08:12 | Martes 23 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 24-02-2020 / 07:02

Intríngulis tarifario: una fisura inesperada en el Gobierno

El asunto es delicado y cualquier decisión que tome el Gobierno tendrá un costado negativo. Una política tarifaria, al mejor estilo del macrista Aranguren, ahogaría cualquier posibilidad de recuperación de la actividad económica, pero la extensión indefinida del congelamiento conllevaría un atraso tarifario de creciente costo fiscal, un "lujo" que se pudo dar Cristina pero que claramente Alberto no estaría en condiciones de afrontar.

En los últimos días trascendió la posibilidad que los servicios de luz, gas, agua y transporte podrían volver a sufrir una suba, para los sectores de mayores ingresos. Se trata de un asunto sensible para el Frente de Todos, que desde 2017 -en la campaña para las elecciones legislativas de ese año- cuestionó el desmesurando aumento de los servicios de luz y gas.

En búsqueda del equilibrio entre la disciplina fiscal y la necesidad de atender la emergencia social que valoró positivamente el FMI en su evaluación de la gestión de Alberto Fernández, la regulación de las tarifas de los servicios públicos -especialmente la energía eléctrica- juega un rol central.

En lo que pareció un globo de ensayo para "ir preparando el terreno", el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recordó que el congelamiento de tarifas fue definido hasta junio y afirmó que se estaba preparando un nuevo cuadro tarifario que contemplaría una tarifa social que alcanzaría a los más humildes.

Sin embargo, en una charla con el Presidente, Cristina le pidió que haga pública y de manera explícita la intención del Gobierno de mantener esos valores sin cambios, por lo menos, hasta diciembre próximo. No está en los planes de la ex presidenta permitirle mayores ingresos a empresas como Edesur y Edenor, a las que acusa directamente de haberse beneficiado de las políticas económicas de Mauricio Macri.

La reacción negativa, que generaron las declaraciones de Cafiero, determinó que el presidente saliera el día siguiente a desmentir a su propio ministro. Aseguró que un posible aumento de tarifas a aplicarse a mediados de año "no está en carpeta".

"Que nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones" de incrementar las tarifas, sostuvo Alberto Fernández, en declaraciones a la radio AM 750. Para el Presidente, el ajuste tarifario "es objeto de estudio y revisión para saber quién ganó, cuándo ganó y cuánto pagamos los argentinos. Y después veremos lo que hay que hacer".

El asunto es delicado y cualquier decisión que tome el Gobierno tendrá un costado negativo. Una política tarifaria, al mejor estilo del macrista Aranguren, ahogaría cualquier posibilidad de recuperación de la actividad económica, pero la extensión indefinida del congelamiento conllevaría un atraso tarifario de creciente costo fiscal, un "lujo" que se pudo dar Cristina pero que claramente Alberto no estaría en condiciones de afrontar.

La Opinión Popular

El futuro de las tarifas, una grieta inesperada que se extiende en el corazón del Gobierno

Mantener el congelamiento de las facturas de luz y gas abrió una polémica entre la vicepresidenta y los principales ministros del Presidente

Luego de una conversación con su vicepresidenta, Alberto Fernández salió a desmentir a los ministros que habían anticipado un descongelamiento de las tarifas a partir de julio próximo.

Fue Cristina Kirchner quien levantó el teléfono para conversar el jueves pasado con el Presidente de la Nación sobre los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, vinculados a que el congelamiento de las boletas de luz y gas no se extendería durante el segundo semestre del año.

Es decir, se habló sobre el artículo de la Ley de Responsabilidad Social y Reactivación Productiva que, en el marco de la emergencia económica, previó que durante 180 días se realizará una revisión y un estudio del nuevo cuadro tarifario.

Casualidad o no, en la primera aparición pública que tuvo el viernes, Fernández desautorizó a los miembros de su gabinete al sostener que "no tiene en carpeta" un aumento de las tarifas de los servicios públicos. Y aclaró que esa posibilidad solo "es objeto de estudio y revisión".

Se trata de una desautorización que pega directamente en la credibilidad de dos de sus principales colaboradores e integrantes del propio riñón político del Presidente, como son Kulfas y Cafiero. Ellos, tras los dichos de su jefe, ahora se llamaron a silencio y evitaron aclarar lo que días antes habían afirmado con certeza.

Cafiero había sostenido que el congelamiento finalizaba en junio próximo y Kulfas llegó a afirmar que uno de los puntos de acuerdo para renegociar la deuda con el FMI era el descongelamiento de las tarifas. Incluso, deslizó que, de lo contrario, se frenarían millonarias inversiones necesarias para reactivar los servicios y mejorar las cuentas del propio Estado.

De hecho, iProfesional publicó en exclusiva la fórmula que el oficialismo analiza para retocar las facturas y que se vincula con la posibilidad de aplicar tarifas diferenciales, según el poder adquisitivo o la zona donde residan los clientes de las empresas distribuidoras.

Sin embargo, Cristina no quiere saber nada con permitirle a, por ejemplo, Edesur y Edenor recomponer sus ecuaciones financieras hoy en riesgo, precisamente por un congelamiento que, en concreto, comenzó en marzo del año pasado por decisión del anterior gobierno de Cambiemos.

Volver a la falta de inversiones

En el sector se asegura que si las tarifas se mantienen sin cambios durante otros seis meses las distribuidoras dejarán de pagar la electricidad que compran a través de Cammesa y terminarán acumulando una deuda millonaria.

