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Nacionales - 06-01-2020 / 09:01
UN DEBATE QUE REAPARECE

¿El costo de la política o el costo del macrismo en la política?

¿El costo de la política o el costo del macrismo en la política?
Una vez más, como en 2001, a los argentinos y argentinas nos han puesto a hablar del “costo de la política”. Una vez más, cuando un modelo socioeconómico que benefició a unos pocos y empobreció a las mayorías deja tierra arrasada, los responsables nos ponen a auscultar los sueldos y gastos de nuestros funcionarios públicos.
Hoy volvemos a hablar del "costo de la política". Y salta a primera vista un contraste sorprendente con el año 2015 y los que siguieron. Cuando el ex presidente Mauricio Macri llenó el Estado y el gobierno de CEOs y funcionarios provenientes del sector privado, muchos de ellos ricos y (presuntamente) exitosos, muy pocas voces cuestionaron los jugosos salarios y las cómodas posiciones que se le reservaban.
 
¿Por qué? Porque esa nueva elite política, heterogénea pero en la que sobresalían, entre otros, directivos de grandes empresas privadas, herederos de cuantiosas fortunas y altos dirigentes de las corporaciones del gran empresariado, se legitimó en el poder mediante un conjunto de asimetrías, derivadas de las asimetrías sociales vinculadas con su pertenencia social, de las que no suelen gozar los políticos profesionales.
 
Una doble vara con la que el sentido común juzgó la legitimidad de origen y el ejercicio del poder de unos y de otros. Primero, la cuestión de la riqueza y el éxito como garantía de honestidad ¿Acaso no recordamos todos aquella cuestión de "no van a robar porque son ricos"?
 
El sentido común afirmaba que, por ser ricos y exitosos los funcionarios de Cambiemos eran (todos, necesariamente) honestos y eficientes, en contraste con los políticos profesionales, que eran (todos, necesariamente) corruptos e inoperantes. Ya que la situación socioeconómica privilegiada les permitía a los primeros hacer de la política una profesión secundaria, no necesitaban "vivir de la política", como sí los segundos.
 
Segundo, la cuestión de los privilegios naturales. Para que estos ricos y exitosos aceptaran gestionar el Estado y dirigir el gobierno les concedimos privilegios que les correspondían por el solo hecho de ser ricos y exitosos.
 
Pagarles sueldos exorbitantes, tolerarles gastos desproporcionados en el ejercicio de la función pública, convertir al Estado en "coto de caza" de sus propios intereses privados, mientras nos decían que los argentinos debíamos renunciar a nuestros "consumos irracionales" (salud, educación, vacaciones, etc.).
 
El sentido común nos decía que debíamos aplaudir despidos masivos e indiscriminados en el sector público, y tolerar que por la otra ventanilla se contratara a nuevos funcionarios con sueldos siderales. Porque, ¿cómo retenerlos si no en el Estado, donde "los necesitábamos"?
 
Tercero, esa paradójica cuestión de que a los funcionarios ricos y exitosos se les tolera enriquecerse descaradamente a costa del interés público, pero se los exime de ser exitosos en el manejo del gobierno y del Estado.
 
Porque a pesar de que abandonaron velozmente las oficinas públicas y los sillones de los despachos tras conducir el peor gobierno de la historia argentina, muy poco nos hemos preguntado, hasta hoy, sobre el "costo" (el tremendo costo) que su ocurrencia de "meterse en política" tuvo para nosotros y nuestro futuro.

 
Una vez más, como en 2001, a los argentinos y argentinas nos han puesto a hablar del "costo de la política". Una vez más, cuando un modelo socioeconómico que benefició a unos pocos y empobreció a las mayorías deja tierra arrasada, los responsables nos ponen a auscultar los sueldos y gastos de nuestros funcionarios públicos.
 
Sin dudas, uno de los éxitos culturales más claros de los poderosos: ponernos a todos a hablar de cualquier otra cosa, menos de su propia responsabilidad en el desastre colectivo. 
 
Cierto sentido común generalizado indica que el gobierno y el Estado en manos de políticos profesionales son necesariamente objeto de saqueo, y tan instalada está esa convicción que es casi imposible esgrimir argumentos racionales contra ella.
 
La mera existencia de hombres y mujeres que, además de tener vocación para ello, pretendan "vivir de la política", esto es, obtener una retribución económica a cambio de su trabajo político, es visto como algo sospechoso, cuando no un síntoma de una moral cuestionable.
 
