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Nacionales - 05-02-2020 / 08:02
UN JUEZ ARBITRARIO

Bonadio: de la servilleta menemista a la persecución contra Cristina

Bonadio: de la servilleta menemista a la persecución contra Cristina
Armado de causas mellizas, relaciones promiscuas con grandes medios de comunicación y servicios de inteligencia fueron el denominador común de la conducta del temido titular del juzgado federal 11 al que Domingo Felipe Cavallo incluyó en famosa denuncia de la servilleta de los magistrados que respondían al menemista Carlos Corach. Por lo bajo, todos llamaban "La embajada" a su juzgado porque no regía la ley argentina. Tenía una obsesión con Cristina Fernández.
No hay dudas que el ex juez Claudio Bonadio fue un ejemplo de operador judicial y político desde Comodoro Py. Desde la servilleta del menemista Corach y el nombramiento como juez por Carlos Menem en 1994, fue denunciado más de 50 veces en el Consejo de la Magistratura por asociación ilícita, mal desempeño, protección a redes de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y crecimiento patrimonial injustificado.
 
La mayoría de estas denuncias fueron desestimadas gracias a sus privilegios de casta e incluso bajo la venia de gobiernos K, para pasar a ser en los últimos años una pieza central del macrismo en las causas contra el kirchnerismo. De extracción peronista (ortodoxa y derechista, para más datos), Bonadio cultivó, dentro del sector político, fluidas relaciones con personajes importantes de todos los gobiernos.
 
Su juzgado fue conocido como "La Embajada" porque allí no regían las leyes argentinas, sino las suyas. Sus propias reglas incluyeron arbitrariedades para impedir el acceso a expedientes a los abogados, negar fotocopias, ver o participar de peritajes, o la costumbre mantener relaciones "carnales" con medios de comunicación y promiscuas con los servicios de inteligencia y la habilidad de transformar decisiones políticas en presuntos delitos, como ocurrió con el caso "dólar futuro".
 
Lo mismo hizo con la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández y Héctor Timerman, conocida como la de "Memorándum", que ya había sido desestimada por Daniel Rafecas. Bonadio intentó fijar el delito de "traición a la patria" que la Cámara modificó. Durante el trámite le impidió a Timerman viajar a Estados Unidos para hacer su tratamiento contra el cáncer. Lo había procesado con prisión preventiva.
 
Su relación estrecha con el gobierno de Cambiemos no sólo se vieron en el caso Memorándum y en cuadernos, para perseguir a opositores. Bonadio sobreseyó sin indagarlos a los macristas Horacio Rodríguez Larreta y Guillermo Dietrich en una causa por irregularidades en la licitación del Paseo del Bajo.
 
El forum shopping, de conveniencia, y la división de una causa en varias fueron otras de las estrategias que desplegó. Dictó muchas prisiones preventivas bajo la "doctrina Irurzun" y fue el quien firmó el pedido de desafuero de la entonces senadora Cristina Fernández. Y llegó a citarla a 8 indagatorias en un mismo día. Había creado múltiples desprendimientos del caso cuadernos y así multiplicaba las acusaciones, varias por asociación ilícita, esa figura utilizada como comodín cuando no hay nada para sostener un delito específico.
 
Fue el máximo exponente de la utilización de la ley y los procedimientos judiciales para perseguir a aquellos que fueron considerados como enemigos del poder de turno, del uso lawfare en Argentina. Hasta logró que el bolillero electrónico que sortea las causas le asignara la mayoría de las que le interesaban para provocar algún impacto en la política. Bonadio aplicaba un criterio: "A los amigos, todas las facilidades; a los enemigos, todos los rigores". Un juez arbitrario.
 
La Opinión Popular

 
EL EXPONENTE POR EXCELENCIA DE LAWFARE EN ARGENTINA
 
Muerte de Bonadio: perfil del titular de "La embajada"
 
Nunca antes había habido tanta gente en la avenida Comodoro Py como el día que Cristina Fernández de Kirchner tuvo que presentarse a su primera indagatoria en la causa del "dólar futuro". Una marea humana había ido a darle apoyo. Claudio Bonadio lo hizo. Podía parecer un gol en contra para él y sin embargo parecía gozar de esa escena.
 
