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"No se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables para los pueblos". Papa Francisco
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Nacionales - 22-01-2020 / 08:01
RESPONSABILIDAD DE CAMBIEMOS EN EL ESTREPITOSO FRACASO DE LA DEUDA

A Macri invocando y con el mazo dando

A Macri invocando y con el mazo dando
En solo tres párrafos, el Gobierno de Fernández resume el descalabro financiero derivado del endeudamiento. Allí mencionan que en la gestión de Mauricio Macri se incrementó “significativamente su nivel de deuda pública, fundamentalmente denominada en moneda extranjera y sometida a jurisdicción externa”, sin mejorar la generación de divisas y de producción para cumplir con el pago de los compromisos.
El Gobierno nacional envió este martes el proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que pretende darle a la renegociación de ese pasivo un marco de legalidad y legitimidad del Congreso.
 
"Colapso del modelo económico imperante." Con esa frase, el Gobierno acompañó el proyecto de Ley de la deuda que se espera que se trate la semana próxima, en sesiones extraordinarias. El mensaje lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
 
La iniciativa declara de interés nacional el proceso para hacer sustentable la deuda en los términos de la Ley de Administración Financiera, autorizando al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de administración de pasivos, canjes o reestructuraciones de los vencimientos de bonos bajo ley extranjera.
 
En el estructurado de la norma no se definen las condiciones del canje, las cuales se están negociando con los acreedores. "La estrategia es sobre la base de la buena fe, la voluntad de pago está", aseguró por la mañana el ministro de Economía, Guzmán.
 
La ley tiene como objetivo que el país mejore al menos dos de tres condiciones: plazos, tasas de interés y monto del capital. En ese sentido, reveló que mantiene conversaciones con el FMI en tono "constructivo" con la finalidad de reperfilar el sendero de pagos programados para devolver el préstamo otorgado.
 
"Lo que se hizo con la deuda fue un desastre, el país no puede sostener la carga de deuda que enfrenta", reiteró Guzmán. Consideró que la resolución del tema de la deuda será clave para luego enfrentar otros problemáticas, como dos años consecutivos de recesión e inflación récord.
 
"Para pagar el país necesita generar capacidad, para eso hay que crecer, por lo que es fundamental que haya un alivio en la carga de deuda que enfrenta el país", explicó. El stock de deuda supera los 300 mil millones de dólares y es equivalente al 90 por ciento del PBI. La iniciativa se tratará en comisión el próximo martes, el miércoles ingresará a labor parlamentaria y se sesionará en Diputados el jueves, según confirmaron a este diario desde el bloque oficialista.
 
En solo tres párrafos, el Gobierno resume el descalabro financiero derivado del endeudamiento. Allí mencionan que en la gestión de Mauricio Macri se incrementó "significativamente su nivel de deuda pública, fundamentalmente denominada en moneda extranjera y sometida a jurisdicción externa", sin mejorar la generación de divisas y de producción para cumplir con el pago de los compromisos.
 
No es pura retórica. Es una forma de plantear la responsabilidad del macrismo en el estrepitoso fracaso y forzar el compromiso de la oposición en apoyo a la ley. El oficialismo quiere una votación exprés antes que Guzmán se cruce con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el 5 de febrero. Con el mazo dando y a Macri invocando.
 
La Opinión Popular

 
OPINIÓN
 
Hacer lo nuestro, no morir con lo vuestro
 
Mensaje: Los muertos no pagan, cifró el fallecido presidente Néstor Kirchner. Guzmán expresó lo mismo en otra jerga y con distinta gestualidad.
 
Ajuste: La oposición, los medios dominantes y los portavoces ocultos de los acreedores vaticinaron un ajuste de gasto público que los hechos desmienten.
 
"Lo nuestro es nuestro, lo nuestro lo diseñamos nosotros. No vamos a aceptar condicionalidades" respondió el ministro de Economía Martín Guzmán a la última pregunta de la conferencia de prensa. Se lo interrogaba sobre clásicas imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI): reforma laboral, reforma jubilatoria. Antes había mentado el "estrepitoso fracaso" de lo acordado entre el organismo y el Gobierno de Mauricio Macri. Un mensaje intenso formulado en su estilo sereno y hasta cordial.
 
La palabra "nuestro" evoca una obra clave del pensamiento económico nacional escrita y reformulada por Aldo Ferrer. "Vivir con lo nuestro" que pudo ser en el inicio un programa de desarrollo (revisitado a través de décadas) pero, primero que nada, constituye un objetivo irrenunciable.
 
La Argentina insiste en proponer renegociación de la deuda a acreedores privados y al Fondo, en condiciones no caóticas, sistémicas. Necesita tiempo para reordenar una economía en situación terminal, crecer y redistribuir para luego pagar. El orden cronológico coincide con el de prioridades. Los detalles de las tratativas se reservan por ahora... en una república debe intervenir el Congreso. En su momento que no es hoy.
 
 
Guzmán escucha las preguntas, se concede medio segundo para contestarlas sin esquivar el bulto. Su modalidad, hasta ahora, permea a los periodistas: el diálogo es respetuoso. El hombre sonríe aunque nunca ironiza.
 
En comunicación política siempre se habla a auditorios variados. El emisor comienza el circuito que se complejiza con ruidos, lecturas agudas, pavotas o mal intencionadas. Los receptores (un universo variopinto) decodifican y empiezan a cerrar el círculo. El mensaje de ayer tuvo como destinatarios principales a grandes jugadores: la Banca, las elites de gobierno nacionales o foráneas, decisores ostensibles u ocultos.
 
La divulgación, pongámosle, popular está (desde la campaña hasta ahora) en manos de otros funcionarios. El presidente Alberto Fernández, en primer lugar, que enunció como promesa su opción preferencial entre los bancos y los ciudadanos argentinos, los pobres primero. El Jefe de Gabinete Santiago Cafiero también sale a la liza. La narrativa de Guzmán apunta más a otros interlocutores. Definió la propuesta nacional, enfatizó su rol en el equipo.
 
 
Davos queda lejos
 
Joseph Stiglitz, un rato antes, había afirmado en el cónclave de Davos que los bonistas tendrían que aceptar reducciones de sus créditos. Se le inquirió a Guzmán si concordaba. Es su discípulo del citado premio Nobel, escribieron libros a cuatro manos. Guzmán gambeteó dichas referencias para resaltar lo básico. La política se decide acá y la reestructuración se está conversando.
 
Cualquiera, quien lea esta nota o quien la redacta, puede especular acerca de un posible guiño o acuerdo entre el académico y el ministro. Sin información, este cronista evita tirarse lances. La clave, de nuevo, es la diferenciación de roles. Hay contadas voces autorizadas para hablar de estos temas, ninguna propala desde Suiza.
 
 
Buenos Aires, la gran provincia
 
Guzmán exhortó a los acreedores de la provincia de Buenos Aires a aceptar la prórroga reclamada por el gobernador Axel Kicillof. Remarcó que provincia y Nación trabajan en conjunto. Coló un dato técnico: un eventual e indeseable default bonaerense no arrastraría a la Nación que afronta un cronograma menos acuciante.
 
Buenos Aires es la provincia más poblada, con el mayor PBI. Para nada la única con el agua al cuello. Los gobernadores desfilan por la Casa de Gobierno. Dialogan con "Wado" (Eduardo de Pedro, ministro del Interior) o con "Santiago" (Cafiero). Algunos se saludan o comparten un ratito con "Alberto". Discurren sobre una agenda predecible. Casi todos sinceran sus dificultades financieras, mangan si es menester. El endeudamiento constituye un calvario transversal de la vida argentina: ahorca a familias, empresas, municipalidades, provincias.
 
Los demás gobernadores siguen el toma y daca de Axel como un caso piloto. Ocasión para aprender sobre el ensayo y el error.
 
Años atrás numerosas provincias practicaban competitividad espuria prometiendo a las empresas mini paraísos alambrados sin impuestos locales... La hecatombe compartida las impulsa a mejorar la recaudación siguiendo el ejemplo nacional.
 
 
En el mundo real
 
El gobierno fortifica las arcas fiscales sin reducir la inversión social. La oposición, los medios dominantes y los portavoces ocultos de los acreedores vaticinaron un ajuste de gasto público que los hechos desmienten. Las jubilaciones no se congelaron, van aumentando. Otro tanto ocurre con la Asignación Universal por Hijo.
 
A fin de mes, según proyecciones de Desarrollo Social se habrán repartido 250.000 tarjetas Alimentar. El impacto promedio es de 5000 pesos por beneficiario. Se aspira a llegar a 800.000 en febrero y totalizar el 1.400.000 de familias beneficiarias a fin de marzo. El consumo es inmediato, local. Los pagos llegan el tercer viernes de cada mes, cuando la plata escasea en comercios o en los hogares. El consumo popular crece, de modo paulatino, sobre todo en la base de la pirámide social.
 
Los muertos no pagan, cifró el fallecido presidente Néstor Kirchner, un precursor del tuit punzante. Guzmán expresó lo mismo en otra jerga y con distinta gestualidad.
 
La vocación acuerdista de Argentina no admite la instigación al suicidio de los programas tradicionales del FMI. Aunque no se afirme con esas palabras, el Estado deudor define desenlaces aún más tremendos que el default. La demanda de racionalidad sistémica se traslada a los acreedores.
 
A título de opinión, este cronista intuye que el maestro Aldo Ferrer concordaría con la estrategia de Alberto Fernández, tratando de preservar la soberanía posible, en un contexto geopolítico asfixiante.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar 
 

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27-02-2020 / 09:02
En pleno debate por la modificación de las denominadas jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió esta tarde para manifestar su "preocupación por el avasallamiento del Poder Judicial" por el que, según ellos, el gobierno busca "vaciarlo" para "colonizarlo" con magistrados propios.
 
Desde las oficinas del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, expresaron que "mediante la excusa del proyecto de regímenes especiales se esconde el verdadero objetivo: vaciar de jueces y fiscales los estamentos judiciales y colonizarlo con jueces propios". Por eso, manifestaron que defenderán "con firmeza y claridad los principios de la  división de poderes y el valor de la República".
 
Lo curioso es que hace sólo un mes ese espacio político cuestionó "al oficialismo por ocultar qué regímenes especiales quedaban fuera del congelamiento de la movilidad jubilatoria y rechazó que la misma se aplicara a algunos jubilados excluyendo a los beneficiarios de regímenes especiales como diplomáticos y jueces, entre otros privilegiados".
 
Hace dos meses Cambiemos pedía ajustar jubilaciones de privilegio. Desde el bloque se molestaban porque "los jueces eran privilegiados" y ahora piden que les mantengan sus altos ingresos como jubilados.
 
Pagar el costo político de defender jubilaciones de privilegio, que a la gente le da bronca, o perder los jueces antiperonistas más cercanos. Esa es la verdadera disyuntiva a la que se enfrenta Cambiemos y buena parte de lo que se discutió puertas adentro del bloque opositor durante el fin de semana largo.
 
¿Y si los jueces siguen haciendo su trabajo en vez de renunciar para no perder privilegios? Si un juez tiene vocación, que se quede, tampoco es que van a caer en la indigencia, solo van a ser un poco menos privilegiados.
 
La Opinión Popular

27-02-2020 / 08:02
El gobierno de Alberto Fernández anunció la restitución de la Paritaria Nacional Docente luego que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, acordara con los cinco gremios docentes nacionales la suba del salario mínimo que en una primera etapa pasará de 20250 pesos a 23 mil a partir de marzo y llegará a 25 mil con el sueldo de julio.
 
Se trata de una suba del piso salarial de 13,6% en marzo y de 11,3% en julio (redondea así un aumento a julio del 23,5%), y de la apelación a sumas fijas (por un total de 4.840 pesos), que se da en línea con el formato que impulsa la Casa Rosada -y, en sintonía, buena parte de los gobernadores- de acuerdos cortos y sin cláusula gatillo, por su negativo efecto indexatorio de la economía.
 
