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Sociedad e Interés General - 21-02-2020 / 20:02
EFEMÉRIDES POPULARES

Entra en vigor la ley de Punto Final en la Argentina

Entra en vigor la ley de Punto Final en la Argentina
La Ley 23.492 de Punto Final argentina, entra en vigor el 22 de Febrero de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Quedó afuera de la ley la práctica habitual de los grupos de tareas, como el temible Grupo de tareas 3.3.2, que fue el hacer la repartija de los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas, a la salida de la dictadura, humilladas por la derrota en la guerra de Malvinas y odiadas por el pueblo por genocidas, quedan deslegitimadas y su poder en crisis. Distintos gobiernos constitucionales intentaron "reconciliarlas" con la sociedad.
 
La Ley 23.492 de Punto Final argentina, entra en vigor el 22 de Febrero de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar genocida del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983.
 
La ley, conocida como de impunidad, decía literalmente "se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983".
 
La ley, que sancionaba la impunidad de los militares por la desaparición de miles de opositores y guerrilleros peronistas y de izquierda (casi 9.000 según el informe del Nunca Más de 1984 y hasta unos 30.000 de acuerdo a los organismos de Derechos Humanos), fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.
 
Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de prisioneras políticas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes les ocultaban su verdadera identidad biológica.
 
La Opinión Popular



Entra en vigor la ley de Punto Final en la Argentina
 Entre 50 000 y 60 000 personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires como protesta contra la ley
 
 
La Ley de Punto Final
 
La Ley 23 492 de Punto Final es una ley argentina que estableció la caducidad de la acción penal (prescripción) contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983 que no hubieran sido llamados a declarar «antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley».
 
Fue presentada por los diputados Juan Carlos Pugliese, Carlos A. Bravo y Antonio J. Macris, y promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el presidente Raúl Alfonsín.​ El Congreso la declaró nula en 2003. Durante la campaña electoral de 1983 el candidato de la Unión Cívica Radical Raúl Alfonsín había prometido que no habría impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado.
 
El 5 de diciembre de 1986, el presidente Raúl Alfonsín anunció un proyecto que emplazaba abruptamente la presentación de denuncias por vulneración de los derechos humanos durante la dictadura. Fijaba un plazo de treinta días, tras el cual caducaba el derecho a reclamar justicia. El proyecto, fue bautizado como Ley de Punto Final.
 
La ley establecía que «se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiese cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de octubre de 1983».
 
Dado que sancionaba la impunidad de los militares penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas de varios miles de opositores, activistas de izquierda, intelectuales, peronistas, sindicalistas, escritores y otros grupos durante la dictadura, fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.
 
Entre 50 000 y 60 000 personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires como protesta contra la ley. Según el diario español El país fue la manifestación más multitudinaria desarrollada en la Capital Federal desde que se había recuperado la democracia tres años antes.​
 
Convocada por las Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones defensoras de los derechos humanos y partidos extraparlamentarios de izquierda, la marcha contó con el apoyo de los peronistas revolucionarios y la Confederación General del Trabajo (CGT).
 
Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de prisioneras políticas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes les ocultaban su verdadera identidad biológica.
 
La Ley de Punto Final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.
 
Meses después fue complementada con la Ley de Obediencia Debida (23 521) también dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba jurídica alguna en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles.
 
Su primera aplicación práctica ocurrió dos días después cuando la Procuración a cargo del radical Juan Octavio Gauna aceptó que la ley era aplicable a un grupo de oficiales que actuó bajo las órdenes del general Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires, anulando su condena.​

 
Fuente: Wikipedia

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27-03-2020 / 18:03
27-03-2020 / 16:03
El golpe de 1955 destruyó las conquistas sociales y políticas logradas por los trabajadores y el Movimiento Obrero durante el peronismo, quienes resistieron los planes de las dictaduras gorilas luchando por ellas.

La Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGT de los Argentinos o CGT A) fue la central obrera que reunió a dirigentes y movimientos sindicales que se oponían al establecimiento de un pacto de los gremios con la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía.

El Congreso Normalizador "Amado Olmos", realizado el 28 de marzo de 1968, elige al dirigente gráfico Raimundo Ongaro como secretario general de la CGT A, mientras se retiran los gremios colaboracionistas y vandoristas que constituyen la "CGT de Azopardo".

Pocos días después, la nueva Central dará a conocer el "Programa del 1º de Mayo de 1968", que sigue los lineamientos de los históricos Congresos sindicales peronistas de La Falda, en 1957, y Huerta Grande, en 1962, de contenido antiimperialista, anti monopólico y anti dictatorial.

La formación de la CGT A significó un cambio fundamental en el desarrollo político de la década, en la historia del peronismo y en el movimiento popular argentino. No ofrecía "a los trabajadores un camino fácil, un panorama risueño, una mentira más, sino a cada uno un puesto de lucha".

La CGT A, en la que confluyeron sindicalistas, agrupaciones estudiantiles, gremiales y políticas, tanto peronistas, como radicales, socialistas, comunistas y casi toda la amplia gama de la izquierda, sacerdotes del tercer mundo y diversos sectores socialcristianos, se convirtió en eje articulador de la resistencia contra la dictadura de Onganía.

Su marca sería indeleble y su herencia principal, el Cordobazo, detendría la embestida oligárquica iniciada en la Revolución Libertadora, voltearía a la dictadura de Onganía, e iniciaría la contraofensiva popular que trajo de vuelta a Juan Perón al país y al peronismo al gobierno en 1973.

Escribe: Blas García



26-03-2020 / 17:03
25-03-2020 / 18:03
25-03-2020 / 18:03
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