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Nacionales - 05-02-2020 / 08:02
UN JUEZ ARBITRARIO

Bonadio: de la servilleta menemista a la persecución contra Cristina

Bonadio: de la servilleta menemista a la persecución contra Cristina
Armado de causas mellizas, relaciones promiscuas con grandes medios de comunicación y servicios de inteligencia fueron el denominador común de la conducta del temido titular del juzgado federal 11 al que Domingo Felipe Cavallo incluyó en famosa denuncia de la servilleta de los magistrados que respondían al menemista Carlos Corach. Por lo bajo, todos llamaban "La embajada" a su juzgado porque no regía la ley argentina. Tenía una obsesión con Cristina Fernández.
No hay dudas que el ex juez Claudio Bonadio fue un ejemplo de operador judicial y político desde Comodoro Py. Desde la servilleta del menemista Corach y el nombramiento como juez por Carlos Menem en 1994, fue denunciado más de 50 veces en el Consejo de la Magistratura por asociación ilícita, mal desempeño, protección a redes de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y crecimiento patrimonial injustificado.
 
La mayoría de estas denuncias fueron desestimadas gracias a sus privilegios de casta e incluso bajo la venia de gobiernos K, para pasar a ser en los últimos años una pieza central del macrismo en las causas contra el kirchnerismo. De extracción peronista (ortodoxa y derechista, para más datos), Bonadio cultivó, dentro del sector político, fluidas relaciones con personajes importantes de todos los gobiernos.
 
Su juzgado fue conocido como "La Embajada" porque allí no regían las leyes argentinas, sino las suyas. Sus propias reglas incluyeron arbitrariedades para impedir el acceso a expedientes a los abogados, negar fotocopias, ver o participar de peritajes, o la costumbre mantener relaciones "carnales" con medios de comunicación y promiscuas con los servicios de inteligencia y la habilidad de transformar decisiones políticas en presuntos delitos, como ocurrió con el caso "dólar futuro".
 
Lo mismo hizo con la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández y Héctor Timerman, conocida como la de "Memorándum", que ya había sido desestimada por Daniel Rafecas. Bonadio intentó fijar el delito de "traición a la patria" que la Cámara modificó. Durante el trámite le impidió a Timerman viajar a Estados Unidos para hacer su tratamiento contra el cáncer. Lo había procesado con prisión preventiva.
 
Su relación estrecha con el gobierno de Cambiemos no sólo se vieron en el caso Memorándum y en cuadernos, para perseguir a opositores. Bonadio sobreseyó sin indagarlos a los macristas Horacio Rodríguez Larreta y Guillermo Dietrich en una causa por irregularidades en la licitación del Paseo del Bajo.
 
El forum shopping, de conveniencia, y la división de una causa en varias fueron otras de las estrategias que desplegó. Dictó muchas prisiones preventivas bajo la "doctrina Irurzun" y fue el quien firmó el pedido de desafuero de la entonces senadora Cristina Fernández. Y llegó a citarla a 8 indagatorias en un mismo día. Había creado múltiples desprendimientos del caso cuadernos y así multiplicaba las acusaciones, varias por asociación ilícita, esa figura utilizada como comodín cuando no hay nada para sostener un delito específico.
 
Fue el máximo exponente de la utilización de la ley y los procedimientos judiciales para perseguir a aquellos que fueron considerados como enemigos del poder de turno, del uso lawfare en Argentina. Hasta logró que el bolillero electrónico que sortea las causas le asignara la mayoría de las que le interesaban para provocar algún impacto en la política. Bonadio aplicaba un criterio: "A los amigos, todas las facilidades; a los enemigos, todos los rigores". Un juez arbitrario.
 
La Opinión Popular

 
EL EXPONENTE POR EXCELENCIA DE LAWFARE EN ARGENTINA
 
Muerte de Bonadio: perfil del titular de "La embajada"
 
Nunca antes había habido tanta gente en la avenida Comodoro Py como el día que Cristina Fernández de Kirchner tuvo que presentarse a su primera indagatoria en la causa del "dólar futuro". Una marea humana había ido a darle apoyo. Claudio Bonadio lo hizo. Podía parecer un gol en contra para él y sin embargo parecía gozar de esa escena.
 
