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Paraná - 10-02-2020 / 20:02
NUEVAMENTE RINDIENDO CUENTAS ANTE LA JUSTICIA

Comenzó el juicio contra el radical Varisco por el adelanto a Mutual Modelo

Comenzó el juicio contra el radical Varisco por el adelanto a Mutual Modelo
Arrancaron las audiencias de otro juicio contra el exintendente de Paraná, el radical Sergio Fausto Varisco. Se trata de una investigación que lo llevó a juicio acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.
 
Arrancaron las audiencias de otro juicio contra el exintendente de Paraná, el radical Sergio Fausto Varisco. Se trata de una investigación que lo llevó a juicio acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.
 
El hecho investigado es un adelanto compensatorio de $1.500.000 a la Mutual Modelo, que quedó trunco por decisión del propio intendente.
 
En la causa también están involucrados Walter Rolandelli -exsecretario de Legal y Técnica del Municipio de Paraná y actual concejal- y el Miguel Picazzo -titular de la mutual-.
 
En sus alegatos de apertura, las fiscales Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro aseguraron que acreditarán durante el debate el ilícito aunque aseguraron que es probable que la acusación cambie el delito a peculado.
 
Por su parte, la defensa adelantó que pedirán las absoluciones salvo en el caso de Rolandelli, sobre quien los abogados pidieron que ni siquiera se lo acuse. "Rolandelli sólo emitió un dictamen que no es más que una opinión y no se puede criminalizar la opinión", destacó Rubén Pagliotto, abogado co-defensor del actual concejal. 
 
Pagliotto es defensor de Rolandelli junto a Damian Petenatti. Ambos defienden también al exintendente Varisco. Por su parte, a Picazzo lo defienden Emilio Fouces y Miguel Cullen.
 
"Estamos ante un no hecho", expresó Cullen basándose en que el adelanto compensatorio nunca se efectivizó y el dinero nunca salió del Municipio.
 

 
Dos testigos dieron el puntapié inicial
 
Eduardo Campdesuñe y Cristina Ruberto fueron los dos primeros testigos del juicio. El primero es contador general del Municipio, mientras que Ruberto fue la secretaria de Hacienda de la gestión Varisco.
 
Ambos intervinieron en los dos trámites que se iniciaron en el Municipio y que forman parte de la investigación. La mutual pidió un adelanto mediante una primera nota que logró avanzar en el expediente administrativo, pero que debió ser suspendido por el ingreso de un nuevo pedido que dejó nulo el anterior.
 
En el segundo pedido, la mutual incluyó una serie de inquietudes que tenían los funcionarios a la hora de asegurarse el cobro del dinero adelantado. Todo ocurrió en los primeros días de la gestión Varisco: entre diciembre del 2015 y febrero del 2016.
 
El Municipio funcionaba como un nexo entre la mutual y los empleados que accedían a financiamiento por parte de la mutual. El gobierno municipal les retenía las cuotas a los empleados y le giraba el dinero a la mutual.
 
En base a eso fue que solicitaron el adelanto para paliar la presunta situación crítica de la mutual en cuanto a lo financiero. Esto lo reconocieron ambos testigos, el dinero que la municipalidad le debía pagar a la mutual excedía el monto del adelanto y eso brindaría cierta garantía a la hora del recobro.
 
Pero para Campdesuñe esto no era suficiente y solicitó un seguro de caución. Se consultó a distintas aseguradoras que brindaron una respuesta negativa porque la ley les impide asegurar transacciones financieras.
 
Fue allí que Campdesuñe solicitó la intervención de Legal y Técnica que emitió un dictamen favorable, asegurando que la retención a los empleados municipales asociados a la mutual era garantía suficiente.
 
Los funcionarios pidieron que se incluya en el convenio la imposibilidad de transferir los créditos a terceros y que no se puedan desenganchar del código de descuento con el que la municipalidad les retenía parte de los salarios a los empleados.
 
Eso fue incluido en la segunda nota presentada por la mutual, evidentemente completando el pedido inicial. Sin embargo, no fue incluido en el segundo convenio firmado.
 
Este martes continúa el debate con la presencia de cuatro testigos. 
 
Fuente: Análisis Digital
 

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En el Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la capital entrerriana se suma a las acciones que se desarrollan en todo el país para exigir, con un "pañuelazo verde", una ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito. En Paraná, la concentración tuvo lugar en la Plaza 1º de Mayo.
 
"Es un día muy especial para el movimiento feminista disidente y para todas las compañeras que integramos la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El 19 de febrero de 2018 fue un día que cambió la situación del debate sobre la legalización y despenalización del aborto, fue el primer pañuelazo histórico que se realizó y que permitió juntar las fuerzas necesarias para romper las puertas del Congreso, lograr una media sanción del proyecto de ley y despenalizar, socialmente, el aborto, es decir, que todos se sientan incluidos en este debate que es trascendental", expresó la referente de la Nueva Izquierda, Nadia Burgos.
 
En el 2020, "hemos vuelto a tomar la iniciativa de volver a convocar con fuerza, estamos llenando las calles de Argentina en más de 100 ciudades y también las puertas del Congreso para decir que la marea verde está volviendo a crecer y que queremos que se trate, se debata y se apruebe el proyecto de ley de la campaña para que el aborto sea legal en nuestro país".
 
"Es el inicio activo del año para nosotras, que después continuará con las movilizaciones del 8 y 9 de marzo. Es muy auspicioso con la alegría con la que empezamos este año, con las expectativas que tenemos de que vuelva el debate al Congreso, con la convicción que esta vez, sí será ley, sabemos que es muy importante terminar de completar, cuando hablamos de la salud de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, a lo que ya existe hoy, la interrupción legal de un embarazo a partir del Código Penal, incorporar la interrupción voluntaria donde no sea necesario una causal", manifestó la activista feminista, Lucy Grimalt.
 
"Es muy importante poder completar la incorporación de derechos plenos, en este caso, que la interrupción sea voluntaria, como nosotras proponemos en el proyecto de ley, hasta las catorce semanas", añadió.
 
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