08:10 | Lunes 24 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar

"No se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables para los pueblos". Papa Francisco

Nacionales - 05-02-2020 / 10:02

Reforma para las jubilaciones de privilegio: el Gobierno nacional pule la "letra chica" para evitar reclamos judiciales

En concreto, el Gobierno nacional pretende que el Congreso modifique la Ley 18.464 de jubilaciones para funcionarios del Poder Judicial y la 22.731 para el personal del servicio exterior para "achatar la pirámide" entre los ingresos del sistema previsional a los fines de establecer "un mecanismo más justo".

En las próximas semanas se realizará la primera sesión extraordinaria del 2020 en la Cámara de Diputado para, entre otros temas, tratar la eliminación y/ modificación de los regímenes jubilatorios de privilegio.

En concreto, el Gobierno nacional pretende que el Congreso modifique la Ley 18.464 de jubilaciones para funcionarios del Poder Judicial y la 22.731 para el personal del servicio exterior para "achatar la pirámide" entre los ingresos del sistema previsional a los fines de establecer "un mecanismo más justo".

De todas maneras, el oficialismo sabe que no se trata de un tema de fácil implementación. Si bien puede tener la aprobación del Poder Legislativo, es consciente de que luego puede venir la batalla judicial. Es que los magistrados y funcionarios judiciales afectados por la norma ya avisaron que presentarán amparos para frenar la ley.

De esta manera, lo más probable es que "no se eliminen los privilegios" sino que se achiquen esos beneficios. Es decir, si bien se pensó en la eliminación de estos regímenes especiales y que los beneficiarios pasen directamente al régimen general, el presidente Alberto Fernández no quiere ningún tipo de tropiezos, por lo que espera que el proyecto salga de manera consensuada y no sufra ningún tipo de reclamos en los tribunales.

Hay que tener en cuenta que hay casi 50 regímenes jubilatorios especiales, que permiten a exfuncionarios, diplomáticos y empleados del Poder Judicial cobrar haberes que se encuentran muy por encima de la media de aquellos que están regulados por la ley 24.241.

El abanico de posibilidades que maneja el Gobierno es muy amplio y depende del sector involucrado, ya que los empleados judiciales y los del servicio exterior tienen distinta edad jubilatoria y cálculo del haber, y en algunos casos no realizan aportes al sistema previsional. Lo que está claro es que el proyecto tomará estado parlamentario una vez que el presidente regrese de su gira por Europa.

La revisión en marcha de las jubilaciones especiales puso en alerta al Poder Judicial. Los magistrados convocaron reuniones de emergencia y empezaron evaluar acciones con el objetivo de contener o directamente frenar los cambios impulsados por el Gobierno para aumentar la edad jubilatoria y aportes de los jueces.

En ese marco, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJ) realizó tres reuniones de urgencia tras conocer los lineamientos el proyecto de ley.

Allí, se discutió la posibilidad de lanzar una catarata de amparos y pedidos de inconstitucionalidad, así como utilizar su poder de lobby para que los legisladores aliados "morigeren" la iniciativa oficial.

Principales puntos

Los asesores buscan subir de 60 a 65 años la edad para el retiro de varones y mujeres del Poder Judicial y tratarían de cambiar el ingreso base para el cálculo del beneficio (antes era sobre el cargo al cese y ahora se tomara la remuneración promedio de los últimos 60 meses).

El aporte del personal activo pasaría del "11% actual sobre la remuneración sin tope", a "11% más 4% adicional sobre la remuneración sin tope". Habrá que ver qué ocurre con los jueces de la Corte Suprema, Casación y camaristas aportan un 12% de su sueldo sin tope.

Además, se analiza la posibilidad de que, una vez jubilados, realicen un aporte solidario de 5% en el primer y segundo año, del 4% en los años 3 y 4, y del 3% desde el año quinto en adelante.

Se estudia también la posibilidad de cambiar el ingreso base para el cálculo del beneficio que antes era sobre el cargo de mayor jerarquía desempeñado en el Servicio Exterior durante un período de cuatro años y ahora pasará a ser sobre el promedio de los últimos 60 meses de sueldo. Además, se agrega un aporte personal de activo con un 4 por ciento adicional sobre la remuneración sin tope. La propuesta también incluye bajar el cálculo del 85% al 82% móvil.

También estarían obligados a realizar el "aporte solidario" una vez jubilados que sería del 5% en los primeros dos años, un 4% en los años tercer y cuarto año y de un 3 % a partir del quinto año de la jubilación que permanecería hasta el fallecimiento.

Avanzada opositora

Esta semana, diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron el proyecto de Ley de Equidad Jubilatoria para el Sector Público, que busca "terminar con los privilegios de los funcionarios que son beneficiarios de regímenes jubilatorios especiales".

La iniciativa plantea la derogación de las jubilaciones y asignaciones de privilegio en la Argentina, con el objetivo de apuntalar el principio de igualdad y equidad en el sistema de jubilaciones y pensiones.

"Gozan de movilidad del 82% y el 85% y poseen condiciones más favorables a la del resto de los jubilados con beneficios comunes que en la práctica cobran aproximadamente el 40% del salario de un trabajador en actividad. Es por esto que planteamos la derogación de las jubilaciones y asignaciones especiales que están contempladas en las leyes 22.731 y 24.018" explicó el diputado radical Alejandro Cacace.

Hay que tener en cuenta que, en la era macrista, también se apuntó contra este tipo de jubilaciones. A fines de 2017, se calculaba que el Estado debía destinar unos $79.000 millones anuales para afrontar esas jubilaciones.

"Lo que está en juego es un punto del PBI y si no hacemos una corrección en lo inmediato, serán el resto de los jubilados quienes tengan que afrontar el costo de sostener los privilegios que gozan unos pocos", sostenían en la administración macrista.

En aquel entonces, también se apuntaba a elevar el nivel de aportes. Es decir, se pretendía que los trabajadores de esos sectores resignen un mayor porcentaje de su sueldo mensual para costear sus futuras jubilaciones. Pero esa iniciativa no avanzó.

Regímenes de privilegio

En el año 2001, en el marco de la ley 24.018 del año 90, el fallo de la CSJN "Gaibisso, César" defendió la exclusividad de los salarios de los jueces y les reconoció esta garantía también a los magistrados jubilados.

Luego el Congreso sancionó la Ley 25.668 que deroga la ley 24.018, que fijaba asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vice de la Nación y Jueces de la CSJN. Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; Vocales del tribunal Fiscal y de Cuentas de la Nación ; Legisladores Nacionales, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, Secretarios y Prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación , el Intendente, los Concejales, Secretarios y Subsecretarios del Concejo Deliberante y los Secretarios y Subsecretarios del departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Procurador General del Tesoro.

Sin embargo, el decreto 2322/02, dictado por el presidente Eduardo Duhalde observó parcialmente la ley 25.688 y dejó sin efecto la derogación de los beneficios para el Servicio Exterior y el Poder Judicial, manteniendo su plena vigencia.

De esta manera, los regímenes especiales derogados fueron solo los del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Así continúan los sistemas específicos para judiciales, diplomáticos y también las asignaciones mensuales vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes de la Nación y de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la nación.

Por Sebastián Albornos

Fuente: iProfesional

24-02-2020 / 07:02

Paritaria Nacional Docente, con destino de suma fija en un mapa salarial dispar

De aquel descarte que le aplicara la gestión de la alianza Cambiemos en 2018 por decreto de Mauricio Macri, la Paritaria Nacional Docente (PND) regresó con su histórico y principal desafío: achicar la diferencia salarial entre las provincias.

"Los salarios le van a ganar a la inflación", apostó y reitera Nicolás Trotta, ministro de Educación nacional, quien el miércoles encabezará el segundo encuentro entre las partes.

Casi a nivel "spoiler" para el arco gremial la mejora 2020 llegará en rango de suma fija y remunerativa, según confiaron a este medio referentes sindicales.

Empero, el reto fijado por la Casa Rosada no parece sencillo, ya que la desigualdad de sueldo de bolsillo entre las jurisdicciones asciende al 246% en los casos extremos.

En el horizonte también está la barrera de la pobreza, un límite que los gremios esperan superar para bien de los maestros y profesores de todo el país. Aseveración en sintonía con los datos del Indec respecto a que una familia necesitó $40.373 para no ser pobre.

Los cinco sindicatos nacionales, Ctera, UDA, Sadop, AMET y CEA, vuelven pasado mañana al Palacio Sarmiento para el segundo capítulo de la negociación salarial federal.

Antes se desarrolló la reunión protocolar del 30 de enero y la apertura de oficio en la primera reunión del Consejo Federal Educativo de hace semanas.

La energía en espalda que tiene el Gobierno cada vez se desdibuja más. No solo por los tiempos, ya el mismo 26 vuelven a las aulas en Mendoza y Chubut (esta última con conflicto) sino también por la diferencia de sueldos entre las jurisdicciones.

La disparidad en el salario básico (el componente más otras cifras remunerativas que van directo a la jubilación) trepa al 576% si se toman los $4.188 que cobran en Tierra del Fuego con los $24.142 de los maestros pampeanos.

Hoy el salario mínimo nacional de un maestro (si se contabiliza un solo cargo) está en $20.250. A la fecha son tres las provincias que se encuentran por debajo de ese piso: Chaco, San Juan y Formosa, esta última, según datos que desde Sadop revelaron, es donde el sueldo de bolsillo es el más bajo: $16.500. Contracara de la zona sur, Chubut, donde trepa a más de 40.000 pesos.

24-02-2020 / 07:02

Intríngulis tarifario: una fisura inesperada en el Gobierno

En los últimos días trascendió la posibilidad que los servicios de luz, gas, agua y transporte podrían volver a sufrir una suba, para los sectores de mayores ingresos. Se trata de un asunto sensible para el Frente de Todos, que desde 2017 -en la campaña para las elecciones legislativas de ese año- cuestionó el desmesurando aumento de los servicios de luz y gas.

En búsqueda del equilibrio entre la disciplina fiscal y la necesidad de atender la emergencia social que valoró positivamente el FMI en su evaluación de la gestión de Alberto Fernández, la regulación de las tarifas de los servicios públicos -especialmente la energía eléctrica- juega un rol central.

En lo que pareció un globo de ensayo para "ir preparando el terreno", el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recordó que el congelamiento de tarifas fue definido hasta junio y afirmó que se estaba preparando un nuevo cuadro tarifario que contemplaría una tarifa social que alcanzaría a los más humildes.

Sin embargo, en una charla con el Presidente, Cristina le pidió que haga pública y de manera explícita la intención del Gobierno de mantener esos valores sin cambios, por lo menos, hasta diciembre próximo. No está en los planes de la ex presidenta permitirle mayores ingresos a empresas como Edesur y Edenor, a las que acusa directamente de haberse beneficiado de las políticas económicas de Mauricio Macri.

La reacción negativa, que generaron las declaraciones de Cafiero, determinó que el presidente saliera el día siguiente a desmentir a su propio ministro. Aseguró que un posible aumento de tarifas a aplicarse a mediados de año "no está en carpeta".

"Que nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones" de incrementar las tarifas, sostuvo Alberto Fernández, en declaraciones a la radio AM 750. Para el Presidente, el ajuste tarifario "es objeto de estudio y revisión para saber quién ganó, cuándo ganó y cuánto pagamos los argentinos. Y después veremos lo que hay que hacer".

El asunto es delicado y cualquier decisión que tome el Gobierno tendrá un costado negativo. Una política tarifaria, al mejor estilo del macrista Aranguren, ahogaría cualquier posibilidad de recuperación de la actividad económica, pero la extensión indefinida del congelamiento conllevaría un atraso tarifario de creciente costo fiscal, un "lujo" que se pudo dar Cristina pero que claramente Alberto no estaría en condiciones de afrontar.

La Opinión Popular

23-02-2020 / 10:02

Que piensa y que hará Alberto

El domingo próximo, el presidente Alberto Fernández hablará por segunda vez ante la Asamblea Legislativa. Ratificará rumbo y medidas, hará un repaso de la gestión que lleva menos de tres meses, remarcará la magnitud del descalabro dejado por el ex presidente Mauricio Macri. Anunciará proyectos de ley (varios anticipados en el día de la jura) y subrayará los avances referidos a la renegociación de la deuda externa.

El mandatario comenzará a redactar el borrador mañana, los ministerios (es habitual) le hacen llegar informes y sugerencias. Para el período ordinario de Sesiones, el Ejecutivo impulsará las siguientes leyes.

· Reforma judicial.
· Creación de un Consejo para la Calidad Institucional del Poder Judicial.
· Consejo Económico Social.
· Aborto libre, legal y gratuito.

Se anticipan conflictos referidos a la interrupción del embarazo. Otras iniciativas del Gobierno levantarán vientos de fronda: el aumento de las retenciones a la soja y la ley que reforma a la baja las jubilaciones de privilegio que ya se está tratando.

El paquete de normas que propondrá el mandatario no contiene leyes mordaza o restrictivas de libertad de prensa. Tampoco un proyecto para sancionar el negacionismo del terrorismo de Estado. Fernández dijo en París que estudiaría dicha idea pero la desechó para prevenir acechanzas contra la libertad de expresión.

Lo actual y lo posible: Los primeros resultados del Plan contra el Hambre entusiasman al Presidente que maneja al dedillo los datos de Concordia, la ciudad entrerriana en la que primero se aplicó. Miles de tarjetas usadas sabiamente por las jefas de familia se traducen en consumo local, ganancias para pequeños comercios, mejoras palpables en la alimentación de los pibes.

En otra provincia, Santa Fe, el gobernador Omar Perotti se entusiasma, refiere el presidente, con el dinamismo impreso por el nuevo derecho social. Los dos ejemplos, desde ya, son micro. Para que pudieran potenciarse será necesario aliviar a la Argentina de los pagos de deuda externa en los próximos años.

Miles de millones de dólares que reactivarían en el corto plazo, durante los seis-siete-ocho últimos meses de 2020. "Obra pública, el Plan de Viviendas que está atrasado", proyecta Fernández. Actividades clásicas, mano de obra intensivas, para masas de trabajadores desocupados o que changuean hoy en día.

"Keynes corazón", cantaría la hinchada aunque es consabido que dichos resurgimientos no serán suficientes. Habrá que promover subsidios o incentivos que permitan el nacimiento de industrias con potencial exportador o la resurrección de la capacidad ociosa tras el industricidio macrista.

22-02-2020 / 10:02

¿Y si vamos al default?

La centralidad de la deuda en la coyuntura actual es de tal magnitud que cualquier decisión del gobierno queda relegada a un segundo plano y condicionada por esa centralidad, que es económica y política a la vez. El ministro Martín Guzmán expuso con claridad en la Cámara de Diputados la suerte de círculo vicioso en que está la cuestión de la deuda pública nacional: "Hay voluntad firme de pagar la deuda. El problema es que no hay capacidad para hacerlo. Para poder pagar Argentina tiene que crecer y para poder crecer se tiene que sacar de encima el peso de una deuda que asfixia".

Este círculo, en el que intervienen jugadores con peso e intereses propios, es el centro del debate. El gobierno caracteriza a la deuda como impagable, pero al mismo tiempo la reconoce y legitima, por lo tanto necesita de una "reestructuración profunda": estiramiento de plazos, quita de capital y reducción de intereses.

El FMI estaría dispuesto a posponer los vencimientos a cambio de garantías de la sustentabilidad de los mismos, léase superávit fiscal primario suficiente para hacer frente a los vencimientos, al mismo tiempo que presiona para que los privados acepten quitas de capital, que no está dispuesto a hacer con sus propias acreencias. Los bonistas exigen más pagos ahora, un plan económico y el aval del Fondo de que la deuda total es sustentable para luego acordar.

El ministro agregó que en su esquema el equilibrio fiscal recién se obtendría para el 2023 -lo que significa que pedirá como mínimo 4 años de gracia- la economía entonces podría crecer al 2% a partir del año próximo. Los analistas consideran que ese crecimiento es bajo para generar los excedentes necesarios para afrontar los vencimientos.

