concluyó el jefe de la bancada oficialista.
 
Antes de cerrar, Negri defendió a Macri y exigió que el Gobierno presente su proyecto de presupuesto en el Congreso. De todas maneras ratificó el respaldo a la iniciativa oficial. "Estamos al lado del Gobierno para lo que necesite en la renegociación de la deuda", dijo.
'/> Diputados aprobó la renegociación de la deuda con un apoyo abrumador / La Opinión Popular
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                  08:00  |  Domingo 16 de Noviembre de 2013  |  Entre Ríos
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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 30-01-2020 / 07:01
CON EL RESPALDO DE LA OPOSICIÓN

Diputados aprobó la renegociación de la deuda con un apoyo abrumador

Diputados aprobó la renegociación de la deuda con un apoyo abrumador
La Cámara de Diputados le dio media sanción y un respaldo abrumador al proyecto que faculta al Gobierno a renegociar la deuda en dólares con los acreedores privados bajo jurisdicción extranjera. Con 224 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención se dio media sanción a la “Ley de Restauración de Sustentabilidad de la Deuda Pública emitida bajo ley extranjera”, según la nueva denominación del proyecto aceptada por el oficialismo para ceñir los términos de la negociación que estará a cargo del Ejecutivo.
La Cámara de Diputados le dio media sanción y un respaldo abrumador al proyecto que faculta al Gobierno a renegociar la deuda en dólares con los acreedores privados bajo jurisdicción extranjera. Con 224 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención se dio media sanción a la "Ley de Restauración de Sustentabilidad de la Deuda Pública emitida bajo ley extranjera", según la nueva denominación del proyecto aceptada por el oficialismo para ceñir los términos de la negociación que estará a cargo del Ejecutivo.
 
El respaldo político no estuvo exento de un fuerte debate sobre el endeudamiento externo y las responsabilidades de los distintos gobiernos. En el cierre del debate, el jefe de bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, no dudó en apuntar contra la administración de Cambiemos por la toma de deuda y la "curva de vencimiento de la deuda que la torna insustentable".
 
También criticó duramente el intento del ex presidente Mauricio Macri de deslindar su responsabilidad en sus ex funcionarios, como dijo en su descanso en Villa de la Angostura. Máximo K también recogió el guante y propuso --como reclamó la oposición-- poner en marcha la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa para esclarecer las responsabilidades.
 
Desde Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri buscó minimizar la responsabilidad de la alianza por el endeudamiento externo y buscó extenderla y diluirla entre todas las fuerzas que gobernaron desde la restauración democrática.
 
Dijo que Cambiemos se hizo cargo del pago a los fondos buitre que litigaron en los Estados Unidos y sostuvo que la ley no era necesaria porque el Gobierno tiene las herramientas suficientes en la Ley de Administración Financiera, pero que respaldaban la iniciativa como gesto de apoyo a la nueva administración nacional.
 
"Se endeudó el país de una manera irresponsable: se tomó deuda a razón de más de 30 mil millones de dólares todos los años, y coronaron con el FMI con 44 mil millones de dólares", le endilgó Máximo Kirchner a la gestión macrista.
 
"Lo que tienen que hacer la Argentina y sus representantes en esta negociación es cerrar los números con la gente adentro. Simplemente eso. Tenemos que decirle 'nunca más' a la deuda externa y empezar a diagramar una política económica que elimine este problema de la sociedad", concluyó el jefe de la bancada oficialista.
 
Antes de cerrar, Negri defendió a Macri y exigió que el Gobierno presente su proyecto de presupuesto en el Congreso. De todas maneras ratificó el respaldo a la iniciativa oficial. "Estamos al lado del Gobierno para lo que necesite en la renegociación de la deuda", dijo.

 
El debate
 
Los cierres del oficialismo y de la principal bancada opositora reflejaron las intervenciones que unos y otros mantuvieron a lo largo del debate.
 
Por un lado, la decisión del grueso de los diputados y de las bancadas de respaldar el proyecto de ley del Gobierno para la renegociación de la deuda externa: 224 votos a favor que aportaron el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques federales y monobloques provinciales. Los dos votos en contra fueron del FIT; y hubo una abstención del socialismo santafesino.
 
Por otro lado, las diferencias de matices y señalamientos de responsabilidades sobre el endeudamiento.
 
Desde el FdT insistieron en la crisis de endeudamiento generada durante la gestión macrista. Carlos Heller remarcó que la carga de la deuda "es insostenible, hipoteca el futuro de los argentinos y ha contribuido a acrecentar la pobreza y el desempleo".
 
El presidente de la comisión de Presupuesto puso números: afirmó que entre 2015 y 2019 la relación deuda-PBI aumentó del 48,6 al 90,9 por ciento; que los servicios totales, intereses más amortizaciones, pagados anualmente se cuadriplicaron y pasaron de un 10 al 40 por ciento del PBI. Que aumentó la tasa de interés promedio ponderada, que era en 2015 de 5,5 en 2019 llegó a 7,26.
 
Sobre esos datos sostuvo la necesidad de la reestructuración de la deuda. "Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana. Derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas", sentenció Heller.
 
"Todo el proceso de drenaje de divisas se sostuvo sobre la base de un profundo sobreendeudamiento externo que es el que hoy nos coloca en la necesidad de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública argentina, que no solo por el importante crecimiento de su volumen, sino por la condensación de sus vencimientos en un período de tiempo muy corto, que va de 2020 al año 2023, la tornan lisa y llanamente impagable", agregó la presidenta de la comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos.
 
El interbloque de Juntos por el Cambio buscó deslindar responsabilidades del gobierno macrista. El radical chubutense Gustavo Menna fue uno de los que asumió ese rol: sostuvo que la ley es "superflua desde lo jurídico" y remarcó: "No estamos hablando de deuda externa contraída durante la gestión del gobierno de Cambiemos. Es deuda que ha signado toda la historia argentina y lleva la responsabilidad y la actuación de prácticamente todos los gobiernos que se han sucedido durante nuestra historia", afirmó Menna y volvió a cuestionar el artículo 3 del proyecto sobre la "prórroga de jurisdicción a los tribunales extranjeros".
 
Un tema que refutó el subprocurador del Tesoro Nacional, Sebastián Soler, en el plenario de comisiones cuando le recordó a Menna que los bonos emitidos ya tenían esa prórroga de jurisdicción.
 
Heller también salió al cruce de los argumentos macristas. Recordó que los bonos de 2005 y 2010, son parte de la reestructuración tras el default de 2001, que tuvieron una quita del 75 por ciento y que los gobiernos kirchneristas "no tomaron deuda".
 
El salteño Andrés Zottos del Interbloque Federal (lavagnista) también reclamó la participación de las provincias en las decisiones. Fue entonces, que Elisa Carrió intervino para intentar moderar las críticas. La líder de la CC pidió el "respaldo a la negociación" porque los negociadores "están solos".
 
Carrió reclamó "darle poder político al negociador" y "no ser mezquinos y no hablar demás". "Es nuestro deber tener cuidado porque los abogados de los bonistas anotan cada palabra que uno dice y eso después figura en las sentencias", aseguró. Alejados de los pedidos de Carrió, muchos de sus socios políticos no dudaron en cargar contra el Gobierno. El mendocino Omar De Marchi fue de los más encendidos.
 
Antes de su voto en contra, los diputados del FIT acusaron al oficialismo y a JpC de pactar" el pago de una deuda "ilegal, ilegítima y fraudulenta".
 
Por Miguel Jorquera
 
Fuente: Página12
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

La Opinión Popular


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