La Opinión Popular
                  18:37  |  Viernes 02 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 23-02-2020 / 10:02
EL DISCURSO EN EL CONGRESO, LA DEUDA, OTRAS MEDIDAS

Que piensa y que hará Alberto

Que piensa y que hará Alberto
El domingo próximo, el presidente Alberto Fernández hablará por segunda vez ante la Asamblea Legislativa. Ratificará rumbo y medidas, hará un repaso de la gestión que lleva menos de tres meses, remarcará la magnitud del descalabro dejado por el ex presidente Mauricio Macri. Anunciará proyectos de ley (varios anticipados en el día de la jura) y subrayará los avances referidos a la renegociación de la deuda externa.
El domingo próximo, el presidente Alberto Fernández hablará por segunda vez ante la Asamblea Legislativa. Ratificará rumbo y medidas, hará un repaso de la gestión que lleva menos de tres meses, remarcará la magnitud del descalabro dejado por el ex presidente Mauricio Macri. Anunciará proyectos de ley (varios anticipados en el día de la jura) y subrayará los avances referidos a la renegociación de la deuda externa.
 
El mandatario comenzará a redactar el borrador mañana, los ministerios (es habitual) le hacen llegar informes y sugerencias. Para el período ordinario de Sesiones, el Ejecutivo impulsará las siguientes leyes.
 
· Reforma judicial.
· Creación de un Consejo para la Calidad Institucional del Poder Judicial.
· Consejo Económico Social.
· Aborto libre, legal y gratuito.
 
Se anticipan conflictos referidos a la interrupción del embarazo. Otras iniciativas del Gobierno levantarán vientos de fronda: el aumento de las retenciones a la soja y la ley que reforma a la baja las jubilaciones de privilegio que ya se está tratando.
 
El paquete de normas que propondrá el mandatario no contiene leyes mordaza o restrictivas de libertad de prensa. Tampoco un proyecto para sancionar el negacionismo del terrorismo de Estado. Fernández dijo en París que estudiaría dicha idea pero la desechó para prevenir acechanzas contra la libertad de expresión.
 
Lo actual y lo posible: Los primeros resultados del Plan contra el Hambre entusiasman al Presidente que maneja al dedillo los datos de Concordia, la ciudad entrerriana en la que primero se aplicó. Miles de tarjetas usadas sabiamente por las jefas de familia se traducen en consumo local, ganancias para pequeños comercios, mejoras palpables en la alimentación de los pibes.
 
En otra provincia, Santa Fe, el gobernador Omar Perotti se entusiasma, refiere el presidente, con el dinamismo impreso por el nuevo derecho social. Los dos ejemplos, desde ya, son micro. Para que pudieran potenciarse será necesario aliviar a la Argentina de los pagos de deuda externa en los próximos años.
 
Miles de millones de dólares que reactivarían en el corto plazo, durante los seis-siete-ocho últimos meses de 2020. "Obra pública, el Plan de Viviendas que está atrasado", proyecta Fernández. Actividades clásicas, mano de obra intensivas, para masas de trabajadores desocupados o que changuean hoy en día.
 
"Keynes corazón", cantaría la hinchada aunque es consabido que dichos resurgimientos no serán suficientes. Habrá que promover subsidios o incentivos que permitan el nacimiento de industrias con potencial exportador o la resurrección de la capacidad ociosa tras el industricidio macrista.

 
La clave, la cifra propondría Jorge Luis Borges, es conseguir reducción y aplazamiento de la deuda externa en manos de privados y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El comunicado del Fondo dibujó sonrisas aunque no euforia en la Casa Rosada. Cuando recaló en ella, Fernández insistía con la imagen del micro que se encaminaba al precipicio. "En diciembre el default era la posibilidad mayor. Ahora cobra fuerza la perspectiva de la renegociación razonable". Firmar un acuerdo ruinoso, lleno de condicionalidades ajustadoras queda fuera del radar del oficialismo. "Jamás firmaremos un Megacanje II" cantan en canon en torno del Presidente o del ministro de Economía Martín Guzmán.
 
Fernández interpreta que el bondi frenó su marcha suicida pero sin pegar un giro de 180 grados. Propone otra comparación sobre una idea-fuerza heredada del presidente Néstor Kirchner. Alberto F se volvió devoto de los equilibrios fiscales, anche del superávit, y adversario de la emisión monetaria incontrolada. "Son como una adicción. Se empieza probando, tal vez con resultados gratos o inocuos. Luego se tornan imparables, nocivas". Crecer para pagar sigue siendo la consigna pero con cuidado para no drogarse.
 
El mandatario ensaya un rizo sugestivo: "Si hay equilibrios, mayor recaudación y se incrementan las reservas hasta se podría ampliar la emisión, con respaldo suficiente".
 
Hay que proteger a los que menos tienen... la contracara dialéctica es que los más ricos deben tributar más. Objetivo que se bifurca en dos movidas que generan oposición furibunda. Suba de retenciones y modificación de los privilegios jubilatorios de jueces y fiscales. Bramarán las corporaciones respectivas, el Gobierno está dispuesto a afrontar el chubasco
 
**
 
El fantasma de la 125:
 
En el recinto o pocos días después se publicitará la elevación de tres puntos para las retenciones a la soja y al aceite de soja, conforme la facultad que le delegó el Congreso. La Sociedad Rural y Carbap, está en el inventario, pondrán el grito en el cielo y en los grandes medios.
 
Curtido en el conflicto por las retenciones móviles, el Presidente enumera qué productos abonarán menos retenciones, suponiendo un mapa político y regional heterogéneo. "Se verán beneficiados, por ejemplo, el trigo, el maíz, la alfalfa, los cultivos de economías regionales". La asimetría, entiende y activa el Gobierno, dividirá a las corporaciones del "campo". Los asociados y dirigentes de la Federación Agraria y de Coninagro acompañarán la política sectorial.
 
La recaudación mejorará, el modo genuino de mejorar sin recortar inversión social.
 
**
 
Jueces al borde de un ataque de nervios:
 
Las lacrimógenas e insolidarias declaraciones de jueces que ganan fortunas, se jubilan con un régimen de magnates y eluden el impuesto a las ganancias no disuaden al presidente. Las reformas a las jubilaciones de privilegio, evoca, estaban contenidas en el proyecto original de cambio en el sistema previsional. Se sacaron a último momento, por consideraciones técnicas. La oposición denunció la inequidad que ahora tutela con argumentos fariseos.
 
¿Vale la pena insistir, promoviendo un entredicho formidable? La pregunta rondó al propio oficialismo. La magnitud de los privilegios, el valor fastuoso de las jubilaciones que se pagan en gran medida del presupuesto nacional persuadieron al Presidente para avanzar. Será ley muy pronto, posiblemente. En las sesiones ordinarias llegará el turno del demorado...
 
**
 
... Consejo Económico Social:
 
Fernández esperó al ex ministro Roberto Lavagna (alias Godot) a quien veía como la figura ideal para presidir el Consejo Económico Social (CES). Conversan a menudo, Lavagna da buenos consejos, disiente a veces, como cuando cuestionó la política internacional iniciática, a su ver muy sesgada hacia Venezuela y Bolivia.
 
"Pero me felicitó después de la gira por Europa", matiza Fernández como elogio. De igual modo, analiza un argumento del ex ministro de Economía para rehusar el cargo: "Piensa que cualquier comentario crítico sería traducido como un reproche o competencia con Guzmán. Por eso aconseja buscar a un no economista". Fuera cual fuera la experticia del virtual funcionario, Fernández confiesa no dar con la persona indicada. Alguien con prestigio ampliamente reconocido, peso específico, cintura política.
 
El sistema político argentino, híper competitivo y despiadado (añade este cronista) acicatea el canibalismo entre protagonistas. De cualquier forma se irá avanzando, porque cayeron en saco roto los paliques entre Fernández-Lavagna o los sondeos que hicieron altos funcionarios del área económica con los integrantes del heterogéneo bloque de diputados que responde al ex ministro. No hay modo, se resignan todes.
 
"El ministro de Trabajo Claudio Moroni habla con los sindicalistas, el de Producción Matías Kulfas con los empresarios, se está preparando un documento" describen en los pisos altos de Hacienda. En Ordinarias se tratará el proyecto mientras se discierne quién se pone el traje de Godot.
 
AF está conforme con la dirigencia sindical, que acompaña al oficialismo. Nota templanza en los reclamos. Calcula que la Paritaria Nacional Docente llegará a buen puerto y que las clases empezarán en fecha en todas las provincias. Tal vez Chubut sea la más comprometida. Información de funcionarios de otras áreas de gobierno y de gremialistas agrega que los acuerdos no serán anuales, sino pagos por suma fija revisables dentro de unos meses.
 
**
 
Otros derechos también existen:
 
El Presidente porotea con atención y tal vez con voluntarismo los votos en el Senado para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Calcula que alcanzarán. La propuesta vendrá en combo con una norma de protección a mujeres vulnerables en riesgo o a madres con dificultades. La idea es morigerar las reacciones de la Jerarquía de la Iglesia Católica... difícil que el chancho chifle.
 
La Reforma Judicial cuya concreción tardó más de lo previsto se conoce a grandes trazos. Concierne al Código Procesal Penal, al sistema acusatorio. Y, de modo más vasto, al Fuero Federal. Las lacras y anomalías de los Tribunales tienen su epicentro en Comodoro Py pero no se circunscriben a ese famoso antro.
 
Un nuevo proyecto atiende a esa falencia. Toma como inspiración el Consejo para la Consolidación de la Democracia, creado por el presidente Raúl Alfonsín, asidua referencia para Alberto Fernández. Se llamará Consejo para el Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial (u otro nombre cacofónico similar), los conformarán juristas de reconocida reputación y surtidas filiaciones políticas. La ambición, como en el CES, es articular un ámbito de debate y formulación de propuestas no vinculantes. Los nombres del elenco se barajan sin estrépito. León Arslanián, acaso Federico Pinedo, abogados radicales, que abundan.
 
El presidente despotrica contra abusos cotidianos de los Tribunales. Por ejemplo contra el pésimo uso que hace la Corte Suprema del recurso extraordinario. Habilita demasiados, rechaza un montón sin dar fundamento alguno. O los deniega cuando entiende que el futuro trámite del expediente puede sanear una injusticia de origen.
 
La consecuencia: cientos de causas "nacen" enfermas de nulidad y tramitan durante años para recién al final sanear el vicio. La cuestión, tan grave como muy técnica, es densa para simplificar. La nombramos acá, dejamos explicaciones para columnas futuras.
 
En todo caso se instalan dos instituciones novedosas, abiertas al intercambio y las polémicas públicas, un aporte interesante para una sociedad cuyas discusiones saben parecerse al estudio de Intratables o a tantos programas de chimentos.
 
**
 
Seis meses para reparar:
 
AF insistió en que la revisión del cuadro tarifario de servicios públicos subsistirá durante seis meses sin aumentos en ese lapso. Otro alivio para el bolsillo de los ciudadanos-usuarios.
 
La ley jubilatoria que determinará una nueva fórmula de actualización de haberes insumirá el mismo lapso, prefijado a fines de 2019. En el ínterin crecerá la judicialización de los aumentos concedidos por decreto, entre ellos, el reclamo planteado por el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, en representación de jubilados de bajos ingresos. Dicho reclamo, entiende este escriba, tiene mayor sustento legal y ético que las demandas inminentes de jueces opulentos que abusarán de la condición de local.
 
El Gobierno necesita tiempo para cumplir sus promesas, discurre atendiblemente Fernández que valora la paciencia social mientras mide minuto a minuto los vaivenes de los precios. Quienes conversan un rato con él (quien firma esta nota pudo hacerlo en la semana que hoy termina) perciben una interesante mezcla de calma, preocupación y un compromiso con lo público bien distinto al de Macri.
 
En menos de un trimestre el presidente disipó las dudas acerca del doble comando para una carrada de interlocutores nacionales e internacionales. Sostiene un estilo calmo y coloquial, accede a requisitoria de periodistas como ningún otro primer mandatario desde 1983.
 
Los avances con el FMI lo estimulan, los apoyos ciudadanos lo entusiasman. Sabe que falta mucho para conocer el desenlace de las tratativas con los bonistas privados. Los lobos y los buitres de Wall Street, tienta apodarlos, aunque uno cree que esos motes son injustos con los animales y demasiado piadosos con los ases del sistema financiero global.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

Agreganos como amigo a Facebook
02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar