La Opinión Popular
                  20:59  |  Viernes 18 de Julio de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
Recomendar Imprimir
Nacionales - 10-01-2020 / 08:01
EL COSTO EN PÉRDIDA DE RECURSOS POR LOS CAMBIOS AL PROYECTO DE LEY IMPOSITIVA DE AXEL KICILLOF

Guadañazo de $10 mil millones a la Provincia de Buenos Aires para favorecer a los más ricos

Guadañazo de $10 mil millones a la Provincia de Buenos Aires para favorecer a los más ricos
Los cambios no consensuados, los que impuso Juntos por el Cambio haciendo uso de la mayoría propia en la cámara alta, tienen un perfil reconocible: benefician fundamentalmente a los más ricos, a los grupos económicos más concentrados (cerealeras, grandes exportadoras e importadoras, multimedios, grandes propiedades urbanas y rurales) que hicieron valer, una vez más, su poder de lobby sobre los poderes del Estado. En este caso, el legislativo.
El costo que tendría para la administración central bonaerense el conjunto de modificaciones introducidas a la Ley Impositiva, con respecto al proyecto original enviado a fines de diciembre, ascendería a 10 mil millones de pesos, según estimaciones oficiales.
 
El rendimiento extra que debía resultar de los cambios de alícuotas en los impuestos inmobiliario, ingresos brutos, tasas portuarias, patentes, sellos y otros, era de 30 mil millones de pesos, pero a raíz de las dos tandas de cambios, un primer paquete consensuado y otro surgido de las modificaciones impuestas en el Senado bonaerense por la oposición, ese rendimiento se verá recortado en una tercera parte.
 
Los cambios no consensuados, los que impuso Juntos por el Cambio haciendo uso de la mayoría propia en la cámara alta, tienen un perfil reconocible: benefician fundamentalmente a los más ricos, a los grupos económicos más concentrados (cerealeras, grandes exportadoras e importadoras, multimedios, grandes propiedades urbanas y rurales) que hicieron valer, una vez más, su poder de lobby sobre los poderes del Estado. En este caso, el legislativo.
 
El proyecto impositivo de Axel Kicillof apuntaba a otorgarle una progresividad al Inmobiliario Rural y al Urbano que le fijó una actualización anual al gravamen muy por debajo de la inflación para las unidades de menor valor (15 por ciento), que se compensaba en términos fiscales con una actualización superior al índice estimado de inflación del año 2019 para las propiedades mayores (75 por ciento).
 
La negociación entre peronismo y oposición provincial había arrojado como resultado limitar la cantidad de propiedades alcanzadas por una tasa del 75%. Pero el manotazo que le dio al proyecto la mayoría de Juntos por el Cambio en el Senado fue mucho más allá: restringió a una mínima proporción de grandes propiedades la aplicación de la tasa máxima. Pero como, además, aumentó el descuento para quienes paguen el inmobiliario anual en una sola cuota (por su capacidad adquisitiva, todos los contribuyentes alcanzados estarían en condiciones de hacerlo), quienes hagan uso de esta opción pagarán incluso menos del 55% de aumento con respecto al año pasado.
 
En Ingresos Brutos, la barrida que le pegó al proyecto la oposición dejó a las alícuotas en el mismo nivel que tenían el año pasado. El vuelco más significativo fue la eliminación del aumento de un punto para el gravamen sobre los operadores de TV por cable. La propuesta de llevarlo del 2 al 3% tropezó en el Senado, que lo volvió al nivel del 2% de alícuota: un triunfo del lobby multimediático que le ahorra $600 millones en impuestos a Clarín.
 
El otro gravamen cuya modificación reflejó la representación de intereses fue el de la tasa sobre operaciones portuarias, que hubiera representado una recaudación de 4500 millones de pesos anuales. El recorte del Senado redujo su rendimiento a la mitad. Todas estas medidas desfinancian a la Provincia y favorecen a los más ricos.
 
La Opinión Popular

 
LEY IMPOSITIVA
 
El Gobierno bonaerense estimó en 10 mil millones de pesos la pérdida que le causó Cambiemos a la Provincia
 
La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario informó que las modificaciones que impuso el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado a la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires harán que el fisco bonaerense recaude 10.000 millones menos de pesos que no podrán ser destinados a la refacción de escuelas, de hospitales, ni tampoco podrán contribuir a la ayuda social.
 
"Sufrió varios cambios que produjo la oposición y que han favorecido a algunos sectores que no estaban en el espíritu de la ley. Este proyecto buscaba pedir un acompañamiento solidario a aquellos que más tienen y sin embargo una de las modificaciones que impuso la oposición que es que tengan más beneficios aquellos que tienen más en el pago anual. Pasaron de tener un 20 por ciento de descuento a un 25 por ciento de descuento", informó Magario en conferencia de prensa.
 
La vicegobernadora cuestionó las modificaciones que hizo el  bloque de Cambiemos en el Senado que consiguió imponer cambios en la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires para beneficiar a las grandes fortunas.
 
"Estas modificaciones no conservan el espíritu de recaudar aquello que se necesitamos para la emergencia. Estamos hablando de 10.000 millones de pesos menos de recaudación que se va a resentir en menos escuelas arregladas, en menos hospitales arreglados y fundamental en menos ayuda social", sostuvo. "Han destrozado la ley", afirmó.
 
Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof destrozó a la oposición por las modificaciones realizadas sobre la normativa, entre ellas la que le ahorra $600 millones en impuestos a Clarín y cableoperadoras, y que ahora favorecerá a los sectores más acaudalados.
 
 "No estamos de acuerdo porque todas estas medidas desfinancian a la Provincia y favorecen a sectores concentrados. Fue su decisión política: cuando son oposición representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron. Nuestro gobierno tiene prioridades distintas", apuntó. Kicillof en la red social Twitter.
 
Fuentes El Destape y Página12
 

Agreganos como amigo a Facebook
18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
La Opinión Popular
 

16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
La Opinión Popular
 
NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar