23:14 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 21-02-2020 / 09:02

PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

No se apuren a afiliar a Kristalina Georgieva al PJ

Lo que aprovechó el Gobierno al máximo fue la coincidencia coyuntural de sus intereses con el FMI, al que circunstancialmente también le conviene que los bonistas cobren lo menos posible. Para poder cobrar más él, por supuesto. Esa coincidencia no implica que el Fondo se haya hecho peronista ni que su directora gerente, Kristalina Georgieva, haya vuelto a sus días de estudiante en el Alto Instituto de Economía Karl Marx de la Bulgaria comunista.

El apoyo que logró el gobierno de Alberto Fernández del FMI lo fortalece de cara a la negociación con los acreedores privados pero no implica que la cuestión de la deuda esté a punto de resolverse. Ni mucho menos.

Si el resultado de la primera misión del Fondo tras la salida de Mauricio Macri fueran los octavos de final de un Mundial, bien podría decirse que la renegociación de la deuda con el organismo son los cuartos y la discusión con los bonistas, la final.

Aunque anteayer por la noche algunos de los negociadores descorcharon espumantes, en el quinto piso de Economía no comparten la euforia que se apoderó de otras áreas del Ejecutivo y de la militancia en las redes sociales. "Además de paciencia oriental hay que tener algo de astucia florentina", comentaron desde allí.

Lo que aprovechó el Gobierno al máximo fue la coincidencia coyuntural de sus intereses con el FMI, al que circunstancialmente también le conviene que los bonistas cobren lo menos posible. Para poder cobrar más él, por supuesto, pero también para no inflar el "riesgo moral" (moral hazard) del que solía hablar Anne Krueger en 2002.

La tesis del "riesgo moral" -un clásico de los tecnócratas del Fondo- sostiene que si los prestamistas nunca pierden, cada vez correrán riesgos mayores. Total, alguien (el Fondo) los rescatará.

Esa coincidencia no implica que el Fondo se haya hecho peronista ni que su directora gerente, Kristalina Georgieva, haya vuelto a sus días de estudiante en el Alto Instituto de Economía Karl Marx de la Bulgaria comunista.

El FMI necesita que se olvide lo más rápido posible el abochornante préstamo récord que el Tesoro estadounidense forzó a firmar a Christine Lagarde para que Macri fuera reelecto, pero su matriz de pensamiento sigue siendo la misma.

Aún tras la purga que se llevó puestos a David Lipton (un halcón demócrata que Donald Trump aprovechó para tirar por la ventana) y al encargado del caso argentino, Roberto Cardarelli, la ortodoxia fiscal de Lagarde sigue vivita y coleando en la calle 19. La gravitación de Wall Street sobre su staff, también.

En cuanto a las condiciones que vaya a poner el FMI para aplazar sus cobros, el ministro Martin Guzmán viene repitiendo que no hará "austeridad en recesión".

- Lo que opine el Fondo me ne frega. Es un jugador más en esta negociación. ¡Los bancos y los fondos de inversión no le van a dar carta blanca a la Argentina para que haga lo que quiera! Al banquero, argentino pero radicado en el exterior, se lo escuchaba furioso ayer por la mañana.

"Tengo un video de este chico Guzmán hace varios años diciendo que de un default es muy difícil salir. Él lo sabe. Que haga jueguito para la tribuna es otra cosa, pero él lo sabe", vociferaba por teléfono desde el auto que lo llevaba desde Ezeiza al hotel donde ahora se instala cada vez que viene a Buenos Aires.

La admisión por parte del FMI de que la deuda argentina es "insostenible" y su prescripción de una "contribución apreciable" por parte de los acreedores no cayó nada bien entre los acreedores. Previsiblemente.

Tal como se anticipó en esta columna el 7 de febrero pasado, antes de que el ministro de Economía lo hiciera explícito en el Congreso, la calificación de "insostenible" para la deuda que dejó Mauricio Macri era exactamente lo que procuraba conseguir del FMI.

Con eso bajo el brazo, se prepara para lanzar el 9 de marzo una oferta del tipo "tómelo o déjelo" para los bonistas privados, que tienen títulos por unos U$S 60.000 millones.

Será en realidad un menú de distintos bonos con una quita sustancial en el valor presente neto de la deuda, que tomará la forma -según el bono que elija cada acreedor de un aplazamiento de los pagos, de un recorte del capital, de una rebaja de los intereses o de una combinación de todo eso. En todos los casos se exigirá un lapso de gracia de tres años.

