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Nacionales - 05-02-2020 / 08:02
UN JUEZ ARBITRARIO

Bonadio: de la servilleta menemista a la persecución contra Cristina

Bonadio: de la servilleta menemista a la persecución contra Cristina
Armado de causas mellizas, relaciones promiscuas con grandes medios de comunicación y servicios de inteligencia fueron el denominador común de la conducta del temido titular del juzgado federal 11 al que Domingo Felipe Cavallo incluyó en famosa denuncia de la servilleta de los magistrados que respondían al menemista Carlos Corach. Por lo bajo, todos llamaban "La embajada" a su juzgado porque no regía la ley argentina. Tenía una obsesión con Cristina Fernández.
No hay dudas que el ex juez Claudio Bonadio fue un ejemplo de operador judicial y político desde Comodoro Py. Desde la servilleta del menemista Corach y el nombramiento como juez por Carlos Menem en 1994, fue denunciado más de 50 veces en el Consejo de la Magistratura por asociación ilícita, mal desempeño, protección a redes de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y crecimiento patrimonial injustificado.
 
La mayoría de estas denuncias fueron desestimadas gracias a sus privilegios de casta e incluso bajo la venia de gobiernos K, para pasar a ser en los últimos años una pieza central del macrismo en las causas contra el kirchnerismo. De extracción peronista (ortodoxa y derechista, para más datos), Bonadio cultivó, dentro del sector político, fluidas relaciones con personajes importantes de todos los gobiernos.
 
Su juzgado fue conocido como "La Embajada" porque allí no regían las leyes argentinas, sino las suyas. Sus propias reglas incluyeron arbitrariedades para impedir el acceso a expedientes a los abogados, negar fotocopias, ver o participar de peritajes, o la costumbre mantener relaciones "carnales" con medios de comunicación y promiscuas con los servicios de inteligencia y la habilidad de transformar decisiones políticas en presuntos delitos, como ocurrió con el caso "dólar futuro".
 
Lo mismo hizo con la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández y Héctor Timerman, conocida como la de "Memorándum", que ya había sido desestimada por Daniel Rafecas. Bonadio intentó fijar el delito de "traición a la patria" que la Cámara modificó. Durante el trámite le impidió a Timerman viajar a Estados Unidos para hacer su tratamiento contra el cáncer. Lo había procesado con prisión preventiva.
 
Su relación estrecha con el gobierno de Cambiemos no sólo se vieron en el caso Memorándum y en cuadernos, para perseguir a opositores. Bonadio sobreseyó sin indagarlos a los macristas Horacio Rodríguez Larreta y Guillermo Dietrich en una causa por irregularidades en la licitación del Paseo del Bajo.
 
El forum shopping, de conveniencia, y la división de una causa en varias fueron otras de las estrategias que desplegó. Dictó muchas prisiones preventivas bajo la "doctrina Irurzun" y fue el quien firmó el pedido de desafuero de la entonces senadora Cristina Fernández. Y llegó a citarla a 8 indagatorias en un mismo día. Había creado múltiples desprendimientos del caso cuadernos y así multiplicaba las acusaciones, varias por asociación ilícita, esa figura utilizada como comodín cuando no hay nada para sostener un delito específico.
 
Fue el máximo exponente de la utilización de la ley y los procedimientos judiciales para perseguir a aquellos que fueron considerados como enemigos del poder de turno, del uso lawfare en Argentina. Hasta logró que el bolillero electrónico que sortea las causas le asignara la mayoría de las que le interesaban para provocar algún impacto en la política. Bonadio aplicaba un criterio: "A los amigos, todas las facilidades; a los enemigos, todos los rigores". Un juez arbitrario.
 
La Opinión Popular

 
EL EXPONENTE POR EXCELENCIA DE LAWFARE EN ARGENTINA
 
Muerte de Bonadio: perfil del titular de "La embajada"
 
Nunca antes había habido tanta gente en la avenida Comodoro Py como el día que Cristina Fernández de Kirchner tuvo que presentarse a su primera indagatoria en la causa del "dólar futuro". Una marea humana había ido a darle apoyo. Claudio Bonadio lo hizo. Podía parecer un gol en contra para él y sin embargo parecía gozar de esa escena.
 
