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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 07-02-2020 / 08:02
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Experimentos, amagues e internas en la cornisa del default

Experimentos, amagues e internas en la cornisa del default
Lo de Kicillof, más allá de los resquemores y recelos mutuos que hay entre La Plata y el Palacio de Hacienda, fue un experimento. La deuda que procura renegociar Guzmán equivale a 200 veces el vencimiento que la provincia finalmente anunció que pagará cash.
Fue el eje de las dos largas reuniones a puertas cerradas que Martín Guzmán compartió en los últimos 10 días con jerarcas del Fondo Monetario.
 
Primero en Nueva York con Julie Kozack, la número dos para América, y el venezolano Luis Cubbedu, encargado del caso argentino. Después en el Vaticano con la mismísima Kristalina Georgieva, con quien ya había conversado cuando Alberto Fernández no lo había anunciado aún como ministro de Economía.
 
Lo que pidió Guzmán es lo contrario a lo que suelen reclamarle al Fondo los ministros de países en problemas. Tampoco es un tecnicismo, aunque lo parezca.
 
El objetivo oficial es que el FMI, además de aplazar los cobros del préstamo récord que le entregó a Mauricio Macri contra sus propios estatutos, declare oficialmente antes de fin de mes que la deuda argentina es insostenible, de tal modo que los acreedores privados se vean acicateados para aceptar la quita que prevé proponer el Gobierno a principios de marzo.
 
A tientas, consciente de que nadie consiguió hasta ahora nada parecido a esa carambola y apostando el pellejo a que el G7 lo apadrine como el último garante de la estabilidad política en el Cono Sur, el Presidente procura una renegociación sin default -como Uruguay en 2003 o Ucrania en 2015- pero con una quita que solo lograron países que ya habían entrado en cesación de pagos.
 
Una quita que le permita cumplir antes de fin de año con su promesa de volver a encender la economía, algo que hasta ahora ni siquiera se insinúa y que será imposible si el Estado debe afrontar la carga de intereses que heredó de Macri.
 
¿Por qué un gobierno que pretende evitar el default querría que el árbitro de las finanzas globales considere insostenible su deuda? Para revertir -al menos parcialmente- la inclinación de la cancha a favor de los grandes fondos que tienen en su poder la mayoría de los títulos de la deuda argentina.
 
Y para reforzar la noción de que la oferta que se hará el mes que viene será "tómelo o déjelo". Nada garantiza que alcance, pero los negociadores consultados aseguran que es imprescindible.
 
En Economía admiten en privado algo que quedó claro tras el desenlace del reality show de la deuda bonaerense. Los acreedores tienen una ventaja insoslayable respecto del canje de 2003-2005 y es que nunca dejaron de cobrar.
 
A diferencia de aquel momento, cuando los apurados eran ellos, la carrera contrarreloj la corre esta vez la Argentina. De ahí lo apretado del cronograma que fijó Guzmán para la reestructuración.

 
En su discurso de 18 minutos anteayer ante la Pontificia Academia de Ciencias, que desgranó en inglés y sin leer, Guzmán pronunció siete veces la palabra "insostenible". Ahí dejó entrever parte de la negociación secreta con el FMI.
 
"Los mercados no están acostumbrados a esto porque no es la forma en que se hacen las cosas, pero la forma en que se hacen las cosas no funciona, así que tenemos que hacer algo diferente acá", abundó. Y advirtió: "Tendremos que hacer esto con las normas actuales, no hay tiempo para reescribirlas en dos meses".
 
 
Cuestión de fondo
  
Guzmán quiere que Kozack y Cubeddu, los enviados del FMI que estarán entre el miércoles y el viernes próximo en Buenos Aires, no demoren más de 10 días en publicar su staff report. Es en ese reporte donde el Fondo especificará si, en su opinión, la deuda argentina es sostenible o no. Y si lo es, si es "con alta probabilidad" o "con baja probabilidad".
 
Según la normativa del Fondo, si un país tiene una deuda insostenible debe reestructurarla. Si no, no es necesario. Si es "sostenible pero con baja probabilidad", debe hacer algo por amortiguar su impacto pero no necesariamente una reestructuración integral.
 
Es como un semáforo. Una señal que los grandes acreedores miran con atención. El color amarillo también implica que, por ejemplo, el propio FMI no debería otorgarle acceso excepcional a sus recursos.
 
Es un principio que solo se violó dos veces: con Grecia en 2013, para evitar que su crisis se contagiara al resto de Europa, y con Argentina a fines de 2018, cuando se aprobó una ampliación del acuerdo original pese a que en octubre se había encendido esa alerta. Ambas excepciones terminaron muy mal.
 
El Gobierno tampoco quiere del Fondo un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), que es el escalón siguiente en su menú de créditos para países con problemas de solvencia y liquidez.
 
Busca que los plazos de pago que dejó Macri se estiren tres años hacia adelante bajo el mismo acuerdo standby vigente. De eso habló Fernández con todos los mandatarios que visitó en Europa, aun a sabiendas de que necesita sí o sí el del único accionista con poder de veto: Estados Unidos.
 
Por eso Guzmán también planteó sus dos pedidos (la "insostenibilidad" y el período de gracia sin EFF) a los enviados del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que lo fueron a ver a Nueva York la semana pasada. La cita fue tan reservada que no se supo ni su locación ni quiénes viajaron.
 
En la estrategia, más allá de su resultado, quedan dos cabos sueltos. Por un lado, la mención que hizo anteayer Guzmán a los US$1.923 millones pendientes de pago con los países ricos miembros del Club de París, que empezó a devengar 9% de interés anual en dólares porque Macri decidió pagar el mínimo a cambio de que se activaran los intereses punitorios (los originales iban del 3% al 4,5%).
 
¿Por qué decirles a las mismas potencias a las que Fernández les pidió apoyo en el directorio del Fondo que también van a salir perdiendo con los créditos Estado-Estado que reclaman a través del Club? ¿No podría haberse elegido otra ocasión, o al menos otra semana?
 
El segundo cabo suelto está en Washington, en el staff del FMI. El organismo ya dio por terminada su purga post-Lagarde y en su alta gerencia sobrevivió Alejandro Werner, el jefe para América y partícipe necesario de la hipertrofia crediticia que explotó en agosto pasado.
 
Aunque el Gobierno sugiera -otra vez, "pero ahora sí, eh"- que con Georgieva el Fondo cambió, Werner fue uno de los que le hicieron creer a Donald Trump que con US$50.000 millones compraría la reelección de Macri.
 
Por ahora, lo único que consiguió Guzmán es que no venga la semana próxima y que mande a su vice, Kozack. Después, a fin de mes, el ministro volverá a la carga con su lobby en la cumbre de ministros del G20 en Arabia Saudita y en alguna escala todavía a definir.
  
  
Taxonomía bonista
  
Lo de Kicillof, más allá de los resquemores y recelos mutuos que hay entre La Plata y el Palacio de Hacienda, fue un experimento. La deuda que procura renegociar Guzmán equivale a 200 veces el vencimiento que la provincia finalmente anunció que pagará cash.
 
Pero en el Palacio de Hacienda, en vísperas de que se consumiera del plazo, se frotaban las manos por "la información" que obtendrían al cabo del proceso.
 
El endeudamiento de la era Macri fue tan vertiginoso y tan irresponsable que el mismo Estado no sabe quiénes son los acreedores con los que va a negociar ni qué otros bonos tiene en cartera cada uno.
 
Como en todo experimento, el conejillo de Indias podía salir lastimado. Y así ocurrió con Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López. Sobre todo porque a las 48 horas debió anunciar que no pagará la cláusula gatillo salarial que les correspondía a los docentes en diciembre según la última paritaria firmada con María Eugenia Vidal.
 
Los US$250 millones que les pagará cash a los bonistas equivalen a un mes de sueldos de los 280 mil docentes que tiene la provincia. Hasta el exministro macrista Alejandro Finocchiaro, sepulturero de la paritaria nacional docente, se atrevió a chicanearlo por Twitter y a pedir "solidaridad con los trabajadores". Un audaz.
 
¿Por qué el Gobierno prefiere transitar la cornisa de renegociar sin defaultear en vez de patear el tablero? Según dice, para que los bonistas no se conviertan otra vez en buitres. El fondo Fidelity, al que culpó Kicillof por el fracaso del aplazamiento que proponía, es un fondo "real money", de los que priorizan la estabilidad al rendimiento rápido.
 
No suelen litigar. Prefieren cobrar menos pero seguro. Después están los grandes fondos como Templeton, Blackrock, Greylock o PIMCO, que oscilan entre posiciones más o menos hostiles con los deudores en aprietos. Y finalmente están los buitres como NML-Elliot, de Paul Singer, o Aurelius, de Mark Brodsky. Por lo que dicen en Economía, apenas tienen una porción marginal de la deuda en discusión.
 
Lo que teme Fernández es que, si adopta una postura más beligerante, el precio de los títulos se desplome aún antes de un eventual default y se haga más atractivo para los buitres comprar esos bonos para hacer juicio y reeditar su triunfo de 2016, cuando Macri les pagó todo lo que reclamaban desde 2010.
 
Surge allí una dinámica "policía bueno/policía malo": los grandes fondos le advierten que no sea tan duro con ellos porque si lo es, aparecen los malos. Pero a fin de cuentas ¿no terminó Fidelity por comportarse igual que un fondo buitre?
 
Quizá, además del Papa, haya que buscar inspiración en otros monarcas. Como el rey Felipe de Bélgica, quien impulsó y promulgó en julio de 2015 una ley específica para combatir las actividades de los fondos buitre.
 
La ley, aprobada por el Parlamento, prohíbe que se ejecuten en territorio belga embargos o medidas cautelares si el acreedor "busca una ventaja ilegítima" o si "el Estado deudor se encontraba en un estado de insolvencia o de suspensión de pagos comprobada o inminente en el momento de la recompra del préstamo o crédito".
 
Felipe, además de rey, es magister en Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ni un pelo de soviético.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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