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Entre Ríos - 28-01-2020 / 10:01
AUMENTO SALARIAL A DOCENTES

La Agrupación Rojo y Negro de AGMER exige al gobierno que abone la "cláusula gatillo"

La Agrupación Rojo y Negro de AGMER exige al gobierno que abone la
La Agrupación Rojo y Negro, que conduce 5 de las 17 seccionales del mayor sindicato docente de la provincia, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) demanda al Gobierno provincial para que cumpla con el acuerdo paritario de principios de 2019 y abone "en tiempo y forma" el aumento por cláusula gatillo correspondiente al índice inflacionario del último trimestre del año último.
 
Primero fue la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Y ahora, la Agrupación Rojo y Negro, que conduce 5 de las 17 seccionales del mayor sindicato docente de la provincia, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
 
La demanda es la misma: la exigencia al Gobierno provincial para que cumpla con el acuerdo paritario de principios de 2019 y abone "en tiempo y forma" el aumento por cláusula gatillo correspondiente al índice inflacionario del último trimestre del año último.
 
"Conocida la inflación del mes de diciembre y según lo establecido en el acta paritaria firmada el año pasado, el gobierno de la provincia de entre Ríos debería efectivizar con el salario de enero, el pago del 11,7% correspondiente a la diferencia inflacionaria de los meses de octubre, noviembre y diciembre", reclamó la Rojo y Negro. 
 
 
"Volvería a cometerse el mismo atropello con el sector de trabajadores docentes sino se cumple con lo firmado en Paritarias Salariales. En la misma quedó específicamente expresado que con los haberes de enero se iban a recibir los porcentajes establecidos según la inflación", indicó.
 
La advertencia de la agrupación sindical tiene que ver con lo que ocurrió con el anterior "gatillo", del trimestre julio, agosto y septiembre, que se pagó por planilla complementaria en la segunda quincena de noviembre y no con los haberes de octubre. Por eso, la Rojo y Negro dijo que el Gobierno provincial "incumplió pagando por complementaria (diez días después) lo que correspondía pagar con el salario de octubre. Las pérdidas salariales acumuladas en los últimos años no dan tregua a los bolsillos de los trabajadores ubicándolos en una gran mayoría por debajo de la línea de pobreza. Instamos a la dirigencia de nuestro sindicato a no dejar que esto vuelva a ocurrir y a utilizar todos los mecanismos legales y políticos para hacer cumplir los acuerdos salariales".
 
El Índice de Precios al consumidor aumentó 3,7% durante diciembre y acumuló una suba del 53,8% durante todo el 2019, la inflación más alta desde 1991, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En Entre Ríos, los salarios en el Estado le ganaron a la inflación, ya que la recomposición acumulada fue del 57,2%.
 
El dato resulta relevante para conocer cómo será el cierre de la paritaria salarial para docentes y estatales en la provincia en función del índice inflacionario del último trimestre de 2019. El acumulado según el Indec da el 11,3%: octubre (3,3%), noviembre (4,3%) y diciembre (3,7%). Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) evaluaron que el índice por cláusula gatillo, a cobrarse con los salarios de enero -primeros días de febrero-, podría estar en torno al 11%.
 
En mayo, cuando el Gobierno entrerriano cerró la paritaria con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) -antes, en abril, lo había hecho con los docentes-, fijó un aumento del 22 %, del cual 10 % ya se había liquidado y el restante 12 % se abonó con los haberes de mayo. A la vez, se contempló un reconocimiento por el efecto de la inflación para el resto del año, en forma trimestral.
 
Docentes y estatales cobrarán con los salarios de enero la última recomposición por cláusula gatillo -esto es, un incremento para recuperar lo perdido por inflación- y entonces lo que seguirá será la apertura de una nueva negociación salarial en la provincia.
 
En el caso de los docentes, el acuerdo fue producto de una negociación extensa, que se dirimió en la Justicia.
 
El miércoles 24 de abril, el congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que ese día sesionó en Larroque, departamento Gualeguaychú, aceptó la última oferta salarial presentada por el Gobierno en el marco de la negociación paritaria que se desarrolló, desde el 22 de marzo, en el despacho de la jueza laboral Gladys Beatriz Pinto, que había dictado la conciliación obligatoria a pedido del Gobierno.
 
La discusión en el congreso de Larroque giró en torno a la última oferta salarial del Gobierno, un aumento del 22% -10% ya percibido en marzo, más otro 12% en mayo, y una cláusula gatillo de revisión para julio en función del índice inflacionario de los primeros seis meses-, y la certeza de que en el segundo semestre se sumarían "gatillos" trimestrales, con revisiones automáticas del salario en octubre y en enero de 2020. Los docentes ya recibieron la actualización en julio y en octubre (se percibió en los primeros días de noviembre). Resta ahora conocer el índice inflacionario del último mes del año, para actualizar los salarios según la variación del trimestre octubre-noviembre y diciembre. Esa diferencia se abonará con los salarios de enero, a principios de febrero próximo.
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 
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25-02-2020 / 17:02
La conocida ley de Murphy se basa en el adagio: "Si algo malo puede pasar, pasará". Esta frase, que denota una actitud bastante pesimista ante el devenir de acontecimientos futuros, puede aplicarse a todo tipo de situaciones, desde las más triviales de la vida cotidiana hasta las más trascendentes.
 
