18:19 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 02-02-2020 / 11:02

CAMBIARÁ LA REPOSERA POR EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Los juicios por corrupción que afrontará Macri este año

En días, la justicia debería avanzar sobre los gravísimos casos de corrupción en los que está involucrado Mauricio Macri, su grupo empresario y los funcionarios que lo rodean. Los escándalos suman, como mínimo, 11.000 millones de pesos. Abarcan la deuda en el Correo --que data de 2001, hace 18 años--, en la que se intentó una maniobra para esconder y cancelar no menos de 4.800 millones de pesos. También figura la irregular compra de parques eólicos y la inmediata venta con una ganancia para la familia presidencial de 2.760 millones de pesos.

Se habla mucho de la asunción en la FIFA Foundation, de la confortabilidad de las oficinas en Suiza y los viajes privilegiados. Sin embargo, Mauricio Macri afronta una realidad más inmediata: este lunes se reinicia la actividad judicial después de la feria y en el horizonte del ex presidente aparece la probabilidad de que lo citen a indagatoria en dos, tres y hasta más causas.

En días, la justicia debería avanzar sobre los gravísimos casos de corrupción en los que está involucrado Mauricio Macri, su grupo empresario y los funcionarios que lo rodean. Los escándalos suman, como mínimo, 11.000 millones de pesos. Abarcan la deuda en el Correo --que data de 2001, hace 18 años--, en la que se intentó una maniobra para esconder y cancelar no menos de 4.800 millones de pesos. También figura la irregular compra de parques eólicos y la inmediata venta con una ganancia para la familia Macri de $2.760 millones.

En la maniobra tramposa utilizaron sociedades armadas incluso en Luxemburgo y un insólito préstamo de 5 millones de dólares al hermano presidencial. En el listado aparecen las manipulaciones con la participación del Grupo Macri en Ausol, la empresa más importante de peajes. De ese negociado se llevaron, también irregularmente, 2.300 millones de pesos, después de aumentar el peaje 250 por ciento, la acción que vendieron pasó de 4 pesos a 75,50 pesos.

Si los parámetros de Comodoro Py fueran, y no lo son, mínimamente equilibrados, podría haber procesamientos e incluso prohibiciones de salida del país o tal vez la cárcel, con lo que el plan suizo quedaría en veremos.

En el expediente por los peajes, están probadas las maniobras del Grupo Macri, que no sólo logró que la administración Macri le pague una indemnización de 500 millones de dólares, sino que le otorgó una renovación dudosísima del contrato de concesión. La jugada la hizo el Grupo Macri, pero no aparece una firma de Macri: Mauricio es accionista, no director, y en el gobierno no firmó él, sino Michetti.

En los parques eólicos pasa algo similar: el Estado al mando de Macri concretó seis adjudicaciones a una empresa española en crisis, con deudas con el Banco Nación e historia de estar asociado al Grupo Macri. Luego Isolux --la española-- le vendió los parques a empresas creadas por el contador del Grupo Macri y éste mayoritariamente a un grupo chino. En el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares, todo a través de sociedades extrañas y, por supuesto, sin la firma de Mauricio. Eso sí, al hermano Gianfranco una de estas empresas le prestó (¿le prestó?) 5 millones de dólares.

En paralelo está también el expediente penal del Correo que debería transitar por momentos decisivos, transcurridos cuatro años de aquella negociación espuria entre el Estado Macri y el Grupo Macri y cuando la deuda tiene ya 18 años de vencida. El juez está esperando un demoradísimo peritaje. Comodoro Py produce estas curiosidades.

La Opinión Popular

Rutas

El expediente que tiene que ver con los peajes de la Panamericana debería retomar el envión este lunes. Lo instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal es el procesado Carlos Stornelli. Según sugieren en el edificio de Retiro, todo está avanzado y probado, pero... el argumento es que Mauricio sólo es accionista y las acusaciones penales se centran en los que firman. Del lado del Estado, Macri les hizo firmar las decisiones a su vicepresidenta, Michetti, y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. La cuestión que debe definir Canicoba es si amortigua la responsabilidad de un presidente hacerles firmar a sus subordinados directos.

Esta es la secuencia:

* El Grupo Macri y aliados armó una denuncia trucha contra el Estado argentino en el CIADI, el tribunal que depende del Banco Mundial. El reclamo fue por mil millones de dólares. Argumentó pérdidas que no se demostraron.

* En realidad la denuncia tenía pocas chances en el CIADI porque no estaba cumplido todo el recorrido de demandas en el fuero administrativo en la Argentina, requisito indispensable en el CIADI.

* A poco de asumir Macri, se fingió culpabilidad y un arreglo por 500 millones de dólares. El argumento fue que "la Argentina se ahorro 500 millones".

* Al mismo tiempo ocurría que se vencían las concesiones, pero la administración Macri las extendió, argumentando que eso fue parte de la negociación. En esta última maniobra intervino el ex titular de Vialidad Javier Iguacel.