Empezaba una ofensiva que luego expandiría en un récord de procesamientos y prisiones preventivas, en causas que mágicamente le tocaban o se quedaba él.
 
Quizá fue el éxtasis en su ejercicio del poder que, sin embargo, tuvo muchas otras expresiones. Como el día que mandó a hacer un chequeo de llamadas entrantes y salientes de un corresponsal del Financial Times que había revelado el segundo escándalo de coimas en el Senado argentino y se negó a revelar sus fuentes, como ampara la Constitución.
 
O también, otro episodio recordado en los despachos de Retiro, cuenta que en una causa de drogas Bonadio había infiltrado -en acuerdo con el ex comisario Jorge Fino Palacios- a un hombre de manera encubierta y cuando todos los defensores presionaban para saber cómo había desarticulado la banda decidió sin más blanquearlo y tratarlo como a un acusado común: el "buchón" terminó preso y condenado.
 
Con esa misma lógica bien propia, en 1997 produjo un hecho memorable al citar a Diego Maradona y concederle una medida cautelar para que pudiera jugar tras un doping positivo.
 
Claudio Bonadio falleció a las 6.20 de la mañana en su casa, a los 64 años. Estaba con cuidados paliativos, producto del tumor en el cerebro que padecía. Había tramitado hacía tiempo su jubilación, pero seguía en el cargo con una evidente obsesión con las causas contra funcionarios del kirchnerismo.
 
Desde 1994 ocupaba el juzgado número 11 del fuero federal que montó Carlos Menem con jueces afines que eran nombrados a dedo sin escalas ni exámenes por el Poder Ejecutivo. Cuando escuchaba música sacra en la oficina sus empleados tenían la entrada prohibida.
 
Había trabajado con Carlos Corach en la Secretaría legal y Técnica y fue, de hecho, uno de los nombres que denunció Domingo Cavallo en la célebre servilleta donde dijo que el ex ministro del Interior había escrito los nombres de quienes garantizarían protección judicial.
 
Se reconocía como peronista y había trabajado antes en el Concejo deliberante porteño como asesor del bloque justicialista. Con el tiempo, quedó claro que Bonadío no se quedaría por siempre amarrado a sus mentores o al poder político de turno, sino que jugaba para Bonadío.
 
 
La embajada
 
Su juzgado fue conocido como "La Embajada" porque allí no regían las leyes argentinas, sino las suyas. Sus propias reglas incluyeron arbitrariedades para impedir el acceso a expedientes a los abogados, negar fotocopias, ver o participar de peritajes, o la costumbre mantener relaciones "carnales" con medios de comunicación y promiscuas con los servicios de inteligencia y la habilidad de transformar decisiones políticas en presuntos delitos, como ocurrió con el caso "dólar futuro".
 
Pero también artilugios que utilizó en los últimos años con asiduidad cuando agudizó sus intentos por lograr efectos políticos desde su poder como juez. Un ejemplo es la creación de causas mellizas. Lo hizo cuando la Cámara Federal lo apartó del caso Hotesur (por impedir a las defensas acceso a estudios periciales) y cuando recibió una denuncia por hechos casi análogos abrió otra causa conocida como Los Sauces, donde se declaró incompetente después de procesar a la actual vicepresidenta. 
 
Lo mismo hizo con la denuncia de Alberto Nisman contra CFK y Héctor Timerman, conocida como la de "Memorándum", que ya había sido desestimada por Daniel Rafecas. Bonadio intentó fijar el delito de "traición a la patria" que la Cámara modificó. Durante el trámite le impidió a Timerman viajar a Estados Unidos para hacer su tratamiento contra el cáncer. Lo había procesado con prisión preventiva.
 
El forum shopping y la división de una causa en varias fueron otras de las estrategias que desplegó. Dictó muchas prisiones preventivas bajo la "doctrina Irurzun" y fue el quien firmó el pedido de desafuero de la entonces senadora.
 
En los tiempos que le tocó investigar el encubrimiento desplegado en la investigación original del atentado a la AMIA, Bonadio no había tenido ni la mitad del ahínco que se le vio en el caso del Memorándum. Protegió a funcionarios judiciales -entre ellos a su amigo el ex juez Juan José Galeano-- y ex funcionarios, entre ellos a su mentor Corach.
 
