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Nacionales - 20-01-2020 / 11:01
ALTOS DIRECTIVOS DEL GOBIERNO ANTERIOR SE NIEGAN A RENUNCIAR Y PIDEN PARA IRSE LA DOBLE INDEMNIZACIÓN

Sergio Massa: Hay funcionarios macristas que se quedan como okupas

Sergio Massa: Hay funcionarios macristas que se quedan como okupas
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó a distintos funcionarios, -en su mayoría gerentes y directivos- de empresas públicas que ingresaron con cargos políticos al Estado durante el Gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, y que en este nuevo período gubernamental no quieren dejar sus cargos en las diferentes dependencias estatales. Puntualizó que la práctica se extiende a gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y otras empresas públicas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó a distintos funcionarios, -en su mayoría gerentes y directivos- de empresas públicas que ingresaron con cargos políticos al Estado durante el Gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, y que en este nuevo período gubernamental no quieren dejar sus cargos en las diferentes dependencias estatales.
 
Massa denunció que dichos funcionarios, en caso de irse, piden doble indemnización y los definió como "okupas". Fuentes de distintos organismos estatales explicaron cómo esta situación afecta a la implementación de proyectos y políticas públicas.
 
El Presidente de la Cámara baja aseguró que "son unos inmorales", y que "no sólo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno".
 
Massa se refería a esto ya que el 20 de mayo de 2016 Macri había vetado la ley de Emergencia Ocupacional, que fue sancionada por ambas cámaras legislativas y que pretendía prohibir los despidos por 180 días e implementar la doble indemnización.
 
Es decir, los funcionarios de Cambiemos que aún quedan en el estado, piden para irse la doble indemnización mientras que su gobierno estaba en contra de aplicar ese resarcimiento a los trabajadores despedidos.
 
Massa detalló que se trata de "gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y de otras empresas públicas, que se hacen los distraídos esperando que los echen para pedir que les liquiden la doble indemnización".
 
"Esta gente no llegó con los clasificados bajo el brazo sino que fue designada políticamente y ahora pide una doble indemnización que el mismo Gobierno anterior vetó cuando el Congreso aprobó la Ley", agregó el funcionario. 

 
En tanto, manifestó que la actitud de estas personas es "antiética" y "totalmente reprochable": "Se quedan como okupas en el Estado y ahora piden una doble indemnización que su propio Gobierno vetó". Según informaron fuentes cercanas a Massa, en ANSES tuvieron que realizar durante estas semanas despidos con doble indemnización porque solo hubo cuatro renuncias. "Son actitudes totalmente inmorales", afirmaron desde el entorno del presidente de la cámara baja.
 
Fuentes del Ministerio de Transporte aseguraron en diálogo con este diario que "este problema se repite en todas las empresas del estado porque rige la ley de contrato laboral. Los funcionarios que no quieren renunciar son mayormente puestos gerenciales o de mayor jerarquía, principalmente directores, pero hay que tener en cuenta que cada empresa estatal tiene su propia forma de organización".
 
Al mismo tiempo, señaló que "las nuevas administraciones de estas empresas trabajan lo más rápido posible para solucionarlo sin pagar la doble indemnización pero un problema grave es que al no dejar los cargos, estas personas entorpecen el funcionamiento de las empresas porque no firman los documentos necesarios para avanzar con los distintos proyectos y políticas, hay casos en los que ni siquiera asisten a trabajar y, además, no permiten nuevos nombramientos".
 
Consultados por Página/12 fuentes del PAMI precisaron que en el caso de esa empresa, "tenemos unos 60 casos que luego de 30 días de gestión, siendo plantas políticas, no dan un paso al costado".
 
El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que hay que terminar en el país con "la idea de que las empresas del Estado se pueden manejar a gusto para hacer negocios", y aseveró que "hay cuestiones que hay que cambiar definitivamente". En ese sentido, el dirigente anunció que el gobierno que encabeza Alberto Fernández tomó la decisión de que "los que llegan con nosotros se van con nosotros".
 
En cuanto a la resolución Nº 001/20 que firmó la semana pasada Massa junto a la presidenta del senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y que tiene como objetivo terminar con las "capas geológicas" en el Congreso de la Nación poniéndole límites a la contratación de personal, el presidente de Diputados indicó que dicha medida busca "terminar con la idea de que las plantas temporarias se transforman en permanentes", además, aseguró que dicha norma le pondrá "un límite al gasto político".
 
Según especifica la resolución "las designaciones del personal de gabinete no gozarán de estabilidad y concluirán con la finalización del mandato de la autoridad que lo nombró". La norma estipula que "el personal que actualmente se encuentre contratado como planta temporaria con funciones que no sean las establecidas en el marco del art. 49 de la Ley 24.600 será asignado a la planta personal de gabinete o a la planta temporaria del artículo antes citado conforme disponga la secretaria administrativa, en función de las necesidades de cada una de las áreas".
 
"Los cambios que pretendemos en el reglamento del Congreso buscan que se termine con la especulaciones de que entre 'gallos y medianoches' se decide el futuro de millones de argentinos y argentinas", subrayó Massa. Luego agregó que "tenemos la responsabilidad de poner lo mejor de nosotros para que a Alberto Fernández le vaya bien. Entre todos tenemos que revertir el desastre que dejó el anterior Gobierno".
 
Informe: Melisa Molina.
 
Fuente: Página12
 

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24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 12:03
Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.
 
Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.
 
La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.
 
Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular 

24-03-2026 / 12:03
El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.
 
El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

 
La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

 
Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

 
Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

 
El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.


El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.


A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.


Carlos Morales para La Opinión Popular 

23-03-2026 / 10:03
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