La realidad es que las reservas no alcanzan para afrontar las deudas en dólares mientras que para los vencimientos en pesos -suman hasta junio la friolera de 850.000 millones- no es aconsejable emitir, a riesgo de que la inflación se desmadre del todo, por algo se suspenden la indexación jubilatoria y salarial. Así el margen de maniobras es reducidísimo, sino nulo.

Pero ¿qué garantiza que haciendo lo de siempre tengamos resultados diferentes? ¿Dónde está la virtud de seguir honrando una deuda que amenaza con continuar por varios años más el estancamiento de la economía? ¿Dónde está escrito que si hay una reestructuración "exitosa" se abrirán los mercados y habrá nuevo financiamiento? ¿Por qué vendrían inversiones productivas que hace tiempo no vienen? ¿Qué garantiza que dentro de 5 años no haya una nueva crisis de deuda?

La figura del default se recorta cada vez más nítidamente en el horizonte, el tema es si lo imponen los mercados y entonces la salida será caótica y muy gravosa para los sectores populares, o bien es producto de una decisión política. Entonces la salida no será un campo de rosas, pero será ordenada -deberá ir acompañada de medidas complementarias, como mayor intervención estatal en la banca y el comercio exterior entre otras- y abrirá un futuro diferente a la mediocridad actual. No hay que dejarse amedrentar por el terrorismo mediático de los medios al servicio de los fondos de inversión.

22-02-2020 / 08:02

Se fue Macri: un alivio hasta para los macristas, empezando por el FMI

Está la sensación de que el gobierno de Alberto Fernández llegó hace mucho a pesar de que apenas pasaron dos meses y días desde que asumió. Hay un clima de rutina sin sorpresa. Que en buen castellano también puede definirse como alivio.

Es un problema, porque es más fácil convertir en costumbre al alivio que a la tragedia. No es que el nuevo gobierno haya tomado muchas o pocas decisiones. En este fenómeno tiene más que ver el desastre como terminó la gestión de Mauricio Macri, la incertidumbre ante un gobierno paralizado por una crisis creada por ellos mismos y que todos los días arrojaba resultados nefastos sin que pudieran frenarla.

Es fácil acostumbrarse al alivio y olvidarse de la tragedia. Es fácil, pero peligroso. El macrista que odia al peronismo, que se hundía pero no quería dar el brazo a torcer ni reconocerlo, y que a pesar de su situación personal en franca picada volvió a votar a Macri, sintió alivio por la derrota. Nadie podrá decir que facilitó el triunfo del peronismo, su conciencia estará tranquila y, gracias a la derrota de su candidato, el bolsillo también.

El primer macrista en reconocerlo ha sido el Fondo Monetario Internacional. El organismo decidió prestarle a Macri 56 mil millones de dólares --el 62 por ciento de su capacidad de préstamo-- para que gane las elecciones. Y el tipo habilitó la fuga del 90 por ciento de esa fortuna y encima perdió las elecciones. La primera línea del Fondo, en especial la que baja de Washington y habilitó esa jugada ultramacrista, apostó a perdedor y llevó las finanzas del organismo al borde de la bancarrota.

Ahora resulta que el equipo técnico del organismo que, transgrediendo sus propios estatutos, respaldó a Macri contra el actual gobierno, reconoce que la deuda argentina es "insostenible".

O sea: reconoce que el préstamo fue un error, que prestaron una fortuna que no se podría devolver. Antes de pedir al Fondo, el gobierno de Macri se había endeudado con particulares en cien mil millones de dólares, en apenas año y medio. Rompió todos los récords, de los planetarios y de la historia. Cuando el Fondo les prestó, los prestamistas particulares ya no querían hacerlo porque veían el borde del precipicio.

Deuda "insostenible" en criollo quiere decir que fue una barrabasada. El Fondo está diciendo que la política neoliberal de Cambiemos fue un desatino que destruyó el aparato productivo y creó adicción y dependencia del endeudamiento.

Y no fue ejecutada por cuatros de copa sino por las estrellas locales del neoliberalismo, por los economistas que siempre hablaban por la tele, los preferidos por la mayoría de los empresarios, los Ceos campeones del capitalismo. Si el Fondo Monetario reconoce que la deuda es "insostenible", está diciendo que esa gente hizo un desastre.