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Nacionales - 10-01-2020 / 08:01
EL COSTO EN PÉRDIDA DE RECURSOS POR LOS CAMBIOS AL PROYECTO DE LEY IMPOSITIVA DE AXEL KICILLOF

Guadañazo de $10 mil millones a la Provincia de Buenos Aires para favorecer a los más ricos

Guadañazo de $10 mil millones a la Provincia de Buenos Aires para favorecer a los más ricos
Los cambios no consensuados, los que impuso Juntos por el Cambio haciendo uso de la mayoría propia en la cámara alta, tienen un perfil reconocible: benefician fundamentalmente a los más ricos, a los grupos económicos más concentrados (cerealeras, grandes exportadoras e importadoras, multimedios, grandes propiedades urbanas y rurales) que hicieron valer, una vez más, su poder de lobby sobre los poderes del Estado. En este caso, el legislativo.
El costo que tendría para la administración central bonaerense el conjunto de modificaciones introducidas a la Ley Impositiva, con respecto al proyecto original enviado a fines de diciembre, ascendería a 10 mil millones de pesos, según estimaciones oficiales.
 
El rendimiento extra que debía resultar de los cambios de alícuotas en los impuestos inmobiliario, ingresos brutos, tasas portuarias, patentes, sellos y otros, era de 30 mil millones de pesos, pero a raíz de las dos tandas de cambios, un primer paquete consensuado y otro surgido de las modificaciones impuestas en el Senado bonaerense por la oposición, ese rendimiento se verá recortado en una tercera parte.
 
Los cambios no consensuados, los que impuso Juntos por el Cambio haciendo uso de la mayoría propia en la cámara alta, tienen un perfil reconocible: benefician fundamentalmente a los más ricos, a los grupos económicos más concentrados (cerealeras, grandes exportadoras e importadoras, multimedios, grandes propiedades urbanas y rurales) que hicieron valer, una vez más, su poder de lobby sobre los poderes del Estado. En este caso, el legislativo.
 
El proyecto impositivo de Axel Kicillof apuntaba a otorgarle una progresividad al Inmobiliario Rural y al Urbano que le fijó una actualización anual al gravamen muy por debajo de la inflación para las unidades de menor valor (15 por ciento), que se compensaba en términos fiscales con una actualización superior al índice estimado de inflación del año 2019 para las propiedades mayores (75 por ciento).
 
La negociación entre peronismo y oposición provincial había arrojado como resultado limitar la cantidad de propiedades alcanzadas por una tasa del 75%. Pero el manotazo que le dio al proyecto la mayoría de Juntos por el Cambio en el Senado fue mucho más allá: restringió a una mínima proporción de grandes propiedades la aplicación de la tasa máxima. Pero como, además, aumentó el descuento para quienes paguen el inmobiliario anual en una sola cuota (por su capacidad adquisitiva, todos los contribuyentes alcanzados estarían en condiciones de hacerlo), quienes hagan uso de esta opción pagarán incluso menos del 55% de aumento con respecto al año pasado.
 
En Ingresos Brutos, la barrida que le pegó al proyecto la oposición dejó a las alícuotas en el mismo nivel que tenían el año pasado. El vuelco más significativo fue la eliminación del aumento de un punto para el gravamen sobre los operadores de TV por cable. La propuesta de llevarlo del 2 al 3% tropezó en el Senado, que lo volvió al nivel del 2% de alícuota: un triunfo del lobby multimediático que le ahorra $600 millones en impuestos a Clarín.
 
El otro gravamen cuya modificación reflejó la representación de intereses fue el de la tasa sobre operaciones portuarias, que hubiera representado una recaudación de 4500 millones de pesos anuales. El recorte del Senado redujo su rendimiento a la mitad. Todas estas medidas desfinancian a la Provincia y favorecen a los más ricos.
 
La Opinión Popular

 
LEY IMPOSITIVA
 
El Gobierno bonaerense estimó en 10 mil millones de pesos la pérdida que le causó Cambiemos a la Provincia
 
La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario informó que las modificaciones que impuso el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado a la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires harán que el fisco bonaerense recaude 10.000 millones menos de pesos que no podrán ser destinados a la refacción de escuelas, de hospitales, ni tampoco podrán contribuir a la ayuda social.
 
"Sufrió varios cambios que produjo la oposición y que han favorecido a algunos sectores que no estaban en el espíritu de la ley. Este proyecto buscaba pedir un acompañamiento solidario a aquellos que más tienen y sin embargo una de las modificaciones que impuso la oposición que es que tengan más beneficios aquellos que tienen más en el pago anual. Pasaron de tener un 20 por ciento de descuento a un 25 por ciento de descuento", informó Magario en conferencia de prensa.
 
La vicegobernadora cuestionó las modificaciones que hizo el  bloque de Cambiemos en el Senado que consiguió imponer cambios en la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires para beneficiar a las grandes fortunas.
 
"Estas modificaciones no conservan el espíritu de recaudar aquello que se necesitamos para la emergencia. Estamos hablando de 10.000 millones de pesos menos de recaudación que se va a resentir en menos escuelas arregladas, en menos hospitales arreglados y fundamental en menos ayuda social", sostuvo. "Han destrozado la ley", afirmó.
 
Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof destrozó a la oposición por las modificaciones realizadas sobre la normativa, entre ellas la que le ahorra $600 millones en impuestos a Clarín y cableoperadoras, y que ahora favorecerá a los sectores más acaudalados.
 
 "No estamos de acuerdo porque todas estas medidas desfinancian a la Provincia y favorecen a sectores concentrados. Fue su decisión política: cuando son oposición representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron. Nuestro gobierno tiene prioridades distintas", apuntó. Kicillof en la red social Twitter.
 
Fuentes El Destape y Página12
 

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05-07-2020 / 10:07
Se complica la situación de Daniel "Tano" Angelici, por las escuchas ilegales. El ex presidente de Boca fue un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de asuntos jurídicos de la AFI. Su nombre late fuerte en torno a la causa del espionaje ilegal macrista.
 
Las declaraciones en el Congreso de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri indicaron que el área de Jurídicos, cuya tarea eran las relaciones con el Poder Judicial, se transformó en la más importante del organismo.
 
Estaba a cargo del "Enano" De Stéfano, un hombre de Angelici, uno de los operadores judiciales más afilados del macrismo. Esa área concentró desde visitas a jueces con causas que interesaban a las Casas Rosada y hasta las transcripciones de escuchas que terminaban en manos de medios y periodistas serviciales como Luis Majul.
 
Una de las dos personas que declararon en el Congreso fue detenida en el marco de la causa por espionaje ilegal masivo a dirigentes políticos. La otra fue citada como testigo. No son perejiles, sino todo lo contrario.
 
Se trata de Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, respectivamente, quienes ocuparon sucesivamente la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. Uno de carrera militar, el otro con  casi dos décadas entre los espías, fueron parte del aparato de inteligencia macrista a la vez que, según relataron, tuvieron diferencias con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el uso partidario de la agencia.
 
"Todo pasaba por Jurídicos", aseguró y repitió Dalmau Pereyra. "Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani", dijo Coste. Todo lo escucharon los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Cristian Ritondo y el senador Martín Doñate, miembros de la Bicameral de Inteligencia. Eduardo Valdés también participó en el testimonio de Dalmau Pereyra.
 
A Angelici se le atribuye influencia sobre Juan Mahiques, ex viceministro de justicia y representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura, desde donde aseguran que presionaba a jueces por fallar en contra. Ahora es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
 
La Opinión Popular
 

05-07-2020 / 08:07
04-07-2020 / 10:07
04-07-2020 / 09:07
Cuando la Cámara Federal rechazó la preventiva ilegal a dos empresarios perseguidos por Mauricio Macri, el macrismo la despedazó y tres de sus cuatro jueces, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero salieron expulsados por la ventana; los jueces Luis Arias y Martina Fons que detuvieron el aumento desmedido de tarifas fueron aniquilados por el macrismo; y los jueces laborales Mirta González Burbridge, Diana Cañal y Luis Raffaghelli, que reinstalaron trabajadores despedidos por el macrismo más los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que se opusieron a los despidos en Telam, fueron todos denunciados por Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura que ellos controlaban.
 
Hay mucho más. Esta sólo es la información que determinó la amonestación al gobierno macrista por parte del relator de la ONU para la independencia de los jueces, un récord internacional anti republicano de Cambiemos.
 
Con esa influencia determinante sobre tantos jueces y fiscales, durante cuatro años el macrismo se dedicó a perseguir a funcionarios y dirigentes de la gestión anterior, así como a empresarios acusados de haberla apoyado y a opositores, sindicalistas y dirigentes sociales.
 
Crearon causas tan absurdas como la de unos cuadernos que no existían. Se aceptaron fotocopias que fueron entregadas misteriosamente a un periodista del PRO del diario La Nación. Y aún así para conseguir la prueba tuvieron que aplicar la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex funcionarios y empresarios.
 
No hay un solo elemento sano en todo ese cuerpo probatorio, como tampoco lo hay en la mayoría de las causas fraguadas con el lawfare, con falsos peritos, excavaciones desopilantes en la Patagonia, show mediático del maltrato a detenidos y el festival de preventivas irregulares para contribuir al circo mediático. Si hubo o no corrupción durante los gobiernos K quedará en la incógnita porque, en la mayoría de las causas que abrieron, se ve la mano en la trampa. 
 

03-07-2020 / 12:07
En los últimos meses se han reportado 60 abominables hechos delictivos contra silobolsas con granos en campos de productores de diferentes provincias. Las pérdidas significan un perjuicio económico para el productor y los Estados nacional, provincial y municipal que dejan de recaudar a través de impuestos y tasas al no poderse vender. 
 
Ayer la cadena agroindustrial respaldó el proyecto de Ley de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para enfrentar al delito rural y pidió un rápido tratamiento en el Congreso. Mientras, sectores de la oposición política, mediática y económica mas gurka encontraron una nueva excusa para atacar al gobierno; esta vez pretenden responsabilizarlo por la perpetración de delitos penales en establecimientos agropecuarios como la rotura de silobolsas.
 
La desmesura de estos renovados ataques al gobierno fueron estimulados por los grandes medios de comunicación porteños. Algunos periodistas no dudaron en atribuir la comisión de esos delitos al kirchnerismo, aunque no se sintieron en la obligación de presentar una sola prueba pese a la gravedad de las imputaciones.
 
Es más, ya van varios días de esta campaña -a la que se sumaron algunas entidades agropecuarias, instituciones económicas, dirigentes políticos y rurales y medios de comunicación afines- sin que nadie pueda aportar evidencias para respaldar las acusaciones. A pesar de ello, nadie bajó el tono de los violentos discursos.
 
En el colmo del extravío, una de las entidades rurales llegó a acusar al presidente de la Nación por su "silencio cómplice", dando a entender que la máxima autoridad política del país está vinculado a los hechos. Una verdadera falta de prudencia y discernimiento.



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