La Opinión Popular
                  11:17  |  Viernes 29 de Marzo de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
Recomendar Imprimir
Nacionales - 08-02-2020 / 10:02
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

¿Son presos políticos o detenidos arbitrariamente?

¿Son presos políticos o detenidos arbitrariamente?
La discusión sobre si los que están encarcelados por ser opositores son presos políticos o detenidos de manera arbitraria desemboca inevitablemente en el debate sobre cómo salir de esa situación, cualquiera sea la expresión que se utilice. Un gobierno democrático no puede tolerar presos políticos. Y tampoco puede hacer como si no los tuviera.
Si el titular de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy reconoce que Milagro Sala está presa porque si estuviera en libertad Gerardo Morales no podría gobernar; si documentos de la dirección de Protección a Testigos confirman que el ministerio de Justicia pagó un millón y medio de pesos a Alejandro Vandenbroele para que declare contra Amado Boudou, entonces Sala y Boudou son presos políticos, aunque se los acuse de cualquier otra cosa.
 
Esa lista podría continuar: si el perito trucho que declaró en la causa del gas contra Julio De Vido, era incompetente y se basó en recortes periodísticos, por lo cual está acusado de perjurio; si basaron la causa del memorándum de acuerdo con Irán en un artículo periodístico que no tenía fuentes para acusar de traición a la patria a la ex presidenta Cristina Fernández y al ex canciller Héctor Timerman, entonces De Vido es preso político y Cristina y Timerman, perseguidos políticos.
 
El juez jujeño Pablo Baca deberá afrontar un juicio político pero, en realidad, los que tendrían que ser juzgados son los jueces que encarcelaron a Milagro Sala por orden del gobernador Morales, como lo reconoció Baca.
 
Durante la dictadura militar, la mayoría de los presos estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), no tenían causas abiertas, con lo cual eran claramente considerados presos políticos. Pero también había una minoría que había sido juzgada por tribunales amañados por la injerencia de un gobierno de facto. Entonces también se los consideraba presos políticos.
 
Son tecnicismos, porque pese a que todos los calificaban como presos políticos, a los de este segundo grupo, en democracia no los reconocieron como tales y les retacearon la indemnización que les correspondía, o cobraron solamente por los días que habían estado presos sin condena.
 
La situación de los presos políticos que encarceló el macrismo representa un enredo difícil porque no hay un camino corto para resolverlo. Los presos fueron involucrados en la mayoría de los casos en causas por corrupción, armadas con la colaboración de los servicios de inteligencia, las grandes corporaciones de medios y funcionarios judiciales. Si fueran causas por delitos vinculados con la acción política sería más fácil aplicar un indulto o una amnistía.
 
Pero con estas acusaciones, los mismos presos se resistirían a un indulto o a una amnistía, que sería el camino más concreto en caso de definirlos técnicamente como presos políticos. El reclamo no es el indulto o la amnistía, sino la revisión de las causas, lo cual en los tiempos judiciales implica un largo camino.
 
Los presos estarían dispuestos a encarar ese mecanismo pero reclaman con razón, que fueron encarcelados de manera arbitraria cuando no tenían condena en firme y la mayoría todavía no la tiene. En la mayoría de los casos fue así por la llamada doctrina "Irurzun" que convirtió a los ex funcionarios de los gobiernos K en ciudadanos de segunda.

Lo que se está planteando es que los acusados puedan seguir en libertad la revisión de sus causas.

La discusión sobre si son presos políticos o si simplemente fueron detenidos en procesos arbitrarios, no tiene sentido siquiera en un tribunal donde una u otra calificación implicaría caminos de resolución diferentes. Un gobierno democrático no puede tolerar presos políticos. Y tampoco puede hacer como si no los tuviera.
 
Si se trata de evitar el camino de los indultos o la amnistía que rechazan los presos, igual seguirán siendo presos políticos. Para que dejen de serlo, tendrían que estar en libertad para seguir la revisión de sus procesos.
 
