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Nacionales - 22-01-2020 / 08:01
RESPONSABILIDAD DE CAMBIEMOS EN EL ESTREPITOSO FRACASO DE LA DEUDA

A Macri invocando y con el mazo dando

A Macri invocando y con el mazo dando
En solo tres párrafos, el Gobierno de Fernández resume el descalabro financiero derivado del endeudamiento. Allí mencionan que en la gestión de Mauricio Macri se incrementó “significativamente su nivel de deuda pública, fundamentalmente denominada en moneda extranjera y sometida a jurisdicción externa”, sin mejorar la generación de divisas y de producción para cumplir con el pago de los compromisos.
El Gobierno nacional envió este martes el proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que pretende darle a la renegociación de ese pasivo un marco de legalidad y legitimidad del Congreso.
 
"Colapso del modelo económico imperante." Con esa frase, el Gobierno acompañó el proyecto de Ley de la deuda que se espera que se trate la semana próxima, en sesiones extraordinarias. El mensaje lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
 
La iniciativa declara de interés nacional el proceso para hacer sustentable la deuda en los términos de la Ley de Administración Financiera, autorizando al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de administración de pasivos, canjes o reestructuraciones de los vencimientos de bonos bajo ley extranjera.
 
En el estructurado de la norma no se definen las condiciones del canje, las cuales se están negociando con los acreedores. "La estrategia es sobre la base de la buena fe, la voluntad de pago está", aseguró por la mañana el ministro de Economía, Guzmán.
 
La ley tiene como objetivo que el país mejore al menos dos de tres condiciones: plazos, tasas de interés y monto del capital. En ese sentido, reveló que mantiene conversaciones con el FMI en tono "constructivo" con la finalidad de reperfilar el sendero de pagos programados para devolver el préstamo otorgado.
 
"Lo que se hizo con la deuda fue un desastre, el país no puede sostener la carga de deuda que enfrenta", reiteró Guzmán. Consideró que la resolución del tema de la deuda será clave para luego enfrentar otros problemáticas, como dos años consecutivos de recesión e inflación récord.
 
"Para pagar el país necesita generar capacidad, para eso hay que crecer, por lo que es fundamental que haya un alivio en la carga de deuda que enfrenta el país", explicó. El stock de deuda supera los 300 mil millones de dólares y es equivalente al 90 por ciento del PBI. La iniciativa se tratará en comisión el próximo martes, el miércoles ingresará a labor parlamentaria y se sesionará en Diputados el jueves, según confirmaron a este diario desde el bloque oficialista.
 
En solo tres párrafos, el Gobierno resume el descalabro financiero derivado del endeudamiento. Allí mencionan que en la gestión de Mauricio Macri se incrementó "significativamente su nivel de deuda pública, fundamentalmente denominada en moneda extranjera y sometida a jurisdicción externa", sin mejorar la generación de divisas y de producción para cumplir con el pago de los compromisos.
 
No es pura retórica. Es una forma de plantear la responsabilidad del macrismo en el estrepitoso fracaso y forzar el compromiso de la oposición en apoyo a la ley. El oficialismo quiere una votación exprés antes que Guzmán se cruce con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el 5 de febrero. Con el mazo dando y a Macri invocando.
 
La Opinión Popular

 
OPINIÓN
 
Hacer lo nuestro, no morir con lo vuestro
 
Mensaje: Los muertos no pagan, cifró el fallecido presidente Néstor Kirchner. Guzmán expresó lo mismo en otra jerga y con distinta gestualidad.
 
Ajuste: La oposición, los medios dominantes y los portavoces ocultos de los acreedores vaticinaron un ajuste de gasto público que los hechos desmienten.
 
"Lo nuestro es nuestro, lo nuestro lo diseñamos nosotros. No vamos a aceptar condicionalidades" respondió el ministro de Economía Martín Guzmán a la última pregunta de la conferencia de prensa. Se lo interrogaba sobre clásicas imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI): reforma laboral, reforma jubilatoria. Antes había mentado el "estrepitoso fracaso" de lo acordado entre el organismo y el Gobierno de Mauricio Macri. Un mensaje intenso formulado en su estilo sereno y hasta cordial.
 
La palabra "nuestro" evoca una obra clave del pensamiento económico nacional escrita y reformulada por Aldo Ferrer. "Vivir con lo nuestro" que pudo ser en el inicio un programa de desarrollo (revisitado a través de décadas) pero, primero que nada, constituye un objetivo irrenunciable.
 
La Argentina insiste en proponer renegociación de la deuda a acreedores privados y al Fondo, en condiciones no caóticas, sistémicas. Necesita tiempo para reordenar una economía en situación terminal, crecer y redistribuir para luego pagar. El orden cronológico coincide con el de prioridades. Los detalles de las tratativas se reservan por ahora... en una república debe intervenir el Congreso. En su momento que no es hoy.
 
