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Nacionales - 24-02-2020 / 07:02

Intríngulis tarifario: una fisura inesperada en el Gobierno

Intríngulis tarifario: una fisura inesperada en el Gobierno
El asunto es delicado y cualquier decisión que tome el Gobierno tendrá un costado negativo. Una política tarifaria, al mejor estilo del macrista Aranguren, ahogaría cualquier posibilidad de recuperación de la actividad económica, pero la extensión indefinida del congelamiento conllevaría un atraso tarifario de creciente costo fiscal, un "lujo" que se pudo dar Cristina pero que claramente Alberto no estaría en condiciones de afrontar.
En los últimos días trascendió la posibilidad que los servicios de luz, gas, agua y transporte podrían volver a sufrir una suba, para los sectores de mayores ingresos. Se trata de un asunto sensible para el Frente de Todos, que desde 2017 -en la campaña para las elecciones legislativas de ese año- cuestionó el desmesurando aumento de los servicios de luz y gas.
 
En búsqueda del equilibrio entre la disciplina fiscal y la necesidad de atender la emergencia social que valoró positivamente el FMI en su evaluación de la gestión de Alberto Fernández, la regulación de las tarifas de los servicios públicos -especialmente la energía eléctrica- juega un rol central.
 
En lo que pareció un globo de ensayo para "ir preparando el terreno", el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recordó que el congelamiento de tarifas fue definido hasta junio y afirmó que se estaba preparando un nuevo cuadro tarifario que contemplaría una tarifa social que alcanzaría a los más humildes.
 
Sin embargo, en una charla con el Presidente, Cristina le pidió que haga pública y de manera explícita la intención del Gobierno de mantener esos valores sin cambios, por lo menos, hasta diciembre próximo. No está en los planes de la ex presidenta permitirle mayores ingresos a empresas como Edesur y Edenor, a las que acusa directamente de haberse beneficiado de las políticas económicas de Mauricio Macri.
 
La reacción negativa, que generaron las declaraciones de Cafiero, determinó que el presidente saliera el día siguiente a desmentir a su propio ministro. Aseguró que un posible aumento de tarifas a aplicarse a mediados de año "no está en carpeta".
 
"Que nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones" de incrementar las tarifas, sostuvo Alberto Fernández, en declaraciones a la radio AM 750. Para el Presidente, el ajuste tarifario "es objeto de estudio y revisión para saber quién ganó, cuándo ganó y cuánto pagamos los argentinos. Y después veremos lo que hay que hacer".
 
El asunto es delicado y cualquier decisión que tome el Gobierno tendrá un costado negativo. Una política tarifaria, al mejor estilo del macrista Aranguren, ahogaría cualquier posibilidad de recuperación de la actividad económica, pero la extensión indefinida del congelamiento conllevaría un atraso tarifario de creciente costo fiscal, un "lujo" que se pudo dar Cristina pero que claramente Alberto no estaría en condiciones de afrontar.
 
La Opinión Popular

 
El futuro de las tarifas, una grieta inesperada que se extiende en el corazón del Gobierno
 
Mantener el congelamiento de las facturas de luz y gas abrió una polémica entre la vicepresidenta y los principales ministros del Presidente
 
Luego de una conversación con su vicepresidenta, Alberto Fernández salió a desmentir a los ministros que habían anticipado un descongelamiento de las tarifas a partir de julio próximo.
 
Fue Cristina Kirchner quien levantó el teléfono para conversar el jueves pasado con el Presidente de la Nación sobre los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, vinculados a que el congelamiento de las boletas de luz y gas no se extendería durante el segundo semestre del año.
 
Es decir, se habló sobre el artículo de la Ley de Responsabilidad Social y Reactivación Productiva que, en el marco de la emergencia económica, previó que durante 180 días se realizará una revisión y un estudio del nuevo cuadro tarifario.
 
Casualidad o no, en la primera aparición pública que tuvo el viernes, Fernández desautorizó a los miembros de su gabinete al sostener que "no tiene en carpeta" un aumento de las tarifas de los servicios públicos. Y aclaró que esa posibilidad solo "es objeto de estudio y revisión".
 
Se trata de una desautorización que pega directamente en la credibilidad de dos de sus principales colaboradores e integrantes del propio riñón político del Presidente, como son Kulfas y Cafiero. Ellos, tras los dichos de su jefe, ahora se llamaron a silencio y evitaron aclarar lo que días antes habían afirmado con certeza.
 
Cafiero había sostenido que el congelamiento finalizaba en junio próximo y Kulfas llegó a afirmar que uno de los puntos de acuerdo para renegociar la deuda con el FMI era el descongelamiento de las tarifas. Incluso, deslizó que, de lo contrario, se frenarían millonarias inversiones necesarias para reactivar los servicios y mejorar las cuentas del propio Estado.
 
De hecho, iProfesional publicó en exclusiva la fórmula que el oficialismo analiza para retocar las facturas y que se vincula con la posibilidad de aplicar tarifas diferenciales, según el poder adquisitivo o la zona donde residan los clientes de las empresas distribuidoras.
 
Sin embargo, Cristina no quiere saber nada con permitirle a, por ejemplo, Edesur y Edenor recomponer sus ecuaciones financieras hoy en riesgo, precisamente por un congelamiento que, en concreto, comenzó en marzo del año pasado por decisión del anterior gobierno de Cambiemos.
 
 
Volver a la falta de inversiones
  
En el sector se asegura que si las tarifas se mantienen sin cambios durante otros seis meses las distribuidoras dejarán de pagar la electricidad que compran a través de Cammesa y terminarán acumulando una deuda millonaria.
 
Es decir, se volvería a repetir el escenario de crisis que sufrieron antes del 2015, cuando debieron dejar hasta de encarar inversiones para mantener los servicios en buen estado, se sucedieron los cortes de energía en épocas de mayor demanda y hasta se corrió el riesgo de que alguna de las empresas entrara en default.
 
Pero desde el cristinismo rechazan estos argumentos y sostienen que parte de la deuda que las distribuidoras ya acumulan con Cammesa tiene que ver con dinero que las empresas retuvieron de los aumentos de tarifas otorgados por el gobierno de Mauricio Macri.
 
De hecho, existe un documento elaborado por el Instituto Patria, alma mater del kirchnerismo y al que tuvo acceso iProfesional, en donde se detallan las cifras de la deuda que las empresas de servicios públicos tienen con la compañía que administra el llamado Mercado Mayorista Eléctrico, y cuyo 80% del capital está en manos de agentes del mercado mayorista de electricidad, mientras que el 20% restante pertenece al Ministerio de Energía.
 
De acuerdo con el informe, en diciembre del 2018 se acumulaban $19.500 millones de deuda, mientras que hoy esa cifra ya supera los $48.000 millones. Es decir, un incremento del 127% que hasta duplica la inflación del año pasado, que fue casi del 54%.
 
El análisis que el sector cristinista del Gobierno hace sobre este informe es que las distribuidoras retuvieron miles de millones de pesos generados por las subas en el precio de la energía permitidas por Cambiemos y que, entonces, no hace falta una revisión tarifaria durante este año.
 
La postura es coincidente con lo que la propia Cristina pensaba desde el Senado en 2018, cuando presentó un proyecto de ley para suspender por dos años los aumentos en las tarifas para usuarios residenciales, Pymes y cooperativas de trabajo y retrotraer su costo al 1 de enero de 2017.
 
También proponía crear en el ámbito del Congreso un Comité Nacional de Emergencia Tarifaria con el objetivo de "supervisar, controlar e implementar la ley y alcanzar tarifas justas y razonables, y reparar el descontrol que armó el Gobierno".
 
 
La situación de Edesur y Edenor
 
Lo curioso del documento del Instituto Patria es que no aclara que Edenor y Edesur se encuentran abonando la energía que compran, tal como sí se desprende de un informe de la propia Cammesa en donde no se las nombra y más que nada se hace hincapié en cooperativas y empresas provinciales como las mayores deudoras del sistema.
 
Según el trabajo oficial, Edesur y Edenor están al día mientras que el grueso de la deuda se acumula en compañías que operan en Misiones, Chubut, Mendoza, Santa Fe, Río Negro, Chaco y en la provincia de Buenos Aires.
 
