas diferencias en el frente interno. Resulta una incongruencia que la mayoría de los involucrados en la protesta no son perjudicados.
 
De hecho, las seccionales de Pergamino y Tandil de la FA se declararon en contra de lo decidido por la dirección de la Federación. Y muchos otros representantes de pequeños y medianos productores empezaron a desmarcarse.

 
El conflicto de 2008 impactó en la sociedad porque pudo repercutir en las zonas urbanas. Pero era otra época. Ahora, la sociedad viene agotada por los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri que destruyó la economía y en el que las patronales rurales fueron corresponsables. La medida de fuerza, más que conflicto gremial, es la escenificación de una disputa de poder, es una medida política del macrismo.
 
En 2008, esas patronales, aliadas con las grandes corporaciones mediáticas, podían embellecer una opción política hacia la derecha. Aprovecharse de la potencia mediática que las respaldaba para instalar un sentido común donde sus representantes eran celebrados como los más idóneos y desinteresados. Pero esa gente destruyó la economía en estos cuatro años y ahora son impresentables.
 
Los productores rurales decretaron un conflicto político cuando son impotentes para plantear una alternativa política, porque la que podrían -el macrismo- está absolutamente desprestigiada. Con esa posibilidad tan limitada les será difícil hacer pie en las zonas urbanas, más allá de ese núcleo duro histórico de la derecha.
 
En contraposición al abroquelamiento del núcleo histórico de la derecha, el congreso del Partido Justicialista, que se realizó el jueves en el miniestadio de Ferro mostró un peronismo flexible para recomponerse, en un rumbo que parece definitivo.
 
El PJ no cambió. Prácticamente al comenzar la reunión, la mención a la vicepresidenta Cristina Kirchner produjo una fuerte ovación. José Luis Gioja está al frente del partido desde 2016 y lo encabezó cuando se produjeron las escisiones que regresaron el jueves.
 
Fue notoria la presencia de los delegados de Córdoba, que no habían participado en nueve años. Así como la participación de la delegación completa de la provincia de Salta, que también se había alejado.
 
Gran parte de los votos que logró el gobernador Juan Schiaretti en Córdoba fueron a Macri a nivel nacional. Es difícil que este acercamiento de Schiaretti se hubiera producido si una parte de ese voto no cambiaba a una posición de aceptación o expectativa hacia el gobierno de Alberto Fernández.
 
Algunos medios explican este acercamiento porque el Presidente habría empezado a pagar la deuda de la Nación con la provincia. Pero esta explicación resulta insuficiente porque la confluencia no es solamente de los cordobeses, sino también de otros sectores que se habían distanciado. Otros de los que regresaron explican que con el gobierno macrista les era imposible hacer una oposición dura porque después eran represaliados.
 
Es probable que cada uno de esos fenómenos haya aportado al proceso de recomposición del PJ. Del congreso salió un partido fortalecido, lo cual favorece también a las fuerzas no peronistas del oficialismo. Y de la misma manera resultó favorecido el gobierno, que obtuvo un respaldo muy claro y sin condicionamientos.
 
El documento respalda todas las decisiones del Gobierno y puntualiza en la resolución de la deuda externa, al tiempo que expresó su preocupación por la cantidad de "detenciones irregulares" y mencionó al lawfare como una práctica que debe ser extirpada.
 
Si bien se ha prestado a polémica el término para referirse a los presos políticos del macrismo, la mención implica que el tema constituye preocupación oficial del PJ.
 
El mismo día, el ex ministro Julio De Vido recuperó su libertad por decisión de un tribunal y Cristina Kirchner se refirió a las declaraciones del periodista de La Nación Carlos Pagni, quien reconoció que una tapa que había preparado ese medio para presionar a los jueces, disparó la escalada de prisiones preventivas irregulares.
 
La vicepresidenta agregó que La Nación buscaba una tapa sobre corrupción en el kirchnerismo para disimular el escándalo de los Panamá Papers que estaba obligada a publicar. Cristina Kirchner se preguntó qué esperaba la Corte para tomar medidas. "Ya veremos en su momento lo que corresponda hacer", respondió la jueza Elena Highton de Nolasco a la radio Futurock.
 
En las encuestas sobre el prestigio de las instituciones, el Poder Judicial, la Corte y los jueces son de los que tienen peor imagen, sobre todo los jueces, que no pasan del 12 por ciento de imagen positiva.
 
La corporación de medios no puede sonreír cuando Alberto Fernández habla de lawfare, porque fue protagonista principal de ese mecanismo. Está obligada a darse por ofendida. Cada vez que en Clarín tienen que mencionarlo, dicen: "lo que los kirchneristas califican como lawfare".
 
La pésima imagen del Poder Judicial demuestra que la mayoría de la sociedad reconoce esa forma de corrupción de la información y la justicia.
 
Esta semana, el congreso del PJ confirmó al peronismo como fuerza popular transformadora. Menemistas y aliados del macrismo prácticamente han desaparecido.
 
Esta semana la derecha histórica estuvo representada por los medios hegemónicos y las patronales del campo con un esquema sectario de bloquear puentes con el Gobierno pero sin propuesta alternativa. Estos medios critican al oficialismo, pero no se atreven a defender al macrismo que ellos respaldaron.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
La Opinión Popular
 

16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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