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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 23-02-2020 / 10:02
EL DISCURSO EN EL CONGRESO, LA DEUDA, OTRAS MEDIDAS

Que piensa y que hará Alberto

Que piensa y que hará Alberto
El domingo próximo, el presidente Alberto Fernández hablará por segunda vez ante la Asamblea Legislativa. Ratificará rumbo y medidas, hará un repaso de la gestión que lleva menos de tres meses, remarcará la magnitud del descalabro dejado por el ex presidente Mauricio Macri. Anunciará proyectos de ley (varios anticipados en el día de la jura) y subrayará los avances referidos a la renegociación de la deuda externa.
El domingo próximo, el presidente Alberto Fernández hablará por segunda vez ante la Asamblea Legislativa. Ratificará rumbo y medidas, hará un repaso de la gestión que lleva menos de tres meses, remarcará la magnitud del descalabro dejado por el ex presidente Mauricio Macri. Anunciará proyectos de ley (varios anticipados en el día de la jura) y subrayará los avances referidos a la renegociación de la deuda externa.
 
El mandatario comenzará a redactar el borrador mañana, los ministerios (es habitual) le hacen llegar informes y sugerencias. Para el período ordinario de Sesiones, el Ejecutivo impulsará las siguientes leyes.
 
· Reforma judicial.
· Creación de un Consejo para la Calidad Institucional del Poder Judicial.
· Consejo Económico Social.
· Aborto libre, legal y gratuito.
 
Se anticipan conflictos referidos a la interrupción del embarazo. Otras iniciativas del Gobierno levantarán vientos de fronda: el aumento de las retenciones a la soja y la ley que reforma a la baja las jubilaciones de privilegio que ya se está tratando.
 
El paquete de normas que propondrá el mandatario no contiene leyes mordaza o restrictivas de libertad de prensa. Tampoco un proyecto para sancionar el negacionismo del terrorismo de Estado. Fernández dijo en París que estudiaría dicha idea pero la desechó para prevenir acechanzas contra la libertad de expresión.
 
Lo actual y lo posible: Los primeros resultados del Plan contra el Hambre entusiasman al Presidente que maneja al dedillo los datos de Concordia, la ciudad entrerriana en la que primero se aplicó. Miles de tarjetas usadas sabiamente por las jefas de familia se traducen en consumo local, ganancias para pequeños comercios, mejoras palpables en la alimentación de los pibes.
 
En otra provincia, Santa Fe, el gobernador Omar Perotti se entusiasma, refiere el presidente, con el dinamismo impreso por el nuevo derecho social. Los dos ejemplos, desde ya, son micro. Para que pudieran potenciarse será necesario aliviar a la Argentina de los pagos de deuda externa en los próximos años.
 
Miles de millones de dólares que reactivarían en el corto plazo, durante los seis-siete-ocho últimos meses de 2020. "Obra pública, el Plan de Viviendas que está atrasado", proyecta Fernández. Actividades clásicas, mano de obra intensivas, para masas de trabajadores desocupados o que changuean hoy en día.
 
"Keynes corazón", cantaría la hinchada aunque es consabido que dichos resurgimientos no serán suficientes. Habrá que promover subsidios o incentivos que permitan el nacimiento de industrias con potencial exportador o la resurrección de la capacidad ociosa tras el industricidio macrista.

 
La clave, la cifra propondría Jorge Luis Borges, es conseguir reducción y aplazamiento de la deuda externa en manos de privados y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El comunicado del Fondo dibujó sonrisas aunque no euforia en la Casa Rosada. Cuando recaló en ella, Fernández insistía con la imagen del micro que se encaminaba al precipicio. "En diciembre el default era la posibilidad mayor. Ahora cobra fuerza la perspectiva de la renegociación razonable". Firmar un acuerdo ruinoso, lleno de condicionalidades ajustadoras queda fuera del radar del oficialismo. "Jamás firmaremos un Megacanje II" cantan en canon en torno del Presidente o del ministro de Economía Martín Guzmán.
 
Fernández interpreta que el bondi frenó su marcha suicida pero sin pegar un giro de 180 grados. Propone otra comparación sobre una idea-fuerza heredada del presidente Néstor Kirchner. Alberto F se volvió devoto de los equilibrios fiscales, anche del superávit, y adversario de la emisión monetaria incontrolada. "Son como una adicción. Se empieza probando, tal vez con resultados gratos o inocuos. Luego se tornan imparables, nocivas". Crecer para pagar sigue siendo la consigna pero con cuidado para no drogarse.
 
El mandatario ensaya un rizo sugestivo: "Si hay equilibrios, mayor recaudación y se incrementan las reservas hasta se podría ampliar la emisión, con respaldo suficiente".
 
Hay que proteger a los que menos tienen... la contracara dialéctica es que los más ricos deben tributar más. Objetivo que se bifurca en dos movidas que generan oposición furibunda. Suba de retenciones y modificación de los privilegios jubilatorios de jueces y fiscales. Bramarán las corporaciones respectivas, el Gobierno está dispuesto a afrontar el chubasco
 
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El fantasma de la 125:
 
En el recinto o pocos días después se publicitará la elevación de tres puntos para las retenciones a la soja y al aceite de soja, conforme la facultad que le delegó el Congreso. La Sociedad Rural y Carbap, está en el inventario, pondrán el grito en el cielo y en los grandes medios.
 
Curtido en el conflicto por las retenciones móviles, el Presidente enumera qué productos abonarán menos retenciones, suponiendo un mapa político y regional heterogéneo. "Se verán beneficiados, por ejemplo, el trigo, el maíz, la alfalfa, los cultivos de economías regionales". La asimetría, entiende y activa el Gobierno, dividirá a las corporaciones del "campo". Los asociados y dirigentes de la Federación Agraria y de Coninagro acompañarán la política sectorial.
 
La recaudación mejorará, el modo genuino de mejorar sin recortar inversión social.
 
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Jueces al borde de un ataque de nervios:
 
Las lacrimógenas e insolidarias declaraciones de jueces que ganan fortunas, se jubilan con un régimen de magnates y eluden el impuesto a las ganancias no disuaden al presidente. Las reformas a las jubilaciones de privilegio, evoca, estaban contenidas en el proyecto original de cambio en el sistema previsional. Se sacaron a último momento, por consideraciones técnicas. La oposición denunció la inequidad que ahora tutela con argumentos fariseos.
 
¿Vale la pena insistir, promoviendo un entredicho formidable? La pregunta rondó al propio oficialismo. La magnitud de los privilegios, el valor fastuoso de las jubilaciones que se pagan en gran medida del presupuesto nacional persuadieron al Presidente para avanzar. Será ley muy pronto, posiblemente. En las sesiones ordinarias llegará el turno del demorado...
 
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... Consejo Económico Social:
 
Fernández esperó al ex ministro Roberto Lavagna (alias Godot) a quien veía como la figura ideal para presidir el Consejo Económico Social (CES). Conversan a menudo, Lavagna da buenos consejos, disiente a veces, como cuando cuestionó la política internacional iniciática, a su ver muy sesgada hacia Venezuela y Bolivia.
 
"Pero me felicitó después de la gira por Europa", matiza Fernández como elogio. De igual modo, analiza un argumento del ex ministro de Economía para rehusar el cargo: "Piensa que cualquier comentario crítico sería traducido como un reproche o competencia con Guzmán. Por eso aconseja buscar a un no economista". Fuera cual fuera la experticia del virtual funcionario, Fernández confiesa no dar con la persona indicada. Alguien con prestigio ampliamente reconocido, peso específico, cintura política.
 
El sistema político argentino, híper competitivo y despiadado (añade este cronista) acicatea el canibalismo entre protagonistas. De cualquier forma se irá avanzando, porque cayeron en saco roto los paliques entre Fernández-Lavagna o los sondeos que hicieron altos funcionarios del área económica con los integrantes del heterogéneo bloque de diputados que responde al ex ministro. No hay modo, se resignan todes.
 
"El ministro de Trabajo Claudio Moroni habla con los sindicalistas, el de Producción Matías Kulfas con los empresarios, se está preparando un documento" describen en los pisos altos de Hacienda. En Ordinarias se tratará el proyecto mientras se discierne quién se pone el traje de Godot.
 
