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"No se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables para los pueblos". Papa Francisco
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Nacionales - 07-02-2020 / 08:02
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Experimentos, amagues e internas en la cornisa del default

Experimentos, amagues e internas en la cornisa del default
Lo de Kicillof, más allá de los resquemores y recelos mutuos que hay entre La Plata y el Palacio de Hacienda, fue un experimento. La deuda que procura renegociar Guzmán equivale a 200 veces el vencimiento que la provincia finalmente anunció que pagará cash.
Fue el eje de las dos largas reuniones a puertas cerradas que Martín Guzmán compartió en los últimos 10 días con jerarcas del Fondo Monetario.
 
Primero en Nueva York con Julie Kozack, la número dos para América, y el venezolano Luis Cubbedu, encargado del caso argentino. Después en el Vaticano con la mismísima Kristalina Georgieva, con quien ya había conversado cuando Alberto Fernández no lo había anunciado aún como ministro de Economía.
 
Lo que pidió Guzmán es lo contrario a lo que suelen reclamarle al Fondo los ministros de países en problemas. Tampoco es un tecnicismo, aunque lo parezca.
 
El objetivo oficial es que el FMI, además de aplazar los cobros del préstamo récord que le entregó a Mauricio Macri contra sus propios estatutos, declare oficialmente antes de fin de mes que la deuda argentina es insostenible, de tal modo que los acreedores privados se vean acicateados para aceptar la quita que prevé proponer el Gobierno a principios de marzo.
 
A tientas, consciente de que nadie consiguió hasta ahora nada parecido a esa carambola y apostando el pellejo a que el G7 lo apadrine como el último garante de la estabilidad política en el Cono Sur, el Presidente procura una renegociación sin default -como Uruguay en 2003 o Ucrania en 2015- pero con una quita que solo lograron países que ya habían entrado en cesación de pagos.
 
Una quita que le permita cumplir antes de fin de año con su promesa de volver a encender la economía, algo que hasta ahora ni siquiera se insinúa y que será imposible si el Estado debe afrontar la carga de intereses que heredó de Macri.
 
¿Por qué un gobierno que pretende evitar el default querría que el árbitro de las finanzas globales considere insostenible su deuda? Para revertir -al menos parcialmente- la inclinación de la cancha a favor de los grandes fondos que tienen en su poder la mayoría de los títulos de la deuda argentina.
 
Y para reforzar la noción de que la oferta que se hará el mes que viene será "tómelo o déjelo". Nada garantiza que alcance, pero los negociadores consultados aseguran que es imprescindible.
 
En Economía admiten en privado algo que quedó claro tras el desenlace del reality show de la deuda bonaerense. Los acreedores tienen una ventaja insoslayable respecto del canje de 2003-2005 y es que nunca dejaron de cobrar.
 
A diferencia de aquel momento, cuando los apurados eran ellos, la carrera contrarreloj la corre esta vez la Argentina. De ahí lo apretado del cronograma que fijó Guzmán para la reestructuración.

 
En su discurso de 18 minutos anteayer ante la Pontificia Academia de Ciencias, que desgranó en inglés y sin leer, Guzmán pronunció siete veces la palabra "insostenible". Ahí dejó entrever parte de la negociación secreta con el FMI.
 
"Los mercados no están acostumbrados a esto porque no es la forma en que se hacen las cosas, pero la forma en que se hacen las cosas no funciona, así que tenemos que hacer algo diferente acá", abundó. Y advirtió: "Tendremos que hacer esto con las normas actuales, no hay tiempo para reescribirlas en dos meses".
 
 
Cuestión de fondo
  
Guzmán quiere que Kozack y Cubeddu, los enviados del FMI que estarán entre el miércoles y el viernes próximo en Buenos Aires, no demoren más de 10 días en publicar su staff report. Es en ese reporte donde el Fondo especificará si, en su opinión, la deuda argentina es sostenible o no. Y si lo es, si es "con alta probabilidad" o "con baja probabilidad".
 
Según la normativa del Fondo, si un país tiene una deuda insostenible debe reestructurarla. Si no, no es necesario. Si es "sostenible pero con baja probabilidad", debe hacer algo por amortiguar su impacto pero no necesariamente una reestructuración integral.
 
Es como un semáforo. Una señal que los grandes acreedores miran con atención. El color amarillo también implica que, por ejemplo, el propio FMI no debería otorgarle acceso excepcional a sus recursos.
 
Es un principio que solo se violó dos veces: con Grecia en 2013, para evitar que su crisis se contagiara al resto de Europa, y con Argentina a fines de 2018, cuando se aprobó una ampliación del acuerdo original pese a que en octubre se había encendido esa alerta. Ambas excepciones terminaron muy mal.
 
El Gobierno tampoco quiere del Fondo un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), que es el escalón siguiente en su menú de créditos para países con problemas de solvencia y liquidez.
 
Busca que los plazos de pago que dejó Macri se estiren tres años hacia adelante bajo el mismo acuerdo standby vigente. De eso habló Fernández con todos los mandatarios que visitó en Europa, aun a sabiendas de que necesita sí o sí el del único accionista con poder de veto: Estados Unidos.
 
Por eso Guzmán también planteó sus dos pedidos (la "insostenibilidad" y el período de gracia sin EFF) a los enviados del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que lo fueron a ver a Nueva York la semana pasada. La cita fue tan reservada que no se supo ni su locación ni quiénes viajaron.
 
En la estrategia, más allá de su resultado, quedan dos cabos sueltos. Por un lado, la mención que hizo anteayer Guzmán a los US$1.923 millones pendientes de pago con los países ricos miembros del Club de París, que empezó a devengar 9% de interés anual en dólares porque Macri decidió pagar el mínimo a cambio de que se activaran los intereses punitorios (los originales iban del 3% al 4,5%).
 
¿Por qué decirles a las mismas potencias a las que Fernández les pidió apoyo en el directorio del Fondo que también van a salir perdiendo con los créditos Estado-Estado que reclaman a través del Club? ¿No podría haberse elegido otra ocasión, o al menos otra semana?
 
El segundo cabo suelto está en Washington, en el staff del FMI. El organismo ya dio por terminada su purga post-Lagarde y en su alta gerencia sobrevivió Alejandro Werner, el jefe para América y partícipe necesario de la hipertrofia crediticia que explotó en agosto pasado.
 
Aunque el Gobierno sugiera -otra vez, "pero ahora sí, eh"- que con Georgieva el Fondo cambió, Werner fue uno de los que le hicieron creer a Donald Trump que con US$50.000 millones compraría la reelección de Macri.
 
Por ahora, lo único que consiguió Guzmán es que no venga la semana próxima y que mande a su vice, Kozack. Después, a fin de mes, el ministro volverá a la carga con su lobby en la cumbre de ministros del G20 en Arabia Saudita y en alguna escala todavía a definir.
  
  
Taxonomía bonista
  
Lo de Kicillof, más allá de los resquemores y recelos mutuos que hay entre La Plata y el Palacio de Hacienda, fue un experimento. La deuda que procura renegociar Guzmán equivale a 200 veces el vencimiento que la provincia finalmente anunció que pagará cash.
 
Pero en el Palacio de Hacienda, en vísperas de que se consumiera del plazo, se frotaban las manos por "la información" que obtendrían al cabo del proceso.
 
El endeudamiento de la era Macri fue tan vertiginoso y tan irresponsable que el mismo Estado no sabe quiénes son los acreedores con los que va a negociar ni qué otros bonos tiene en cartera cada uno.
 
Como en todo experimento, el conejillo de Indias podía salir lastimado. Y así ocurrió con Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López. Sobre todo porque a las 48 horas debió anunciar que no pagará la cláusula gatillo salarial que les correspondía a los docentes en diciembre según la última paritaria firmada con María Eugenia Vidal.
 
Los US$250 millones que les pagará cash a los bonistas equivalen a un mes de sueldos de los 280 mil docentes que tiene la provincia. Hasta el exministro macrista Alejandro Finocchiaro, sepulturero de la paritaria nacional docente, se atrevió a chicanearlo por Twitter y a pedir "solidaridad con los trabajadores". Un audaz.
 
¿Por qué el Gobierno prefiere transitar la cornisa de renegociar sin defaultear en vez de patear el tablero? Según dice, para que los bonistas no se conviertan otra vez en buitres. El fondo Fidelity, al que culpó Kicillof por el fracaso del aplazamiento que proponía, es un fondo "real money", de los que priorizan la estabilidad al rendimiento rápido.
 
No suelen litigar. Prefieren cobrar menos pero seguro. Después están los grandes fondos como Templeton, Blackrock, Greylock o PIMCO, que oscilan entre posiciones más o menos hostiles con los deudores en aprietos. Y finalmente están los buitres como NML-Elliot, de Paul Singer, o Aurelius, de Mark Brodsky. Por lo que dicen en Economía, apenas tienen una porción marginal de la deuda en discusión.
 
Lo que teme Fernández es que, si adopta una postura más beligerante, el precio de los títulos se desplome aún antes de un eventual default y se haga más atractivo para los buitres comprar esos bonos para hacer juicio y reeditar su triunfo de 2016, cuando Macri les pagó todo lo que reclamaban desde 2010.
 
Surge allí una dinámica "policía bueno/policía malo": los grandes fondos le advierten que no sea tan duro con ellos porque si lo es, aparecen los malos. Pero a fin de cuentas ¿no terminó Fidelity por comportarse igual que un fondo buitre?
 
Quizá, además del Papa, haya que buscar inspiración en otros monarcas. Como el rey Felipe de Bélgica, quien impulsó y promulgó en julio de 2015 una ley específica para combatir las actividades de los fondos buitre.
 
La ley, aprobada por el Parlamento, prohíbe que se ejecuten en territorio belga embargos o medidas cautelares si el acreedor "busca una ventaja ilegítima" o si "el Estado deudor se encontraba en un estado de insolvencia o de suspensión de pagos comprobada o inminente en el momento de la recompra del préstamo o crédito".
 
Felipe, además de rey, es magister en Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ni un pelo de soviético.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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24-02-2020 / 07:02
De aquel descarte que le aplicara la gestión de la alianza Cambiemos en 2018 por decreto de Mauricio Macri, la Paritaria Nacional Docente (PND) regresó con su histórico y principal desafío: achicar la diferencia salarial entre las provincias.
 
"Los salarios le van a ganar a la inflación", apostó y reitera Nicolás Trotta, ministro de Educación nacional, quien el miércoles encabezará el segundo encuentro entre las partes.
 
Casi a nivel "spoiler" para el arco gremial la mejora 2020 llegará en rango de suma fija y remunerativa, según confiaron a este medio referentes sindicales.
 
Empero, el reto fijado por la Casa Rosada no parece sencillo, ya que la desigualdad de sueldo de bolsillo entre las jurisdicciones asciende al 246% en los casos extremos.
 
En el horizonte también está la barrera de la pobreza, un límite que los gremios esperan superar para bien de los maestros y profesores de todo el país. Aseveración en sintonía con los datos del Indec respecto a que una familia necesitó $40.373 para no ser pobre.
 
Los cinco sindicatos nacionales, Ctera, UDA, Sadop, AMET y CEA, vuelven pasado mañana al Palacio Sarmiento para el segundo capítulo de la negociación salarial federal.
 
Antes se desarrolló la reunión protocolar del 30 de enero y la apertura de oficio en la primera reunión del Consejo Federal Educativo de hace semanas.
 
La energía en espalda que tiene el Gobierno cada vez se desdibuja más. No solo por los tiempos, ya el mismo 26 vuelven a las aulas en Mendoza y Chubut (esta última con conflicto) sino también por la diferencia de sueldos entre las jurisdicciones.
 
La disparidad en el salario básico (el componente más otras cifras remunerativas que van directo a la jubilación) trepa al 576% si se toman los $4.188 que cobran en Tierra del Fuego con los $24.142 de los maestros pampeanos.
 
Hoy el salario mínimo nacional de un maestro (si se contabiliza un solo cargo) está en $20.250. A la fecha son tres las provincias que se encuentran por debajo de ese piso: Chaco, San Juan y Formosa, esta última, según datos que desde Sadop revelaron, es donde el sueldo de bolsillo es el más bajo: $16.500. Contracara de la zona sur, Chubut, donde trepa a más de 40.000 pesos.

24-02-2020 / 07:02
En los últimos días trascendió la posibilidad que los servicios de luz, gas, agua y transporte podrían volver a sufrir una suba, para los sectores de mayores ingresos. Se trata de un asunto sensible para el Frente de Todos, que desde 2017 -en la campaña para las elecciones legislativas de ese año- cuestionó el desmesurando aumento de los servicios de luz y gas.
 
En búsqueda del equilibrio entre la disciplina fiscal y la necesidad de atender la emergencia social que valoró positivamente el FMI en su evaluación de la gestión de Alberto Fernández, la regulación de las tarifas de los servicios públicos -especialmente la energía eléctrica- juega un rol central.
 
En lo que pareció un globo de ensayo para "ir preparando el terreno", el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recordó que el congelamiento de tarifas fue definido hasta junio y afirmó que se estaba preparando un nuevo cuadro tarifario que contemplaría una tarifa social que alcanzaría a los más humildes.
 
Sin embargo, en una charla con el Presidente, Cristina le pidió que haga pública y de manera explícita la intención del Gobierno de mantener esos valores sin cambios, por lo menos, hasta diciembre próximo. No está en los planes de la ex presidenta permitirle mayores ingresos a empresas como Edesur y Edenor, a las que acusa directamente de haberse beneficiado de las políticas económicas de Mauricio Macri.
 
La reacción negativa, que generaron las declaraciones de Cafiero, determinó que el presidente saliera el día siguiente a desmentir a su propio ministro. Aseguró que un posible aumento de tarifas a aplicarse a mediados de año "no está en carpeta".
 
"Que nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones" de incrementar las tarifas, sostuvo Alberto Fernández, en declaraciones a la radio AM 750. Para el Presidente, el ajuste tarifario "es objeto de estudio y revisión para saber quién ganó, cuándo ganó y cuánto pagamos los argentinos. Y después veremos lo que hay que hacer".
 
El asunto es delicado y cualquier decisión que tome el Gobierno tendrá un costado negativo. Una política tarifaria, al mejor estilo del macrista Aranguren, ahogaría cualquier posibilidad de recuperación de la actividad económica, pero la extensión indefinida del congelamiento conllevaría un atraso tarifario de creciente costo fiscal, un "lujo" que se pudo dar Cristina pero que claramente Alberto no estaría en condiciones de afrontar.
 
La Opinión Popular

23-02-2020 / 10:02
El domingo próximo, el presidente Alberto Fernández hablará por segunda vez ante la Asamblea Legislativa. Ratificará rumbo y medidas, hará un repaso de la gestión que lleva menos de tres meses, remarcará la magnitud del descalabro dejado por el ex presidente Mauricio Macri. Anunciará proyectos de ley (varios anticipados en el día de la jura) y subrayará los avances referidos a la renegociación de la deuda externa.
 
El mandatario comenzará a redactar el borrador mañana, los ministerios (es habitual) le hacen llegar informes y sugerencias. Para el período ordinario de Sesiones, el Ejecutivo impulsará las siguientes leyes.
 
· Reforma judicial.
· Creación de un Consejo para la Calidad Institucional del Poder Judicial.
· Consejo Económico Social.
· Aborto libre, legal y gratuito.
 
Se anticipan conflictos referidos a la interrupción del embarazo. Otras iniciativas del Gobierno levantarán vientos de fronda: el aumento de las retenciones a la soja y la ley que reforma a la baja las jubilaciones de privilegio que ya se está tratando.
 
El paquete de normas que propondrá el mandatario no contiene leyes mordaza o restrictivas de libertad de prensa. Tampoco un proyecto para sancionar el negacionismo del terrorismo de Estado. Fernández dijo en París que estudiaría dicha idea pero la desechó para prevenir acechanzas contra la libertad de expresión.
 
Lo actual y lo posible: Los primeros resultados del Plan contra el Hambre entusiasman al Presidente que maneja al dedillo los datos de Concordia, la ciudad entrerriana en la que primero se aplicó. Miles de tarjetas usadas sabiamente por las jefas de familia se traducen en consumo local, ganancias para pequeños comercios, mejoras palpables en la alimentación de los pibes.
 
En otra provincia, Santa Fe, el gobernador Omar Perotti se entusiasma, refiere el presidente, con el dinamismo impreso por el nuevo derecho social. Los dos ejemplos, desde ya, son micro. Para que pudieran potenciarse será necesario aliviar a la Argentina de los pagos de deuda externa en los próximos años.
 
Miles de millones de dólares que reactivarían en el corto plazo, durante los seis-siete-ocho últimos meses de 2020. "Obra pública, el Plan de Viviendas que está atrasado", proyecta Fernández. Actividades clásicas, mano de obra intensivas, para masas de trabajadores desocupados o que changuean hoy en día.
 
"Keynes corazón", cantaría la hinchada aunque es consabido que dichos resurgimientos no serán suficientes. Habrá que promover subsidios o incentivos que permitan el nacimiento de industrias con potencial exportador o la resurrección de la capacidad ociosa tras el industricidio macrista.

22-02-2020 / 10:02
La centralidad de la deuda en la coyuntura actual es de tal magnitud que cualquier decisión del gobierno queda relegada a un segundo plano y condicionada por esa centralidad, que es económica y política a la vez. El ministro Martín Guzmán expuso con claridad en la Cámara de Diputados la suerte de círculo vicioso en que está la cuestión de la deuda pública nacional: "Hay voluntad firme de pagar la deuda. El problema es que no hay capacidad para hacerlo. Para poder pagar Argentina tiene que crecer y para poder crecer se tiene que sacar de encima el peso de una deuda que asfixia".
 
Este círculo, en el que intervienen jugadores con peso e intereses propios, es el centro del debate. El gobierno caracteriza a la deuda como impagable, pero al mismo tiempo la reconoce y legitima, por lo tanto necesita de una "reestructuración profunda": estiramiento de plazos, quita de capital y reducción de intereses.
 
El FMI estaría dispuesto a posponer los vencimientos a cambio de garantías de la sustentabilidad de los mismos, léase superávit fiscal primario suficiente para hacer frente a los vencimientos, al mismo tiempo que presiona para que los privados acepten quitas de capital, que no está dispuesto a hacer con sus propias acreencias. Los bonistas exigen más pagos ahora, un plan económico y el aval del Fondo de que la deuda total es sustentable para luego acordar.
 
El ministro agregó que en su esquema el equilibrio fiscal recién se obtendría para el 2023 -lo que significa que pedirá como mínimo 4 años de gracia- la economía entonces podría crecer al 2% a partir del año próximo. Los analistas consideran que ese crecimiento es bajo para generar los excedentes necesarios para afrontar los vencimientos.
 
La realidad es que las reservas no alcanzan para afrontar las deudas en dólares mientras que para los vencimientos en pesos -suman hasta junio la friolera de 850.000 millones- no es aconsejable emitir, a riesgo de que la inflación se desmadre del todo, por algo se suspenden la indexación jubilatoria y salarial. Así el margen de maniobras es reducidísimo, sino nulo.
 