Y entonces es necesario repetir: hacer política es un trabajo, y para que ese trabajo esté bien hecho, preferentemente debe estar bien pago; ¿no es lo que repetimos constantemente cuando se trata de nuestras propias ocupaciones?
 
Que hoy volvamos a hablar del "costo de la política" es un triunfo de ese mismo sentido común, que también en 2001 encubrió a los responsables del desastre, cuando la poderosísima comunidad de negocios forjada al calor del modelo de Convertibilidad logró convencer a la mayoría de los argentinos que era mejor "que se vayan todos". Afortunadamente aquellos políticos profesionales no se fueron. 
 
Hoy una vez más, la política (y los políticos) aparecen como la única alternativa posible al abismo. Para ellos es, otra vez, el momento de mostrar que están a la altura de lo que la sociedad espera de su desempeño, de lograr resultados más allá de las palabras. Sería deseable aceptar, entonces, la importancia de la profesionalización de la política: que el gobierno sea responsabilidad de personas que se especializan en eso y no la "probation" de ricos y exitosos que se dedican a "devolverle a la sociedad" algo de lo mucho que le sacaron.
 
Mientras Vidal disfruta de una escapadita a París con novio nuevo, Carrió hace sesiones de fotos en su panadería favorita de Recoleta o Macri viaja a Medio Oriente a ver un partido de fútbol, hablemos de costos: pero de los costos devastadores que nos dejó su gobierno. Hablemos del costo de las políticas públicas de ellos. Aprender de esos costos nos puede ayudar a construir un país diferente, y una política diferente para ese país.
 
Por Paula Canelo, socióloga. Autora de ¿Cambiamos? La batalla cultural por el sentido común de los argentinos, Siglo XXI Editores.
 
Fuente: El Destape
 

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24-01-2020 / 07:01
El escándalo del Banco Nación en la gestión de Mauricio Macri suma un nuevo capítulo. Tras conocerse que la entidad le otorgó un préstamo millonario a Vicentín, empresa "amiga" del anterior gobierno, ahora se conoció que la aceitera fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio, al menos hasta las PASO. Se endeudó con el Banco Nación por 350 millones de dólares, nunca pagó y se declaró en default el 6 de diciembre.
 
Según publicó La Política Online, la entidad pública le prestó a la empresa que entró en default más de $18.370 millones durante la gestión de Javier González Fraga. En diciembre del año pasado, la empresa entró en quiebra y comenzó la polémica contra el funcionario macrista, por ignorar los análisis de riesgo crediticio y ampliar el préstamo a la firma que suspendió pagos por "estrés financiero".
 
Pero el nuevo dato que complica a la gestión macrista es que la agroexportadora Vicentín fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio. De acuerdo a los registros en la página de la Cámara Nacional Electoral, Vicentín aportó a través de tres de sus empresas: Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo. Las tres pertenecen al holding agroexportador Vicentín.
 
Cada una de las compañías aportó para la campaña de Juntos por el Cambio la suma exacta de $4.500.000, dando un total de $13.500.000. Con esa suma, aparecen como uno de los principales aportantes privados a la campaña de Macri, que fue quien más recibió. Lo hicieron algunos días antes de las PASO, entre el 6 y el 8 de agosto de acuerdo a los registros.
 
Cabe destacar que fue el ex presidente Macri el que impulsó en 2019 una ley exprés para permitir que las empresas privadas pudieran realizar aportes para la campaña electoral. Dicha práctica se encontraba prohibida por la reforma electoral que impulsó en 2009 el entonces gobierno de Cristina Fernández. Y aún no fueron publicados los registros de aportes para la segunda etapa de la campaña.
 
El Banco Nación abrió una investigación sobre los créditos irregulares que la entidad otorgó a la exportadora de granos Vicentín. La empresa se declaró en cesación de pagos cuatro días antes de que Cambiemos terminara su gobierno. Macri favoreció a una empresa "amiga" y dejó al Banco Nación en jaque.
 
La Opinión Popular

23-01-2020 / 09:01
En diciembre pasado y por primera vez en los últimos tres años el atesoramiento de dólares fue negativo. Según los datos del Balance Cambiario del BCRA correspondiente al mes pasado la "formación de activos externos del sector privado no financiero" fue negativa en u$s153 millones.
 
