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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 07-03-2020 / 09:03
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Macrismo piquetero imposible

Macrismo piquetero imposible
¿QUÉ HAY DETRÁS DEL PARO DE LAS PATRONALES RURALES? Esta semana la derecha histórica estuvo representada por los medios hegemónicos y las patronales del campo con un esquema sectario de bloquear puentes con el Gobierno pero sin propuesta alternativa. Estos medios critican al oficialismo, pero no se atreven a defender al macrismo que ellos respaldaron. Es insólito que el primer paro que le decretan a este Gobierno venga precisamente del sector que más ganó, se enriqueció, fugó la plata y es el responsable de la crisis que tiene la Argentina. Los eternos ganadores de la historia argentina no se resignan a poner algo más de su bolsillo.
El estilo de Alberto Fernández no es confrontativo, pero la corporación de medios que respaldó a Mauricio Macri salió con los tapones de punta tras su discurso en la Asamblea Legislativa. Tampoco buscó la guerra con las patronales del campo que formaron parte del gobierno macrista, pero ellas se la declararon a él. Hay un núcleo duro conservador, histórico, que estuvo a la cabeza de la anterior gestión, que se puso más agresivo tras la derrota electoral.
 
Hay dos climas opuestos que transcurren en paralelo. Mientras las encuestas hablan de que la imagen positiva del gobierno oscila entre el 60 y el 70 por ciento, la reacción intempestiva de las patronales rurales y la hostilidad mediática buscan crear la impresión de un rechazo extendido contra el gobierno.
 
La Mesa de Enlace quiere mostrar una gesta de reacción en cadena similar a la que se produjo en 2008 cuando apenas había asumido Cristina, a raíz de la resolución 125. La propuesta había sido diseñada por el entonces ministro de Economía Martín Lousteau, que ahora se opone a una medida mucho más estudiada y cuidadosa que la de su inspiración.
 
Hay un gobierno peronista que recién asume y que ha lanzado una propuesta de aumento de las retenciones. Hasta allí llegan los parecidos y allí se acaban. La confrontación con las patronales rurales está planteada por ellos mismos como una disputa de poder. Es desmedida la relación entre el nivel de la protesta y las medidas del gobierno.
 
Es evidente que no se trata de los tres puntos que aumentan las retenciones a la soja, sino de las discusiones futuras sobre plazos para la rendición de divisas, el blanqueo de las transacciones y su control. La medida de fuerza se anunció cuando aún no se sabía cómo serán afectados los productores.
 
En el Gobierno hay cierto malestar porque aseguran que el diseño de la segmentación detallista entre cultivos, zonas geográficas y niveles de producción fue propuesta por la Federación Agraria. El Gobierno, afirman, se apropió de la propuesta de la FA, que ahora protesta contra las medidas que ella misma propició.
 
La que propuso el lockout patronal de cuatro días fue CRA y los demás organismos no estaban muy de acuerdo. La Sociedad Rural, incluso, dudaba por el momento político, pero Coninagro y la FA estaban en contra. Entonces la CRA se cortó sola y anunció el lock out para la próxima semana y terminó por arrastrar a los otros tres organismos que no quisieron forzar un rompimiento de la Mesa de Enlace.
 
La segmentación para impedir que fueran afectados los pequeños y medianos productores no pudo frenar la protesta rural, pero generó muchas diferencias en el frente interno. Resulta una incongruencia que la mayoría de los involucrados en la protesta no son perjudicados.
 
De hecho, las seccionales de Pergamino y Tandil de la FA se declararon en contra de lo decidido por la dirección de la Federación. Y muchos otros representantes de pequeños y medianos productores empezaron a desmarcarse.

 
El conflicto de 2008 impactó en la sociedad porque pudo repercutir en las zonas urbanas. Pero era otra época. Ahora, la sociedad viene agotada por los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri que destruyó la economía y en el que las patronales rurales fueron corresponsables. La medida de fuerza, más que conflicto gremial, es la escenificación de una disputa de poder, es una medida política del macrismo.
 
En 2008, esas patronales, aliadas con las grandes corporaciones mediáticas, podían embellecer una opción política hacia la derecha. Aprovecharse de la potencia mediática que las respaldaba para instalar un sentido común donde sus representantes eran celebrados como los más idóneos y desinteresados. Pero esa gente destruyó la economía en estos cuatro años y ahora son impresentables.
 