* El gobierno de Macri aumentó las tarifas de manera descomunal: sólo en 2017 el incremento fue del 120 por ciento. La acción de Ausol (Autopista Panamericana) paso de tres pesos a 75 pesos, según se acredita en el expediente. Y ahí el Grupo Macri vendió su parte. El socio de Mauricio en este negocio fue el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

* Hay un dato curioso, ni el ex procurador del Tesoro Carlos Balbín, ni el ex ministro Nicolás Dujovne quisieron firmar una parte de estos movimientos.

* Y otro dato llamativo es que cuando Cambiemos ya había perdido las elecciones, Laura Alonso, por la Oficina Anticorrupción, y Mariano Federici, por la Unidad de Investigación Financiera, intentaron presentarse en la causa. Canicoba no lo permitió.

La pelota está ahora en la cancha del juez. Debe decidir. Y, sobre todo, tiene que resolver si la inexistencia de firmas del ex presidente es motivo suficiente para hacerlo zafar. En Comodoro Py afirman que Macri no la tiene fácil.

Viento

El expediente de los parques eólicos lo instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Eduardo Taiano, el mismo del caso Nisman.

En Comodoro Py dicen que las licitaciones de parques eólicos no son como las demás: no es que el Estado pone algo propio y los privados ofrecen comprarlo o construirlo o brindar el servicio. En parques eólicos los privados ofrecen venderle energía al Estado a partir de molinos y terrenos de los privados.

Aun así, lo concreto es que la administración Macri aceptó el ofrecimiento y le otorgó seis parques eólicos a la española Isolux--Corsan, un tradicional socio del Grupo Macri. La empresa tenía varias denuncias por corrupción en España y una deuda con el Banco Nación, por lo cual no debió ser tenida en cuenta.

La denuncia fue presentada por los diputados del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade y Martín Doñate y la secuencia es la siguiente:

* La administración Macri aceptó la oferta de Isolux por cuatro parques eólicos en Chubut.

* Cuando ni se habían puesto en marcha, Isolux se los vendió a empresas recientemente creadas por el histórico contador de los Macri, Mario Payaslian, según descubrió la periodista de Perfil, Emilia Delfino.

* Pero aún después que se declarara la crisis de Isolux, la administración Macri le adjudicó otros dos parques, Loma Blanca VI en Chubut y Miramar en Provincia de Buenos Aires.

* Todo terminó en manos de las extrañas empresas de Payaslian y luego cinco de los parques fueron vendidos a una empresa china, Goldwin, y el restante a la ítalo--argentina Genneia.

* En el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares.

* Una de las empresas extrañas, Usir, le hizo un préstamo de cinco millones de dólares a Gianfranco Macri, en lo que más bien parece un adelanto de ganancias.

* El juez levantó el secreto fiscal respecto de Gianfranco que, como se sabe, optó por irse a vivir a Uruguay.

* En el medio de estas jugadas aparece una sociedad, Raimbow Finances, creada en Luxemburgo, con siete socios, y dos cuentas vinculadas al Grupo Macri en Estados Unidos.

* El ex ministro de Energía Juan José Aranguren se desvinculó de estas maniobras, aunque parece que declaró a favor de Macri en el expediente.

En el juzgado hay un manifiesto silencio, pero las versiones indican que habrá llamados a indagatoria. El jefe del clan, Mauricio, tampoco aparece firmando nada y habrá que ver cómo lo evalúa el juez: parece evidente que nada se hizo sin su visto bueno, tanto en el Estado como del lado del Grupo Macri.

Correo

En el mes de febrero estaría terminado el peritaje que ordenó la Cámara Federal y que mandó a hacer el juez Ariel Lijo sobre el perjuicio para el Estado que representaba el fallido acuerdo entre la administración Macri y el Grupo Macri. La causa penal se concentra en esa maniobra que, según denunció la fiscal Gabriela Boquin, significaba una pérdida de miles de millones de pesos. Fue tan grosera la jugada que el propio ex presidente dijo en su momento que había que volver todo para atrás, "a fojas cero".

Lijo ya les tomó indagatoria a cuatro imputados que fueron los que aparecieron dando la cara, el ex ministro Oscar Aguad, el director de Jurídicos, Juan Mocoroa, el titular del Correo, Jaime Cibils, y el histórico apoderado de los Macri, Jaime Kleidermacher.

Nuevamente, la cuestión es que Macri no aparece firmando nada, pero es el protagonista de la historia, a ambos lados del mostrador.

El trascendido es que Lijo resolverá los procesamientos relativamente rápido, pero, al menos hasta ahora, no parece probable que avance sobre el ex presidente.

Lagos

Tras la insólita designación en la FIFA, Macri tiene por delante el escenario de montañas y lagos de Suiza y el manejo de los mil millones de dólares de presupuesto de la fundación.

No está claro si en las oficinas de Comodoro Py habrá alguien que lo saque de las sombras de los expedientes y arruine la postal, porque está claro dónde residía el poder en el Estado y dónde sigue estando el poder en el Grupo Macri.

Las respuestas se empiezan a escribir este lunes.

Por Raúl Kollmann

Fuente: Página12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular