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Nacionales - 09-01-2020 / 12:01
ALCANZARÁ A LOS TRABAJADORES CON SUELDOS DE HASTA $60.000 NETOS Y ES A CUENTA DE AUMENTOS

El Gobierno de Fernández otorga $4.000 por decreto a estatales, a pagar en febrero y en marzo

El Gobierno de Fernández otorga $4.000 por decreto a estatales, a pagar en febrero y en marzo
El Jefe de Gabinete Santiago Cafiero habló anoche ante la prensa y despejó las dudas que sobrevolaban en cuanto al cobro de un aumento salarial para empleados del Estado. En ese sentido, el funcionario confirmó que, al igual que quienes se desempeñen en el ámbito privado, los empleados del sector público también cobrarán una suma fija: “Los estatales también estarán contemplados en los aumentos”.
El gobierno de Alberto Fernández afinó el lápiz y tras arduas negociaciones publicó hoy en el Boletín Oficial, el aumento de $4.000 como suma fija y remunerativa para los estatales. El monto, dividido en dos sumas, $3.000 a cobrar en febrero y el resto en marzo, beneficiará a los trabajadores que tengan ingresos menores a $60.000 de bolsillo.
 
Los docentes, a la espera, tendrán en la paritaria nacional una suba similar, que comenzará tomar forma a mediados de mes cuando se dé el puntapié inicial de la paritaria federal, como lo ratificó el titular de la cartera educativa, Nicolás Trotta.
 
Como reitera la CGT, a este esquema de mejoras de "emergencia" le deberá replicar una actitud empresaria para no trasladar "costo a inflación", como enfatizó uno de los jefes de Azopardo, Héctor Daer. En datos duros para el tramo de 2018-2019, los empleados estatales perdieron en promedio un 17% de poder adquisitivo comparando contra tramo de negociación de 2015-2016, para graficar la corrosión salarial hay que agregar a esa ponderación lo perdido desde 2019 a la fecha.
 
La trama del anuncio respecto al decreto también incluyó una reunión en la Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Trabajo Claudio Moroni y el secretario general de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez.


Otra reunión se había tendido antes con el jefe de Ministros y el jefe del Suteba, Roberto Baradel; el líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; y el secretario General de UTE y Gremial de CTERA, Eduardo López. Allí también se acordó que el aumento será a cuenta de las paritarias de este año.
 
Alcanzará los convenios donde no exista cláusula gatillo ya que la misma va equilibrando los salarios, sí la tónica de mejorar los ingresos más perjudicados por la inflación y sin ninguna "medicina" prevista para atenuar la pérdida de poder adquisitivo.
 
"Cachorro" Godoy remarcó que tanto su organización sindical como la CTAA "apoya y valora" el gesto oficial. En idéntico tono se expresaron el compañero de conducción de esa central Ricardo Peidró y la dirigente de Conadu Claudia Baigorria. "Si bien tiene gusto a poco en relación a la magnitud del atraso, viene a paliar en parte la situación, y esperamos recuperarlo definitivamente en próximas negociaciones", dijo en referencia al poder adquisitivo de su sector.


Respecto al necesario eje político de la política salarial, los dirigentes consideraron prioritario "un Estado democrático y popular", y para eso consideran necesario "avanzar en una mayor intervención del Estado para promover el trabajo y la producción".
 
La Opinión Popular

 
El Gobierno detalló cómo será el aumento para los estatales
 
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni anticipó que el decreto "está por salir" y aseguro que el objetivo del Gobierno es lograr que los salarios "no pierdan" ante la inflación.
 
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que este año "los salarios van a ganar en términos reales" con respecto a la inflación y explicó que el aumento para el sector privado busca "poner un piso a las paritarias 2020" y así "recuperar la pérdida" de ingresos
 
Invitado a A dos voces, el funcionario adelantó, además, que la misma medida se tomará para los empleados de dependencias estatales a través de un decreto que, según dijo, "está por salir".
 
En ese sentido, Moroni adelantó que el beneficio será "casi idéntico" para los trabajadores privados. "Nuestro compromiso es que los salarios este año no van a perder. Y si todo sale como estamos pensando van a crecer en términos reales", enfatizó.
 
El sábado pasado el Gobierno oficializó un incremento de salarios de $4000 para el sector privado, ($3000 en febrero y $1000 más en marzo) que será a cuenta de futuras paritarias.
 
Al respecto, el titular de la cartera de Trabajo, indicó que la administración de Alberto Fernández intentó "ponerle un piso a las paritarias 2020".
 
"Con este aumento conseguimos que aproximadamente el 20% de los trabajadores recuperen la casi totalidad de la pérdida de salario que habían tenido durante 2019", aseguró Moroni, y agregó: "Estamos tratando de recuperar esa pérdida y fijar un incremento sostenido del poder adquisitivo del salario".
 
Si bien no dio detalles sobre cuándo se oficializará el bono para el sector públicos, según consigna TN fuentes gubernamentales indicaron a NA que la intención es publicar el DNU el viernes y que el mismo implicaría una suba de $3000 para febrero y otra de $1000 para marzo.
 
Si bien todavía la redacción del decreto se encuentra en proceso, el Gobierno ya habría definido que el aumento no alcanzará a aquellos que tengan convenios con cláusula de ajuste automático.
 
Fuente: Radio Mitre
 

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05-07-2020 / 10:07
Se complica la situación de Daniel "Tano" Angelici, por las escuchas ilegales. El ex presidente de Boca fue un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de asuntos jurídicos de la AFI. Su nombre late fuerte en torno a la causa del espionaje ilegal macrista.
 
Las declaraciones en el Congreso de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri indicaron que el área de Jurídicos, cuya tarea eran las relaciones con el Poder Judicial, se transformó en la más importante del organismo.
 
Estaba a cargo del "Enano" De Stéfano, un hombre de Angelici, uno de los operadores judiciales más afilados del macrismo. Esa área concentró desde visitas a jueces con causas que interesaban a las Casas Rosada y hasta las transcripciones de escuchas que terminaban en manos de medios y periodistas serviciales como Luis Majul.
 
Una de las dos personas que declararon en el Congreso fue detenida en el marco de la causa por espionaje ilegal masivo a dirigentes políticos. La otra fue citada como testigo. No son perejiles, sino todo lo contrario.
 
Se trata de Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, respectivamente, quienes ocuparon sucesivamente la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. Uno de carrera militar, el otro con  casi dos décadas entre los espías, fueron parte del aparato de inteligencia macrista a la vez que, según relataron, tuvieron diferencias con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el uso partidario de la agencia.
 
"Todo pasaba por Jurídicos", aseguró y repitió Dalmau Pereyra. "Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani", dijo Coste. Todo lo escucharon los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Cristian Ritondo y el senador Martín Doñate, miembros de la Bicameral de Inteligencia. Eduardo Valdés también participó en el testimonio de Dalmau Pereyra.
 
A Angelici se le atribuye influencia sobre Juan Mahiques, ex viceministro de justicia y representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura, desde donde aseguran que presionaba a jueces por fallar en contra. Ahora es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
 
La Opinión Popular
 

05-07-2020 / 08:07
04-07-2020 / 10:07
04-07-2020 / 09:07
Cuando la Cámara Federal rechazó la preventiva ilegal a dos empresarios perseguidos por Mauricio Macri, el macrismo la despedazó y tres de sus cuatro jueces, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero salieron expulsados por la ventana; los jueces Luis Arias y Martina Fons que detuvieron el aumento desmedido de tarifas fueron aniquilados por el macrismo; y los jueces laborales Mirta González Burbridge, Diana Cañal y Luis Raffaghelli, que reinstalaron trabajadores despedidos por el macrismo más los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que se opusieron a los despidos en Telam, fueron todos denunciados por Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura que ellos controlaban.
 
Hay mucho más. Esta sólo es la información que determinó la amonestación al gobierno macrista por parte del relator de la ONU para la independencia de los jueces, un récord internacional anti republicano de Cambiemos.
 
Con esa influencia determinante sobre tantos jueces y fiscales, durante cuatro años el macrismo se dedicó a perseguir a funcionarios y dirigentes de la gestión anterior, así como a empresarios acusados de haberla apoyado y a opositores, sindicalistas y dirigentes sociales.
 
Crearon causas tan absurdas como la de unos cuadernos que no existían. Se aceptaron fotocopias que fueron entregadas misteriosamente a un periodista del PRO del diario La Nación. Y aún así para conseguir la prueba tuvieron que aplicar la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex funcionarios y empresarios.
 
No hay un solo elemento sano en todo ese cuerpo probatorio, como tampoco lo hay en la mayoría de las causas fraguadas con el lawfare, con falsos peritos, excavaciones desopilantes en la Patagonia, show mediático del maltrato a detenidos y el festival de preventivas irregulares para contribuir al circo mediático. Si hubo o no corrupción durante los gobiernos K quedará en la incógnita porque, en la mayoría de las causas que abrieron, se ve la mano en la trampa. 
 

03-07-2020 / 12:07
En los últimos meses se han reportado 60 abominables hechos delictivos contra silobolsas con granos en campos de productores de diferentes provincias. Las pérdidas significan un perjuicio económico para el productor y los Estados nacional, provincial y municipal que dejan de recaudar a través de impuestos y tasas al no poderse vender. 
 
Ayer la cadena agroindustrial respaldó el proyecto de Ley de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para enfrentar al delito rural y pidió un rápido tratamiento en el Congreso. Mientras, sectores de la oposición política, mediática y económica mas gurka encontraron una nueva excusa para atacar al gobierno; esta vez pretenden responsabilizarlo por la perpetración de delitos penales en establecimientos agropecuarios como la rotura de silobolsas.
 
La desmesura de estos renovados ataques al gobierno fueron estimulados por los grandes medios de comunicación porteños. Algunos periodistas no dudaron en atribuir la comisión de esos delitos al kirchnerismo, aunque no se sintieron en la obligación de presentar una sola prueba pese a la gravedad de las imputaciones.
 
Es más, ya van varios días de esta campaña -a la que se sumaron algunas entidades agropecuarias, instituciones económicas, dirigentes políticos y rurales y medios de comunicación afines- sin que nadie pueda aportar evidencias para respaldar las acusaciones. A pesar de ello, nadie bajó el tono de los violentos discursos.
 
En el colmo del extravío, una de las entidades rurales llegó a acusar al presidente de la Nación por su "silencio cómplice", dando a entender que la máxima autoridad política del país está vinculado a los hechos. Una verdadera falta de prudencia y discernimiento.



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