Tuvo cinco años cajoneada la causa, hasta que la Cámara Federal se la quitó, y pasó al juez Ariel Lijo. Paradoja si las hay, Nisman lo había denunciado a Bonadio en 2010. Lo acusaba de intentar apartarlo de la investigación del atentado a la AMIA en connivencia con Corach y el Fino Palacios.
 
Otros hitos de su biografía fueron la detención en 2003 de Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, a quienes les adjudicaba la desaparición de trece integrantes de Montoneros, una forma de resucitar la teoría de los dos demonios. Antes, en 2001, había asesinado en el barrio de Florida con su pistola Glock a dos jóvenes que habían querido asaltarlo cuando estaba con un amigo.
 
No es que Bonadio no haya tenido denuncias con pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Tuvo al menos 70. Pero siempre logró sortearlas con la protección de diversos sectores en el organismo, en especial sus colegas, el peronismo y la propia corporación judicial.
 
Hubo un grupo de denuncias que pintan su actuación en los años 90, como la causa que estiró por siete años sobre el vaciamiento del astillero Tandanor y otra por créditos irregulares que el Banco Nación le dio a la curtiembre Yoma, que duró casi una década. Toda una estrategia para conducir los expedientes a la prescripción.
 
La máxima consecuencia por aquellas acusaciones fue que le pusieron una multa del 30 por ciento de su sueldo, que igual la Corte después cuestionó.
 
Otro cajoneo de una década que le costó un pedido de remoción fue el caso donde debió investigar una denuncia de pacientes hemofílicos contagiados de VIH y hepatitis por transfusiones de sangre. Eran 1200 personas afectadas, algunas de las cuales fallecían por el paso del tiempo.
 
Pero ni este hecho, ni otros como haber utilizado el peritaje trucho del perito procesado por falso testimonio en la causa sobre GNL, le trajeron costos o consecuencias.
 
Tres de las denuncias que subsistían contra Bonadio, y que ahora caerán, estaban vinculadas con su actuación en la causa de los cuadernos; otra se la había hecho Oscar Parrilli, también por abusos en la instrucción de un caso en su contra y falsificación de testimonios.
 
El abogado de CFK, Carlos Beraldi, denunció que le impidió ingresar a un allanamiento en la casa de la ex presidenta. También lo denunció Gerardo Ferreyra. A la vez tenía acusaciones vinculadas a los últimos escándalos: el llamado "D'Alessio gate", la causa de espionaje que tramita ante Alejo Ramos Padilla y el manejo de la causa que se utilizó para atacar a aquella, llamada "operativo puf", basada en escuchas en el penal de Ezeiza, que Bonadio tomó como válidas.
 
Bonadio fue un hombre con ascendencia en Comodoro Py entre sus pares. Aún algunos que no lo querían comentaban tras su fallecimiento: "habrá sido un mal juez pero tenía huevos".
 
Así como sus superiores fueron alguna vez críticos de su actuación, en los últimos años le ofrecieron mayor respaldo, lo que se vio a las claras en el caso cuadernos y la utilización de la figura del arrepentido en acuerdos con el poder político.
 
Bonadio tuvo amistad con el ex presidente supremo Ricardo Lorenzetti, que allá por 2017 arengaba a los jueces federales a que avanzaran contra ex funcionarios del kirchnerismo. Una famosa foto de Bonadio y Lorenzetti junto con el actual ministro de justicia brasileño, Sergio Moro, resume el mensaje.
 
Moro era entonces juez, el magistrado que metió preso a Lula, y era traído como modelo a seguir por el Poder Judicial argentino. Lorenzetti ponía a Bonadio como juez ejemplar por rapidez en la causa por el accidente de Once, por la que terminaron varios ex funcionarios presos.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
La Opinión Popular
 

10-12-2025 / 09:12
La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.
 
Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
 
Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios urbanos y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.
 
Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.
 
Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.
 
Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.
 
Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.
 
Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
 
"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.
 
Para armas, plata hay. De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados a EEUU? Las pelotas... A Milei, los yanquis lo toman de gil.

 

 

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