14:55 | Sabado 07 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 24-02-2020 / 07:02

Intríngulis tarifario: una fisura inesperada en el Gobierno

El asunto es delicado y cualquier decisión que tome el Gobierno tendrá un costado negativo. Una política tarifaria, al mejor estilo del macrista Aranguren, ahogaría cualquier posibilidad de recuperación de la actividad económica, pero la extensión indefinida del congelamiento conllevaría un atraso tarifario de creciente costo fiscal, un "lujo" que se pudo dar Cristina pero que claramente Alberto no estaría en condiciones de afrontar.

En los últimos días trascendió la posibilidad que los servicios de luz, gas, agua y transporte podrían volver a sufrir una suba, para los sectores de mayores ingresos. Se trata de un asunto sensible para el Frente de Todos, que desde 2017 -en la campaña para las elecciones legislativas de ese año- cuestionó el desmesurando aumento de los servicios de luz y gas.

En búsqueda del equilibrio entre la disciplina fiscal y la necesidad de atender la emergencia social que valoró positivamente el FMI en su evaluación de la gestión de Alberto Fernández, la regulación de las tarifas de los servicios públicos -especialmente la energía eléctrica- juega un rol central.

En lo que pareció un globo de ensayo para "ir preparando el terreno", el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recordó que el congelamiento de tarifas fue definido hasta junio y afirmó que se estaba preparando un nuevo cuadro tarifario que contemplaría una tarifa social que alcanzaría a los más humildes.

Sin embargo, en una charla con el Presidente, Cristina le pidió que haga pública y de manera explícita la intención del Gobierno de mantener esos valores sin cambios, por lo menos, hasta diciembre próximo. No está en los planes de la ex presidenta permitirle mayores ingresos a empresas como Edesur y Edenor, a las que acusa directamente de haberse beneficiado de las políticas económicas de Mauricio Macri.

La reacción negativa, que generaron las declaraciones de Cafiero, determinó que el presidente saliera el día siguiente a desmentir a su propio ministro. Aseguró que un posible aumento de tarifas a aplicarse a mediados de año "no está en carpeta".

"Que nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones" de incrementar las tarifas, sostuvo Alberto Fernández, en declaraciones a la radio AM 750. Para el Presidente, el ajuste tarifario "es objeto de estudio y revisión para saber quién ganó, cuándo ganó y cuánto pagamos los argentinos. Y después veremos lo que hay que hacer".

El asunto es delicado y cualquier decisión que tome el Gobierno tendrá un costado negativo. Una política tarifaria, al mejor estilo del macrista Aranguren, ahogaría cualquier posibilidad de recuperación de la actividad económica, pero la extensión indefinida del congelamiento conllevaría un atraso tarifario de creciente costo fiscal, un "lujo" que se pudo dar Cristina pero que claramente Alberto no estaría en condiciones de afrontar.

La Opinión Popular

El futuro de las tarifas, una grieta inesperada que se extiende en el corazón del Gobierno

Mantener el congelamiento de las facturas de luz y gas abrió una polémica entre la vicepresidenta y los principales ministros del Presidente

Luego de una conversación con su vicepresidenta, Alberto Fernández salió a desmentir a los ministros que habían anticipado un descongelamiento de las tarifas a partir de julio próximo.

Fue Cristina Kirchner quien levantó el teléfono para conversar el jueves pasado con el Presidente de la Nación sobre los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, vinculados a que el congelamiento de las boletas de luz y gas no se extendería durante el segundo semestre del año.

Es decir, se habló sobre el artículo de la Ley de Responsabilidad Social y Reactivación Productiva que, en el marco de la emergencia económica, previó que durante 180 días se realizará una revisión y un estudio del nuevo cuadro tarifario.

Casualidad o no, en la primera aparición pública que tuvo el viernes, Fernández desautorizó a los miembros de su gabinete al sostener que "no tiene en carpeta" un aumento de las tarifas de los servicios públicos. Y aclaró que esa posibilidad solo "es objeto de estudio y revisión".

Se trata de una desautorización que pega directamente en la credibilidad de dos de sus principales colaboradores e integrantes del propio riñón político del Presidente, como son Kulfas y Cafiero. Ellos, tras los dichos de su jefe, ahora se llamaron a silencio y evitaron aclarar lo que días antes habían afirmado con certeza.

Cafiero había sostenido que el congelamiento finalizaba en junio próximo y Kulfas llegó a afirmar que uno de los puntos de acuerdo para renegociar la deuda con el FMI era el descongelamiento de las tarifas. Incluso, deslizó que, de lo contrario, se frenarían millonarias inversiones necesarias para reactivar los servicios y mejorar las cuentas del propio Estado.

De hecho, iProfesional publicó en exclusiva la fórmula que el oficialismo analiza para retocar las facturas y que se vincula con la posibilidad de aplicar tarifas diferenciales, según el poder adquisitivo o la zona donde residan los clientes de las empresas distribuidoras.

Sin embargo, Cristina no quiere saber nada con permitirle a, por ejemplo, Edesur y Edenor recomponer sus ecuaciones financieras hoy en riesgo, precisamente por un congelamiento que, en concreto, comenzó en marzo del año pasado por decisión del anterior gobierno de Cambiemos.

Volver a la falta de inversiones

En el sector se asegura que si las tarifas se mantienen sin cambios durante otros seis meses las distribuidoras dejarán de pagar la electricidad que compran a través de Cammesa y terminarán acumulando una deuda millonaria.

Es decir, se volvería a repetir el escenario de crisis que sufrieron antes del 2015, cuando debieron dejar hasta de encarar inversiones para mantener los servicios en buen estado, se sucedieron los cortes de energía en épocas de mayor demanda y hasta se corrió el riesgo de que alguna de las empresas entrara en default.

Pero desde el cristinismo rechazan estos argumentos y sostienen que parte de la deuda que las distribuidoras ya acumulan con Cammesa tiene que ver con dinero que las empresas retuvieron de los aumentos de tarifas otorgados por el gobierno de Mauricio Macri.

De hecho, existe un documento elaborado por el Instituto Patria, alma mater del kirchnerismo y al que tuvo acceso iProfesional, en donde se detallan las cifras de la deuda que las empresas de servicios públicos tienen con la compañía que administra el llamado Mercado Mayorista Eléctrico, y cuyo 80% del capital está en manos de agentes del mercado mayorista de electricidad, mientras que el 20% restante pertenece al Ministerio de Energía.

De acuerdo con el informe, en diciembre del 2018 se acumulaban $19.500 millones de deuda, mientras que hoy esa cifra ya supera los $48.000 millones. Es decir, un incremento del 127% que hasta duplica la inflación del año pasado, que fue casi del 54%.

El análisis que el sector cristinista del Gobierno hace sobre este informe es que las distribuidoras retuvieron miles de millones de pesos generados por las subas en el precio de la energía permitidas por Cambiemos y que, entonces, no hace falta una revisión tarifaria durante este año.

La postura es coincidente con lo que la propia Cristina pensaba desde el Senado en 2018, cuando presentó un proyecto de ley para suspender por dos años los aumentos en las tarifas para usuarios residenciales, Pymes y cooperativas de trabajo y retrotraer su costo al 1 de enero de 2017.

También proponía crear en el ámbito del Congreso un Comité Nacional de Emergencia Tarifaria con el objetivo de "supervisar, controlar e implementar la ley y alcanzar tarifas justas y razonables, y reparar el descontrol que armó el Gobierno".

La situación de Edesur y Edenor

Lo curioso del documento del Instituto Patria es que no aclara que Edenor y Edesur se encuentran abonando la energía que compran, tal como sí se desprende de un informe de la propia Cammesa en donde no se las nombra y más que nada se hace hincapié en cooperativas y empresas provinciales como las mayores deudoras del sistema.

Según el trabajo oficial, Edesur y Edenor están al día mientras que el grueso de la deuda se acumula en compañías que operan en Misiones, Chubut, Mendoza, Santa Fe, Río Negro, Chaco y en la provincia de Buenos Aires.

Todas controladas por cooperativas eléctricas o empresas estatales que comparten la política del gobierno del Frente de Todos pero que, sin embargo, no honran los compromisos con la empresa que administra el mercado energético argentino.

Algunos casos paradigmáticos se observan en Chaco, donde la cooperativa eléctrica figura como morosa con una deuda de $3.200 millones a pesar de que el año pasado recibió giros de la Nación para que se pusiera al día.

Sin embargo, el caso más notable es el de EMSA, con una deuda mayor a los $8.100 millones. Se trata de la empresa energética de Misiones, provincia natal del actual secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani.

El propio funcionario ocupó el cargo de ministro provincial de Energía en su provincia desde el 2015 hasta el desembarco del Frente de Todos en la Casa Rosada, por lo cual no puede desconocer este dato.

Pero más allá de que actualmente cumplen con los pagos a Cammesa, es de esperar que tanto Edenor como Edesur dejen de hacerlo en los próximos meses si el congelamiento se mantiene, ya que no contarían con ingresos suficientes como para hacer frente a los pagos de la energía y el plan de inversiones.

Por caso, la distribuidora propiedad del grupo italiano Enel ya dejó de facturar $2.900 millones en lo que va del año por el congelamiento. Y, en 2019, debió pedirle cerca de $8.000 millones a su accionista controlante para sostener sus proyectos.

En el caso de la empresa que pertenece a Pampa Energía, el escenario podría ser similar. Es decir, dejaría de pagarle a Cammesa para poder también sostener de manera adecuada sus servicios a pesar de los aumentos de costos y el congelamiento de sus ingresos por otros seis meses.

Por Andrés Sanguinetti

Fuente: iProfesional

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular

03-02-2026 / 11:02

Lavagna renunció porque el nuevo índice de inflación le dio 3,4 por ciento y le pidieron que no lo difunda

Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.

La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.

No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.

Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.

Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.

Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.

Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.

La Opinión Popular