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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 07-02-2020 / 08:02
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Experimentos, amagues e internas en la cornisa del default

Experimentos, amagues e internas en la cornisa del default
Lo de Kicillof, más allá de los resquemores y recelos mutuos que hay entre La Plata y el Palacio de Hacienda, fue un experimento. La deuda que procura renegociar Guzmán equivale a 200 veces el vencimiento que la provincia finalmente anunció que pagará cash.
Fue el eje de las dos largas reuniones a puertas cerradas que Martín Guzmán compartió en los últimos 10 días con jerarcas del Fondo Monetario.
 
Primero en Nueva York con Julie Kozack, la número dos para América, y el venezolano Luis Cubbedu, encargado del caso argentino. Después en el Vaticano con la mismísima Kristalina Georgieva, con quien ya había conversado cuando Alberto Fernández no lo había anunciado aún como ministro de Economía.
 
Lo que pidió Guzmán es lo contrario a lo que suelen reclamarle al Fondo los ministros de países en problemas. Tampoco es un tecnicismo, aunque lo parezca.
 
El objetivo oficial es que el FMI, además de aplazar los cobros del préstamo récord que le entregó a Mauricio Macri contra sus propios estatutos, declare oficialmente antes de fin de mes que la deuda argentina es insostenible, de tal modo que los acreedores privados se vean acicateados para aceptar la quita que prevé proponer el Gobierno a principios de marzo.
 
A tientas, consciente de que nadie consiguió hasta ahora nada parecido a esa carambola y apostando el pellejo a que el G7 lo apadrine como el último garante de la estabilidad política en el Cono Sur, el Presidente procura una renegociación sin default -como Uruguay en 2003 o Ucrania en 2015- pero con una quita que solo lograron países que ya habían entrado en cesación de pagos.
 
Una quita que le permita cumplir antes de fin de año con su promesa de volver a encender la economía, algo que hasta ahora ni siquiera se insinúa y que será imposible si el Estado debe afrontar la carga de intereses que heredó de Macri.
 
¿Por qué un gobierno que pretende evitar el default querría que el árbitro de las finanzas globales considere insostenible su deuda? Para revertir -al menos parcialmente- la inclinación de la cancha a favor de los grandes fondos que tienen en su poder la mayoría de los títulos de la deuda argentina.
 
Y para reforzar la noción de que la oferta que se hará el mes que viene será "tómelo o déjelo". Nada garantiza que alcance, pero los negociadores consultados aseguran que es imprescindible.
 
En Economía admiten en privado algo que quedó claro tras el desenlace del reality show de la deuda bonaerense. Los acreedores tienen una ventaja insoslayable respecto del canje de 2003-2005 y es que nunca dejaron de cobrar.
 
A diferencia de aquel momento, cuando los apurados eran ellos, la carrera contrarreloj la corre esta vez la Argentina. De ahí lo apretado del cronograma que fijó Guzmán para la reestructuración.

 
En su discurso de 18 minutos anteayer ante la Pontificia Academia de Ciencias, que desgranó en inglés y sin leer, Guzmán pronunció siete veces la palabra "insostenible". Ahí dejó entrever parte de la negociación secreta con el FMI.
 
"Los mercados no están acostumbrados a esto porque no es la forma en que se hacen las cosas, pero la forma en que se hacen las cosas no funciona, así que tenemos que hacer algo diferente acá", abundó. Y advirtió: "Tendremos que hacer esto con las normas actuales, no hay tiempo para reescribirlas en dos meses".
 
 
Cuestión de fondo
  
Guzmán quiere que Kozack y Cubeddu, los enviados del FMI que estarán entre el miércoles y el viernes próximo en Buenos Aires, no demoren más de 10 días en publicar su staff report. Es en ese reporte donde el Fondo especificará si, en su opinión, la deuda argentina es sostenible o no. Y si lo es, si es "con alta probabilidad" o "con baja probabilidad".
 
Según la normativa del Fondo, si un país tiene una deuda insostenible debe reestructurarla. Si no, no es necesario. Si es "sostenible pero con baja probabilidad", debe hacer algo por amortiguar su impacto pero no necesariamente una reestructuración integral.
 
Es como un semáforo. Una señal que los grandes acreedores miran con atención. El color amarillo también implica que, por ejemplo, el propio FMI no debería otorgarle acceso excepcional a sus recursos.
 
Es un principio que solo se violó dos veces: con Grecia en 2013, para evitar que su crisis se contagiara al resto de Europa, y con Argentina a fines de 2018, cuando se aprobó una ampliación del acuerdo original pese a que en octubre se había encendido esa alerta. Ambas excepciones terminaron muy mal.
 
El Gobierno tampoco quiere del Fondo un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), que es el escalón siguiente en su menú de créditos para países con problemas de solvencia y liquidez.
 
Busca que los plazos de pago que dejó Macri se estiren tres años hacia adelante bajo el mismo acuerdo standby vigente. De eso habló Fernández con todos los mandatarios que visitó en Europa, aun a sabiendas de que necesita sí o sí el del único accionista con poder de veto: Estados Unidos.
 
