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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 23-01-2020 / 08:01

La política macrista en torno a la muerte de Nisman

La política macrista en torno a la muerte de Nisman
El sábado pasado apenas se reunieron unos pocos centenares de personas de edad avanzada y de barrios ricos de la Capital Federal. Quedó sí un grupo de fanáticos inspirados por Elisa Carrió y Patricia Bullrich insultando a Cristina como si fuera la asesina. Entre ellos un artista decadente que protagonizó buenas películas, pero ahora en su vida real se comporta como un pelotudo.
La última marcha por Alberto Nisman, convocada por sectores de Juntos por el Cambio esta vez fue sin el apoyo de fiscales ni de la DAIA, ni de la AMIA, ni del mismo Mauricio Macri, como en aquella de febrero de 2015, la llamada "marcha de los paraguas".
 
Por eso no podría decir cuál grado de adhesión ha tenido la convocatoria, pero no es difícil intuirlo; por lo pronto decir que representa la estrategia de los sectores radicalizados del macrismo que niegan, no ya la colaboración, sino el diálogo con el gobierno de Alberto Fernández y que encuentran en la muerte de Nisman, un tabla de sobrevivencia.
 
A la marcha primigenia, la de 2015 que alentaba la hipótesis de un asesinato, adhirió Macri quien concurrió acompañado por su esposa: fue su primer acto de campaña.
 
La afirmación puede sonar temeraria, sin embargo las tragedias han estado vinculadas al ascenso del macrismo desde sus orígenes porteños y allí emerge el recuerdo de Cromañón. Es difícil pensar una victoria del ex presidente en aquella ocasión para Jefe de Gobierno, sin la estela política que arrojó la tragedia del local del barrio de Once y los dos centenares de jóvenes muertos.
 
Así, dos tragedias de distinta magnitud están presentes en los umbrales de la llegada al poder de esta fuerza política; es cierto que su existencia precede a ambas, pero no es menos relevante que los dos hechos fueron procesados discursivamente por Macri y su entorno de cara a una contienda electoral.
 
A falta de una mirada en pos de la inclusión social, ante la ausencia de una comunicación sustantiva con los sectores populares e incluso con parte de la clase media, el macrismo encontró en esas tragedias (también con la ferroviaria en la Terminal de Once) un modo de construir un relato político retomando el dolor que esas muertes produjeron en las sensibilidades, mucho más que en las razones.
 
El objetivo no fue generar un discurso político en los términos tradicionales, esto es elaborar un Programa de Propuestas de Políticas Públicas que superaran esa situación y que abrieran el camino a un horizonte donde hechos de ese tipo no se repitieran y a la vez garantizar justicia sobre lo ocurrido.
 
En ese sentido no deja de llamar la atención que en cuatro años donde el macrismo manejó buena parte de los recursos institucionales del Estado, no logró un sólo avance significativo en la causa ¿No era una tragedia a atender? ¿No fueron a la "marcha de los paraguas" porque el gobierno aquel impedía la investigación?
 
Desde luego, las dificultades partieron de un hecho: es muy probable que el fiscal haya decidido quitarse la vida y entonces la tragedia cobra otra dimensión, alejándose de culpabilidades hacia otros actores. El discurso construido en torno de una suposición, cuyos resultados efectivos no se discuten, queda a la intemperie, debilitada y erosionada frente a hechos que no aparecen.

 
¿Es común que una muerte genere una dinámica política tan intensa que logre sobrevivir nada menos que cinco años? Hace esa cantidad de tiempo que Alberto Nisman, fiscal encargado de la investigación sobre el atentado en la AMIA, fue hallado sin vida por su madre y unas pocas personas en su departamento.
 
Desde ese trágico momento una muerte se convirtió en uno de los hechos políticos más relevantes de los últimos años. A tal punto que en 2020 los argumentos esgrimidos en 2015 parecen sobrevivir con la misma intensidad; sin embargo, en el trayecto hemos asistido a muchos cambios: de gobiernos, de carátulas, de abogados, de argumentos; que cinco años después estemos inmersos en algunas de esas mismas instancias, seguro nos señala algo de nuestro sistema político, de cómo y dónde se construyen argumentos y sentidos para desarrollar la praxis política y, más concretamente, para encarar una campaña electoral. Una muerte violenta es un hecho impactante y en ocasiones la falta de ideas demanda el uso de estos recursos.
 
Sin dudas la muerte del fiscal Nisman, por lo traumática, por las circunstancias y contexto en los que ocurrió, generó un notable impacto político. Y lo fue en particular porque la historia argentina reciente no tiene hechos de estas características; me refiero a la muerte vinculada a lo político.
 
El pacto no escrito de 1983 estableció que la violencia no sería una práctica para dirimir poder. Desde luego se hizo presente con los carapintadas (1987-1990), el ataque al regimiento de La Tablada (1989), la represión estatal sobre la protesta que alcanzó su punto más crítico en diciembre de 2001 y Puente Pueyrredón, la desaparición de Julio López (2006) y la escalada represiva que se vivió en el gobierno que acaba de concluir.
 
A ellos debemos sumar dos hechos trágicos cuyos responsables muy probablemente sean externos a nuestro país: los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la sede de la AMIA (1994).
 
Vale la pena esta breve enumeración para observar que en 36 años de vida democrática el uso de la violencia no fue la regla y que el crimen político ha sido prácticamente inexistente.
 
Todos los hechos políticos ocurren en un contexto histórico, encauzados por una práctica que la sociedad toda comienza a procesar e incluso a validar.
 
Lo que observamos en este período (en particular respecto de la década del 70) es que los actores políticos y sociales eludieron incluir la eliminación física de adversarios o enemigos. Ese contexto no es un dato menor, por el contrario es el signo de una época.
 
Y la muerte de Alberto Nisman, sucedió en ese marco en tiempos de tensiones sociales pero lejos, muy lejos, de prácticas violentas. Esto es: el crimen político no estaba presente en la dinámica política de ese tiempo, ni del actual.
 
 
Todos somos ad hominem
  
No cabe duda que la reinstalación del tema Nisman se produce a partir de la presentación del documental Nisman: El Fiscal, la presidenta y el espía, producido por Netflix y dirigido por Justin Webster.
 
El documental seriado llegaba con incertidumbres respecto de su mirada sobre el caso, sin embargo no le faltó audiencia y su impacto ha sido notable.
 
El director opta por un recurso de lo más corriente y sin embargo poco común: que los protagonistas hablen. Desde luego no están presentes todas las voces implicadas, pero el listado es amplio y sumamente heterogéneo y plural. Todas las hipótesis están presentes en el relato.
 
Esta estrategia generó en buena parte de la audiencia/ciudadanía la ruptura de miradas y juicios fuertemente instalados desde 2015. Es común en estos días, comenzar a escuchar más voces que comienzan a cambiar su opinión respecto al caso, y las hipótesis se alejan decididamente de la idea del homicidio.
 
Hace unos días un joven escribió en su cuenta de twitter que luego de ver el documental sentía la necesidad de pedirle disculpas al fallecido ex Canciller Héctor Timerman; así de lejos llegó el lenguaje de la producción televisiva.
 
Y lo más interesante es que el documental no aporta hechos o relatos que ya no fueran conocidos a través de programas de televisión, libros, declaraciones judiciales, informes, etc. Pero a esas emisiones, elegimos no creerles y al documental de Netflix sí.
 
Los argumentos ad hominem son aquellos que intentan demostrar la falsedad de un enunciado por la persona que lo emite.
 
Todas las instancias institucionales, políticas pero también las periodísticas, fueron en buena medida salteadas en su credibilidad por un documental de 6 capítulos y sus bellas imágenes de la Ciudad de Buenos Aires desde un drom.
 
Fue necesario pasar de pantalla, para escuchar las mismas argumentaciones para poder conocer otro devenir de la trama y otro desenlace. Quizás fue eso lo que le ocurrió al macrismo y su discurso sensible pero con escaso contenido político: cuando su impericia para gobernar quedó expuesta (esta semana conocimos el número final de la inflación de 2019) no hubo forma ya de sostener relatos, suposiciones ni denuncias con pies de barro.
 
Y a todo esto, conmueve también el documental en otra faceta. Conmueve la ex fiscal Viviana Fein con sus argumentos, su apego a los procedimientos, su exigencia de pruebas detrás de cada acusación y su entereza para sostener su rol de burócrata profesional. En medio de todo lo construido en torno de Nisman, me quedó la certeza que aún tenemos Estado en Argentina.
 
Por Sergio De Piero
 
Fuente: El Destape
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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