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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 07-01-2020 / 07:01

NOTICIA DEL FRACASO NEO LIBERAL

Vacunas: confirman condena contra la gestión Macri por no dar razones de las suspensiones

UNA IMAGEN PARA LA GILADA. Ya es bien sabido que bajo el gobierno de Macri se dejaron de aplicar algunas vacunas a los niños debido a que las partidas compradas eran insuficientes. Las quejas que oportunamente elevaron los gobiernos provinciales es la mejor prueba de esa omisión aberrante de un gobierno que consideraba un «gasto» superfluo digno de ser suprimido a la inversión en salud.

El pasado 26 de diciembre, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia, así como la decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública que ordenaba al Estado a hacer pública toda la información relativa a la suspensión de la vacuna pentavalente que protege contra 5 enfermedades: difteria, tos convulsa, tétanos, influenza tipo b y hepatitis B, que debe suministrarse a los 11 años de edad.

El caso debió ser judicializado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), producto de la resistencia de la entonces Secretaría de Salud de la Nación, en la gestión Cambiemos, a dar respuesta a los requerimientos de información oportunamente formulados por la Asociación en relación a la suspensión de la vacuna en agosto de 2018. El juzgado federal número 2 de La Plata ya había determinado que la Secretaría había incurrido en un comportamiento ilegal al suspender la entrega de la dosis mediante un comunicado de prensa.

Pero no son estas las únicas noticias que, solo en las últimas horas, hablan con tanta elocuencia del macrismo y su (in)acción de gobierno. Ahora se acaba de saber que más de 12 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión se encontraban retenidas en la Aduana desde hacía varios meses.

En momentos en que se acaba de producir un brote de esa temible enfermedad en el Conurbano bonaerense, es decir, el área más densamente poblada del país, la noticia adquiere una dimensión especial y de nada valen las burdas excusas que intentaron los exfuncionarios macristas para justificarse.

Especialmente porque ya es bien sabido que bajo el gobierno anterior se dejaron de aplicar algunas vacunas a los niños debido a que las partidas compradas eran insuficientes. Las quejas que oportunamente elevaron los gobiernos provinciales es la mejor prueba de esa omisión aberrante de un gobierno que consideraba un «gasto» superfluo digno de ser suprimido a la inversión en salud.

El viernes, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, presenció la liberación del primer lote de un total de 12,4 millones de dosis de vacunas que estaban retenidas en la Aduana del aeropuerto internacional de Ezeiza, y dijo que en un plazo de hasta 15 días "va a haber stock de vacunas en todas las provincias".

Aquellos que, a pesar de las evidencias contundentes, siguen defendiendo a un gobierno neoliberal tan destructivo, deberían leer con más atención estas noticias que -por sí mismas y exentas de toda opinión- definen palmariamente esa gestión.

La Opinión Popular

Las insólitas respuestas que dio el Gobierno de Macri por la suspensión de la vacuna de la meningitis

La ex Secretaría de Salud debió presentar un informe por orden judicial para explicar los motivos de la suspensión de la dosis incluida en el Calendario Nacional de Vacunación.

Por Agustina Acciardi

En agosto de 2018 la Secretaria de Salud de la Nación del Gobierno de Mauricio Macri, a cargo de Adolfo Rubinstein, anunció que por "dificultades en la adquisición y entrega" de la vacuna de la meningitis, iban a suspender temporalmente la dosis que figuraba en el Calendario Nacional de Vacunación para los chicos de 11 años.

Desde entonces, AJUS La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron sus respectivas demandas ante la falta de vacunas y también ante la escasa información sobre una medida que afectaba a la salud de la población.

De este modo, la situación se judicializó, y a pesar de que se le exigió a la ex Secretaría aportar datos sobre la suspensión, lo cierto es que el Gobierno de Mauricio Macri terminó sin que se repusieran las dosis y sin que desde Salud presentaran un informe detallado de la situación.

Luego de las apelaciones que hicieron desde el Estado, en los últimos días la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, y de este modo, el Estado fue condenado y deberá informar los motivos de la interrupción de la vacuna de la meningitis para los chicos de 11 años.

Según explicó a BigBang Rodrigo Robles Tristán, abogado del área Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ, en agosto de 2018, cuando la ex Secretaría de Salud dio a conocer la suspensión de la vacuna, desde la asociación hicieron uso de la Ley de acceso a la Información Pública, y le pidieron al Estado que brinde detalles de la decisión.

"Se nos contestó que la población de mayor riesgo eran los más chiquitos y no había más información que eso. No se explicaron las dificultades de adquisición y entrega de las que la Secretaría de Salud habló", dijo, y además indicó que desde el Estado dieron fundamentos que eran erráticos y poco coherentes, porque por un lado decían que había baja incidencia de enfermedad en el país, y por el otro que había problema con la adquisición de la vacuna.

De este modo, con una Justicia que ya se había expedido y que había indicado que no se podía suspender una vacuna incluida en el calendario, la Agencia de Acceso a la Información Pública sacó un comunicado donde aseveraban que la respuesta de la Secretaría era incompleta, y aún a pesar de eso, desde el Gobierno de Macri no brindaron ninguna respuesta clara.

Por eso mismo, desde ACIJ llevaron a cabo una acción de amparo para que se cumpliera con lo pedido y en octubre de 2019 el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5 fallo a favor de la asociación, lo que llevó a que el Estado apelara. "Ahora llegamos a la cámara, que lo que hace es confirmar la decisión anterior. Las instancias de apelaciones pueden seguir, porque el Estado puede ir ante la Corte Suprema de la Nación, aunque no cualquiera llega hasta ahí", indicó Robles Tristán.

Según el letrado, desde la asociación iniciaron la causa por falta de razones y por la falta de información de parte de la ex Secretaría de Salud sobre un tema que es público y que implica a toda la sociedad, como lo es la salud. "Cualquier tipo de decisión, que sea publica o que regresiva en derechos, tiene que ser pública. En esta cuestión, mas allá de la violación al derecho a la salud, está la falta de información pública", dijo por último.

En el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que fue expedido el pasado 26 de diciembre, además de condenar al Estado por la suspensión de la vacuna contra la meningitis en niños de 11 años, también se detallaron las cuestiones que la ACIJ le había exigido a la Secretaría y que nunca contestaron.

Fuente: Big Bang

Sin palabras.

18-02-2026 / 10:02

Industricidio de Milei: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular

16-02-2026 / 09:02

¿Anti casta?: Milei se metió sus denuncias retóricas contra “las ratas de los senadores” en el culo

Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.

Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.

Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.

Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.

Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.

Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.

Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.

Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.

Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.

Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.

15-02-2026 / 09:02

El cipayo Milei pretende que Argentina sea una colonia de los yanquis

Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial.

El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.

Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.

Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.

¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.

El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.

La Opinión Popular