Por eso Guzmán también planteó sus dos pedidos (la "insostenibilidad" y el período de gracia sin EFF) a los enviados del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que lo fueron a ver a Nueva York la semana pasada. La cita fue tan reservada que no se supo ni su locación ni quiénes viajaron.
 
En la estrategia, más allá de su resultado, quedan dos cabos sueltos. Por un lado, la mención que hizo anteayer Guzmán a los US$1.923 millones pendientes de pago con los países ricos miembros del Club de París, que empezó a devengar 9% de interés anual en dólares porque Macri decidió pagar el mínimo a cambio de que se activaran los intereses punitorios (los originales iban del 3% al 4,5%).
 
¿Por qué decirles a las mismas potencias a las que Fernández les pidió apoyo en el directorio del Fondo que también van a salir perdiendo con los créditos Estado-Estado que reclaman a través del Club? ¿No podría haberse elegido otra ocasión, o al menos otra semana?
 
El segundo cabo suelto está en Washington, en el staff del FMI. El organismo ya dio por terminada su purga post-Lagarde y en su alta gerencia sobrevivió Alejandro Werner, el jefe para América y partícipe necesario de la hipertrofia crediticia que explotó en agosto pasado.
 
Aunque el Gobierno sugiera -otra vez, "pero ahora sí, eh"- que con Georgieva el Fondo cambió, Werner fue uno de los que le hicieron creer a Donald Trump que con US$50.000 millones compraría la reelección de Macri.
 
Por ahora, lo único que consiguió Guzmán es que no venga la semana próxima y que mande a su vice, Kozack. Después, a fin de mes, el ministro volverá a la carga con su lobby en la cumbre de ministros del G20 en Arabia Saudita y en alguna escala todavía a definir.
  
  
Taxonomía bonista
  
Lo de Kicillof, más allá de los resquemores y recelos mutuos que hay entre La Plata y el Palacio de Hacienda, fue un experimento. La deuda que procura renegociar Guzmán equivale a 200 veces el vencimiento que la provincia finalmente anunció que pagará cash.
 
Pero en el Palacio de Hacienda, en vísperas de que se consumiera del plazo, se frotaban las manos por "la información" que obtendrían al cabo del proceso.
 
El endeudamiento de la era Macri fue tan vertiginoso y tan irresponsable que el mismo Estado no sabe quiénes son los acreedores con los que va a negociar ni qué otros bonos tiene en cartera cada uno.
 
Como en todo experimento, el conejillo de Indias podía salir lastimado. Y así ocurrió con Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López. Sobre todo porque a las 48 horas debió anunciar que no pagará la cláusula gatillo salarial que les correspondía a los docentes en diciembre según la última paritaria firmada con María Eugenia Vidal.
 
Los US$250 millones que les pagará cash a los bonistas equivalen a un mes de sueldos de los 280 mil docentes que tiene la provincia. Hasta el exministro macrista Alejandro Finocchiaro, sepulturero de la paritaria nacional docente, se atrevió a chicanearlo por Twitter y a pedir "solidaridad con los trabajadores". Un audaz.
 
¿Por qué el Gobierno prefiere transitar la cornisa de renegociar sin defaultear en vez de patear el tablero? Según dice, para que los bonistas no se conviertan otra vez en buitres. El fondo Fidelity, al que culpó Kicillof por el fracaso del aplazamiento que proponía, es un fondo "real money", de los que priorizan la estabilidad al rendimiento rápido.
 
No suelen litigar. Prefieren cobrar menos pero seguro. Después están los grandes fondos como Templeton, Blackrock, Greylock o PIMCO, que oscilan entre posiciones más o menos hostiles con los deudores en aprietos. Y finalmente están los buitres como NML-Elliot, de Paul Singer, o Aurelius, de Mark Brodsky. Por lo que dicen en Economía, apenas tienen una porción marginal de la deuda en discusión.
 
Lo que teme Fernández es que, si adopta una postura más beligerante, el precio de los títulos se desplome aún antes de un eventual default y se haga más atractivo para los buitres comprar esos bonos para hacer juicio y reeditar su triunfo de 2016, cuando Macri les pagó todo lo que reclamaban desde 2010.
 
Surge allí una dinámica "policía bueno/policía malo": los grandes fondos le advierten que no sea tan duro con ellos porque si lo es, aparecen los malos. Pero a fin de cuentas ¿no terminó Fidelity por comportarse igual que un fondo buitre?
 
Quizá, además del Papa, haya que buscar inspiración en otros monarcas. Como el rey Felipe de Bélgica, quien impulsó y promulgó en julio de 2015 una ley específica para combatir las actividades de los fondos buitre.
 
La ley, aprobada por el Parlamento, prohíbe que se ejecuten en territorio belga embargos o medidas cautelares si el acreedor "busca una ventaja ilegítima" o si "el Estado deudor se encontraba en un estado de insolvencia o de suspensión de pagos comprobada o inminente en el momento de la recompra del préstamo o crédito".
 
Felipe, además de rey, es magister en Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ni un pelo de soviético.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

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