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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 14-02-2020 / 09:02
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

El establishment, entre la certeza del desastre y la tentación del rebote

El establishment, entre la certeza del desastre y la tentación del rebote
Con 60 de los 100 días de gracia de todo mandatario ya trascurridos, el grueso del empresariado aguarda confirmar sus prejuicios pesimistas. En muchos casos vienen teñidos por un repudio ideológico que no coincide necesariamente con sus intereses sectoriales, pero no es la primera vez que pasa.
El ciclo de endeudamiento macrista fue tan vertiginoso que en Economía ni siquiera terminaron de identificar a los grupos de acreedores que se proponen tentar con algo muy difícil de explicar para cualquier administrador de portafolios: una quita sensible sin que haya mediado una cesación de pagos.
 
En la intimidad del hogar, Sergio Massa se enteró de un episodio que ilustra el grado de irresponsabilidad del proceso neoliberal: AySA, que ahora preside su esposa Malena Galmarini, debe afrontar en enero de 2023 el vencimiento de obligaciones negociables por USD500 millones. El monto equivale a la facturación de todo un año de la empresa pública de potabilización y saneamiento.
 
¿Qué pensaba en 2018 el entonces jefe de AySA, José Luis Inglese? ¿Que la tarifa del agua iba a subir tanto que permitiría el pago de esos 500 millones de dólares en cinco años, y además el 6,625% anual de intereses? ¿Que el peso se iba a revaluar tanto por la lluvia de inversiones que para 2023 esos 500 millones serían una ganga?
 
¿Qué proyectaban el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el subsecretario de Recursos Hídricos. Pablo Bereciartúa, que viajaron a Europa para esa colocación de deuda? ¿Y el Citigroup, el Deutsche, el HSBC y Crédit Agricole, que tramitaron la operación?
 
La única lógica que explicaría ese "no future" financiero -un hiper capitalismo punk sin mañana- es que dieran por hecho que no deberían afrontar ellos esas obligaciones.
 
En Aerolíneas Argentinas lo repite ante quien quiera oírlo su nuevo presidente, Pablo Ceriani: la administración de los últimos años solo se asemeja a las de las compañías aéreas que están a punto de cerrar.
 
La deuda se disparó, la flota dejó de crecer y por primera vez el pasivo en millas "pendientes de canje" superó el de boletos ya emitidos y no usados. Hay un banco de capital nacional que accedió a una inusitada cantidad de esas millas a precios muy promocionales. ¿Será legal?
 

 
De a poco, mientras se despereza de unas vacaciones que la mayoría eligió estirar lo más posible este año, el establishment empieza a preguntarse si hay alguna chance al menos remota de que el plan de Alberto Fernández funcione.
 
Los jefes de las cámaras patronales evitan la confrontación, sonríen para las fotos y hasta en ciertos casos abrigan esperanzas genuinas, pero saben que sus representados no solo votaron masivamente por Mauricio Macri en octubre sino que además, en general, piensan lo mismo que él: que la severa crisis que azota al país no es su responsabilidad y que empeorará antes que mejorar.
 
Lo mostraron nítidamente las primeras mediciones de confianza en el gobierno y de imagen del Presidente, como las que hacen las universidades Di Tella y San Andrés. Todas repuntaron sensiblemente frente al momento del desbande macrista, pero permanecen muy -hasta 20 puntos- por debajo del arranque de aquella gestión, cuatro años atrás. Y a medida que se sube en la pirámide social, esa percepción empeora sensiblemente.
 
Con 60 de los 100 días de gracia de todo mandatario ya trascurridos, el grueso del empresariado aguarda confirmar sus prejuicios pesimistas. En muchos casos vienen teñidos por un repudio ideológico que no coincide necesariamente con sus intereses sectoriales, pero no es la primera vez que pasa.
 
Lo expresó de modo franco el CEO de Fiat, Cristiano Rattazzi, acaso porque su condición de fiscal de mesa de Juntos por el Cambio le impide -como a Marcos Galperín- disimular. Al salir de la presentación de Martín Guzmán en el Congreso, dijo que no había escuchado nada que le indicara la existencia de un plan económico.
 
En el camino de regreso al Palacio de Hacienda, varios funcionarios se preguntaron por qué lo habría invitado Sergio Massa. "Invitamos a la UIA y la UIA mandó a los directivos que quiso", se excusaron cerca suyo.
 
 
Seducidos y abandonados
  
Un industrial miembro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entusiasta en aquellos albores macristas de 2016 pero tempranamente desencantado, le mandó un mensaje por whatsapp a Federico Sturzenegger.
 
