22:36 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 14-02-2020 / 09:02

PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

El establishment, entre la certeza del desastre y la tentación del rebote

Con 60 de los 100 días de gracia de todo mandatario ya trascurridos, el grueso del empresariado aguarda confirmar sus prejuicios pesimistas. En muchos casos vienen teñidos por un repudio ideológico que no coincide necesariamente con sus intereses sectoriales, pero no es la primera vez que pasa.

El ciclo de endeudamiento macrista fue tan vertiginoso que en Economía ni siquiera terminaron de identificar a los grupos de acreedores que se proponen tentar con algo muy difícil de explicar para cualquier administrador de portafolios: una quita sensible sin que haya mediado una cesación de pagos.

En la intimidad del hogar, Sergio Massa se enteró de un episodio que ilustra el grado de irresponsabilidad del proceso neoliberal: AySA, que ahora preside su esposa Malena Galmarini, debe afrontar en enero de 2023 el vencimiento de obligaciones negociables por USD500 millones. El monto equivale a la facturación de todo un año de la empresa pública de potabilización y saneamiento.

¿Qué pensaba en 2018 el entonces jefe de AySA, José Luis Inglese? ¿Que la tarifa del agua iba a subir tanto que permitiría el pago de esos 500 millones de dólares en cinco años, y además el 6,625% anual de intereses? ¿Que el peso se iba a revaluar tanto por la lluvia de inversiones que para 2023 esos 500 millones serían una ganga?

¿Qué proyectaban el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el subsecretario de Recursos Hídricos. Pablo Bereciartúa, que viajaron a Europa para esa colocación de deuda? ¿Y el Citigroup, el Deutsche, el HSBC y Crédit Agricole, que tramitaron la operación?

La única lógica que explicaría ese "no future" financiero -un hiper capitalismo punk sin mañana- es que dieran por hecho que no deberían afrontar ellos esas obligaciones.

En Aerolíneas Argentinas lo repite ante quien quiera oírlo su nuevo presidente, Pablo Ceriani: la administración de los últimos años solo se asemeja a las de las compañías aéreas que están a punto de cerrar.

La deuda se disparó, la flota dejó de crecer y por primera vez el pasivo en millas "pendientes de canje" superó el de boletos ya emitidos y no usados. Hay un banco de capital nacional que accedió a una inusitada cantidad de esas millas a precios muy promocionales. ¿Será legal?

De a poco, mientras se despereza de unas vacaciones que la mayoría eligió estirar lo más posible este año, el establishment empieza a preguntarse si hay alguna chance al menos remota de que el plan de Alberto Fernández funcione.

Los jefes de las cámaras patronales evitan la confrontación, sonríen para las fotos y hasta en ciertos casos abrigan esperanzas genuinas, pero saben que sus representados no solo votaron masivamente por Mauricio Macri en octubre sino que además, en general, piensan lo mismo que él: que la severa crisis que azota al país no es su responsabilidad y que empeorará antes que mejorar.

Lo mostraron nítidamente las primeras mediciones de confianza en el gobierno y de imagen del Presidente, como las que hacen las universidades Di Tella y San Andrés. Todas repuntaron sensiblemente frente al momento del desbande macrista, pero permanecen muy -hasta 20 puntos- por debajo del arranque de aquella gestión, cuatro años atrás. Y a medida que se sube en la pirámide social, esa percepción empeora sensiblemente.

Con 60 de los 100 días de gracia de todo mandatario ya trascurridos, el grueso del empresariado aguarda confirmar sus prejuicios pesimistas. En muchos casos vienen teñidos por un repudio ideológico que no coincide necesariamente con sus intereses sectoriales, pero no es la primera vez que pasa.

Lo expresó de modo franco el CEO de Fiat, Cristiano Rattazzi, acaso porque su condición de fiscal de mesa de Juntos por el Cambio le impide -como a Marcos Galperín- disimular. Al salir de la presentación de Martín Guzmán en el Congreso, dijo que no había escuchado nada que le indicara la existencia de un plan económico.

En el camino de regreso al Palacio de Hacienda, varios funcionarios se preguntaron por qué lo habría invitado Sergio Massa. "Invitamos a la UIA y la UIA mandó a los directivos que quiso", se excusaron cerca suyo.

Seducidos y abandonados

Un industrial miembro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entusiasta en aquellos albores macristas de 2016 pero tempranamente desencantado, le mandó un mensaje por whatsapp a Federico Sturzenegger.