Pero ¿qué garantiza que haciendo lo de siempre tengamos resultados diferentes? ¿Dónde está la virtud de seguir honrando una deuda que amenaza con continuar por varios años más el estancamiento de la economía? ¿Dónde está escrito que si hay una reestructuración "exitosa" se abrirán los mercados y habrá nuevo financiamiento? ¿Por qué vendrían inversiones productivas que hace tiempo no vienen? ¿Qué garantiza que dentro de 5 años no haya una nueva crisis de deuda?
 
La figura del default se recorta cada vez más nítidamente en el horizonte, el tema es si lo imponen los mercados y entonces la salida será caótica y muy gravosa para los sectores populares, o bien es producto de una decisión política. Entonces la salida no será un campo de rosas, pero será ordenada -deberá ir acompañada de medidas complementarias, como mayor intervención estatal en la banca y el comercio exterior entre otras- y abrirá un futuro diferente a la mediocridad actual. No hay que dejarse amedrentar por el terrorismo mediático de los medios al servicio de los fondos de inversión.

22-02-2020 / 08:02
Está la sensación de que el gobierno de Alberto Fernández llegó hace mucho a pesar de que apenas pasaron dos meses y días desde que asumió. Hay un clima de rutina sin sorpresa. Que en buen castellano también puede definirse como alivio.
 
Es un problema, porque es más fácil convertir en costumbre al alivio que a la tragedia. No es que el nuevo gobierno haya tomado muchas o pocas decisiones. En este fenómeno tiene más que ver el desastre como terminó la gestión de Mauricio Macri, la incertidumbre ante un gobierno paralizado por una crisis creada por ellos mismos y que todos los días arrojaba resultados nefastos sin que pudieran frenarla.
 
Es fácil acostumbrarse al alivio y olvidarse de la tragedia. Es fácil, pero peligroso. El macrista que odia al peronismo, que se hundía pero no quería dar el brazo a torcer ni reconocerlo, y que a pesar de su situación personal en franca picada volvió a votar a Macri, sintió alivio por la derrota. Nadie podrá decir que facilitó el triunfo del peronismo, su conciencia estará tranquila y, gracias a la derrota de su candidato, el bolsillo también.
 
El primer macrista en reconocerlo ha sido el Fondo Monetario Internacional. El organismo decidió prestarle a Macri 56 mil millones de dólares --el 62 por ciento de su capacidad de préstamo-- para que gane las elecciones. Y el tipo habilitó la fuga del 90 por ciento de esa fortuna y encima perdió las elecciones. La primera línea del Fondo, en especial la que baja de Washington y habilitó esa jugada ultramacrista, apostó a perdedor y llevó las finanzas del organismo al borde de la bancarrota.
 
Ahora resulta que el equipo técnico del organismo que, transgrediendo sus propios estatutos, respaldó a Macri contra el actual gobierno, reconoce que la deuda argentina es "insostenible".
 
O sea: reconoce que el préstamo fue un error, que prestaron una fortuna que no se podría devolver. Antes de pedir al Fondo, el gobierno de Macri se había endeudado con particulares en cien mil millones de dólares, en apenas año y medio. Rompió todos los récords, de los planetarios y de la historia. Cuando el Fondo les prestó, los prestamistas particulares ya no querían hacerlo porque veían el borde del precipicio.
 
Deuda "insostenible" en criollo quiere decir que fue una barrabasada. El Fondo está diciendo que la política neoliberal de Cambiemos fue un desatino que destruyó el aparato productivo y creó adicción y dependencia del endeudamiento.
 
Y no fue ejecutada por cuatros de copa sino por las estrellas locales del neoliberalismo, por los economistas que siempre hablaban por la tele, los preferidos por la mayoría de los empresarios, los Ceos campeones del capitalismo. Si el Fondo Monetario reconoce que la deuda es "insostenible", está diciendo que esa gente hizo un desastre.

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