Lo que se conoce en la jerga financiera como la "fuga de capitales" o más coloquialmente como el "atesoramiento" de dólares por parte del público, es decir, las divisas que compran las personas físicas y que salen del sistema financiero, totalizó en 2019 los u$s26.865 millones, apenas 1% por debajo del récord histórico de 2018.
 
De modo que en la era Macri (diciembre 2015-noviembre 2019) el atesoramiento sumó nada menos que u$s88.371 millones. Esto representa hoy a casi el doble de las reservas del BCRA.
 
Si bien existe un estigma político sobre el tema del atesoramiento, vale señalar que se trata de ahorro legal que los argentinos de todos los estratos sociales canalizan, según sus posibilidades, en la tenencia de moneda extranjera.
 
Estos fondos pueden tener como destino tanto una caja de seguridad, un colchón, o una maceta como una cuenta en el exterior. De modo que se trata de ahorro doméstico que está fuera del sistema.
 
Basta con imaginar todo lo que se podría hacer o financiar (proyectos, emprendimientos, obras de infraestructura, etc.) con semejante masa de recursos si se recuperara la confianza de los ahorristas argentinos. No se necesitaría ir a "manguear" al exterior ni a mendigar auxilios a organismos internacionales.
 
Este beneficio tiene como objetivo de favorecer el crecimiento productivo de la economía.

23-01-2020 / 08:01
La última marcha por Alberto Nisman, convocada por sectores de Juntos por el Cambio esta vez fue sin el apoyo de fiscales ni de la DAIA, ni de la AMIA, ni del mismo Mauricio Macri, como en aquella de febrero de 2015, la llamada "marcha de los paraguas".
 
Por eso no podría decir cuál grado de adhesión ha tenido la convocatoria, pero no es difícil intuirlo; por lo pronto decir que representa la estrategia de los sectores radicalizados del macrismo que niegan, no ya la colaboración, sino el diálogo con el gobierno de Alberto Fernández y que encuentran en la muerte de Nisman, un tabla de sobrevivencia.
 
A la marcha primigenia, la de 2015 que alentaba la hipótesis de un asesinato, adhirió Macri quien concurrió acompañado por su esposa: fue su primer acto de campaña.
 
La afirmación puede sonar temeraria, sin embargo las tragedias han estado vinculadas al ascenso del macrismo desde sus orígenes porteños y allí emerge el recuerdo de Cromañón. Es difícil pensar una victoria del ex presidente en aquella ocasión para Jefe de Gobierno, sin la estela política que arrojó la tragedia del local del barrio de Once y los dos centenares de jóvenes muertos.
 
Así, dos tragedias de distinta magnitud están presentes en los umbrales de la llegada al poder de esta fuerza política; es cierto que su existencia precede a ambas, pero no es menos relevante que los dos hechos fueron procesados discursivamente por Macri y su entorno de cara a una contienda electoral.
 
A falta de una mirada en pos de la inclusión social, ante la ausencia de una comunicación sustantiva con los sectores populares e incluso con parte de la clase media, el macrismo encontró en esas tragedias (también con la ferroviaria en la Terminal de Once) un modo de construir un relato político retomando el dolor que esas muertes produjeron en las sensibilidades, mucho más que en las razones.
 
El objetivo no fue generar un discurso político en los términos tradicionales, esto es elaborar un Programa de Propuestas de Políticas Públicas que superaran esa situación y que abrieran el camino a un horizonte donde hechos de ese tipo no se repitieran y a la vez garantizar justicia sobre lo ocurrido.
 
En ese sentido no deja de llamar la atención que en cuatro años donde el macrismo manejó buena parte de los recursos institucionales del Estado, no logró un sólo avance significativo en la causa ¿No era una tragedia a atender? ¿No fueron a la "marcha de los paraguas" porque el gobierno aquel impedía la investigación?
 
Desde luego, las dificultades partieron de un hecho: es muy probable que el fiscal haya decidido quitarse la vida y entonces la tragedia cobra otra dimensión, alejándose de culpabilidades hacia otros actores. El discurso construido en torno de una suposición, cuyos resultados efectivos no se discuten, queda a la intemperie, debilitada y erosionada frente a hechos que no aparecen.

22-01-2020 / 09:01
El Gobierno de Alberto Fernández oficializó hoy la reapertura de la paritaria nacional docente. Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. En las próximas horas, el Ministerio de Educación Nacional convocará a los gremios docentes para la semana que viene a la mesa salarial que Mauricio Macri derogó dos años atrás.
 
La norma viene a cumplir con una de las promesas de campaña de Fernández, que después de las PASO se reunió con los principales dirigentes de Ctera. En sus ex oficinas de San Telmo, les confió a Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López que retomaría la paritaria nacional.
 
Ese había sido el principal reclamo de los sindicatos docentes, el motivo de numerosos paros en los últimos dos años. Fue en principios de 2018 cuando, a través del decreto 52/2018, Macri suspendió la paritaria nacional y, en su lugar, estableció una "mesa de convenio marco" que excluía del temario la negociación salarial, pero que dirimía otras cuestiones como carrera docente, condiciones laborales y fondo de incentivo. La pauta salarial, en tanto, quedaba establecida un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil.
 
Con ese piso las provincias, las encargadas de pagar los salarios, debían negociar con sus sindicatos. A partir de ahora, con la vuelta de la paritaria nacional, las jurisdicciones tendrán que acomodarse al mínimo que se fije en la negociación nacional y, a partir de esa base, lograr un acuerdo con sus docentes.
 
Al igual que antes de que se derogara, el decreto prevé que la representación en la mesa nacional sea "proporcional" a la cantidad de afiliados que tenga cada gremio; un guiño para Ctera, el mayoritario del sector.
 
"La integración de la representación de los trabajadores y las trabajadoras será proporcional a la cantidad de afiliados y afiliadas cotizantes que posea cada uno de los gremios de primer grado intervinientes o los adheridos formalmente a las entidades sindicales intervinientes de grado superior, en su caso", señala.
 
Para ello, agrega, cada año el Ministerio de Educación Nacional le pedirá a la cartera de Trabajo una actualización de la cantidad de afiliados de cada sindicato. En total, los de representación nacional, son cinco: Ctera, Uda, Cea, Amet y Sadop, cuyos maestros trabajan en escuelas privadas y habían quedado afuera de la mesa de convenio macro que convocaba Cambiemos.

22-01-2020 / 08:01
El Gobierno nacional envió este martes el proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que pretende darle a la renegociación de ese pasivo un marco de legalidad y legitimidad del Congreso.
 
"Colapso del modelo económico imperante." Con esa frase, el Gobierno acompañó el proyecto de Ley de la deuda que se espera que se trate la semana próxima, en sesiones extraordinarias. El mensaje lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
 
La iniciativa declara de interés nacional el proceso para hacer sustentable la deuda en los términos de la Ley de Administración Financiera, autorizando al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de administración de pasivos, canjes o reestructuraciones de los vencimientos de bonos bajo ley extranjera.
 
En el estructurado de la norma no se definen las condiciones del canje, las cuales se están negociando con los acreedores. "La estrategia es sobre la base de la buena fe, la voluntad de pago está", aseguró por la mañana el ministro de Economía, Guzmán.
 
La ley tiene como objetivo que el país mejore al menos dos de tres condiciones: plazos, tasas de interés y monto del capital. En ese sentido, reveló que mantiene conversaciones con el FMI en tono "constructivo" con la finalidad de reperfilar el sendero de pagos programados para devolver el préstamo otorgado.
 
"Lo que se hizo con la deuda fue un desastre, el país no puede sostener la carga de deuda que enfrenta", reiteró Guzmán. Consideró que la resolución del tema de la deuda será clave para luego enfrentar otros problemáticas, como dos años consecutivos de recesión e inflación récord.
 
"Para pagar el país necesita generar capacidad, para eso hay que crecer, por lo que es fundamental que haya un alivio en la carga de deuda que enfrenta el país", explicó. El stock de deuda supera los 300 mil millones de dólares y es equivalente al 90 por ciento del PBI. La iniciativa se tratará en comisión el próximo martes, el miércoles ingresará a labor parlamentaria y se sesionará en Diputados el jueves, según confirmaron a este diario desde el bloque oficialista.
 
En solo tres párrafos, el Gobierno resume el descalabro financiero derivado del endeudamiento. Allí mencionan que en la gestión de Mauricio Macri se incrementó "significativamente su nivel de deuda pública, fundamentalmente denominada en moneda extranjera y sometida a jurisdicción externa", sin mejorar la generación de divisas y de producción para cumplir con el pago de los compromisos.
 
No es pura retórica. Es una forma de plantear la responsabilidad del macrismo en el estrepitoso fracaso y forzar el compromiso de la oposición en apoyo a la ley. El oficialismo quiere una votación exprés antes que Guzmán se cruce con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el 5 de febrero. Con el mazo dando y a Macri invocando.
 
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