remarcó el jefe de Estado.
 
"Debemos terminar con la Argentina de los 'vivos' que se enriquecen a costa de los pobres 'bobos' que estamos condenados a pagar lo que consumimos", insistió.
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                  21:10  |  Viernes 18 de Julio de 2013  |  Entre Ríos
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Nacionales - 03-03-2020 / 09:03
SE VIENEN MEDIDAS

La bronca de Alberto por alza de precios de alimentos dispara temor de empresarios

La bronca de Alberto por alza de precios de alimentos dispara temor de empresarios
"Esa descripción de lo que nos pasa, exige un punto final al abuso", avisó el Presidente. "El Estado, este Gobierno Nacional, se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta", remató.Y concluyó: "Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios". Desde los despachos oficiales adelantaron que se reactivará una convocatoria a las principales fabricantes de alimentos. También a las principales cadenas de los supermercados.
Alberto Fernández tomó la decisión de incluir un párrafo con una dura advertencia a los fabricantes de alimentos cuando desde el equipo económico le hicieron saber que, tal como sucedió durante enero, el mes pasado también los precios de los alimentos subieron bien por encima de la inflación promedio.
 
"Ustedes me dijeron que lo de enero había sido excepcional por el regreso del IVA a los alimentos de la canasta básica. Pero esto no lo entiendo. Algo hay que hacer porque esto no puede seguir así". La bronca del Presidente estalló en los días previos al discurso ante la Asamblea Legislativa, ni bien conoció los últimos datos que le acercaron los funcionarios.
 
De acuerdo a la medición de alta frecuencia que siguen desde Economía y en el Banco Central, la inflación del mes pasado habría cerrado alguna décima por debajo del 2 por ciento. Si fuera así, el IPC de febrero mostraría que empieza con un "1". ¿1,9%? ¿1,8%? En los despachos oficiales arriesgan que ese número estará cerca, efectivamente, del 1,8 por ciento.
 
Sin embargo, el índice que mide los precios de los alimentos habría rondado el 3 por ciento. Otra vez, por arriba del resto.
 
Pasando en limpio: si se concreta esa expectativa, la inflación mensual se ubicará por debajo del 2% por primera vez en dos años. La última vez que sucedió esto fue en enero de 2018, cuando el IPC marcó un 1,8%. Fue antes de la ola devaluatoria que arrancó en abril de ese mismo año.
 
Sin embargo, lo que alteró el ánimo presidencial fue que, como viene ocurriendo desde que asumió, los precios de los alimentos avanzan por arriba del promedio.
 
Cabe recordar que en enero, la inflación había ascendido al 2,3% pero los alimentos saltaron nada menos que el 4,7 por ciento. Lo dicho más arriba: como sucedió en los meses anteriores, la comida se encareció bastante más que el resto.
 
"No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo", aseguró Alberto F., el domingo, en el Congreso.
 
Luego continuó: "Argentina no resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores, condenados a pagar sus 'excesos preventivos'", remarcó el jefe de Estado.
 
"Debemos terminar con la Argentina de los 'vivos' que se enriquecen a costa de los pobres 'bobos' que estamos condenados a pagar lo que consumimos", insistió.

 
Durante el discurso, Fernández dio alguna pista de las herramientas que dispondrá el Gobierno para frenar esa dinámica, que puede alterar los objetivos de la Casa Rosada de mostrar -aun en un momento delicado de la economía- una baja en los niveles de la pobreza y de la indigencia.
 
"Esa descripción de lo que nos pasa, exige un punto final al abuso", avisó el Presidente. "El Estado, este Gobierno Nacional, se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta", remató.
 
Y concluyó: "Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios".
 
Desde los despachos oficiales adelantaron a iProfesional que se reactivará una convocatoria a las principales fabricantes de alimentos. También a las principales cadenas de los supermercados.
 
La advertencia de Fernández llevó preocupación a los empresarios. Ayer lunes, fuera de agenda, hubo encuentros entre ejecutivos de distintas alimenticias de primer nivel.
 
Los directivos de estas compañías consultados coincidieron en dos cosas: una, que la relación con la secretaría de Comercio interior es muy cordial. Y, dos: que en las últimas jornadas vienen recibiendo llamados telefónicos desde los despachos oficiales.
 
Los ejecutivos consultados aseguran que la única consigna de esas comunicaciones fue conocer los motivos de los últimos movimientos de precios. Pero, admiten, todavía no hubo ningún reto ni pedido especial, como los que fueron característicos durante el gobierno de Cristina Fernández.
 
Eso sí. Los ejecutivos se reparten culpas: en los últimos días recrudeció el histórico enfrentamiento entre la industria y los supermercados.
 
Las cadenas comerciales acusan a las fábricas de ser los únicos que mueven los precios de los alimentos. Y que esos salones no hacen más que trasladar a la góndola la lista de precios que les dejan. Es más: afirman que en reiteradas oportunidades realizan ese traslado de manera paulatina para evitar el enojo de los clientes, que no discriminan si el culpable de la inflación es el Gobierno, el fabricante o el supermercado.
 
Uno de los argumentos que escucharon los funcionarios Matías Ginsberg y Laura Goldberg -ambos se reparten el seguimiento de los precios desde Comercio Interior- refiere a que el el regreso del IVA en los alimentos básicos se dio en etapas, y que por ese motivo todavía pudo afectar a la inflación del mes pasado.
 
"Hubo avivadas de los supermercados. Sin dudas", se desligan los ejecutivos de algunas de las alimenticias más grandes.
 
Para convencer a los funcionarios que los fabricantes no tienen que ver con los "abusos" mencionados por Alberto F., los empresarios fueron a los despachos con carpetas que incluían los movimientos de precios de los últimos dos años. Y contrastaron esos incrementos con los que se ven en las góndolas, que resultaron superiores.
 
 
Temor por posibles medidas
  
¿Se vienen medidas adicionales para contener los precios de los alimentos? En el entorno de Matías Kulfas manda el silencio. No quieren dar ninguna precisión que eleve la guardia de los empresarios.
 
Los funcionarios ya tienen la penosa experiencia de haber hablado antes de tiempo de un acuerdo de precios (y de salarios también) durante la campaña, y con ese adelanto -nunca concretado- habilitaron alzas de precios preventivos.
 
Los empresarios, en simultáneo, tejen hipótesis. En las tertulias de ayer, en las que se analizó el escenario post Congreso, las apuestas mayoritarias se volcaron a favor de un próximo congelamiento de precios, al menos en algunos productos sensibles. Los de mayor peso en la canasta básica, que fueron los que más se encarecieron en los últimos meses.
 
Para la carne, el Gobierno intentaría por otro camino: las retenciones a las exportaciones de cortes con hueso (asado) se elevarían del 9% actual al 12%. A cambio, bajarían al 5% los derechos a la exportaciones de carne procesada, que no tiene espacio en el mercado interno.
 
Desde la industria, obviamente, rechazan de antemano un posible congelamiento de precios que vaya más allá de lo ya acordado en Precios Cuidados.
 
Y ponen sobre la mesa la supuesta inacción oficial en algunos temas en los que podrían tallar. Como, por ejemplo, el caso de la yerba mate, cuyo valor mayorista se incrementó nada menos 166% en los últimos 13 meses.
 
El precio de la yerba surge del Instituto de la Yerba Mate (INYM), en el cual el Estado tiene representantes, pero esa presencia no logró desactivar la avalancha de alzas en ese producto.
 
Ante la mayor presión oficial, también reaccionaron las empresas lácteas. Lo hicieron a través del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA).
 
Un reporte de ese Observatorio revela que el 64,3 % de la producción de leche se reparte entre 33 empresas.
 
El informe, que toma un panel de 670 industrias y en el cual figuran unas 47 industrias que procesan más de 100.000 litros de leche por día muestra que no hay ninguna empresa que tenga más del 15 % de participación en la producción local.
 
Como se aprecia, los empresarios tomaron nota del enojo presidencial y arman su plan de defensa ante las acusaciones. Y las eventuales medidas que puedan venir.
 
Por Claudio Zlotnik 
 
Fuente: iProfesional
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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