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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 07-02-2020 / 10:02

LOS TÉRMINOS ACUÑADOS PARA LOS AUMENTOS DE MACRI SON USADOS DESDE LA OPOSICIÓN EN ENTRE RÍOS

Un poco tarde: Ahora Cambiemos descubrió los tarifazos

En Concordia, el bloque de concejales de Cambiemos emitió un comunicado en el que pide que se frene "el tarifazo del agua". La bancada opositora a la intendencia peronista de Alfredo Francolini manifestó su preocupación "ante el excesivo aumento de las tasas municipales", que registraría boletas de Obras Sanitarias.

Entre 2016 y 2019, la Alianza conservadora que gobernó el país, liderada por Mauricio Macri, implementó un variado léxico para definir medidas que desde la oposición se denunciaron como "tarifazos". Los aumentos en boletas de electricidad, gas, transporte, agua, entre otros servicios, fueron una constante durante el mandato macrista y en grandes proporciones, debido a la política de ajuste neoliberal y eliminación de subsidios de Cambiemos.

Así se hizo costumbre, entre el funcionariado y la dirigencia del PRO y la UCR, el uso de eufemismos como "sinceramiento" de precios, "corrección" o "actualización" de tarifas. Sin embargo, al ejercer como oposición, la coalición radical-macrista exhibe otro discurso e implementa la terminología que, precisamente, utilizó la oposición a Macri durante los años anteriores ante las mismas situaciones.

Por caso, en Concordia el bloque de concejales de Cambiemos emitió un comunicado en el que pide que se frene "el tarifazo del agua". La bancada opositora a la intendencia peronista de Alfredo Francolini (que reemplazó en el cargo a Enrique Cresto, por su asunción en el ENOHSA), manifestó su preocupación "ante el excesivo aumento de las tasas municipales", que registraría boletas de Obras Sanitarias "con hasta un 400% de aumento" por un servicio que, además, consideran que "en muchos de los casos hasta es deficiente".

Los ediles opositores concordienses adelantaron que presentarán un proyecto de ordenanza para retrotraer los valores de la tarifa de agua potable a los que regían antes de la aplicación de la nueva Tributaria.

Asimismo, solicitarán al ex intendente y ahora administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Enrique Cresto, la instalación de medidores para los vecinos de Concordia que aún no los poseen, "ya que en la actualidad dichos costos son altos y no pueden hacerles frente".

Fuente: Informe Digital

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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