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Nacionales - 07-01-2020 / 07:01
NOTICIA DEL FRACASO NEO LIBERAL

Vacunas: confirman condena contra la gestión Macri por no dar razones de las suspensiones

Vacunas: confirman condena contra la gestión Macri por no dar razones de las suspensiones
UNA IMAGEN PARA LA GILADA. Ya es bien sabido que bajo el gobierno de Macri se dejaron de aplicar algunas vacunas a los niños debido a que las partidas compradas eran insuficientes. Las quejas que oportunamente elevaron los gobiernos provinciales es la mejor prueba de esa omisión aberrante de un gobierno que consideraba un «gasto» superfluo digno de ser suprimido a la inversión en salud.
El pasado 26 de diciembre, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia, así como la decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública que ordenaba al Estado a hacer pública toda la información relativa a la suspensión de la vacuna pentavalente que protege contra 5 enfermedades: difteria, tos convulsa, tétanos, influenza tipo b y hepatitis B, que debe suministrarse a los 11 años de edad.
 
El caso debió ser judicializado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), producto de la resistencia de la entonces Secretaría de Salud de la Nación, en la gestión Cambiemos, a dar respuesta a los requerimientos de información oportunamente formulados por la Asociación en relación a la suspensión de la vacuna en agosto de 2018. El juzgado federal número 2 de La Plata ya había determinado que la Secretaría había incurrido en un comportamiento ilegal al suspender la entrega de la dosis mediante un comunicado de prensa.
 
Pero no son estas las únicas noticias que, solo en las últimas horas, hablan con tanta elocuencia del macrismo y su (in)acción de gobierno. Ahora se acaba de saber que más de 12 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión se encontraban retenidas en la Aduana desde hacía varios meses.
 
En momentos en que se acaba de producir un brote de esa temible enfermedad en el Conurbano bonaerense, es decir, el área más densamente poblada del país, la noticia adquiere una dimensión especial y de nada valen las burdas excusas que intentaron los exfuncionarios macristas para justificarse.
 
Especialmente porque ya es bien sabido que bajo el gobierno anterior se dejaron de aplicar algunas vacunas a los niños debido a que las partidas compradas eran insuficientes. Las quejas que oportunamente elevaron los gobiernos provinciales es la mejor prueba de esa omisión aberrante de un gobierno que consideraba un «gasto» superfluo digno de ser suprimido a la inversión en salud.
 
El viernes, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, presenció la liberación del primer lote de un total de 12,4 millones de dosis de vacunas que estaban retenidas en la Aduana del aeropuerto internacional de Ezeiza, y dijo que en un plazo de hasta 15 días "va a haber stock de vacunas en todas las provincias".
 
Aquellos que, a pesar de las evidencias contundentes, siguen defendiendo a un gobierno neoliberal tan destructivo, deberían leer con más atención estas noticias que -por sí mismas y exentas de toda opinión- definen palmariamente esa gestión.
 
La Opinión Popular

 
Las insólitas respuestas que dio el Gobierno de Macri por la suspensión de la vacuna de la meningitis
  
La ex Secretaría de Salud debió presentar un informe por orden judicial para explicar los motivos de la suspensión de la dosis incluida en el Calendario Nacional de Vacunación.
 
Por Agustina Acciardi
 
En agosto de 2018 la Secretaria de Salud de la Nación del Gobierno de Mauricio Macri, a cargo de Adolfo Rubinstein, anunció que por "dificultades en la adquisición y entrega" de la vacuna de la meningitis, iban a suspender temporalmente la dosis que figuraba en el Calendario Nacional de Vacunación para los chicos de 11 años.
 
Desde entonces, AJUS La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron sus respectivas demandas ante la falta de vacunas y también ante la escasa información sobre una medida que afectaba a la salud de la población.
 
De este modo, la situación se judicializó, y a pesar de que se le exigió a la ex Secretaría aportar datos sobre la suspensión, lo cierto es que el Gobierno de Mauricio Macri terminó sin que se repusieran las dosis y sin que desde Salud presentaran un informe detallado de la situación.
 
Luego de las apelaciones que hicieron desde el Estado, en los últimos días la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, y de este modo, el Estado fue condenado y deberá informar los motivos de la interrupción de la vacuna de la meningitis para los chicos de 11 años.
 
Según explicó a BigBang Rodrigo Robles Tristán, abogado del área Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ, en agosto de 2018, cuando la ex Secretaría de Salud dio a conocer la suspensión de la vacuna, desde la asociación hicieron uso de la Ley de acceso a la Información Pública, y le pidieron al Estado que brinde detalles de la decisión.
 
"Se nos contestó que la población de mayor riesgo eran los más chiquitos y no había más información que eso. No se explicaron las dificultades de adquisición y entrega de las que la Secretaría de Salud habló", dijo, y además indicó que desde el Estado dieron fundamentos que eran erráticos y poco coherentes, porque por un lado decían que había baja incidencia de enfermedad en el país, y por el otro que había problema con la adquisición de la vacuna.
 
De este modo, con una Justicia que ya se había expedido y que había indicado que no se podía suspender una vacuna incluida en el calendario, la Agencia de Acceso a la Información Pública sacó un comunicado donde aseveraban que la respuesta  de la Secretaría era incompleta, y aún a pesar de eso, desde el Gobierno de Macri no brindaron ninguna respuesta clara.
 
Por eso mismo, desde ACIJ llevaron a cabo una acción de amparo para que se cumpliera con lo pedido y en octubre de 2019 el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5 fallo a favor de la asociación, lo que llevó a que el Estado apelara. "Ahora llegamos a la cámara, que lo que hace es confirmar la decisión anterior. Las instancias de apelaciones pueden seguir, porque el Estado puede ir ante la Corte Suprema de la Nación, aunque no cualquiera llega hasta ahí", indicó Robles Tristán.
 
Según el letrado, desde la asociación iniciaron la causa por falta de razones y por la falta de información de parte de la ex Secretaría de Salud sobre un tema que es público y que implica a toda la sociedad, como lo es la salud. "Cualquier tipo de decisión, que sea publica o que regresiva en derechos, tiene que ser pública. En esta cuestión, mas allá de la violación al derecho a la salud, está la falta de información pública", dijo por último.
 
En el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que fue expedido el pasado 26 de diciembre, además de condenar al Estado por la suspensión de la vacuna contra la meningitis en niños de 11 años, también se detallaron las cuestiones que la ACIJ le había exigido a la Secretaría y que nunca contestaron.
 
Fuente: Big Bang
 

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Vacunas: confirman condena contra la gestión Macri por no dar razones de las suspensiones
Sin palabras.
17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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