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Nacionales - 06-01-2020 / 09:01
UN DEBATE QUE REAPARECE

¿El costo de la política o el costo del macrismo en la política?

¿El costo de la política o el costo del macrismo en la política?
Una vez más, como en 2001, a los argentinos y argentinas nos han puesto a hablar del “costo de la política”. Una vez más, cuando un modelo socioeconómico que benefició a unos pocos y empobreció a las mayorías deja tierra arrasada, los responsables nos ponen a auscultar los sueldos y gastos de nuestros funcionarios públicos.
Hoy volvemos a hablar del "costo de la política". Y salta a primera vista un contraste sorprendente con el año 2015 y los que siguieron. Cuando el ex presidente Mauricio Macri llenó el Estado y el gobierno de CEOs y funcionarios provenientes del sector privado, muchos de ellos ricos y (presuntamente) exitosos, muy pocas voces cuestionaron los jugosos salarios y las cómodas posiciones que se le reservaban.
 
¿Por qué? Porque esa nueva elite política, heterogénea pero en la que sobresalían, entre otros, directivos de grandes empresas privadas, herederos de cuantiosas fortunas y altos dirigentes de las corporaciones del gran empresariado, se legitimó en el poder mediante un conjunto de asimetrías, derivadas de las asimetrías sociales vinculadas con su pertenencia social, de las que no suelen gozar los políticos profesionales.
 
Una doble vara con la que el sentido común juzgó la legitimidad de origen y el ejercicio del poder de unos y de otros. Primero, la cuestión de la riqueza y el éxito como garantía de honestidad ¿Acaso no recordamos todos aquella cuestión de "no van a robar porque son ricos"?
 
El sentido común afirmaba que, por ser ricos y exitosos los funcionarios de Cambiemos eran (todos, necesariamente) honestos y eficientes, en contraste con los políticos profesionales, que eran (todos, necesariamente) corruptos e inoperantes. Ya que la situación socioeconómica privilegiada les permitía a los primeros hacer de la política una profesión secundaria, no necesitaban "vivir de la política", como sí los segundos.
 
Segundo, la cuestión de los privilegios naturales. Para que estos ricos y exitosos aceptaran gestionar el Estado y dirigir el gobierno les concedimos privilegios que les correspondían por el solo hecho de ser ricos y exitosos.
 
Pagarles sueldos exorbitantes, tolerarles gastos desproporcionados en el ejercicio de la función pública, convertir al Estado en "coto de caza" de sus propios intereses privados, mientras nos decían que los argentinos debíamos renunciar a nuestros "consumos irracionales" (salud, educación, vacaciones, etc.).
 
El sentido común nos decía que debíamos aplaudir despidos masivos e indiscriminados en el sector público, y tolerar que por la otra ventanilla se contratara a nuevos funcionarios con sueldos siderales. Porque, ¿cómo retenerlos si no en el Estado, donde "los necesitábamos"?
 
Tercero, esa paradójica cuestión de que a los funcionarios ricos y exitosos se les tolera enriquecerse descaradamente a costa del interés público, pero se los exime de ser exitosos en el manejo del gobierno y del Estado.
 
Porque a pesar de que abandonaron velozmente las oficinas públicas y los sillones de los despachos tras conducir el peor gobierno de la historia argentina, muy poco nos hemos preguntado, hasta hoy, sobre el "costo" (el tremendo costo) que su ocurrencia de "meterse en política" tuvo para nosotros y nuestro futuro.

 
Una vez más, como en 2001, a los argentinos y argentinas nos han puesto a hablar del "costo de la política". Una vez más, cuando un modelo socioeconómico que benefició a unos pocos y empobreció a las mayorías deja tierra arrasada, los responsables nos ponen a auscultar los sueldos y gastos de nuestros funcionarios públicos.
 
Sin dudas, uno de los éxitos culturales más claros de los poderosos: ponernos a todos a hablar de cualquier otra cosa, menos de su propia responsabilidad en el desastre colectivo. 
 
Cierto sentido común generalizado indica que el gobierno y el Estado en manos de políticos profesionales son necesariamente objeto de saqueo, y tan instalada está esa convicción que es casi imposible esgrimir argumentos racionales contra ella.
 
La mera existencia de hombres y mujeres que, además de tener vocación para ello, pretendan "vivir de la política", esto es, obtener una retribución económica a cambio de su trabajo político, es visto como algo sospechoso, cuando no un síntoma de una moral cuestionable.
 
Y entonces es necesario repetir: hacer política es un trabajo, y para que ese trabajo esté bien hecho, preferentemente debe estar bien pago; ¿no es lo que repetimos constantemente cuando se trata de nuestras propias ocupaciones?
 
Que hoy volvamos a hablar del "costo de la política" es un triunfo de ese mismo sentido común, que también en 2001 encubrió a los responsables del desastre, cuando la poderosísima comunidad de negocios forjada al calor del modelo de Convertibilidad logró convencer a la mayoría de los argentinos que era mejor "que se vayan todos". Afortunadamente aquellos políticos profesionales no se fueron. 
 
Hoy una vez más, la política (y los políticos) aparecen como la única alternativa posible al abismo. Para ellos es, otra vez, el momento de mostrar que están a la altura de lo que la sociedad espera de su desempeño, de lograr resultados más allá de las palabras. Sería deseable aceptar, entonces, la importancia de la profesionalización de la política: que el gobierno sea responsabilidad de personas que se especializan en eso y no la "probation" de ricos y exitosos que se dedican a "devolverle a la sociedad" algo de lo mucho que le sacaron.
 
Mientras Vidal disfruta de una escapadita a París con novio nuevo, Carrió hace sesiones de fotos en su panadería favorita de Recoleta o Macri viaja a Medio Oriente a ver un partido de fútbol, hablemos de costos: pero de los costos devastadores que nos dejó su gobierno. Hablemos del costo de las políticas públicas de ellos. Aprender de esos costos nos puede ayudar a construir un país diferente, y una política diferente para ese país.
 
Por Paula Canelo, socióloga. Autora de ¿Cambiamos? La batalla cultural por el sentido común de los argentinos, Siglo XXI Editores.
 
Fuente: El Destape
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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