Es decir, se volvería a repetir el escenario de crisis que sufrieron antes del 2015, cuando debieron dejar hasta de encarar inversiones para mantener los servicios en buen estado, se sucedieron los cortes de energía en épocas de mayor demanda y hasta se corrió el riesgo de que alguna de las empresas entrara en default.

Pero desde el cristinismo rechazan estos argumentos y sostienen que parte de la deuda que las distribuidoras ya acumulan con Cammesa tiene que ver con dinero que las empresas retuvieron de los aumentos de tarifas otorgados por el gobierno de Mauricio Macri.

De hecho, existe un documento elaborado por el Instituto Patria, alma mater del kirchnerismo y al que tuvo acceso iProfesional, en donde se detallan las cifras de la deuda que las empresas de servicios públicos tienen con la compañía que administra el llamado Mercado Mayorista Eléctrico, y cuyo 80% del capital está en manos de agentes del mercado mayorista de electricidad, mientras que el 20% restante pertenece al Ministerio de Energía.

De acuerdo con el informe, en diciembre del 2018 se acumulaban $19.500 millones de deuda, mientras que hoy esa cifra ya supera los $48.000 millones. Es decir, un incremento del 127% que hasta duplica la inflación del año pasado, que fue casi del 54%.

El análisis que el sector cristinista del Gobierno hace sobre este informe es que las distribuidoras retuvieron miles de millones de pesos generados por las subas en el precio de la energía permitidas por Cambiemos y que, entonces, no hace falta una revisión tarifaria durante este año.

La postura es coincidente con lo que la propia Cristina pensaba desde el Senado en 2018, cuando presentó un proyecto de ley para suspender por dos años los aumentos en las tarifas para usuarios residenciales, Pymes y cooperativas de trabajo y retrotraer su costo al 1 de enero de 2017.

También proponía crear en el ámbito del Congreso un Comité Nacional de Emergencia Tarifaria con el objetivo de "supervisar, controlar e implementar la ley y alcanzar tarifas justas y razonables, y reparar el descontrol que armó el Gobierno".

La situación de Edesur y Edenor

Lo curioso del documento del Instituto Patria es que no aclara que Edenor y Edesur se encuentran abonando la energía que compran, tal como sí se desprende de un informe de la propia Cammesa en donde no se las nombra y más que nada se hace hincapié en cooperativas y empresas provinciales como las mayores deudoras del sistema.

Según el trabajo oficial, Edesur y Edenor están al día mientras que el grueso de la deuda se acumula en compañías que operan en Misiones, Chubut, Mendoza, Santa Fe, Río Negro, Chaco y en la provincia de Buenos Aires.

Todas controladas por cooperativas eléctricas o empresas estatales que comparten la política del gobierno del Frente de Todos pero que, sin embargo, no honran los compromisos con la empresa que administra el mercado energético argentino.

Algunos casos paradigmáticos se observan en Chaco, donde la cooperativa eléctrica figura como morosa con una deuda de $3.200 millones a pesar de que el año pasado recibió giros de la Nación para que se pusiera al día.

Sin embargo, el caso más notable es el de EMSA, con una deuda mayor a los $8.100 millones. Se trata de la empresa energética de Misiones, provincia natal del actual secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani.

El propio funcionario ocupó el cargo de ministro provincial de Energía en su provincia desde el 2015 hasta el desembarco del Frente de Todos en la Casa Rosada, por lo cual no puede desconocer este dato.

Pero más allá de que actualmente cumplen con los pagos a Cammesa, es de esperar que tanto Edenor como Edesur dejen de hacerlo en los próximos meses si el congelamiento se mantiene, ya que no contarían con ingresos suficientes como para hacer frente a los pagos de la energía y el plan de inversiones.

Por caso, la distribuidora propiedad del grupo italiano Enel ya dejó de facturar $2.900 millones en lo que va del año por el congelamiento. Y, en 2019, debió pedirle cerca de $8.000 millones a su accionista controlante para sostener sus proyectos.

En el caso de la empresa que pertenece a Pampa Energía, el escenario podría ser similar. Es decir, dejaría de pagarle a Cammesa para poder también sostener de manera adecuada sus servicios a pesar de los aumentos de costos y el congelamiento de sus ingresos por otros seis meses.

Por Andrés Sanguinetti

Fuente: iProfesional

22-12-2025 / 10:12

Las joyas de la abuela que remata el gobierno a los “amigos” hasta agotar stock

Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.

Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.

Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.

La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".

"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.

Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.

El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.

Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.

21-12-2025 / 09:12

Volantazo de los gobernadores: El final de la primavera anarco capitalista del Loco Milei

Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.

Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.

Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.

La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.

El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.

La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.

La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.

Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.

Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.

20-12-2025 / 10:12

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas Milei dilapidó el resultado de las urnas

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.

El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.

Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.

La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.

Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.

El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.

Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.

Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.

Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.

19-12-2025 / 10:12

Se puede derrotar al Loco Milei: Cagados en las patas, patearon la Reforma Laboral para febrero

La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional. El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.

"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.

Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.

Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.

Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.

El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.

Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.

La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.

La Opinión Popular

18-12-2025 / 08:12

Tremendo golpe al Loco Milei: la oposición salvó las universidades y la emergencia en discapacidad

Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.

El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.

Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.

Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.

Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.

Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".

La Opinión Popular