Sin que dejen de ser presos políticos, en este punto es clave la definición de "detenidos de manera arbitraria", como los calificó el jefe de gabinete Santiago Cafiero con lo que se ganó una lluvia de críticas. Porque lo primero a resolver sería que recuperen su libertad sobre la base de esa calificación técnica.
 
A la salida de la dictadura, Raúl Alfonsin vio la necesidad de juzgar las violaciones a los derechos humanos, en parte porque en su trayectoria como abogado había sido consecuente con ese principio. En parte también porque necesitaba desgastar el poder residual que les quedaba a los militares.
 
Y en parte porque Madres, Abuelas, Familiares y demás organismos de derechos humanos empezaban a convertirse, para la construcción democrática, en uno de los pocos referentes éticos de la lucha contra la dictadura.
 
Pero para separar a la institución como tal, de los jefes y represores que serían juzgados, primero intentó que fueran las mismas Fuerzas Armadas las que los juzgaran. Y fue imposible. Lo único que conseguía por ese camino era un simulacro que buscaba justificar a las violaciones de los derechos humanos. Y finalmente debió juzgarlos la justicia civil.
 
Al gobierno de Alberto Fernández tampoco le sirve dictar una amnistía porque resonaría como una condena al Poder Judicial como institución, lo que viene evitando también Cristina Kirchner en sus denuncias. La vicepresidenta nunca habla de la Justicia o del Poder Judicial como un todo, sino de un sector, o de funcionarios.
 
El gobierno prefiere que sea el mismo Poder Judicial el que enmiende las faltas cometidas. De esta manera, el encargado de revisar la irregularidad de las causas sería el mismo Poder Judicial que las instruyó, por lo cual la administración de Justicia caminaría por una cornisa muy finita. Hay fiscales y jueces, como el fallecido Claudio Bonadio, muy involucrados en esa práctica del lawfare.
 
El Poder Judicial es el más conservador de los tres poderes por su funcionamiento y también por su estructura cuasi feudal. Y su renovación no se realizará de la noche a la mañana, sino en el mediano y largo plazo. En lo inmediato, por lo menos el fuero federal tendrá que recuperar la credibilidad que perdió por la acción de varios de sus miembros.
 
Pretender un Poder Judicial aséptico, aislado en un frasco de mayonesa, sería irreal. Pero tiene que haber un Poder Judicial que sea creíble ante la sociedad para reglar un tipo de convivencia. Al igual que la ortodoxia marxista, el macrismo concibió al Poder Judicial, con su "Mesa Judicial" y fiscales y jueces amigos, como la extensión punitiva del poder de una clase dominante.
 
Muchos jueces actúan de esa manera, sin necesidad de que los operen demasiado, como lo demuestran los que condenaron a Milagro Sala, como ella dice: "por negra y por coya".
 
El gobierno de Alberto Fernández necesita que la libertad de los presos políticos y la revisión de sus causas no aparezca como algo más de lo mismo: antes estaba el macrismo que operaba para meter presos y ahora está el peronismo que opera para liberarlos.
 
Con la dificultad extra de que las grandes corporaciones mediáticas también fueron protagonistas importantes del lawfare. Es difícil que pueda llegar a la sociedad con sus argumentos sobre este tema a través de esos medios.
 
Con la ayuda de las corporaciones de la comunicación cada desastre que dejó Mauricio Macri se agrandó con el trastrocamiento de sentidos. Así, endeudar el futuro fue "romper el aislamiento", el enriquecimiento de los ricos y el empobrecimiento de los pobres fue "transparentar la economía" y así los presos políticos son "políticos presos" o delincuentes comunes. En ese trastrocamiento de sentidos hay una disputa de poder encubierta en la que intervienen los medios.
 
El gobierno y el oficialismo en general tendrán que usar todas las herramientas posibles para instalar en la sociedad esta problemática. Muchos ni se han enterado de las declaraciones de Baca o de la compra del testimonio de Vandenbroele, ni de la mesa judicial para operar sobre los jueces. O piensan que son temas sin importancia.
 
