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"No se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables para los pueblos". Papa Francisco
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Nacionales - 20-01-2020 / 11:01
ALTOS DIRECTIVOS DEL GOBIERNO ANTERIOR SE NIEGAN A RENUNCIAR Y PIDEN PARA IRSE LA DOBLE INDEMNIZACIÓN

Sergio Massa: Hay funcionarios macristas que se quedan como okupas

Sergio Massa: Hay funcionarios macristas que se quedan como okupas
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó a distintos funcionarios, -en su mayoría gerentes y directivos- de empresas públicas que ingresaron con cargos políticos al Estado durante el Gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, y que en este nuevo período gubernamental no quieren dejar sus cargos en las diferentes dependencias estatales. Puntualizó que la práctica se extiende a gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y otras empresas públicas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó a distintos funcionarios, -en su mayoría gerentes y directivos- de empresas públicas que ingresaron con cargos políticos al Estado durante el Gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, y que en este nuevo período gubernamental no quieren dejar sus cargos en las diferentes dependencias estatales.
 
Massa denunció que dichos funcionarios, en caso de irse, piden doble indemnización y los definió como "okupas". Fuentes de distintos organismos estatales explicaron cómo esta situación afecta a la implementación de proyectos y políticas públicas.
 
El Presidente de la Cámara baja aseguró que "son unos inmorales", y que "no sólo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno".
 
Massa se refería a esto ya que el 20 de mayo de 2016 Macri había vetado la ley de Emergencia Ocupacional, que fue sancionada por ambas cámaras legislativas y que pretendía prohibir los despidos por 180 días e implementar la doble indemnización.
 
Es decir, los funcionarios de Cambiemos que aún quedan en el estado, piden para irse la doble indemnización mientras que su gobierno estaba en contra de aplicar ese resarcimiento a los trabajadores despedidos.
 
Massa detalló que se trata de "gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y de otras empresas públicas, que se hacen los distraídos esperando que los echen para pedir que les liquiden la doble indemnización".
 
"Esta gente no llegó con los clasificados bajo el brazo sino que fue designada políticamente y ahora pide una doble indemnización que el mismo Gobierno anterior vetó cuando el Congreso aprobó la Ley", agregó el funcionario. 

 
En tanto, manifestó que la actitud de estas personas es "antiética" y "totalmente reprochable": "Se quedan como okupas en el Estado y ahora piden una doble indemnización que su propio Gobierno vetó". Según informaron fuentes cercanas a Massa, en ANSES tuvieron que realizar durante estas semanas despidos con doble indemnización porque solo hubo cuatro renuncias. "Son actitudes totalmente inmorales", afirmaron desde el entorno del presidente de la cámara baja.
 
Fuentes del Ministerio de Transporte aseguraron en diálogo con este diario que "este problema se repite en todas las empresas del estado porque rige la ley de contrato laboral. Los funcionarios que no quieren renunciar son mayormente puestos gerenciales o de mayor jerarquía, principalmente directores, pero hay que tener en cuenta que cada empresa estatal tiene su propia forma de organización".
 
Al mismo tiempo, señaló que "las nuevas administraciones de estas empresas trabajan lo más rápido posible para solucionarlo sin pagar la doble indemnización pero un problema grave es que al no dejar los cargos, estas personas entorpecen el funcionamiento de las empresas porque no firman los documentos necesarios para avanzar con los distintos proyectos y políticas, hay casos en los que ni siquiera asisten a trabajar y, además, no permiten nuevos nombramientos".
 
Consultados por Página/12 fuentes del PAMI precisaron que en el caso de esa empresa, "tenemos unos 60 casos que luego de 30 días de gestión, siendo plantas políticas, no dan un paso al costado".
 
El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que hay que terminar en el país con "la idea de que las empresas del Estado se pueden manejar a gusto para hacer negocios", y aseveró que "hay cuestiones que hay que cambiar definitivamente". En ese sentido, el dirigente anunció que el gobierno que encabeza Alberto Fernández tomó la decisión de que "los que llegan con nosotros se van con nosotros".
 
En cuanto a la resolución Nº 001/20 que firmó la semana pasada Massa junto a la presidenta del senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y que tiene como objetivo terminar con las "capas geológicas" en el Congreso de la Nación poniéndole límites a la contratación de personal, el presidente de Diputados indicó que dicha medida busca "terminar con la idea de que las plantas temporarias se transforman en permanentes", además, aseguró que dicha norma le pondrá "un límite al gasto político".
 