Los productores rurales decretaron un conflicto político cuando son impotentes para plantear una alternativa política, porque la que podrían -el macrismo- está absolutamente desprestigiada. Con esa posibilidad tan limitada les será difícil hacer pie en las zonas urbanas, más allá de ese núcleo duro histórico de la derecha.
 
En contraposición al abroquelamiento del núcleo histórico de la derecha, el congreso del Partido Justicialista, que se realizó el jueves en el miniestadio de Ferro mostró un peronismo flexible para recomponerse, en un rumbo que parece definitivo.
 
El PJ no cambió. Prácticamente al comenzar la reunión, la mención a la vicepresidenta Cristina Kirchner produjo una fuerte ovación. José Luis Gioja está al frente del partido desde 2016 y lo encabezó cuando se produjeron las escisiones que regresaron el jueves.
 
Fue notoria la presencia de los delegados de Córdoba, que no habían participado en nueve años. Así como la participación de la delegación completa de la provincia de Salta, que también se había alejado.
 
Gran parte de los votos que logró el gobernador Juan Schiaretti en Córdoba fueron a Macri a nivel nacional. Es difícil que este acercamiento de Schiaretti se hubiera producido si una parte de ese voto no cambiaba a una posición de aceptación o expectativa hacia el gobierno de Alberto Fernández.
 
Algunos medios explican este acercamiento porque el Presidente habría empezado a pagar la deuda de la Nación con la provincia. Pero esta explicación resulta insuficiente porque la confluencia no es solamente de los cordobeses, sino también de otros sectores que se habían distanciado. Otros de los que regresaron explican que con el gobierno macrista les era imposible hacer una oposición dura porque después eran represaliados.
 
Es probable que cada uno de esos fenómenos haya aportado al proceso de recomposición del PJ. Del congreso salió un partido fortalecido, lo cual favorece también a las fuerzas no peronistas del oficialismo. Y de la misma manera resultó favorecido el gobierno, que obtuvo un respaldo muy claro y sin condicionamientos.
 
El documento respalda todas las decisiones del Gobierno y puntualiza en la resolución de la deuda externa, al tiempo que expresó su preocupación por la cantidad de "detenciones irregulares" y mencionó al lawfare como una práctica que debe ser extirpada.
 
Si bien se ha prestado a polémica el término para referirse a los presos políticos del macrismo, la mención implica que el tema constituye preocupación oficial del PJ.
 
El mismo día, el ex ministro Julio De Vido recuperó su libertad por decisión de un tribunal y Cristina Kirchner se refirió a las declaraciones del periodista de La Nación Carlos Pagni, quien reconoció que una tapa que había preparado ese medio para presionar a los jueces, disparó la escalada de prisiones preventivas irregulares.
 
La vicepresidenta agregó que La Nación buscaba una tapa sobre corrupción en el kirchnerismo para disimular el escándalo de los Panamá Papers que estaba obligada a publicar. Cristina Kirchner se preguntó qué esperaba la Corte para tomar medidas. "Ya veremos en su momento lo que corresponda hacer", respondió la jueza Elena Highton de Nolasco a la radio Futurock.
 
En las encuestas sobre el prestigio de las instituciones, el Poder Judicial, la Corte y los jueces son de los que tienen peor imagen, sobre todo los jueces, que no pasan del 12 por ciento de imagen positiva.
 
La corporación de medios no puede sonreír cuando Alberto Fernández habla de lawfare, porque fue protagonista principal de ese mecanismo. Está obligada a darse por ofendida. Cada vez que en Clarín tienen que mencionarlo, dicen: "lo que los kirchneristas califican como lawfare".
 
La pésima imagen del Poder Judicial demuestra que la mayoría de la sociedad reconoce esa forma de corrupción de la información y la justicia.
 
Esta semana, el congreso del PJ confirmó al peronismo como fuerza popular transformadora. Menemistas y aliados del macrismo prácticamente han desaparecido.
 
Esta semana la derecha histórica estuvo representada por los medios hegemónicos y las patronales del campo con un esquema sectario de bloquear puentes con el Gobierno pero sin propuesta alternativa. Estos medios critican al oficialismo, pero no se atreven a defender al macrismo que ellos respaldaron.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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