A frotar la lámpara

Guzmán partió ayer mientras atardecía hacia Riad, Arabia Saudita. Estará en la cumbre de ministros y banqueros centrales del G-20 pero su atención está en sendas reuniones que mantendrá con Georgieva y con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin.

De ahí volará directamente a Washington, según pudo confirmar este diario, para seguir negociando con el staff del Fondo. Ahí se juegan los cuartos de final.

Entre la reunión en Riad con Georgieva y las que tendrá en Washington el martes, en pleno feriado de Carnaval, Guzmán terminará de enterarse cuánto está dispuesto a poner el Fondo. Su objetivo de máxima es patear tres años hacia adelante todos los pagos del acuerdo Stand-By que Fernández heredó de Macri, pero sin firmar un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés). El EFF permitiría aplazarlos hasta 10 años pero con duras exigencias respecto del gasto.

Según los negociadores que pudo consultar BAE Negocios, la opción que barajan para estirar por tres años el Stand-By vigente es apelar a dos antecedentes de los años 80: Nicaragua y Guyana. El riesgo para el Fondo es que eso potencie voces como la de Cristina Kirchner, que exigen una quita también en la deuda que tomó Macri con el organismo.

¿Por qué? Porque Nicaragua y Guyana son dos de los 20 países a los cuales el FMI condonó todas sus deudas en 2005. Flor de quita para una entidad que insiste en que no puede hacerlas.

En cuanto a las condiciones que vaya a poner el FMI para aplazar sus cobros, el ministro viene repitiendo que no hará "austeridad en recesión", pero la realidad es otra: en el Fondo se conforman con el ajuste inicial que plasmó el Frente de Todos en su Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Creen que no se puede exigir más después del severo ajuste -tanto de cuenta corriente como del gasto público- que hizo de prepo la última devaluación de Macri.

Buitres, mierdas y consultores

Lo que terminó de entenderse anteayer con el documento que publicó el Fondo es por qué Georgieva había enviado a tanta gente y por tanto tiempo a Buenos Aires. Las misiones de revisión suelen estar integradas por dos o tres técnicos y por tres o cuatro días., y recién a las dos semanas suelen publicar su Staff Report.

Esta vez, además de dos intérpretes y su parco vocero para la región, Raphael Anspach, había nueve personas. La jefa, Julie Kozack; el encargado del caso argentino, Luis Cubeddu; el delegado residente, Trevor Alleyne, y un batallón de técnicos: Maral Shamloo Gorjaee, Joyce Wong, Dmitry Plotnikov, Eriko Togo, Ali Abbas y Mariano Szafowal.

Que la misión haya accedido a declarar la deuda insostenible no necesariamente convencerá a los acreedores de aceptar una quita. El banquero que volvía de Ezeiza fue bastante claro: "Si pretenden que pierda plata y lo acepte contento están locos. Por mí que se haga todo mierda y nos vamos a litigar a Nueva York", soltó.

Lo que quiere ahora el Gobierno es que el FMI confirme que aplazará sus cobros antes que se haga pública la oferta a los acreedores privados. Eso les permitiría a los grandes fondos de inversión a incorporar más datos a la ecuación de recupero de sus acreencias. Si el acreedor privilegiado se corre, quizá puedan cobrar algo más. Pero el riesgo de default con los privados, admiten en Economía, sigue latente.

Para el Gobierno el peligro es que, mientras se dispute la final del Mundial, hagan su ingreso al campo de juego los fondos buitres. Eso podría pasar si la amenaza de default empuja los precios demasiado hacia abajo.

Ya hay movimientos de precalentamiento en el banco: tres semanas atrás, al día siguiente de la reunión que mantuvo Guzmán con acreedores en Nueva York, el abogado Dennis Hranitzky visitó varias consultoras de prensa y comunicación en Buenos Aires con el objetivo de contratar a una de ellas para entablar "guerra de relaciones públicas" con el Ejecutivo.

Se trata del abogado que abordó personalmente la Fragata Libertad para embargarla en octubre de 2012 en Ghana, cuando trabajaba para Paul Singer. Ahora representa a una veintena de fondos más chicos pero igual de hostiles. Su capacidad de lobby no parece haberse oxidado. Este último fin de semana consiguió salir en dos diarios.

Por Alejandro Bercovich

Fuente: BAE Negocios

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".