Todas controladas por cooperativas eléctricas o empresas estatales que comparten la política del gobierno del Frente de Todos pero que, sin embargo, no honran los compromisos con la empresa que administra el mercado energético argentino.
 
Algunos casos paradigmáticos se observan en Chaco, donde la cooperativa eléctrica figura como morosa con una deuda de $3.200 millones a pesar de que el año pasado recibió giros de la Nación para que se pusiera al día.
 
Sin embargo, el caso más notable es el de EMSA, con una deuda mayor a los $8.100 millones. Se trata de la empresa energética de Misiones, provincia natal del actual secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani.
 
El propio funcionario ocupó el cargo de ministro provincial de Energía en su provincia desde el 2015 hasta el desembarco del Frente de Todos en la Casa Rosada, por lo cual no puede desconocer este dato.
 
Pero más allá de que actualmente cumplen con los pagos a Cammesa, es de esperar que tanto Edenor como Edesur dejen de hacerlo en los próximos meses si el congelamiento se mantiene, ya que no contarían con ingresos suficientes como para hacer frente a los pagos de la energía y el plan de inversiones.
 
Por caso, la distribuidora propiedad del grupo italiano Enel ya dejó de facturar $2.900 millones en lo que va del año por el congelamiento. Y, en 2019, debió pedirle cerca de $8.000 millones a su accionista controlante para sostener sus proyectos.
 
En el caso de la empresa que pertenece a Pampa Energía, el escenario podría ser similar. Es decir, dejaría de pagarle a Cammesa para poder también sostener de manera adecuada sus servicios a pesar de los aumentos de costos y el congelamiento de sus ingresos por otros seis meses.
 
Por Andrés Sanguinetti
 
Fuente: iProfesional
 

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14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

La Opinión Popular


12-11-2025 / 10:11
Las últimas declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, acerca de la intervención del gobierno de Donald Trump en favor de Javier Milei para apuntalar el rendimiento electoral de los libertarios abren un nuevo abanico de sospechas y dudas acerca de las condiciones financieras de la operación y los favores prometidos a la potencia del Norte. Es más, fue Bessent quien habló de un swap activado, lo cual implica una operación de deuda de la que nadie en el gobierno argentino aporta un dato.
 
En medio del estruendoso silencio oficial, el secretario Bessent hizo público que Argentina activó el swap para devolverle inmediatamente a Estados Unidos su intervención para rescatar a Milei antes de las elecciones. Toto Caputo igual sigue sin decir palabra sobre los intereses que pagará el país por esa nueva deuda. Bessent confirmó que se activó el swap. Es decir, que Estados Unidos se garantizó una ganancia financiera contra el aumento de la deuda argentina. Ganancias de los yanquis y silencio del gobierno libertario.
 
En medio de la total falta de transparencia en torno a la operación, fuentes del mercado hablan de unos 2 mil millones de dólares por el rescate de octubre, a lo que se sumarían casi 800 millones que se pagaron al FMI en concepto de cancelación de vencimientos de deuda, lo cual acercaría la cifra a la banda de los 2700-3000 millones de dólares.
 
Cuestionado por la prensa norteamericana por el despilfarro de recursos que para muchos votantes de ese país supuso la ayuda a la Argentina, Bessent confirmó que Estados Unidos "hizo dinero" con la operación, es decir que "entró y salió" del mercado cambiario local y sugirió que, de no haber favorecido a Milei, el otro camino era derribar lanchas de narcotraficantes.
 
La operación Trump-Milei deja mucha tela para cortar. Por un lado, expuso como nunca la fragilidad de la economía argentina bajo la conducción libertaria y deja establecida una suerte de amenaza, bastante explícita, acerca de que, si se llegara a dar un cambio de signo político, el apoyo se esfuma y, por lo tanto, se desataría una crisis cambiaria fulminante.
 
En segundo lugar, hay un fuerte componente de opacidad respecto de en qué consiste la operación. ¿Cuáles fueron las condiciones financieras acordadas? ¿y cuáles las no financieras, asociadas a por ejemplo la reducción de la presencia de China en el país, algo que Bessent dijo con todas las letras?
 
El diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, lo aclaró: "1) Bessent trajo dólares. 2) Los cambió por pesos con una ¿tasa privilegiada del Gobierno? 3) Esos pesos los volvió a cambiar a dólares (después de las elecciones) que el país había pedido prestados (el swap). Resultado: Bessent no prestó plata, sólo hizo un cambio que nos dejó con más deuda en dólares", y le pidió al ministro Caputo que explique públicamente la operación.
 

11-11-2025 / 10:11
Los salarios, muy lejos de su nivel pre Javier Milei. Consultoras de diferente perfil político y hasta la UBA reflejan que los ingresos siguen por debajo del 2023. El salario mínimo, además, está peor que en 2001. Aunque el Gobierno de LLA no lo oculta, el ancla inflacionaria del programa económico siguen siendo las mismas medidas del ajuste inicial: dólar intervenido y artificialmente barato, e ingresos a la baja o estancados.
 
El problema, ya muy visible, empezó a ser reflejado por consultoras de diferente tendencia política, que advierten que los sueldos siguen por debajo de noviembre del 2023. Inclusive, la Universidad de Buenos Aires (UBA) mostró que el Salario Mínimo tiene menor poder de compra que el del año 2001, la peor crisis de la historia.
 
Esta situación, que mantiene un Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin grandes movimientos, es el mismo factor que garantiza el camino de una recesión sostenida y, además, expone niveles de consumo masivo históricamente bajos. El costo de tener los precios a raya es un panorama de familias que no llegan a fin de mes, aún con una inflación que es hasta 4 veces menor a la que había en noviembre del 2023. Todo este contexto lo reflejan firmas muy disímiles, lo que enriquece las herramientas para el análisis del problema.
 
Empiria, la consultora de Hernán Lacunza (ex ministro de Economía del PRO), precisó que el Ingreso Disponible -en base 100- estaba muy por encima del 100, más cerca del 105, en noviembre del 2023. Y hoy está por debajo del 99. En esa consultora, además, hicieron un trabajo en el que muestran cómo el aumento de los servicios y tarifas golpearon seriamente a las familias.
 
En esa misma línea, Vectorial, la consultora de Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía de Martín Guzmán, precisó que "la quietud relativa en los ingresos de los trabajadores no solo termina siendo un ancla a los precios sino también a las cantidades. Así, los salarios registrados aún se encuentran, en promedio, un 4,7 por ciento por debajo de noviembre de 2023". La firma asegura que "esta caída sería del 10,8 por ciento si se deflacta por la inflación actualizada por la ENGHO más reciente".
 
¿Qué pasó con los sueldos estatales? "Los trabajadores públicos son quienes se llevan la peor parte del retraso salarial, con un 13,2 por ciento de pérdida y con un ascenso excesivamente lento. Tampoco se observa una mejora para el caso de los trabajadores registrados privados, que recién en agosto vuelven a tener niveles similares a los de noviembre de 2023, mientras que lo que va del 2025 se encuentran orbitando en un 1 por ciento por debajo de estos valores".
 
En esa línea, la consultora Equilibra, que comanda Martín Rapetti, publicó que, en los primeros dos años del gobierno de Milei, el poder de compra de los salarios formales se contrajo un 19 por ciento en relación al promedio enero a septiembre del 2023. La firma ejemplificó la crisis salarial con un número demoledor: si se mira en términos acumulados, los empleados y jubilados perdieron el equivalente a 2,1 meses de ingresos reales en los primeros 20 meses del gobierno libertario.
 
Todo el contexto antes mencionado es lo que los comerciantes apuntan como el principal causante de la crisis de consumo. Los grandes supermercadistas aducen que los salarios planchados son un golpe letal para las ventas, sobre todo porque se montan en un esquema de costos fijos de las familias que crecieron mucho en los últimos dos años. En paralelo, en el caso de los jubilados, la afectación es aún mayor dado que la pérdida de ingresos no contempla cuál es el margen de consumo que perdieron por el aumento del precio de los medicamentos. 
 

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