Fue el 8 de diciembre, cuando Carlos Raymundo Roberts publicó en el diario La Nación una deliciosa crónica del despoder donde casi todos los ministros salientes se permitieron ventilar sus recelos y rencores mutuos. La nota se titulaba El gabinete de Macri, surcado por errores, estrés, angustias y una solidaridad que no alcanzó y daba cuenta de la depresión de muchos exfuncionarios como el primer jefe del Central que tuvo Cambiemos.

"De haber escuchado lo que te dije hace cuatro años, podrías caminar erguido por la calle y los cientos de empleados que tuve que echar todavía tendrían sus trabajos", le espetó el empresario a Sturzenegger. El ex banquero central se defendió, aunque sin reivindicar a su antiguo jefe. Citó variables que a su juicio estaban bien hasta fines de 2017, se diferenció del rumbo económico de los últimos dos años y terminó por excusarse. "Después del 28-D perdí margen de acción", tipeó.

El autor del reproche cree que la renegociación de la deuda terminará bien y que Martín Guzmán exagera las penurias que atraviesa el país para obtener de los acreedores una quita mayor.

Sus clientes le transmiten que la demanda empezó a reactivarse, al punto tal que encargó máquinas nuevas que demoran en llegar de China por el brote de coronavirus. Es parecido a lo que les ocurre a las fábricas que producen electrodomésticos en Tierra del Fuego. Una de ellas incrementó el ritmo de sus cadenas de ensamblado por los pedidos de las cadenas comerciales que quieren tener más artefactos exhibidos cuando se recupere algo el poder adquistivo de los salarios.

Por ahora, en los contados casos donde la economía real reacciona se apoya solamente en esas tímidas expectativas de repunte. Como las de una multinacional alimentaria que el año pasado debió pedirle a su casa matriz europea que le inyecte más de 100 millones de euros para cubrir sus pérdidas, el equivalente a las ganancias que había girado en los tres años previos.

¿La razón? Otra vez, el desplome de la demanda. El consumo de yogur, uno de sus productos, bajó de 13 a 7 kilos por año por habitante promedio durante la gestión de Macri. En 2020, la matriz se conforma con dejar de perder dinero.

Las negras también juegan

En la Rosada parecen conformarse con el escenario que siempre le quedó más cómodo al peronismo: que la disputa se desarrolle al interior del Gobierno. La estatización del conflicto, incluso aunque parte de ese conflicto transcurra en palacio y otra parte en las calles, no le resulta problemática a Fernández. Ni siquiera si su vice sale al cruce del vocero del Fondo Monetario por Twitter mientras él procura un acercamiento y con una misión del FMI recién llegada a Buenos Aires.

Una a favor del Frente de Todos es que la oposición no parece encolumnada detrás una única candidatura o proyecto alternativo. El lujoso autoexilio part-time que Macri se agenció en Suiza gracias a sus vínculos con Gianni Infantino despejó el terreno para que en el PRO empiecen a disputarse sordamente su herencia dos campamentos: el de Patricia Bullrich y el de Horacio Rodríguez Larreta.

Los larretistas perciben su propia proyección nacional atada a la suerte de Fernández. Si el Gobierno encamina la situación, especulan, 2023 exigirá un liderazgo opositor moderado, razonable, crítico pero no incendiario. Si la economía se desmadra, en cambio, entrevén más aire para una "bolsonarización" de la derecha criolla. Es a lo que apuesta el propio Macri, creen cerca de María Eugenia Vidal, quien jamás se llevó bien con Bullrich y quien no descarta volver a la política después de un 2020 entre el descanso y el planeta ONG.

Lo que impacienta al kirchnerismo, en ese contexto, es lo mismo que le habían empezado a reprochar al Presidente algunos de sus incondicionales antes de la decisión de Guzmán reperfilar el AF20. Si el pesimismo de los empresarios es un problema para la recuperación de la economía real, el exagerado optimismo de los acreedores era un obstáculo para la quita que aspira a lograr el Ejecutivo.

Ahora, sablazo y caída de las cotizaciones mediante y después de los escarceos entre Cristina y el Fondo, el clima se tensó. ¿Alcanzará?

Al pesimismo, en todo caso, puede combatírselo con hechos o con expectativas. Si lo primero resulta todavía esquivo, bien vale apelar a lo segundo. Tal vez por eso Fernández se tomó el tiempo de responderle personalmente a una tuitera que ayer le reclamó un saludo por su cumpleaños. Se presentaba como "ministra de Optimismo". "Seguí administrando optimismo qué hay muchos que riegan al pesimismo", la arengó el mandatario.

Por Alejandro Bercovich

Fuente: BAE Negocios

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.