Empezaba una ofensiva que luego expandiría en un récord de procesamientos y prisiones preventivas, en causas que mágicamente le tocaban o se quedaba él.
 
Quizá fue el éxtasis en su ejercicio del poder que, sin embargo, tuvo muchas otras expresiones. Como el día que mandó a hacer un chequeo de llamadas entrantes y salientes de un corresponsal del Financial Times que había revelado el segundo escándalo de coimas en el Senado argentino y se negó a revelar sus fuentes, como ampara la Constitución.
 
O también, otro episodio recordado en los despachos de Retiro, cuenta que en una causa de drogas Bonadio había infiltrado -en acuerdo con el ex comisario Jorge Fino Palacios- a un hombre de manera encubierta y cuando todos los defensores presionaban para saber cómo había desarticulado la banda decidió sin más blanquearlo y tratarlo como a un acusado común: el "buchón" terminó preso y condenado.
 
Con esa misma lógica bien propia, en 1997 produjo un hecho memorable al citar a Diego Maradona y concederle una medida cautelar para que pudiera jugar tras un doping positivo.
 
Claudio Bonadio falleció a las 6.20 de la mañana en su casa, a los 64 años. Estaba con cuidados paliativos, producto del tumor en el cerebro que padecía. Había tramitado hacía tiempo su jubilación, pero seguía en el cargo con una evidente obsesión con las causas contra funcionarios del kirchnerismo.
 
Desde 1994 ocupaba el juzgado número 11 del fuero federal que montó Carlos Menem con jueces afines que eran nombrados a dedo sin escalas ni exámenes por el Poder Ejecutivo. Cuando escuchaba música sacra en la oficina sus empleados tenían la entrada prohibida.
 
Había trabajado con Carlos Corach en la Secretaría legal y Técnica y fue, de hecho, uno de los nombres que denunció Domingo Cavallo en la célebre servilleta donde dijo que el ex ministro del Interior había escrito los nombres de quienes garantizarían protección judicial.
 
Se reconocía como peronista y había trabajado antes en el Concejo deliberante porteño como asesor del bloque justicialista. Con el tiempo, quedó claro que Bonadío no se quedaría por siempre amarrado a sus mentores o al poder político de turno, sino que jugaba para Bonadío.
 
 
La embajada
 
Su juzgado fue conocido como "La Embajada" porque allí no regían las leyes argentinas, sino las suyas. Sus propias reglas incluyeron arbitrariedades para impedir el acceso a expedientes a los abogados, negar fotocopias, ver o participar de peritajes, o la costumbre mantener relaciones "carnales" con medios de comunicación y promiscuas con los servicios de inteligencia y la habilidad de transformar decisiones políticas en presuntos delitos, como ocurrió con el caso "dólar futuro".
 
Pero también artilugios que utilizó en los últimos años con asiduidad cuando agudizó sus intentos por lograr efectos políticos desde su poder como juez. Un ejemplo es la creación de causas mellizas. Lo hizo cuando la Cámara Federal lo apartó del caso Hotesur (por impedir a las defensas acceso a estudios periciales) y cuando recibió una denuncia por hechos casi análogos abrió otra causa conocida como Los Sauces, donde se declaró incompetente después de procesar a la actual vicepresidenta. 
 
Lo mismo hizo con la denuncia de Alberto Nisman contra CFK y Héctor Timerman, conocida como la de "Memorándum", que ya había sido desestimada por Daniel Rafecas. Bonadio intentó fijar el delito de "traición a la patria" que la Cámara modificó. Durante el trámite le impidió a Timerman viajar a Estados Unidos para hacer su tratamiento contra el cáncer. Lo había procesado con prisión preventiva.
 
El forum shopping y la división de una causa en varias fueron otras de las estrategias que desplegó. Dictó muchas prisiones preventivas bajo la "doctrina Irurzun" y fue el quien firmó el pedido de desafuero de la entonces senadora.
 
