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Nacionales - 12-02-2020 / 08:02
SUS FALLOS POLÉMICOS Y LAS CAUSAS QUE TENDRÁ EN SUS MANOS

Quién es Marcelo Martínez de Giorgi, el reemplazante de Bonadío

Quién es Marcelo Martínez de Giorgi, el reemplazante de Bonadío
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi será el reemplazante de Claudio Bonadío, quien falleció el pasado 4 de febrero. El titular del juzgado federal Nº 8 salió sorteado, por bolillero, entre siete colegas. Estará al frente del despacho con asiento en el 4° piso de los tribunales de Comodoro Py desde este martes y por el término de un año. Es decir, gestionará las causas que tenía Doctor Glock.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi será el reemplazante de Claudio Bonadío, quien falleció el pasado 4 de febrero. El titular del juzgado federal Nº 8 salió sorteado, por bolillero, entre siete colegas. Estará al frente del despacho con asiento en el 4° piso de los tribunales de Comodoro Py desde este martes y por el término de un año. Es decir, gestionará las causas que tenía Doctor Glock.
 
Martínez de Giorgi es un juez que asumió en 2012 y cultivó el bajo perfil hasta que una serie de polémicas decisiones que tomó durante el macrismo lo expusieron públicamente. En agosto de 2016, con Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, el titular del juzgado federal Nº 8 tuvo en su despacho el caso Sueños Compartidos, en el que investigó posibles irregularidades en la construcción de viviendas sociales a través del programa ejecutado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
 
En el marco de ese proceso se quiso mostrar como un "duro" y declaró en rebeldía y ordenó la detención de la referente del organismo de Derechos Humanos, Hebe de Bonafini, porque la presidenta de Madres no acudía a los tribunales. Cuando la fuerza de seguridad llegó a la sede de las Madres,  una manifestación popular resistió el avance de los uniformados. Luego tuvo que aclarar que no recibió presiones del gobierno macrista para tomar la bochornosa decisión. La titular de Madres de Plaza de Mayo se negó a declarar.
 
Martínez de Giorgi también firmó un polémico fallo en el caso del Soterramiento del Tren Sarmiento, una obra viciada desde el inicio y que involucra a funcionarios del gobierno K y a muchos empresarios, entre los que se encuentra el primo del expresidente de la Nación, Ángelo Calcaterra, porque el Grupo Macri estuvo relacionado a esos trabajos. Se trata de uno de los coletazos del Lava Jato.
 
¿Qué hizo Martínez de Giorgi en ese expediente? Procesó a los funcionarios pero no a los empresarios. Es decir, se avanzó contra quienes habrían cobrado supuestas coimas pero no contra quienes las habrían pagado. Esto derivó en que la Cámara Federal porteña declarara nula su resolución y le ordenara profundizar la investigación. En la actualidad, el caso está de vuelta en su juzgado.
 
Las empresas que ganaron la licitación para las obras del Soterramiento fueron, en 2007, Odrebrecht, Iecsa, Comsa y Ghella. Con la irrupción del escándalo, ya durante el macrismo, la constructora brasileña y la española abandonaron el proyecto. Solo quedaron Ghella y Iecsa (hoy rebautizada Sacde). A pesar de la causa judicial abierta, Macri ya como jefe de Estado decidió girar 45 mil millones de pesos para reimpulsar la obra donde estuvo involucrada su familia y hoy está paralizada y judicializada.

Otro antecedente controvertido del reemplazante de Bonadío fue la citación a indagatoria del fiscal Federico Delgado. Ocurrió en 2018 en el marco de una pesquisa en la que se analizaba la filtración de información sensible de la causa Time Warp a medios de comunicación. El juez fue recusado por el fiscal y terminó suspendiendo la convocatoria.

Esta avanzada contra Delgado coincidió con otras denuncias que impulsó el macrismo en su contra, lo que alimentó todo tipo de suspicacias. Por caso, el fiscal fue acusado penalmente por el director de la AFI, Gustavo Arribas, íntimo amigo de Macri.
 