De todos modos siempre será menor el costo con la oposición si en ese proceso se libera a los presos políticos y se revisan las irregularidades en sus causas, que el costo que tendría en sus propias filas si los mantiene encarcelados. Y el tiempo que se demore en iniciar este proceso aumentará la injusticia.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

Agreganos como amigo a Facebook
28-03-2024 / 08:03
Una nueva, polémica, cruel e insensible decisión del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei que perfecciona el desgobierno. Las marchas y contramarchas con la nueva movilidad jubilatoria por DNU, eludiendo al Congreso, sumadas al desbarajuste causado por los despidos indiscriminados en la Anses, terminaron impactando de lleno en los jubilados: se anunció oficialmente que la liquidación de abril se pagará en dos cuotas y ni siquiera se comunicaron las fechas en que se efectivizarán. La libertad avanza en el saqueo: jubilaciones licuadas y en dos cuotas.

Siempre contra los más débiles y en medio de despidos en Anses, por primera vez las jubilaciones se pagarán desdobladas. La primera parte corresponderá al mismo monto de la jubilación de marzo y el segundo tramo a la diferencia por el bono y el aumento por inflación. Milei y Luis "Toto" Caputo siguen golpeando a los adultos mayores bajo el pretexto de demoras en los cálculos para aplicar los ajustes por inflación y el bono de $70.000.

El mismo día que se conoció el dato de pobreza, confirmando que casi 20 millones de personas están alcanzadas; y mientras avanzan con despidos masivos en Anses y otras dependencias estatales, el gobierno aplica un nuevo golpe a los jubilados. En el primer tramo se pagará el mismo monto que se cobró en marzo y la fecha es la correspondiente al calendario. Mientras en segundo tramo se liquidará la diferencia correspondiente al aumento y el bono de $70.000 y aún no hay fecha determinada de pago. 
Se le fue la mano.


Este ataque se suma a la estafa de la nueva movilidad por DNU anunciada este lunes. En la misma se establece que las jubilaciones y pensiones aumentarán en abril un 27,35 %, que es la suma de un 12,5 % de "compensación" por lo "perdido" en enero, cuando en realidad la inflación fue de 20,6 % que el gobierno se negó a dar completo. Y se adiciona un "adelanto de la movilidad" del 13,2 % por la inflación de febrero, "correspondiente al mes de junio de 2024".

A su vez, en mayo se otorgará un aumento "a cuenta" de la movilidad de junio, también basado en la inflación de dos meses previos, es decir la de marzo. Y en junio se aplicará la diferencia por la movilidad actual, es decir, descontando los aumentos a cuenta. El ajuste por IPC entrará en vigencia desde el mes de julio. Otro robo, dando una dádiva que apenas supera la cuarta parte del daño causado. 

Además del robo del empalme el DNU 274/2024 de Milei busca consolidar haberes de miseria y licuar el impacto del bono anunciado. El gobierno de LLA viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional, y lograr el superávit fiscal para cumplir con el FMI. El plan motosierra y licuadora no se detiene, hay que enfrentarlos.

Milei tiene una alta dosis de insensibilidad y no entiende lo que le pasa a un jubilado que cobra 200 lucas. Se ha caracterizado desde que asumió por estar muy lejos de combatir a "la casta", todas las medidas van en contra de los sectores más débiles de la sociedad. Con las jubilaciones por el piso, la Argentina firmó una carta de intención para adquirir 24 aviones obsoletos F-16 a Dinamarca. Cerca de US$ 340 millones irían a la compra de aviones en desuso en un gesto cipayo hacia EE.UU. en su disputa con China. El relato de "no hay plata" se resquebraja tras las necesidades de Milei y Caputo por hacer los deberes con EE.UU. en busca de financiamiento del FMI para su delirante aventura dolarizadora.

La Opinión Popular

 

27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
La Opinión Popular


24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar