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Nacionales - 07-02-2020 / 08:02
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Experimentos, amagues e internas en la cornisa del default

Experimentos, amagues e internas en la cornisa del default
Lo de Kicillof, más allá de los resquemores y recelos mutuos que hay entre La Plata y el Palacio de Hacienda, fue un experimento. La deuda que procura renegociar Guzmán equivale a 200 veces el vencimiento que la provincia finalmente anunció que pagará cash.
Fue el eje de las dos largas reuniones a puertas cerradas que Martín Guzmán compartió en los últimos 10 días con jerarcas del Fondo Monetario.
 
Primero en Nueva York con Julie Kozack, la número dos para América, y el venezolano Luis Cubbedu, encargado del caso argentino. Después en el Vaticano con la mismísima Kristalina Georgieva, con quien ya había conversado cuando Alberto Fernández no lo había anunciado aún como ministro de Economía.
 
Lo que pidió Guzmán es lo contrario a lo que suelen reclamarle al Fondo los ministros de países en problemas. Tampoco es un tecnicismo, aunque lo parezca.
 
El objetivo oficial es que el FMI, además de aplazar los cobros del préstamo récord que le entregó a Mauricio Macri contra sus propios estatutos, declare oficialmente antes de fin de mes que la deuda argentina es insostenible, de tal modo que los acreedores privados se vean acicateados para aceptar la quita que prevé proponer el Gobierno a principios de marzo.
 
A tientas, consciente de que nadie consiguió hasta ahora nada parecido a esa carambola y apostando el pellejo a que el G7 lo apadrine como el último garante de la estabilidad política en el Cono Sur, el Presidente procura una renegociación sin default -como Uruguay en 2003 o Ucrania en 2015- pero con una quita que solo lograron países que ya habían entrado en cesación de pagos.
 
Una quita que le permita cumplir antes de fin de año con su promesa de volver a encender la economía, algo que hasta ahora ni siquiera se insinúa y que será imposible si el Estado debe afrontar la carga de intereses que heredó de Macri.
 
¿Por qué un gobierno que pretende evitar el default querría que el árbitro de las finanzas globales considere insostenible su deuda? Para revertir -al menos parcialmente- la inclinación de la cancha a favor de los grandes fondos que tienen en su poder la mayoría de los títulos de la deuda argentina.
 
Y para reforzar la noción de que la oferta que se hará el mes que viene será "tómelo o déjelo". Nada garantiza que alcance, pero los negociadores consultados aseguran que es imprescindible.
 
En Economía admiten en privado algo que quedó claro tras el desenlace del reality show de la deuda bonaerense. Los acreedores tienen una ventaja insoslayable respecto del canje de 2003-2005 y es que nunca dejaron de cobrar.
 
A diferencia de aquel momento, cuando los apurados eran ellos, la carrera contrarreloj la corre esta vez la Argentina. De ahí lo apretado del cronograma que fijó Guzmán para la reestructuración.

 
En su discurso de 18 minutos anteayer ante la Pontificia Academia de Ciencias, que desgranó en inglés y sin leer, Guzmán pronunció siete veces la palabra "insostenible". Ahí dejó entrever parte de la negociación secreta con el FMI.
 
"Los mercados no están acostumbrados a esto porque no es la forma en que se hacen las cosas, pero la forma en que se hacen las cosas no funciona, así que tenemos que hacer algo diferente acá", abundó. Y advirtió: "Tendremos que hacer esto con las normas actuales, no hay tiempo para reescribirlas en dos meses".
 
 
Cuestión de fondo
  
Guzmán quiere que Kozack y Cubeddu, los enviados del FMI que estarán entre el miércoles y el viernes próximo en Buenos Aires, no demoren más de 10 días en publicar su staff report. Es en ese reporte donde el Fondo especificará si, en su opinión, la deuda argentina es sostenible o no. Y si lo es, si es "con alta probabilidad" o "con baja probabilidad".
 
Según la normativa del Fondo, si un país tiene una deuda insostenible debe reestructurarla. Si no, no es necesario. Si es "sostenible pero con baja probabilidad", debe hacer algo por amortiguar su impacto pero no necesariamente una reestructuración integral.
 
Es como un semáforo. Una señal que los grandes acreedores miran con atención. El color amarillo también implica que, por ejemplo, el propio FMI no debería otorgarle acceso excepcional a sus recursos.
 
Es un principio que solo se violó dos veces: con Grecia en 2013, para evitar que su crisis se contagiara al resto de Europa, y con Argentina a fines de 2018, cuando se aprobó una ampliación del acuerdo original pese a que en octubre se había encendido esa alerta. Ambas excepciones terminaron muy mal.
 
El Gobierno tampoco quiere del Fondo un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), que es el escalón siguiente en su menú de créditos para países con problemas de solvencia y liquidez.
 
Busca que los plazos de pago que dejó Macri se estiren tres años hacia adelante bajo el mismo acuerdo standby vigente. De eso habló Fernández con todos los mandatarios que visitó en Europa, aun a sabiendas de que necesita sí o sí el del único accionista con poder de veto: Estados Unidos.
 
Por eso Guzmán también planteó sus dos pedidos (la "insostenibilidad" y el período de gracia sin EFF) a los enviados del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que lo fueron a ver a Nueva York la semana pasada. La cita fue tan reservada que no se supo ni su locación ni quiénes viajaron.
 
En la estrategia, más allá de su resultado, quedan dos cabos sueltos. Por un lado, la mención que hizo anteayer Guzmán a los US$1.923 millones pendientes de pago con los países ricos miembros del Club de París, que empezó a devengar 9% de interés anual en dólares porque Macri decidió pagar el mínimo a cambio de que se activaran los intereses punitorios (los originales iban del 3% al 4,5%).
 
¿Por qué decirles a las mismas potencias a las que Fernández les pidió apoyo en el directorio del Fondo que también van a salir perdiendo con los créditos Estado-Estado que reclaman a través del Club? ¿No podría haberse elegido otra ocasión, o al menos otra semana?
 
El segundo cabo suelto está en Washington, en el staff del FMI. El organismo ya dio por terminada su purga post-Lagarde y en su alta gerencia sobrevivió Alejandro Werner, el jefe para América y partícipe necesario de la hipertrofia crediticia que explotó en agosto pasado.
 
Aunque el Gobierno sugiera -otra vez, "pero ahora sí, eh"- que con Georgieva el Fondo cambió, Werner fue uno de los que le hicieron creer a Donald Trump que con US$50.000 millones compraría la reelección de Macri.
 
Por ahora, lo único que consiguió Guzmán es que no venga la semana próxima y que mande a su vice, Kozack. Después, a fin de mes, el ministro volverá a la carga con su lobby en la cumbre de ministros del G20 en Arabia Saudita y en alguna escala todavía a definir.
  
  
Taxonomía bonista
  
Lo de Kicillof, más allá de los resquemores y recelos mutuos que hay entre La Plata y el Palacio de Hacienda, fue un experimento. La deuda que procura renegociar Guzmán equivale a 200 veces el vencimiento que la provincia finalmente anunció que pagará cash.
 
Pero en el Palacio de Hacienda, en vísperas de que se consumiera del plazo, se frotaban las manos por "la información" que obtendrían al cabo del proceso.
 
El endeudamiento de la era Macri fue tan vertiginoso y tan irresponsable que el mismo Estado no sabe quiénes son los acreedores con los que va a negociar ni qué otros bonos tiene en cartera cada uno.
 
Como en todo experimento, el conejillo de Indias podía salir lastimado. Y así ocurrió con Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López. Sobre todo porque a las 48 horas debió anunciar que no pagará la cláusula gatillo salarial que les correspondía a los docentes en diciembre según la última paritaria firmada con María Eugenia Vidal.
 
Los US$250 millones que les pagará cash a los bonistas equivalen a un mes de sueldos de los 280 mil docentes que tiene la provincia. Hasta el exministro macrista Alejandro Finocchiaro, sepulturero de la paritaria nacional docente, se atrevió a chicanearlo por Twitter y a pedir "solidaridad con los trabajadores". Un audaz.
 
¿Por qué el Gobierno prefiere transitar la cornisa de renegociar sin defaultear en vez de patear el tablero? Según dice, para que los bonistas no se conviertan otra vez en buitres. El fondo Fidelity, al que culpó Kicillof por el fracaso del aplazamiento que proponía, es un fondo "real money", de los que priorizan la estabilidad al rendimiento rápido.
 
No suelen litigar. Prefieren cobrar menos pero seguro. Después están los grandes fondos como Templeton, Blackrock, Greylock o PIMCO, que oscilan entre posiciones más o menos hostiles con los deudores en aprietos. Y finalmente están los buitres como NML-Elliot, de Paul Singer, o Aurelius, de Mark Brodsky. Por lo que dicen en Economía, apenas tienen una porción marginal de la deuda en discusión.
 
Lo que teme Fernández es que, si adopta una postura más beligerante, el precio de los títulos se desplome aún antes de un eventual default y se haga más atractivo para los buitres comprar esos bonos para hacer juicio y reeditar su triunfo de 2016, cuando Macri les pagó todo lo que reclamaban desde 2010.
 
Surge allí una dinámica "policía bueno/policía malo": los grandes fondos le advierten que no sea tan duro con ellos porque si lo es, aparecen los malos. Pero a fin de cuentas ¿no terminó Fidelity por comportarse igual que un fondo buitre?
 
Quizá, además del Papa, haya que buscar inspiración en otros monarcas. Como el rey Felipe de Bélgica, quien impulsó y promulgó en julio de 2015 una ley específica para combatir las actividades de los fondos buitre.
 
La ley, aprobada por el Parlamento, prohíbe que se ejecuten en territorio belga embargos o medidas cautelares si el acreedor "busca una ventaja ilegítima" o si "el Estado deudor se encontraba en un estado de insolvencia o de suspensión de pagos comprobada o inminente en el momento de la recompra del préstamo o crédito".
 
Felipe, además de rey, es magister en Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ni un pelo de soviético.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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26-02-2026 / 11:02
En una de las marchas más convocantes del año, los jubilados volvieron a alzar la voz frente al Congreso de la Nación, como acostumbran a hacerlo cada miércoles. En esta ocasión contaron con el apoyo de organizaciones gremiales, con vistas a una nueva marcha en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá el Senado el próximo viernes. Advirtieron sobre el impacto del funesto Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el financiamiento de las jubilaciones.
 
El gobierno de Javier "el Loco" Milei avanza con la aprobada reforma laboral y, en el centro del proyecto, aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo la promesa de "aliviar" a las empresas, el esquema permitirá distribuir el costo de las desvinculaciones a lo largo de la relación laboral. El Fondo de Asistencia Laboral reducirá aportes patronales y restará 0,37 por ciento del PBI a la Anses, superando lo destinado a ciencia, salud y discapacidad.
 
En los hechos, implicará un recorte anual de 2.600 millones de dólares a la Anses, equivalente al 0,37 por ciento del PBI. El mecanismo es sencillo: las empresas deberán destinar un 2,5 por ciento del salario en el caso de pymes y un 1 por ciento en grandes firmas a un fondo individual.
 
Pero esa erogación será compensada con una reducción equivalente en las cargas patronales. Resultado: el despido queda virtualmente a costo cero para el empleador y el agujero lo absorbe el sistema previsional. Según el Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la pérdida supera ampliamente partidas que el Ejecutivo consideró inviables por falta de recursos.
 
Este proyecto, redactado por los abogados de las grandes empresas, es nefasto si se lo compara con que el Presupuesto 2026 prevé 1.107 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación, apenas 0,16 por ciento del PBI. Para el Hospital Garrahan asigna 162 millones de dólares, 0,023 por ciento del producto.
 
La comparación se vuelve más áspera al recordar que el Presidente vetó el aumento del 7,2 por ciento a jubilados, la suba del bono a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria, con impactos fiscales muy inferiores. También rechazó la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo costo estimado oscilaba entre 0,25 por ciento y 0,45 por ciento del PBI.
 
La apuesta oficial sostiene la falsedad que la reforma generará más empleo formal y fortalecerá el sistema jubilatorio. Sin embargo, la economía acumula dos meses de caída según el EMAE del Indec, y no hay señales de expansión que anticipen una compensación rápida del rojo previsional.
 
¿Y cómo se detiene esta agresividad del gobierno libertario? Seguir dándole pelea, saliendo a la calle, llenando las plazas, protestando, con los partidos populares, con los movimientos sociales, que tienen que hacerles temblar el piso a los dueños del poder y del dinero. La calle a coro, plena, con las voces de la valentía civil.
 
La Opinión Popular
 

25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
La Opinión Popular
 

24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
La Opinión Popular
 

23-02-2026 / 09:02
Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.
 
La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.
 
Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".
 
Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.
 
¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.
 
Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.
 
Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.
 
Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.
 

22-02-2026 / 09:02
Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.
 
Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.
 
Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.
 
En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina. 
 
Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.
 
Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.
 
Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.
 
¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.
 
Por Demián Verduga
 

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