El acuerdo es parcial porque, según aclaró el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la negociación se retomará en julio. Por ahora los dirigentes de los gremios se mantuvieron cautelosos ante el resultado del encuentro porque tienen que poner el resultado a consideración de sus asambleas de afiliados. Poco después del anuncio, el Presidente recibió a los dirigente sindicales y Trotta y los felicitó porque "han hecho un gran esfuerzo".
 
A partir de 2006, con la sanción de la ley de Financiamiento Educativo, se implementó la paritaria nacional docente que determina el salario mínimo de los maestros en todo el país. El gobierno de Mauricio Macri solo la respetó en 2016 para después derogarla a pesar de las protestas sindicales. A partir de ahora la paritaria se restituyó por lo que el Gobierno nacional confía que las clases comenzarán sin inconveniente el próximo lunes.
 
El titular de la cartera educativa adelantó que, además del incremento del salario mínimo, y a cuenta del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) van a duplicar la suma que era de 1210 pesos y pagarán a todos los maestros del país -sin importar su nivel salarial- 4840 pesos divididos en cuatro cuotas de igual valor a partir del mes de abril. Trotta también informó que aquellos que tengan dos cargos recibirán la suma duplicada, es decir 9680 pesos.
 
De esta manera, el gobierno de Fernández aseguró un comienzo de clases el próximo lunes sin huelgas nacionales en su primer año de gestión, y en el año además del retorno de la paritaria docente nacional, que había sido eliminada por decreto por el gobierno neoliberal de Macri.
 
La Opinión Popular

26-02-2020 / 09:02
Lejos de la transparencia y lucha contra la corrupción, el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Trabajo macristas, bajo las órdenes de Francisco Cabrera primero y Dante Sica después, están en el ojo de la tormenta por un presunto sistema de recaudación ilegal que sólo en 2019 habría colectado más de mil millones de pesos.
 
El sobre con US$10.000 encontrado en el despacho del exsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción y Trabajo, Rodrigo Sbarra, se transformó en la punta del ovillo de un entramado de corrupción macrista a gran escala.
 
Según una denuncia que el diputado nacional Rodolfo Tailhade presentará este miércoles en Comodoro Py, el exfuncionario formaba parte de un mecanismo de recaudación ilegal durante las gestiones de Cabrera y Sica.
 
El documento judicial explica que Sbarra y Sebastián Martín Bideberripe, quien fuera secretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Trabajo, eran los encargados de recaudar los fondos millonarios bajo las órdenes de los funcionarios de primera línea del gobierno de Mauricio Macri.
 
El diputado Tailhade detalló que Rodrigo Sbarra reportaba directamente a Ignacio Pérez Rivas, jefe de Gabinete de Cabrera que, llamativamente, ante el cambio de ministro permaneció en su cargo durante la gestión de Sica.
 
Rivas, en tanto, cumplía órdenes directas del primer funcionario que tuvo a su cargo dicho ministerio. La relación, de hecho, data de mucho tiempo antes ya que había sido su jefe de Gabinete dentro de la cartera de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Según la denuncia, Sbarra y Bideberripe recaudaban fondos bajo la orden directa de uno de los hombres de mayor confianza de Cabrera. Pero ese esquema de recaudación ilegal se completó con Maximiliano Carlos Guida, mano derecha de Bideberripe; Hernán Alberto Coego, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio; y Claudio Daniel Giménez, testaferro de Sbarra que oficiaba como valijero.
 
Claudio Giménez era quien recolectaba el dinero de primera mano y lo llevaba a unas oficinas, que funcionaban como búnker, en la avenida Belgrano 406, en la Capital Federal. En ese departamento del centro porteño, María Fernanda Inza, quien fuera contadora general de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, recibía las sumas recogidas. Ella fue la figura desplazada de la gestión bonaerense cuando se reveló el escándalo de los aportantes truchos, pero no salió del paraguas macrista.

26-02-2020 / 09:02
El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el régimen especial de jubilaciones y pensiones de jueces y diplomáticos comenzará su trámite parlamentario este miércoles en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social de la Cámara de Diputados. El Frente de Todos se alzaría con un dictamen favorable a la modificación ya que cuenta con mayoría en el plenario de comisiones.
 