Fue el 8 de diciembre, cuando Carlos Raymundo Roberts publicó en el diario La Nación una deliciosa crónica del despoder donde casi todos los ministros salientes se permitieron ventilar sus recelos y rencores mutuos. La nota se titulaba El gabinete de Macri, surcado por errores, estrés, angustias y una solidaridad que no alcanzó y daba cuenta de la depresión de muchos exfuncionarios como el primer jefe del Central que tuvo Cambiemos.
 
"De haber escuchado lo que te dije hace cuatro años, podrías caminar erguido por la calle y los cientos de empleados que tuve que echar todavía tendrían sus trabajos", le espetó el empresario a Sturzenegger. El ex banquero central se defendió, aunque sin reivindicar a su antiguo jefe. Citó variables que a su juicio estaban bien hasta fines de 2017, se diferenció del rumbo económico de los últimos dos años y terminó por excusarse. "Después del 28-D perdí margen de acción", tipeó.
 
El autor del reproche cree que la renegociación de la deuda terminará bien y que Martín Guzmán exagera las penurias que atraviesa el país para obtener de los acreedores una quita mayor.
 
Sus clientes le transmiten que la demanda empezó a reactivarse, al punto tal que encargó máquinas nuevas que demoran en llegar de China por el brote de coronavirus. Es parecido a lo que les ocurre a las fábricas que producen electrodomésticos en Tierra del Fuego. Una de ellas incrementó el ritmo de sus cadenas de ensamblado por los pedidos de las cadenas comerciales que quieren tener más artefactos exhibidos cuando se recupere algo el poder adquistivo de los salarios.
 
Por ahora, en los contados casos donde la economía real reacciona se apoya solamente en esas tímidas expectativas de repunte. Como las de una multinacional alimentaria que el año pasado debió pedirle a su casa matriz europea que le inyecte más de 100 millones de euros para cubrir sus pérdidas, el equivalente a las ganancias que había girado en los tres años previos.
 
¿La razón? Otra vez, el desplome de la demanda. El consumo de yogur, uno de sus productos, bajó de 13 a 7 kilos por año por habitante promedio durante la gestión de Macri. En 2020, la matriz se conforma con dejar de perder dinero.
 
 
Las negras también juegan
  
En la Rosada parecen conformarse con el escenario que siempre le quedó más cómodo al peronismo: que la disputa se desarrolle al interior del Gobierno. La estatización del conflicto, incluso aunque parte de ese conflicto transcurra en palacio y otra parte en las calles, no le resulta problemática a Fernández. Ni siquiera si su vice sale al cruce del vocero del Fondo Monetario por Twitter mientras él procura un acercamiento y con una misión del FMI recién llegada a Buenos Aires.
 
Una a favor del Frente de Todos es que la oposición no parece encolumnada detrás una única candidatura o proyecto alternativo. El lujoso autoexilio part-time que Macri se agenció en Suiza gracias a sus vínculos con Gianni Infantino despejó el terreno para que en el PRO empiecen a disputarse sordamente su herencia dos campamentos: el de Patricia Bullrich y el de Horacio Rodríguez Larreta.
 
Los larretistas perciben su propia proyección nacional atada a la suerte de Fernández. Si el Gobierno encamina la situación, especulan, 2023 exigirá un liderazgo opositor moderado, razonable, crítico pero no incendiario. Si la economía se desmadra, en cambio, entrevén más aire para una "bolsonarización" de la derecha criolla. Es a lo que apuesta el propio Macri, creen cerca de María Eugenia Vidal, quien jamás se llevó bien con Bullrich y quien no descarta volver a la política después de un 2020 entre el descanso y el planeta ONG.
 
Lo que impacienta al kirchnerismo, en ese contexto, es lo mismo que le habían empezado a reprochar al Presidente algunos de sus incondicionales antes de la decisión de Guzmán reperfilar el AF20. Si el pesimismo de los empresarios es un problema para la recuperación de la economía real, el exagerado optimismo de los acreedores era un obstáculo para la quita que aspira a lograr el Ejecutivo.
 
Ahora, sablazo y caída de las cotizaciones mediante y después de los escarceos entre Cristina y el Fondo, el clima se tensó. ¿Alcanzará?
 
Al pesimismo, en todo caso, puede combatírselo con hechos o con expectativas. Si lo primero resulta todavía esquivo, bien vale apelar a lo segundo. Tal vez por eso Fernández se tomó el tiempo de responderle personalmente a una tuitera que ayer le reclamó un saludo por su cumpleaños. Se presentaba como "ministra de Optimismo". "Seguí administrando optimismo qué hay muchos que riegan al pesimismo", la arengó el mandatario.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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