Empezaba una ofensiva que luego expandiría en un récord de procesamientos y prisiones preventivas, en causas que mágicamente le tocaban o se quedaba él.
 
Quizá fue el éxtasis en su ejercicio del poder que, sin embargo, tuvo muchas otras expresiones. Como el día que mandó a hacer un chequeo de llamadas entrantes y salientes de un corresponsal del Financial Times que había revelado el segundo escándalo de coimas en el Senado argentino y se negó a revelar sus fuentes, como ampara la Constitución.
 
O también, otro episodio recordado en los despachos de Retiro, cuenta que en una causa de drogas Bonadio había infiltrado -en acuerdo con el ex comisario Jorge Fino Palacios- a un hombre de manera encubierta y cuando todos los defensores presionaban para saber cómo había desarticulado la banda decidió sin más blanquearlo y tratarlo como a un acusado común: el "buchón" terminó preso y condenado.
 
Con esa misma lógica bien propia, en 1997 produjo un hecho memorable al citar a Diego Maradona y concederle una medida cautelar para que pudiera jugar tras un doping positivo.
 
Claudio Bonadio falleció a las 6.20 de la mañana en su casa, a los 64 años. Estaba con cuidados paliativos, producto del tumor en el cerebro que padecía. Había tramitado hacía tiempo su jubilación, pero seguía en el cargo con una evidente obsesión con las causas contra funcionarios del kirchnerismo.
 
Desde 1994 ocupaba el juzgado número 11 del fuero federal que montó Carlos Menem con jueces afines que eran nombrados a dedo sin escalas ni exámenes por el Poder Ejecutivo. Cuando escuchaba música sacra en la oficina sus empleados tenían la entrada prohibida.
 
Había trabajado con Carlos Corach en la Secretaría legal y Técnica y fue, de hecho, uno de los nombres que denunció Domingo Cavallo en la célebre servilleta donde dijo que el ex ministro del Interior había escrito los nombres de quienes garantizarían protección judicial.
 
Se reconocía como peronista y había trabajado antes en el Concejo deliberante porteño como asesor del bloque justicialista. Con el tiempo, quedó claro que Bonadío no se quedaría por siempre amarrado a sus mentores o al poder político de turno, sino que jugaba para Bonadío.
 
 
La embajada
 
Su juzgado fue conocido como "La Embajada" porque allí no regían las leyes argentinas, sino las suyas. Sus propias reglas incluyeron arbitrariedades para impedir el acceso a expedientes a los abogados, negar fotocopias, ver o participar de peritajes, o la costumbre mantener relaciones "carnales" con medios de comunicación y promiscuas con los servicios de inteligencia y la habilidad de transformar decisiones políticas en presuntos delitos, como ocurrió con el caso "dólar futuro".
 
Pero también artilugios que utilizó en los últimos años con asiduidad cuando agudizó sus intentos por lograr efectos políticos desde su poder como juez. Un ejemplo es la creación de causas mellizas. Lo hizo cuando la Cámara Federal lo apartó del caso Hotesur (por impedir a las defensas acceso a estudios periciales) y cuando recibió una denuncia por hechos casi análogos abrió otra causa conocida como Los Sauces, donde se declaró incompetente después de procesar a la actual vicepresidenta. 
 
Lo mismo hizo con la denuncia de Alberto Nisman contra CFK y Héctor Timerman, conocida como la de "Memorándum", que ya había sido desestimada por Daniel Rafecas. Bonadio intentó fijar el delito de "traición a la patria" que la Cámara modificó. Durante el trámite le impidió a Timerman viajar a Estados Unidos para hacer su tratamiento contra el cáncer. Lo había procesado con prisión preventiva.
 
El forum shopping y la división de una causa en varias fueron otras de las estrategias que desplegó. Dictó muchas prisiones preventivas bajo la "doctrina Irurzun" y fue el quien firmó el pedido de desafuero de la entonces senadora.
 