Según especifica la resolución "las designaciones del personal de gabinete no gozarán de estabilidad y concluirán con la finalización del mandato de la autoridad que lo nombró". La norma estipula que "el personal que actualmente se encuentre contratado como planta temporaria con funciones que no sean las establecidas en el marco del art. 49 de la Ley 24.600 será asignado a la planta personal de gabinete o a la planta temporaria del artículo antes citado conforme disponga la secretaria administrativa, en función de las necesidades de cada una de las áreas".
 
"Los cambios que pretendemos en el reglamento del Congreso buscan que se termine con la especulaciones de que entre 'gallos y medianoches' se decide el futuro de millones de argentinos y argentinas", subrayó Massa. Luego agregó que "tenemos la responsabilidad de poner lo mejor de nosotros para que a Alberto Fernández le vaya bien. Entre todos tenemos que revertir el desastre que dejó el anterior Gobierno".
 
Informe: Melisa Molina.
 
Fuente: Página12
 

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24-02-2020 / 07:02
De aquel descarte que le aplicara la gestión de la alianza Cambiemos en 2018 por decreto de Mauricio Macri, la Paritaria Nacional Docente (PND) regresó con su histórico y principal desafío: achicar la diferencia salarial entre las provincias.
 
"Los salarios le van a ganar a la inflación", apostó y reitera Nicolás Trotta, ministro de Educación nacional, quien el miércoles encabezará el segundo encuentro entre las partes.
 
Casi a nivel "spoiler" para el arco gremial la mejora 2020 llegará en rango de suma fija y remunerativa, según confiaron a este medio referentes sindicales.
 
Empero, el reto fijado por la Casa Rosada no parece sencillo, ya que la desigualdad de sueldo de bolsillo entre las jurisdicciones asciende al 246% en los casos extremos.
 
En el horizonte también está la barrera de la pobreza, un límite que los gremios esperan superar para bien de los maestros y profesores de todo el país. Aseveración en sintonía con los datos del Indec respecto a que una familia necesitó $40.373 para no ser pobre.
 
Los cinco sindicatos nacionales, Ctera, UDA, Sadop, AMET y CEA, vuelven pasado mañana al Palacio Sarmiento para el segundo capítulo de la negociación salarial federal.
 
Antes se desarrolló la reunión protocolar del 30 de enero y la apertura de oficio en la primera reunión del Consejo Federal Educativo de hace semanas.
 
La energía en espalda que tiene el Gobierno cada vez se desdibuja más. No solo por los tiempos, ya el mismo 26 vuelven a las aulas en Mendoza y Chubut (esta última con conflicto) sino también por la diferencia de sueldos entre las jurisdicciones.
 
La disparidad en el salario básico (el componente más otras cifras remunerativas que van directo a la jubilación) trepa al 576% si se toman los $4.188 que cobran en Tierra del Fuego con los $24.142 de los maestros pampeanos.
 
Hoy el salario mínimo nacional de un maestro (si se contabiliza un solo cargo) está en $20.250. A la fecha son tres las provincias que se encuentran por debajo de ese piso: Chaco, San Juan y Formosa, esta última, según datos que desde Sadop revelaron, es donde el sueldo de bolsillo es el más bajo: $16.500. Contracara de la zona sur, Chubut, donde trepa a más de 40.000 pesos.

24-02-2020 / 07:02
En los últimos días trascendió la posibilidad que los servicios de luz, gas, agua y transporte podrían volver a sufrir una suba, para los sectores de mayores ingresos. Se trata de un asunto sensible para el Frente de Todos, que desde 2017 -en la campaña para las elecciones legislativas de ese año- cuestionó el desmesurando aumento de los servicios de luz y gas.
 
En búsqueda del equilibrio entre la disciplina fiscal y la necesidad de atender la emergencia social que valoró positivamente el FMI en su evaluación de la gestión de Alberto Fernández, la regulación de las tarifas de los servicios públicos -especialmente la energía eléctrica- juega un rol central.
 
En lo que pareció un globo de ensayo para "ir preparando el terreno", el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recordó que el congelamiento de tarifas fue definido hasta junio y afirmó que se estaba preparando un nuevo cuadro tarifario que contemplaría una tarifa social que alcanzaría a los más humildes.
 
Sin embargo, en una charla con el Presidente, Cristina le pidió que haga pública y de manera explícita la intención del Gobierno de mantener esos valores sin cambios, por lo menos, hasta diciembre próximo. No está en los planes de la ex presidenta permitirle mayores ingresos a empresas como Edesur y Edenor, a las que acusa directamente de haberse beneficiado de las políticas económicas de Mauricio Macri.
 
La reacción negativa, que generaron las declaraciones de Cafiero, determinó que el presidente saliera el día siguiente a desmentir a su propio ministro. Aseguró que un posible aumento de tarifas a aplicarse a mediados de año "no está en carpeta".
 
"Que nadie se apure. No sé si en junio vamos a estar en condiciones" de incrementar las tarifas, sostuvo Alberto Fernández, en declaraciones a la radio AM 750. Para el Presidente, el ajuste tarifario "es objeto de estudio y revisión para saber quién ganó, cuándo ganó y cuánto pagamos los argentinos. Y después veremos lo que hay que hacer".
 
El asunto es delicado y cualquier decisión que tome el Gobierno tendrá un costado negativo. Una política tarifaria, al mejor estilo del macrista Aranguren, ahogaría cualquier posibilidad de recuperación de la actividad económica, pero la extensión indefinida del congelamiento conllevaría un atraso tarifario de creciente costo fiscal, un "lujo" que se pudo dar Cristina pero que claramente Alberto no estaría en condiciones de afrontar.
 
La Opinión Popular

23-02-2020 / 10:02
El domingo próximo, el presidente Alberto Fernández hablará por segunda vez ante la Asamblea Legislativa. Ratificará rumbo y medidas, hará un repaso de la gestión que lleva menos de tres meses, remarcará la magnitud del descalabro dejado por el ex presidente Mauricio Macri. Anunciará proyectos de ley (varios anticipados en el día de la jura) y subrayará los avances referidos a la renegociación de la deuda externa.
 
El mandatario comenzará a redactar el borrador mañana, los ministerios (es habitual) le hacen llegar informes y sugerencias. Para el período ordinario de Sesiones, el Ejecutivo impulsará las siguientes leyes.
 
· Reforma judicial.
· Creación de un Consejo para la Calidad Institucional del Poder Judicial.
· Consejo Económico Social.
· Aborto libre, legal y gratuito.
 
Se anticipan conflictos referidos a la interrupción del embarazo. Otras iniciativas del Gobierno levantarán vientos de fronda: el aumento de las retenciones a la soja y la ley que reforma a la baja las jubilaciones de privilegio que ya se está tratando.
 
El paquete de normas que propondrá el mandatario no contiene leyes mordaza o restrictivas de libertad de prensa. Tampoco un proyecto para sancionar el negacionismo del terrorismo de Estado. Fernández dijo en París que estudiaría dicha idea pero la desechó para prevenir acechanzas contra la libertad de expresión.
 
Lo actual y lo posible: Los primeros resultados del Plan contra el Hambre entusiasman al Presidente que maneja al dedillo los datos de Concordia, la ciudad entrerriana en la que primero se aplicó. Miles de tarjetas usadas sabiamente por las jefas de familia se traducen en consumo local, ganancias para pequeños comercios, mejoras palpables en la alimentación de los pibes.
 
En otra provincia, Santa Fe, el gobernador Omar Perotti se entusiasma, refiere el presidente, con el dinamismo impreso por el nuevo derecho social. Los dos ejemplos, desde ya, son micro. Para que pudieran potenciarse será necesario aliviar a la Argentina de los pagos de deuda externa en los próximos años.
 
Miles de millones de dólares que reactivarían en el corto plazo, durante los seis-siete-ocho últimos meses de 2020. "Obra pública, el Plan de Viviendas que está atrasado", proyecta Fernández. Actividades clásicas, mano de obra intensivas, para masas de trabajadores desocupados o que changuean hoy en día.
 
"Keynes corazón", cantaría la hinchada aunque es consabido que dichos resurgimientos no serán suficientes. Habrá que promover subsidios o incentivos que permitan el nacimiento de industrias con potencial exportador o la resurrección de la capacidad ociosa tras el industricidio macrista.

22-02-2020 / 10:02
La centralidad de la deuda en la coyuntura actual es de tal magnitud que cualquier decisión del gobierno queda relegada a un segundo plano y condicionada por esa centralidad, que es económica y política a la vez. El ministro Martín Guzmán expuso con claridad en la Cámara de Diputados la suerte de círculo vicioso en que está la cuestión de la deuda pública nacional: "Hay voluntad firme de pagar la deuda. El problema es que no hay capacidad para hacerlo. Para poder pagar Argentina tiene que crecer y para poder crecer se tiene que sacar de encima el peso de una deuda que asfixia".
 
Este círculo, en el que intervienen jugadores con peso e intereses propios, es el centro del debate. El gobierno caracteriza a la deuda como impagable, pero al mismo tiempo la reconoce y legitima, por lo tanto necesita de una "reestructuración profunda": estiramiento de plazos, quita de capital y reducción de intereses.
 
El FMI estaría dispuesto a posponer los vencimientos a cambio de garantías de la sustentabilidad de los mismos, léase superávit fiscal primario suficiente para hacer frente a los vencimientos, al mismo tiempo que presiona para que los privados acepten quitas de capital, que no está dispuesto a hacer con sus propias acreencias. Los bonistas exigen más pagos ahora, un plan económico y el aval del Fondo de que la deuda total es sustentable para luego acordar.
 
