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Nacionales - 05-02-2020 / 08:02
UN JUEZ ARBITRARIO

Bonadio: de la servilleta menemista a la persecución contra Cristina

Bonadio: de la servilleta menemista a la persecución contra Cristina
Armado de causas mellizas, relaciones promiscuas con grandes medios de comunicación y servicios de inteligencia fueron el denominador común de la conducta del temido titular del juzgado federal 11 al que Domingo Felipe Cavallo incluyó en famosa denuncia de la servilleta de los magistrados que respondían al menemista Carlos Corach. Por lo bajo, todos llamaban "La embajada" a su juzgado porque no regía la ley argentina. Tenía una obsesión con Cristina Fernández.
No hay dudas que el ex juez Claudio Bonadio fue un ejemplo de operador judicial y político desde Comodoro Py. Desde la servilleta del menemista Corach y el nombramiento como juez por Carlos Menem en 1994, fue denunciado más de 50 veces en el Consejo de la Magistratura por asociación ilícita, mal desempeño, protección a redes de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y crecimiento patrimonial injustificado.
 
La mayoría de estas denuncias fueron desestimadas gracias a sus privilegios de casta e incluso bajo la venia de gobiernos K, para pasar a ser en los últimos años una pieza central del macrismo en las causas contra el kirchnerismo. De extracción peronista (ortodoxa y derechista, para más datos), Bonadio cultivó, dentro del sector político, fluidas relaciones con personajes importantes de todos los gobiernos.
 
Su juzgado fue conocido como "La Embajada" porque allí no regían las leyes argentinas, sino las suyas. Sus propias reglas incluyeron arbitrariedades para impedir el acceso a expedientes a los abogados, negar fotocopias, ver o participar de peritajes, o la costumbre mantener relaciones "carnales" con medios de comunicación y promiscuas con los servicios de inteligencia y la habilidad de transformar decisiones políticas en presuntos delitos, como ocurrió con el caso "dólar futuro".
 
Lo mismo hizo con la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández y Héctor Timerman, conocida como la de "Memorándum", que ya había sido desestimada por Daniel Rafecas. Bonadio intentó fijar el delito de "traición a la patria" que la Cámara modificó. Durante el trámite le impidió a Timerman viajar a Estados Unidos para hacer su tratamiento contra el cáncer. Lo había procesado con prisión preventiva.
 
Su relación estrecha con el gobierno de Cambiemos no sólo se vieron en el caso Memorándum y en cuadernos, para perseguir a opositores. Bonadio sobreseyó sin indagarlos a los macristas Horacio Rodríguez Larreta y Guillermo Dietrich en una causa por irregularidades en la licitación del Paseo del Bajo.
 
El forum shopping, de conveniencia, y la división de una causa en varias fueron otras de las estrategias que desplegó. Dictó muchas prisiones preventivas bajo la "doctrina Irurzun" y fue el quien firmó el pedido de desafuero de la entonces senadora Cristina Fernández. Y llegó a citarla a 8 indagatorias en un mismo día. Había creado múltiples desprendimientos del caso cuadernos y así multiplicaba las acusaciones, varias por asociación ilícita, esa figura utilizada como comodín cuando no hay nada para sostener un delito específico.
 
Fue el máximo exponente de la utilización de la ley y los procedimientos judiciales para perseguir a aquellos que fueron considerados como enemigos del poder de turno, del uso lawfare en Argentina. Hasta logró que el bolillero electrónico que sortea las causas le asignara la mayoría de las que le interesaban para provocar algún impacto en la política. Bonadio aplicaba un criterio: "A los amigos, todas las facilidades; a los enemigos, todos los rigores". Un juez arbitrario.
 
La Opinión Popular

 
EL EXPONENTE POR EXCELENCIA DE LAWFARE EN ARGENTINA
 
Muerte de Bonadio: perfil del titular de "La embajada"
 
Nunca antes había habido tanta gente en la avenida Comodoro Py como el día que Cristina Fernández de Kirchner tuvo que presentarse a su primera indagatoria en la causa del "dólar futuro". Una marea humana había ido a darle apoyo. Claudio Bonadio lo hizo. Podía parecer un gol en contra para él y sin embargo parecía gozar de esa escena.
 
Empezaba una ofensiva que luego expandiría en un récord de procesamientos y prisiones preventivas, en causas que mágicamente le tocaban o se quedaba él.
 
Quizá fue el éxtasis en su ejercicio del poder que, sin embargo, tuvo muchas otras expresiones. Como el día que mandó a hacer un chequeo de llamadas entrantes y salientes de un corresponsal del Financial Times que había revelado el segundo escándalo de coimas en el Senado argentino y se negó a revelar sus fuentes, como ampara la Constitución.
 
O también, otro episodio recordado en los despachos de Retiro, cuenta que en una causa de drogas Bonadio había infiltrado -en acuerdo con el ex comisario Jorge Fino Palacios- a un hombre de manera encubierta y cuando todos los defensores presionaban para saber cómo había desarticulado la banda decidió sin más blanquearlo y tratarlo como a un acusado común: el "buchón" terminó preso y condenado.
 
Con esa misma lógica bien propia, en 1997 produjo un hecho memorable al citar a Diego Maradona y concederle una medida cautelar para que pudiera jugar tras un doping positivo.
 
Claudio Bonadio falleció a las 6.20 de la mañana en su casa, a los 64 años. Estaba con cuidados paliativos, producto del tumor en el cerebro que padecía. Había tramitado hacía tiempo su jubilación, pero seguía en el cargo con una evidente obsesión con las causas contra funcionarios del kirchnerismo.
 
Desde 1994 ocupaba el juzgado número 11 del fuero federal que montó Carlos Menem con jueces afines que eran nombrados a dedo sin escalas ni exámenes por el Poder Ejecutivo. Cuando escuchaba música sacra en la oficina sus empleados tenían la entrada prohibida.
 
Había trabajado con Carlos Corach en la Secretaría legal y Técnica y fue, de hecho, uno de los nombres que denunció Domingo Cavallo en la célebre servilleta donde dijo que el ex ministro del Interior había escrito los nombres de quienes garantizarían protección judicial.
 
Se reconocía como peronista y había trabajado antes en el Concejo deliberante porteño como asesor del bloque justicialista. Con el tiempo, quedó claro que Bonadío no se quedaría por siempre amarrado a sus mentores o al poder político de turno, sino que jugaba para Bonadío.
 
 
La embajada
 
Su juzgado fue conocido como "La Embajada" porque allí no regían las leyes argentinas, sino las suyas. Sus propias reglas incluyeron arbitrariedades para impedir el acceso a expedientes a los abogados, negar fotocopias, ver o participar de peritajes, o la costumbre mantener relaciones "carnales" con medios de comunicación y promiscuas con los servicios de inteligencia y la habilidad de transformar decisiones políticas en presuntos delitos, como ocurrió con el caso "dólar futuro".
 
Pero también artilugios que utilizó en los últimos años con asiduidad cuando agudizó sus intentos por lograr efectos políticos desde su poder como juez. Un ejemplo es la creación de causas mellizas. Lo hizo cuando la Cámara Federal lo apartó del caso Hotesur (por impedir a las defensas acceso a estudios periciales) y cuando recibió una denuncia por hechos casi análogos abrió otra causa conocida como Los Sauces, donde se declaró incompetente después de procesar a la actual vicepresidenta. 
 
Lo mismo hizo con la denuncia de Alberto Nisman contra CFK y Héctor Timerman, conocida como la de "Memorándum", que ya había sido desestimada por Daniel Rafecas. Bonadio intentó fijar el delito de "traición a la patria" que la Cámara modificó. Durante el trámite le impidió a Timerman viajar a Estados Unidos para hacer su tratamiento contra el cáncer. Lo había procesado con prisión preventiva.
 
El forum shopping y la división de una causa en varias fueron otras de las estrategias que desplegó. Dictó muchas prisiones preventivas bajo la "doctrina Irurzun" y fue el quien firmó el pedido de desafuero de la entonces senadora.
 
En los tiempos que le tocó investigar el encubrimiento desplegado en la investigación original del atentado a la AMIA, Bonadio no había tenido ni la mitad del ahínco que se le vio en el caso del Memorándum. Protegió a funcionarios judiciales -entre ellos a su amigo el ex juez Juan José Galeano-- y ex funcionarios, entre ellos a su mentor Corach.
 
Tuvo cinco años cajoneada la causa, hasta que la Cámara Federal se la quitó, y pasó al juez Ariel Lijo. Paradoja si las hay, Nisman lo había denunciado a Bonadio en 2010. Lo acusaba de intentar apartarlo de la investigación del atentado a la AMIA en connivencia con Corach y el Fino Palacios.
 
Otros hitos de su biografía fueron la detención en 2003 de Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, a quienes les adjudicaba la desaparición de trece integrantes de Montoneros, una forma de resucitar la teoría de los dos demonios. Antes, en 2001, había asesinado en el barrio de Florida con su pistola Glock a dos jóvenes que habían querido asaltarlo cuando estaba con un amigo.
 
No es que Bonadio no haya tenido denuncias con pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Tuvo al menos 70. Pero siempre logró sortearlas con la protección de diversos sectores en el organismo, en especial sus colegas, el peronismo y la propia corporación judicial.
 
Hubo un grupo de denuncias que pintan su actuación en los años 90, como la causa que estiró por siete años sobre el vaciamiento del astillero Tandanor y otra por créditos irregulares que el Banco Nación le dio a la curtiembre Yoma, que duró casi una década. Toda una estrategia para conducir los expedientes a la prescripción.
 
La máxima consecuencia por aquellas acusaciones fue que le pusieron una multa del 30 por ciento de su sueldo, que igual la Corte después cuestionó.
 
Otro cajoneo de una década que le costó un pedido de remoción fue el caso donde debió investigar una denuncia de pacientes hemofílicos contagiados de VIH y hepatitis por transfusiones de sangre. Eran 1200 personas afectadas, algunas de las cuales fallecían por el paso del tiempo.
 
Pero ni este hecho, ni otros como haber utilizado el peritaje trucho del perito procesado por falso testimonio en la causa sobre GNL, le trajeron costos o consecuencias.
 
Tres de las denuncias que subsistían contra Bonadio, y que ahora caerán, estaban vinculadas con su actuación en la causa de los cuadernos; otra se la había hecho Oscar Parrilli, también por abusos en la instrucción de un caso en su contra y falsificación de testimonios.
 
El abogado de CFK, Carlos Beraldi, denunció que le impidió ingresar a un allanamiento en la casa de la ex presidenta. También lo denunció Gerardo Ferreyra. A la vez tenía acusaciones vinculadas a los últimos escándalos: el llamado "D'Alessio gate", la causa de espionaje que tramita ante Alejo Ramos Padilla y el manejo de la causa que se utilizó para atacar a aquella, llamada "operativo puf", basada en escuchas en el penal de Ezeiza, que Bonadio tomó como válidas.
 
Bonadio fue un hombre con ascendencia en Comodoro Py entre sus pares. Aún algunos que no lo querían comentaban tras su fallecimiento: "habrá sido un mal juez pero tenía huevos".
 
Así como sus superiores fueron alguna vez críticos de su actuación, en los últimos años le ofrecieron mayor respaldo, lo que se vio a las claras en el caso cuadernos y la utilización de la figura del arrepentido en acuerdos con el poder político.
 
Bonadio tuvo amistad con el ex presidente supremo Ricardo Lorenzetti, que allá por 2017 arengaba a los jueces federales a que avanzaran contra ex funcionarios del kirchnerismo. Una famosa foto de Bonadio y Lorenzetti junto con el actual ministro de justicia brasileño, Sergio Moro, resume el mensaje.
 
Moro era entonces juez, el magistrado que metió preso a Lula, y era traído como modelo a seguir por el Poder Judicial argentino. Lorenzetti ponía a Bonadio como juez ejemplar por rapidez en la causa por el accidente de Once, por la que terminaron varios ex funcionarios presos.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
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