Ahora, el titular del juzgado federal N°8 estará también al frente del juzgado federal N°11, es decir, tendrá en sus manos las causas que tenía Bonadío. Y de todas las nuevas denuncias que terminen vía sorteo en el despacho que estaba a cargo de Doctor Glock.
 
 
Las "nuevas" causas que administrará
 
Algunas de las causas que tramitan en el juzgado que estaba a cargo de Bonadio y que ahora administrará Martínez de Giorgi, son:
 
- La causa de las fotocopias de los cuadernos, donde están acusados empresarios y funcionarios kirchneristas por supuesta corrupción en la Obra Pública. El expediente está repleto de irregularidades.
 
- La causa Puf Puf 2, que se impulsó para intentar derribar el D'Alessiogate. La impulsaron Elisa Carrió y el fiscal Carlos Stornelli.
 
- La causa Paseo del Bajo, donde los involucrados son funcionarios macristas como el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Bonadío había sobreseído a los acusados pero esta decisión fue apelada por la fiscal Alejandra Mangano y el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, por lo que podría (y debería) volver al juzgado federal Nº 11.
 
-El caso del hotel boutique que el macrismo le pagó a Alejandro Vandenbroele para que declarara en contra de Amado Boudou, caso que reveló Ari Lijalad en este medio. El artículo publicado en El Destape derivó en el inicio de una causa que fue sorteada y recayó en el juzgado que estaba a cargo de Bonadío.
 
Mientras Martínez de Giorgi gestione el juzgado federal Nº 11, el Consejo de la Magistratura deberá avanzar con el proceso para ocupar aquel despacho con un nuevo juez "natural".
 
Por Franco Mizrahi
 
Fuente: El Destape
 

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28-02-2020 / 10:02
El apoyo del Fondo, incluso aunque sea sin condiciones nuevas -algo todavía por verse-, no implica que la renegociación privada vaya a avanzar. El abismo que todavía separa a los acreedores del deudor es que para los primeros, la Argentina tiene un problema de liquidez. Y para Martín Guzmán es de sustentabilidad. Es decir, de solvencia.
 
Mientras eso siga así, los bonistas propondrán soluciones de liquidez, muy distintas a las que necesarias para un problema de solvencia. Unos se enfocan en el largo plazo y otros en el corto. Por eso los enviados de bancos y fondos de inversión se quedaron con las ganas de más precisiones en las reuniones que mantuvo Guzmán en Manhattan, siempre bajo siete llaves. Porque hablan idiomas distintos.
 
Mauricio Macri solía decir que no tenía plan B. Y no mentía. Navegó siguiendo a pies juntillas la hoja de ruta de Wall Street, traducida primero por su amigo Luis "Toto" Caputo y después por Nicolás Dujovne, hasta que se estrelló contra los acantilados de la depreflación, la devaluación y finalmente el reperfilamiento.
 
Terminó con el blasón de haber sido el primer presidente argentino en postularse a su propia reelección y fracasar. Solo un milagro puede devolverlo a la política.
 
Alberto Fernández, en cambio, explica en privado que él sí tiene un plan B. Que si no hay acuerdo con los acreedores, habrá que apechugar y enfrentar un default no deseado. Pero en el mercado financiero no le creen.
 
"Del plan A iríamos directo al plan C", bromeó uno de los consultores más cotizados del momento. Y explicó: "La A es por Alberto, obvio. Y la C, ejem ¿cómo se llama la vicepresidenta?".

28-02-2020 / 09:02
El debate en el Congreso Nacional sobre el sistema jubilatorio del Poder Judicial volvió a instalar en el centro de la atención pública un tema tantas veces tratado como olvidado: los privilegios que detentan los miembros de la corporación judicial, muchos de ellos incompatibles con un sistema político democrático.
 
Jubilarse en base al último sueldo en lugar del promedio de los últimos diez años como todos los trabajadores; considerar la antigüedad laboral no desde el ingreso al Poder Judicial sino desde el momento en que recibieron el título de abogados; retirarse los varones a los 60 años cuando en el resto de las actividades se requieren 65; estar eximidos de aportar 30 años para gozar de un sistema "especial"... son solo algunos de los evidentes privilegios de casta que detentan jueces y fiscales.
 
A este listado incompleto deben sumarse algunas otras prerrogativas como la de fijarse el salario, beneficio otorgado en la década de los noventa, que sirvió para que los jueces alcancen las remuneraciones más elevadas de la administración pública y, la frutilla del postre, la acordada de la Corte Suprema que los eximió de pagar el Impuesto a las Ganancias con el sorprendente argumento de la "intangibilidad" salarial.
 
Para intentar frenar el proyecto que modifica estas prerrogativas, la antesala a la bochornosa actuación de los diputados de Cambiemos fue poner el grito en el cielo y agitar una supuesta "jubilación en masa" de los magistrados que se irían para no perder los privilegios de casta.
 
Sin embargo, en el transcurso de la sesión de Diputados, que resultó en la media sanción, quedó en claro una cosa: Juntos por el Cambio asumió su rol de defensor de los "pobres e indefensos" jueces, al querer negociar una cláusula que fue rechazada, por la cual mantendrían los beneficios jubilatorios actuales aún sin el trámite iniciado, y así evitar un supuesto éxodo masivo en el Poder Judicial.
 
Habiendo fallado la negociación con el bloque peronista, aparece el show como maniobra de defensa. El anuncio de que interpondrían un recurso judicial cuestionando el quórum, a raíz de la aparición de Daniel Scioli. Maniobras para negociar condiciones que defiendan los privilegios insólitos de la casta judicial.

Frente a la presencia del diputado Scioli, Juntos por el Cambio anunció que haría una impugnación judicial porque en Wikipedia figura como embajador. Es decir, pedir al Poder Judicial, la casta sujeta a debate, que determine la legitimidad de la sesión, donde se discuten cambios en sus millonarias jubilaciones. Un mecanismo excelente para garantizar no se toquen siquiera un centímetro sus absurdos privilegios.

La Opinión Popular

27-02-2020 / 09:02
En pleno debate por la modificación de las denominadas jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió esta tarde para manifestar su "preocupación por el avasallamiento del Poder Judicial" por el que, según ellos, el gobierno busca "vaciarlo" para "colonizarlo" con magistrados propios.
 
Desde las oficinas del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, expresaron que "mediante la excusa del proyecto de regímenes especiales se esconde el verdadero objetivo: vaciar de jueces y fiscales los estamentos judiciales y colonizarlo con jueces propios". Por eso, manifestaron que defenderán "con firmeza y claridad los principios de la  división de poderes y el valor de la República".
 
Lo curioso es que hace sólo un mes ese espacio político cuestionó "al oficialismo por ocultar qué regímenes especiales quedaban fuera del congelamiento de la movilidad jubilatoria y rechazó que la misma se aplicara a algunos jubilados excluyendo a los beneficiarios de regímenes especiales como diplomáticos y jueces, entre otros privilegiados".
 
Hace dos meses Cambiemos pedía ajustar jubilaciones de privilegio. Desde el bloque se molestaban porque "los jueces eran privilegiados" y ahora piden que les mantengan sus altos ingresos como jubilados.
 
Pagar el costo político de defender jubilaciones de privilegio, que a la gente le da bronca, o perder los jueces antiperonistas más cercanos. Esa es la verdadera disyuntiva a la que se enfrenta Cambiemos y buena parte de lo que se discutió puertas adentro del bloque opositor durante el fin de semana largo.
 
¿Y si los jueces siguen haciendo su trabajo en vez de renunciar para no perder privilegios? Si un juez tiene vocación, que se quede, tampoco es que van a caer en la indigencia, solo van a ser un poco menos privilegiados.
 
La Opinión Popular

27-02-2020 / 08:02
El gobierno de Alberto Fernández anunció la restitución de la Paritaria Nacional Docente luego que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, acordara con los cinco gremios docentes nacionales la suba del salario mínimo que en una primera etapa pasará de 20250 pesos a 23 mil a partir de marzo y llegará a 25 mil con el sueldo de julio.
 
Se trata de una suba del piso salarial de 13,6% en marzo y de 11,3% en julio (redondea así un aumento a julio del 23,5%), y de la apelación a sumas fijas (por un total de 4.840 pesos), que se da en línea con el formato que impulsa la Casa Rosada -y, en sintonía, buena parte de los gobernadores- de acuerdos cortos y sin cláusula gatillo, por su negativo efecto indexatorio de la economía.
 
El acuerdo es parcial porque, según aclaró el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la negociación se retomará en julio. Por ahora los dirigentes de los gremios se mantuvieron cautelosos ante el resultado del encuentro porque tienen que poner el resultado a consideración de sus asambleas de afiliados. Poco después del anuncio, el Presidente recibió a los dirigente sindicales y Trotta y los felicitó porque "han hecho un gran esfuerzo".
 
A partir de 2006, con la sanción de la ley de Financiamiento Educativo, se implementó la paritaria nacional docente que determina el salario mínimo de los maestros en todo el país. El gobierno de Mauricio Macri solo la respetó en 2016 para después derogarla a pesar de las protestas sindicales. A partir de ahora la paritaria se restituyó por lo que el Gobierno nacional confía que las clases comenzarán sin inconveniente el próximo lunes.
 
El titular de la cartera educativa adelantó que, además del incremento del salario mínimo, y a cuenta del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) van a duplicar la suma que era de 1210 pesos y pagarán a todos los maestros del país -sin importar su nivel salarial- 4840 pesos divididos en cuatro cuotas de igual valor a partir del mes de abril. Trotta también informó que aquellos que tengan dos cargos recibirán la suma duplicada, es decir 9680 pesos.
 
De esta manera, el gobierno de Fernández aseguró un comienzo de clases el próximo lunes sin huelgas nacionales en su primer año de gestión, y en el año además del retorno de la paritaria docente nacional, que había sido eliminada por decreto por el gobierno neoliberal de Macri.
 
La Opinión Popular

26-02-2020 / 09:02
Lejos de la transparencia y lucha contra la corrupción, el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Trabajo macristas, bajo las órdenes de Francisco Cabrera primero y Dante Sica después, están en el ojo de la tormenta por un presunto sistema de recaudación ilegal que sólo en 2019 habría colectado más de mil millones de pesos.
 
El sobre con US$10.000 encontrado en el despacho del exsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción y Trabajo, Rodrigo Sbarra, se transformó en la punta del ovillo de un entramado de corrupción macrista a gran escala.
 
Según una denuncia que el diputado nacional Rodolfo Tailhade presentará este miércoles en Comodoro Py, el exfuncionario formaba parte de un mecanismo de recaudación ilegal durante las gestiones de Cabrera y Sica.
 
El documento judicial explica que Sbarra y Sebastián Martín Bideberripe, quien fuera secretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Trabajo, eran los encargados de recaudar los fondos millonarios bajo las órdenes de los funcionarios de primera línea del gobierno de Mauricio Macri.
 
El diputado Tailhade detalló que Rodrigo Sbarra reportaba directamente a Ignacio Pérez Rivas, jefe de Gabinete de Cabrera que, llamativamente, ante el cambio de ministro permaneció en su cargo durante la gestión de Sica.
 
Rivas, en tanto, cumplía órdenes directas del primer funcionario que tuvo a su cargo dicho ministerio. La relación, de hecho, data de mucho tiempo antes ya que había sido su jefe de Gabinete dentro de la cartera de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Según la denuncia, Sbarra y Bideberripe recaudaban fondos bajo la orden directa de uno de los hombres de mayor confianza de Cabrera. Pero ese esquema de recaudación ilegal se completó con Maximiliano Carlos Guida, mano derecha de Bideberripe; Hernán Alberto Coego, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio; y Claudio Daniel Giménez, testaferro de Sbarra que oficiaba como valijero.
 
Claudio Giménez era quien recolectaba el dinero de primera mano y lo llevaba a unas oficinas, que funcionaban como búnker, en la avenida Belgrano 406, en la Capital Federal. En ese departamento del centro porteño, María Fernanda Inza, quien fuera contadora general de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, recibía las sumas recogidas. Ella fue la figura desplazada de la gestión bonaerense cuando se reveló el escándalo de los aportantes truchos, pero no salió del paraguas macrista.

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