El problema está en el recinto donde necesita del apoyo de la oposición. Juntos por el Cambio aún no define una postura unificada, al igual que otros sectores. Pero, el Gobierno de Alberto Fernández espera cumplir cuanto antes con su promesa de modificar regímenes llamados "jubilaciones de privilegio".
 
En la actualidad las denominadas "jubilaciones de privilegio" benefician a más de 8000 personas que perciben haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes y suponen una erogación de 25.000 millones anuales, aún cuando solo representan un 3% del total del universo de la clase pasiva.
 
El proyecto generó el inmediato rechazo de funcionarios judiciales, especialmente porque modifica la forma en que se calculan los haberes. Los alcanzados por el régimen especial de la justicia cobran el 82% móvil del último sueldo y el proyecto propone cambiarlo por el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas.
 
Desde la Asociación de Magistrados y la de fiscales afirman que la iniciativa atenta contra la independencia de la justicia y con garantías constitucionales, mientras que el presidente Fernández asegura que lo único que busca es "poner un poco de igualdad" en un sistema con desigualdades inocultables.
 
El proyecto provocó una serie de renuncias de jueces y fiscales que están en condiciones de jubilarse y esperan hacerlo mientras todavía rija el sistema que le ofrece más beneficios.
 
Más allá de los pronunciamientos de las entidades que nuclean a los magistrados, son pocos los que animan a levantar la voz a título personal contra el proyecto. El monto de casi 300 mil pesos que alcanza el promedio de las jubilaciones dentro del régimen que pretenden conservar dificulta cualquier argumentación pública.
 
Lejos de asustarse ante la posibilidad de una renuncia en masa de los jueces más antiguos, desde el Gobierno lo ven como una chance de impulsar un recambio en un ámbito polémico, severamente cuestionado por la sociedad y en el que la perpetuidad de los cargos conspira contra cualquier posibilidad de renovación.
 
La Opinión Popular

25-02-2020 / 10:02
Vialidad Nacional, durante el mandato de Mauricio Macri, paralizó 51 obras en rutas de 17 provincias distintas cuando ya registraban muchísimos avances en diciembre de 2015. En algunos casos el avance físico era mayor al 50 por ciento e incluso al 70 por ciento, pero aun así fueron paradas.
 
La lógica indica que a Macri le convenía terminarlas y florearse en la inauguración, pero el freno se puso igual y por varias razones.
 
La primera, porque se trataba de obras en provincias manejadas por el peronismo o partidos provinciales y porque se decidió usar el dinero para obras en distritos de Cambiemos, principalmente CABA.
 
La segunda razón de muchas parálisis fue la jugada de ahogar a la constructora con el objetivo de pasar la obra a los amigos del gobierno.
 
La tercera, porque sugerían que había sobreprecios en licitaciones lanzadas por el kirchnerismo, mandaron a revisar y en casi todos los casos terminaron manteniendo las licitaciones originales.
 
Y, ya en la mitad del mandato, irrumpió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea que se paró gran parte de las obras por orden del FMI. Lo curioso es que, mientras tanto, Macri usaba la construcción de rutas como un marketing trucho.
 
La conducción actual de Vialidad Nacional, que funciona en la órbita del ministro Gabriel Katopodis, entregó un informe de las obras que ya tenían avances en 2015 y que hasta registraban que los trabajos tenían el financiamiento adjudicado en los presupuestos nacionales.
 
Todo este panorama fue reiteradamente denunciado durante los años anteriores tanto por Sindicato de Trabajadores Viales, que lidera Graciela Aleña, como por Fabián Catanzaro, al frente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional.
 
El panorama general queda expuesto también en un trabajo de la FePeViNa:
 
* La licitación de obras cayó de 161 por año, entre 2004 y 2015, a apenas 31 entre 2016 y 2019.


* Las obras en ejecución pasaron de 600 a 200, lo que demuestra los niveles de paralización.


* La Federación no sólo afirma que hay 51 obras paralizadas --coincide con la conducción de Vialidad-- sino que existen otras 60 neutralizadas, que es un forma de decirle al contratista que se lleve las máquinas y que no corren las multas ni los tiempos de cumplimiento.

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