En los tiempos que le tocó investigar el encubrimiento desplegado en la investigación original del atentado a la AMIA, Bonadio no había tenido ni la mitad del ahínco que se le vio en el caso del Memorándum. Protegió a funcionarios judiciales -entre ellos a su amigo el ex juez Juan José Galeano-- y ex funcionarios, entre ellos a su mentor Corach.
 
Tuvo cinco años cajoneada la causa, hasta que la Cámara Federal se la quitó, y pasó al juez Ariel Lijo. Paradoja si las hay, Nisman lo había denunciado a Bonadio en 2010. Lo acusaba de intentar apartarlo de la investigación del atentado a la AMIA en connivencia con Corach y el Fino Palacios.
 
Otros hitos de su biografía fueron la detención en 2003 de Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, a quienes les adjudicaba la desaparición de trece integrantes de Montoneros, una forma de resucitar la teoría de los dos demonios. Antes, en 2001, había asesinado en el barrio de Florida con su pistola Glock a dos jóvenes que habían querido asaltarlo cuando estaba con un amigo.
 
No es que Bonadio no haya tenido denuncias con pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Tuvo al menos 70. Pero siempre logró sortearlas con la protección de diversos sectores en el organismo, en especial sus colegas, el peronismo y la propia corporación judicial.
 
Hubo un grupo de denuncias que pintan su actuación en los años 90, como la causa que estiró por siete años sobre el vaciamiento del astillero Tandanor y otra por créditos irregulares que el Banco Nación le dio a la curtiembre Yoma, que duró casi una década. Toda una estrategia para conducir los expedientes a la prescripción.
 
La máxima consecuencia por aquellas acusaciones fue que le pusieron una multa del 30 por ciento de su sueldo, que igual la Corte después cuestionó.
 
Otro cajoneo de una década que le costó un pedido de remoción fue el caso donde debió investigar una denuncia de pacientes hemofílicos contagiados de VIH y hepatitis por transfusiones de sangre. Eran 1200 personas afectadas, algunas de las cuales fallecían por el paso del tiempo.
 
Pero ni este hecho, ni otros como haber utilizado el peritaje trucho del perito procesado por falso testimonio en la causa sobre GNL, le trajeron costos o consecuencias.
 
Tres de las denuncias que subsistían contra Bonadio, y que ahora caerán, estaban vinculadas con su actuación en la causa de los cuadernos; otra se la había hecho Oscar Parrilli, también por abusos en la instrucción de un caso en su contra y falsificación de testimonios.
 
El abogado de CFK, Carlos Beraldi, denunció que le impidió ingresar a un allanamiento en la casa de la ex presidenta. También lo denunció Gerardo Ferreyra. A la vez tenía acusaciones vinculadas a los últimos escándalos: el llamado "D'Alessio gate", la causa de espionaje que tramita ante Alejo Ramos Padilla y el manejo de la causa que se utilizó para atacar a aquella, llamada "operativo puf", basada en escuchas en el penal de Ezeiza, que Bonadio tomó como válidas.
 
Bonadio fue un hombre con ascendencia en Comodoro Py entre sus pares. Aún algunos que no lo querían comentaban tras su fallecimiento: "habrá sido un mal juez pero tenía huevos".
 
Así como sus superiores fueron alguna vez críticos de su actuación, en los últimos años le ofrecieron mayor respaldo, lo que se vio a las claras en el caso cuadernos y la utilización de la figura del arrepentido en acuerdos con el poder político.
 
Bonadio tuvo amistad con el ex presidente supremo Ricardo Lorenzetti, que allá por 2017 arengaba a los jueces federales a que avanzaran contra ex funcionarios del kirchnerismo. Una famosa foto de Bonadio y Lorenzetti junto con el actual ministro de justicia brasileño, Sergio Moro, resume el mensaje.
 
Moro era entonces juez, el magistrado que metió preso a Lula, y era traído como modelo a seguir por el Poder Judicial argentino. Lorenzetti ponía a Bonadio como juez ejemplar por rapidez en la causa por el accidente de Once, por la que terminaron varios ex funcionarios presos.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

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