Todo lo que podía complicarse en este verano, se complicó. Las principales banderas que había levantado la gestión de Gustavo Bordet durante su primer período, como el equilibrio fiscal y la buena relación con los gremios, pueden entrar en zona de turbulencia en el inicio del segundo. Ahora el escenario es de restricciones financieras. A la actual gestión no le sobra dinero; le faltan recursos.
 
Los salarios de los estatales comprenden el capítulo que más desvela al Ejecutivo provincial. Sobre todo, las consecuencias de la cláusula gatillo y la dificultad para reunir los fondos para cubrir la planilla salarial de los empleados públicos y docentes. A esto se suman el inicio de las discusiones salariales para este año.
 
Hasta en los gremios más cercanos al peronismo, las bases comenzaron a presionar para que los reclamos se endurezcan. Inclusive, UPCN provincial reclama la apertura de la paritaria y se declara en estado de "alerta y movilización". Sería insólito ver al secretario general, José Allende, al frente de un acto la Casa Gris y con amenaza de paro.
 
Además, los tiempos apremian y el comienzo del calendario escolar se acerca. En tanto, el ministro de Economía, Hugo Ballay, lleva adelante las negociaciones más difíciles. El funcionario fue claro: la situación es complicada en el escenario local, pero también en el nacional. El Gobierno local subraya permanentemente las recomposiciones que hubo en años anteriores, las que entiende como indiscutiblemente beneficiosas para los trabajadores, porque cubrieron la inflación.
 
El Ejecutivo provincial se monta en las negociaciones salariales nacionales con el sector docente; no las definirá a nivel local sin esas pautas. El resto de los gremios estatales esperan convocatorias. Lo que no termina de quedar claro, en relación a la cláusula gatillo, es si será suspendida o eliminada. Se está conversando y se analizarán opciones. Aunque se ponderó las mejoras que implicó mientras estuvo vigente, en el país ya no se aplicaría.
 
La cláusula gatillo vive en el reclamo sindical, pero desapareció del diccionario gubernamental. La Casa Gris se plegaría a la ola nacional, esa que le dio el certificado de defunción a la cláusula, y que ahora promueve acuerdos cortos: trimestrales o semestrales, con porcentajes fijos. ¿Habrá conflictos?
 
La ley de Murphy capta la tendencia general a enfatizar las cosas negativas que pueden ocurrir; y es habitualmente formulada en su variante "Si algo puede salir mal, saldrá mal". Su espíritu conlleva el principio de diseño defensivo: el anticipar los errores que el funcionario pueda cometer, para que no estallen conflictos que dañen la gestión y afecten la gobernabilidad.
 
La Opinión Popular

25-02-2020 / 10:02
 
Un claro ejemplo de la administración macrista en la obra pública es lo que ocurrió con Entre Ríos, un provincia que no era manejada por Cambiemos y una ruta en la que aparecía una empresa "sospechada de kirchnerismo".
 
Ocurrió con la Ruta Nacional 18, que atraviesa toda la provincia de Entre Ríos, desde Paraná hasta Concordia. Es una ruta esencial y la licitación consistía en construir dos vías en cada sentido, algo fundamental.
 
Los trabajos estaban adjudicados a la Unión Transitoria de Empresas integrada por CPC y Rovella Carranza, con un presupuesto aprobado de 1.380 millones de pesos. En febrero de 2016 la obra tenía un avance del 40 por ciento.
 
CPC es la constructora que encabezan Cristóbal López y Fabián De Sousa, de manera que por esa sola razón suspendieron las obras. Los trabajos no sólo se paralizaron, sino que se cajonearon los trámites pendientes y nunca se resolvieron.
 
Pasaron casi cuatro años. Quienes estuvieron cerca del caso afirman que las autoridades simplemente dijeron "no está en nuestro interés" y levantaron hasta las inspecciones, o sea que sacaron a la persona encargada de evaluar los avances.
 
El informe de Vialidad dice: "obras paralizadas sin ningún trámite técnico asociado". O sea, sin ninguna justificación de ninguna naturaleza. Ni siquiera se adujeron sobreprecios o maniobras de alguna índole. Tampoco se hizo una presentación judicial ni se cuestionó nada de la licitación o los contratos. Desde febrero de 2016, nada de nada.
 

24-02-2020 / 08:02
24-02-2020 / 08:02
23-02-2020 / 11:02
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