AF está conforme con la dirigencia sindical, que acompaña al oficialismo. Nota templanza en los reclamos. Calcula que la Paritaria Nacional Docente llegará a buen puerto y que las clases empezarán en fecha en todas las provincias. Tal vez Chubut sea la más comprometida. Información de funcionarios de otras áreas de gobierno y de gremialistas agrega que los acuerdos no serán anuales, sino pagos por suma fija revisables dentro de unos meses.
 
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Otros derechos también existen:
 
El Presidente porotea con atención y tal vez con voluntarismo los votos en el Senado para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Calcula que alcanzarán. La propuesta vendrá en combo con una norma de protección a mujeres vulnerables en riesgo o a madres con dificultades. La idea es morigerar las reacciones de la Jerarquía de la Iglesia Católica... difícil que el chancho chifle.
 
La Reforma Judicial cuya concreción tardó más de lo previsto se conoce a grandes trazos. Concierne al Código Procesal Penal, al sistema acusatorio. Y, de modo más vasto, al Fuero Federal. Las lacras y anomalías de los Tribunales tienen su epicentro en Comodoro Py pero no se circunscriben a ese famoso antro.
 
Un nuevo proyecto atiende a esa falencia. Toma como inspiración el Consejo para la Consolidación de la Democracia, creado por el presidente Raúl Alfonsín, asidua referencia para Alberto Fernández. Se llamará Consejo para el Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial (u otro nombre cacofónico similar), los conformarán juristas de reconocida reputación y surtidas filiaciones políticas. La ambición, como en el CES, es articular un ámbito de debate y formulación de propuestas no vinculantes. Los nombres del elenco se barajan sin estrépito. León Arslanián, acaso Federico Pinedo, abogados radicales, que abundan.
 
El presidente despotrica contra abusos cotidianos de los Tribunales. Por ejemplo contra el pésimo uso que hace la Corte Suprema del recurso extraordinario. Habilita demasiados, rechaza un montón sin dar fundamento alguno. O los deniega cuando entiende que el futuro trámite del expediente puede sanear una injusticia de origen.
 
La consecuencia: cientos de causas "nacen" enfermas de nulidad y tramitan durante años para recién al final sanear el vicio. La cuestión, tan grave como muy técnica, es densa para simplificar. La nombramos acá, dejamos explicaciones para columnas futuras.
 
En todo caso se instalan dos instituciones novedosas, abiertas al intercambio y las polémicas públicas, un aporte interesante para una sociedad cuyas discusiones saben parecerse al estudio de Intratables o a tantos programas de chimentos.
 
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Seis meses para reparar:
 
AF insistió en que la revisión del cuadro tarifario de servicios públicos subsistirá durante seis meses sin aumentos en ese lapso. Otro alivio para el bolsillo de los ciudadanos-usuarios.
 
La ley jubilatoria que determinará una nueva fórmula de actualización de haberes insumirá el mismo lapso, prefijado a fines de 2019. En el ínterin crecerá la judicialización de los aumentos concedidos por decreto, entre ellos, el reclamo planteado por el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, en representación de jubilados de bajos ingresos. Dicho reclamo, entiende este escriba, tiene mayor sustento legal y ético que las demandas inminentes de jueces opulentos que abusarán de la condición de local.
 
El Gobierno necesita tiempo para cumplir sus promesas, discurre atendiblemente Fernández que valora la paciencia social mientras mide minuto a minuto los vaivenes de los precios. Quienes conversan un rato con él (quien firma esta nota pudo hacerlo en la semana que hoy termina) perciben una interesante mezcla de calma, preocupación y un compromiso con lo público bien distinto al de Macri.
 
En menos de un trimestre el presidente disipó las dudas acerca del doble comando para una carrada de interlocutores nacionales e internacionales. Sostiene un estilo calmo y coloquial, accede a requisitoria de periodistas como ningún otro primer mandatario desde 1983.
 
Los avances con el FMI lo estimulan, los apoyos ciudadanos lo entusiasman. Sabe que falta mucho para conocer el desenlace de las tratativas con los bonistas privados. Los lobos y los buitres de Wall Street, tienta apodarlos, aunque uno cree que esos motes son injustos con los animales y demasiado piadosos con los ases del sistema financiero global.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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