El ministro agregó que en su esquema el equilibrio fiscal recién se obtendría para el 2023 -lo que significa que pedirá como mínimo 4 años de gracia- la economía entonces podría crecer al 2% a partir del año próximo. Los analistas consideran que ese crecimiento es bajo para generar los excedentes necesarios para afrontar los vencimientos.
 
La realidad es que las reservas no alcanzan para afrontar las deudas en dólares mientras que para los vencimientos en pesos -suman hasta junio la friolera de 850.000 millones- no es aconsejable emitir, a riesgo de que la inflación se desmadre del todo, por algo se suspenden la indexación jubilatoria y salarial. Así el margen de maniobras es reducidísimo, sino nulo.
 
Pero ¿qué garantiza que haciendo lo de siempre tengamos resultados diferentes? ¿Dónde está la virtud de seguir honrando una deuda que amenaza con continuar por varios años más el estancamiento de la economía? ¿Dónde está escrito que si hay una reestructuración "exitosa" se abrirán los mercados y habrá nuevo financiamiento? ¿Por qué vendrían inversiones productivas que hace tiempo no vienen? ¿Qué garantiza que dentro de 5 años no haya una nueva crisis de deuda?
 
La figura del default se recorta cada vez más nítidamente en el horizonte, el tema es si lo imponen los mercados y entonces la salida será caótica y muy gravosa para los sectores populares, o bien es producto de una decisión política. Entonces la salida no será un campo de rosas, pero será ordenada -deberá ir acompañada de medidas complementarias, como mayor intervención estatal en la banca y el comercio exterior entre otras- y abrirá un futuro diferente a la mediocridad actual. No hay que dejarse amedrentar por el terrorismo mediático de los medios al servicio de los fondos de inversión.

22-02-2020 / 08:02
Está la sensación de que el gobierno de Alberto Fernández llegó hace mucho a pesar de que apenas pasaron dos meses y días desde que asumió. Hay un clima de rutina sin sorpresa. Que en buen castellano también puede definirse como alivio.
 
Es un problema, porque es más fácil convertir en costumbre al alivio que a la tragedia. No es que el nuevo gobierno haya tomado muchas o pocas decisiones. En este fenómeno tiene más que ver el desastre como terminó la gestión de Mauricio Macri, la incertidumbre ante un gobierno paralizado por una crisis creada por ellos mismos y que todos los días arrojaba resultados nefastos sin que pudieran frenarla.
 
Es fácil acostumbrarse al alivio y olvidarse de la tragedia. Es fácil, pero peligroso. El macrista que odia al peronismo, que se hundía pero no quería dar el brazo a torcer ni reconocerlo, y que a pesar de su situación personal en franca picada volvió a votar a Macri, sintió alivio por la derrota. Nadie podrá decir que facilitó el triunfo del peronismo, su conciencia estará tranquila y, gracias a la derrota de su candidato, el bolsillo también.
 
El primer macrista en reconocerlo ha sido el Fondo Monetario Internacional. El organismo decidió prestarle a Macri 56 mil millones de dólares --el 62 por ciento de su capacidad de préstamo-- para que gane las elecciones. Y el tipo habilitó la fuga del 90 por ciento de esa fortuna y encima perdió las elecciones. La primera línea del Fondo, en especial la que baja de Washington y habilitó esa jugada ultramacrista, apostó a perdedor y llevó las finanzas del organismo al borde de la bancarrota.
 
Ahora resulta que el equipo técnico del organismo que, transgrediendo sus propios estatutos, respaldó a Macri contra el actual gobierno, reconoce que la deuda argentina es "insostenible".
 
O sea: reconoce que el préstamo fue un error, que prestaron una fortuna que no se podría devolver. Antes de pedir al Fondo, el gobierno de Macri se había endeudado con particulares en cien mil millones de dólares, en apenas año y medio. Rompió todos los récords, de los planetarios y de la historia. Cuando el Fondo les prestó, los prestamistas particulares ya no querían hacerlo porque veían el borde del precipicio.
 
Deuda "insostenible" en criollo quiere decir que fue una barrabasada. El Fondo está diciendo que la política neoliberal de Cambiemos fue un desatino que destruyó el aparato productivo y creó adicción y dependencia del endeudamiento.
 
Y no fue ejecutada por cuatros de copa sino por las estrellas locales del neoliberalismo, por los economistas que siempre hablaban por la tele, los preferidos por la mayoría de los empresarios, los Ceos campeones del capitalismo. Si el Fondo Monetario reconoce que la deuda es "insostenible", está diciendo que esa gente hizo un desastre.

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