En los tiempos que le tocó investigar el encubrimiento desplegado en la investigación original del atentado a la AMIA, Bonadio no había tenido ni la mitad del ahínco que se le vio en el caso del Memorándum. Protegió a funcionarios judiciales -entre ellos a su amigo el ex juez Juan José Galeano-- y ex funcionarios, entre ellos a su mentor Corach.
 
Tuvo cinco años cajoneada la causa, hasta que la Cámara Federal se la quitó, y pasó al juez Ariel Lijo. Paradoja si las hay, Nisman lo había denunciado a Bonadio en 2010. Lo acusaba de intentar apartarlo de la investigación del atentado a la AMIA en connivencia con Corach y el Fino Palacios.
 
Otros hitos de su biografía fueron la detención en 2003 de Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, a quienes les adjudicaba la desaparición de trece integrantes de Montoneros, una forma de resucitar la teoría de los dos demonios. Antes, en 2001, había asesinado en el barrio de Florida con su pistola Glock a dos jóvenes que habían querido asaltarlo cuando estaba con un amigo.
 
No es que Bonadio no haya tenido denuncias con pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Tuvo al menos 70. Pero siempre logró sortearlas con la protección de diversos sectores en el organismo, en especial sus colegas, el peronismo y la propia corporación judicial.
 
Hubo un grupo de denuncias que pintan su actuación en los años 90, como la causa que estiró por siete años sobre el vaciamiento del astillero Tandanor y otra por créditos irregulares que el Banco Nación le dio a la curtiembre Yoma, que duró casi una década. Toda una estrategia para conducir los expedientes a la prescripción.
 
La máxima consecuencia por aquellas acusaciones fue que le pusieron una multa del 30 por ciento de su sueldo, que igual la Corte después cuestionó.
 
Otro cajoneo de una década que le costó un pedido de remoción fue el caso donde debió investigar una denuncia de pacientes hemofílicos contagiados de VIH y hepatitis por transfusiones de sangre. Eran 1200 personas afectadas, algunas de las cuales fallecían por el paso del tiempo.
 
Pero ni este hecho, ni otros como haber utilizado el peritaje trucho del perito procesado por falso testimonio en la causa sobre GNL, le trajeron costos o consecuencias.
 
Tres de las denuncias que subsistían contra Bonadio, y que ahora caerán, estaban vinculadas con su actuación en la causa de los cuadernos; otra se la había hecho Oscar Parrilli, también por abusos en la instrucción de un caso en su contra y falsificación de testimonios.
 
El abogado de CFK, Carlos Beraldi, denunció que le impidió ingresar a un allanamiento en la casa de la ex presidenta. También lo denunció Gerardo Ferreyra. A la vez tenía acusaciones vinculadas a los últimos escándalos: el llamado "D'Alessio gate", la causa de espionaje que tramita ante Alejo Ramos Padilla y el manejo de la causa que se utilizó para atacar a aquella, llamada "operativo puf", basada en escuchas en el penal de Ezeiza, que Bonadio tomó como válidas.
 
Bonadio fue un hombre con ascendencia en Comodoro Py entre sus pares. Aún algunos que no lo querían comentaban tras su fallecimiento: "habrá sido un mal juez pero tenía huevos".
 
Así como sus superiores fueron alguna vez críticos de su actuación, en los últimos años le ofrecieron mayor respaldo, lo que se vio a las claras en el caso cuadernos y la utilización de la figura del arrepentido en acuerdos con el poder político.
 
Bonadio tuvo amistad con el ex presidente supremo Ricardo Lorenzetti, que allá por 2017 arengaba a los jueces federales a que avanzaran contra ex funcionarios del kirchnerismo. Una famosa foto de Bonadio y Lorenzetti junto con el actual ministro de justicia brasileño, Sergio Moro, resume el mensaje.
 
Moro era entonces juez, el magistrado que metió preso a Lula, y era traído como modelo a seguir por el Poder Judicial argentino. Lorenzetti ponía a Bonadio como juez ejemplar por rapidez en la causa por el accidente de Once, por la que terminaron varios ex funcionarios presos.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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