 
Guzmán escucha las preguntas, se concede medio segundo para contestarlas sin esquivar el bulto. Su modalidad, hasta ahora, permea a los periodistas: el diálogo es respetuoso. El hombre sonríe aunque nunca ironiza.
 
En comunicación política siempre se habla a auditorios variados. El emisor comienza el circuito que se complejiza con ruidos, lecturas agudas, pavotas o mal intencionadas. Los receptores (un universo variopinto) decodifican y empiezan a cerrar el círculo. El mensaje de ayer tuvo como destinatarios principales a grandes jugadores: la Banca, las elites de gobierno nacionales o foráneas, decisores ostensibles u ocultos.
 
La divulgación, pongámosle, popular está (desde la campaña hasta ahora) en manos de otros funcionarios. El presidente Alberto Fernández, en primer lugar, que enunció como promesa su opción preferencial entre los bancos y los ciudadanos argentinos, los pobres primero. El Jefe de Gabinete Santiago Cafiero también sale a la liza. La narrativa de Guzmán apunta más a otros interlocutores. Definió la propuesta nacional, enfatizó su rol en el equipo.
 
 
Davos queda lejos
 
Joseph Stiglitz, un rato antes, había afirmado en el cónclave de Davos que los bonistas tendrían que aceptar reducciones de sus créditos. Se le inquirió a Guzmán si concordaba. Es su discípulo del citado premio Nobel, escribieron libros a cuatro manos. Guzmán gambeteó dichas referencias para resaltar lo básico. La política se decide acá y la reestructuración se está conversando.
 
Cualquiera, quien lea esta nota o quien la redacta, puede especular acerca de un posible guiño o acuerdo entre el académico y el ministro. Sin información, este cronista evita tirarse lances. La clave, de nuevo, es la diferenciación de roles. Hay contadas voces autorizadas para hablar de estos temas, ninguna propala desde Suiza.
 
 
Buenos Aires, la gran provincia
 
Guzmán exhortó a los acreedores de la provincia de Buenos Aires a aceptar la prórroga reclamada por el gobernador Axel Kicillof. Remarcó que provincia y Nación trabajan en conjunto. Coló un dato técnico: un eventual e indeseable default bonaerense no arrastraría a la Nación que afronta un cronograma menos acuciante.
 
Buenos Aires es la provincia más poblada, con el mayor PBI. Para nada la única con el agua al cuello. Los gobernadores desfilan por la Casa de Gobierno. Dialogan con "Wado" (Eduardo de Pedro, ministro del Interior) o con "Santiago" (Cafiero). Algunos se saludan o comparten un ratito con "Alberto". Discurren sobre una agenda predecible. Casi todos sinceran sus dificultades financieras, mangan si es menester. El endeudamiento constituye un calvario transversal de la vida argentina: ahorca a familias, empresas, municipalidades, provincias.
 
Los demás gobernadores siguen el toma y daca de Axel como un caso piloto. Ocasión para aprender sobre el ensayo y el error.
 
Años atrás numerosas provincias practicaban competitividad espuria prometiendo a las empresas mini paraísos alambrados sin impuestos locales... La hecatombe compartida las impulsa a mejorar la recaudación siguiendo el ejemplo nacional.
 
 
En el mundo real
 
El gobierno fortifica las arcas fiscales sin reducir la inversión social. La oposición, los medios dominantes y los portavoces ocultos de los acreedores vaticinaron un ajuste de gasto público que los hechos desmienten. Las jubilaciones no se congelaron, van aumentando. Otro tanto ocurre con la Asignación Universal por Hijo.
 
A fin de mes, según proyecciones de Desarrollo Social se habrán repartido 250.000 tarjetas Alimentar. El impacto promedio es de 5000 pesos por beneficiario. Se aspira a llegar a 800.000 en febrero y totalizar el 1.400.000 de familias beneficiarias a fin de marzo. El consumo es inmediato, local. Los pagos llegan el tercer viernes de cada mes, cuando la plata escasea en comercios o en los hogares. El consumo popular crece, de modo paulatino, sobre todo en la base de la pirámide social.
 
Los muertos no pagan, cifró el fallecido presidente Néstor Kirchner, un precursor del tuit punzante. Guzmán expresó lo mismo en otra jerga y con distinta gestualidad.
 
La vocación acuerdista de Argentina no admite la instigación al suicidio de los programas tradicionales del FMI. Aunque no se afirme con esas palabras, el Estado deudor define desenlaces aún más tremendos que el default. La demanda de racionalidad sistémica se traslada a los acreedores.
 
A título de opinión, este cronista intuye que el maestro Aldo Ferrer concordaría con la estrategia de Alberto Fernández, tratando de preservar la soberanía posible, en un contexto geopolítico asfixiante.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar 
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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